MAAP #241: Rápida expansión de la minería ilegal de oro en la Reserva Nacional Tambopata (Amazonía peruana sur)
mayo 10, 2026
La minería de oro ha sido un notorio motor de deforestación en el sur de la Amazonía peruana durante varias décadas. Esta deforestación minera alcanzó niveles de crisis a mediados de la década de 2010, afectando particularmente a la Reserva Nacional Tambopata y a su zona de amortiguamiento (ver MAAP #96 de enero de 2019). Esta situación condujo a la gran operación gubernamental conocida como «Operación Mercurio» en 2019, y a una iniciativa posterior denominada «Plan de Restauración» en 2021.
Después de un periodo de desaceleración de la actividad minera debido al Operativo Mercurio y al Plan de Restauración, la minería ilegal de oro ha reiniciado una alarmante expansión en la Reserva Nacional Tambopata, principalmente durante el segundo semestre del 2025 e inicios del 2026 (Gráfico 1).
Durante este reciente periodo (2025-26), se ha registrado una extensión total de 500 hectáreas deforestadas por la minería ilegal en la parte norte de la Reserva, en zonas aledañas a lo largo del río Malinowski, el cual forma parte de su límite (ver Mapa base).
Analizando imágenes satelitales de muy alta resolución espacial (Skysat de Planet, 0.5m), se ha detectado un total de 183 infraestructuras mineras y 67 campamentos en cinco zonas mineras (sectores Isla Córdoba, A4, A3, Isla Correntada y Apaylom) en la Reserva Nacional Tambopata para el mes de febrero del 2026.
Basándose en este hallazgo, se estima un total de 1.000 (un mil) personas involucradas en las actividades de minería ilegal detectadas en la Reserva Nacional Tambopata para el año 2026, a través del factor de conversión correspondiente a la maquinaria identificada en las pozas y los campamentos ubicados en las zonas mineras (ACCA, 2022).
Ante esta situación, se han iniciado acciones en respuesta al avance de la minería ilegal en la Reserva Nacional Tambopata entre los meses de enero y marzo de 2026. En coordinación con instituciones policiales y militares, los operativos e intervenciones han logrado la incautación y destrucción de maquinaria, equipos y campamentos utilizados en la actividad minera ilegal en la Reserva (Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 2026).
A continuación, se presenta:
- La deforestación anual por minería en la Reserva Nacional Tambopata (plazo 2016 – 2025);
. - 4 casos de estudio que incluyen imágenes satelitales para ilustrar, en alta resolución, la última expansión minera en la Reserva.
. - 5 ejes de las políticas públicas frente a la minería ilegal en la Reserva Nacional Tambopata, incluyendo operativos y limitaciones del estado; retrocesos y amenazas legislativas; y contexto político-electoral 2026.
Deforestación anual por minería en la Reserva Nacional Tambopata
El Gráfico 1 muestra la deforestación anual por minería al interior de la Reserva Nacional Tambopata para el período 2016 – 2025. Durante este periodo, los principales ecosistemas afectados fueron: Bosque Aluvial Inundable y Bosque Terraza No Inundable.
En este periodo, se resaltan tres eventos claves:
Primero, el Operativo Mercurio, una intervención multisectorial contra la minería ilegal en zonas críticas de la región Madre de Dios realizada a inicios del año 2019, generó una reducción significativa ese mismo año comparada con los años 2016 y 2017, donde se registraron mayores invasiones mineras. Durante los años 2017 y 2018, se iniciaron una serie de operativos e interdicciones en la región que permitieron combatir el avance de la minería ilegal (AIDER, 2021). En conjunto con estas acciones, el éxito del Operativo Mercurio generó una reducción importante en la expansión minera en la Reserva Nacional Tambopata y en su zona de amortiguamiento (Finer y Mamani, 2020).
Segundo, el Plan Restauración, un conjunto de intervenciones militares en zonas críticas de minería ilegal en la Amazonía Sur del Perú realizado en el año 2021, también generó una disminución significativa ese mismo año comparada con la deforestación por minería registrada en el año anterior. Para el año 2020, debido a la pandemia del COVID-19, se presentaron dificultades para el desarrollo de operativos y patrullaje en la Reserva Nacional Tambopata y en su zona de amortiguamiento, generando una reducción en la presencia policial y militar en sectores claves (AIDER, 2021; DAR, 2023; Vadillo, 2022). En consecuencia, se tuvieron registros de reingresos de mineros ilegales al área natural protegida (Romo, 2020), la cual se evidenció en el incremento de la deforestación por minería para este año. Debido a esta situación, los operativos militares desarrollados por parte del Plan Restauración permitieron combatir el avance de la actividad minera ilegal en la región Madre de Dios, logrando una reducción significativa de la deforestación por minería en la Reserva Nacional Tambopata en el año 2021.
Tercero, durante el año 2025, se ha registrado una deforestación alarmante (más de 400 hectáreas), superando los valores registrados en los años críticos (2016 y 2017). Este crecimiento significativo fue impulsado por el incremento exponencial del precio internacional del oro (línea roja). En este contexto, es probable que el aumento sostenido del precio del oro haya influenciado en la expansión de la minería ilegal en los últimos años, a través del incremento en la rentabilidad esperada por la comercialización del mineral extraído.
Mapa Base & Casos de Estudio
El Mapa Base muestra la reciente expansión de 500 hectáreas deforestadas por la minería ilegal en la Reserva Nacional Tambopata durante el segundo semestre del 2025 (431 hectáreas) e inicios del 2026 (69 hectáreas hasta febrero). La actividad minera está concentrada en la parte noroeste de la Reserva, en zonas aledañas al río Malinowski. Además, se ha logrado identificar que esta actividad ilegal está ocurriendo en los alrededores de varios puestos de vigilancia de la Reserva.
Los Cuadros A-D indican la ubicación de los cuatro estudios de caso.
Estudio de Caso A. Sector Isla Córdoba
En esta zona, ubicada al noroeste de la Reserva Nacional Tambopata (ver cuadro A en el Mapa Base), se han registrado 106 hectáreas deforestadas por minería entre enero de 2025 y enero de 2026 (Figura A1). Además, esta zona minera está cerca del puesto de vigilancia y control Otorongo de la Reserva (ver Mapa Base).
La Figura A2 muestra que gran parte de esta deforestación (80%) ha ocurrido entre julio y diciembre de 2025 (en color naranja), y ha continuado su expansión hasta principios de 2026 (en color rojo). Este sector ha registrado actividad minera en años anteriores (en color azul), principalmente entre los años 2017 y 2018. Como parte de las acciones del Operativo Mercurio en 2019, se realizaron operativos militares que intervinieron las zonas mineras localizadas en este sector, logrando una reducción del avance de la minería ilegal durante este periodo (Salazar, 2024).
La presencia de infraestructuras mineras para la extracción de oro se ha extendido hacia las diferentes pozas localizadas en este sector registrándose un total de 53 tracas y 20 campamentos mineros en febrero de 2026 (Figura A3).
Estudio de Caso B. Sector A4
En esta zona, también ubicada en el noroeste de la Reserva Nacional Tambopata (ver cuadro B en el Mapa Base), se han registrado 101 hectáreas deforestadas por minería entre febrero de 2025 y febrero de 2026 (Figura B1).
La Figura B2 muestra que, a inicios del 2025, se detectó la expansión de las primeras zonas mineras en este sector hacia el interior de la Reserva Nacional Tambopata (en color amarillo). Posteriormente, entre julio y diciembre de 2025, se registró un incremento de 83 hectáreas de la minería (en color naranja), representando el 82% del total registrado. El incremento de la minería ha continuado hasta principios del 2026 (en color rojo), expandiéndose hacia el interior de la Reserva.
En este sector, se ha registrado un total de 68 infraestructuras mineras ubicadas en pozas, así como la presencia de 33 campamentos mineros en febrero de 2026 (Figura B3). La cantidad de infraestructuras identificadas en esta zona fue mayor comparado con los demás sectores analizados.
Estudio de caso C. Sector A7
En esta zona, ubicada en el norte de la Reserva Nacional Tambopata (ver cuadro C en el Mapa Base), se han registrado 25 hectáreas deforestadas por minería entre febrero de 2025 y febrero de 2026 a lo largo del río Malinowski (Figura C1). Esta nueva zona minera se encuentra cerca del puesto de vigilancia y control Azul (ver Mapa Base).
La Figura C2 muestra que la minería inició en el segundo semestre de 2025 (en color naranja) con la presencia de una poza aledaña al río Malinowski, y posteriormente, se expandió los siguientes meses. En el 2026 (en color rojo), se registró un incremento de 17 hectáreas, representando el 68% de la deforestación total registrada.
En este sector no se registraron infraestructuras mineras debido a la ausencia de imágenes satelitales Skysat para el año 2026.
Estudio de Caso D. Sector Isla Correntada
En esta zona, ubicada en el noreste de la Reserva Nacional Tambopata (ver cuadro D en el Mapa Base), se han registrado 111 hectáreas deforestadas por minería entre enero de 2025 y enero de 2026 (Figura D1). Esta zona minera se encuentra cerca de un puesto de vigilancia y control Yarinal (ver Mapa Base).
La Figura D2 muestra que la minería inició expandiéndose levemente durante el periodo de enero – junio del 2025 (en color amarillo). Posteriormente, se detectó un avance de la actividad minera desde julio de 2025. La expansión de la minería fue mayor durante el periodo julio – diciembre de 2025, donde se registró un total de 85 hectáreas deforestadas (en color naranja), representando el 76% del total. Al 2026, la minería continúa expandiéndose en distintas zonas del sector Isla Correntada (en color rojo).
Un total de 11 infraestructuras mineras se han identificado en distintas pozas mineras, así como también se han localizado 3 campamentos mineros en este sector. La Figura D3 muestra a diferentes infraestructuras mineras realizando la extracción de oro cerca al río Malinowski, así como la presencia de un campamento minero.
Políticas públicas frente a la minería ilegal en la Reserva Nacional Tambopata
El análisis de imágenes satelitales presentado en este informe documenta el avance de la minería ilegal y la deforestación en la Reserva Nacional Tambopata (RNT) durante el período 2025–2026. Para contextualizar estos hallazgos, la presente sección examina el marco de políticas públicas del Estado peruano durante el mismo período, identificando los factores institucionales, normativos y políticos que inciden directa o indirectamente sobre la dinámica observada en la reserva.
El análisis se organiza en torno a cinco ejes:
- Respuesta del Estado: operativos e interdicción;
- Limitaciones estructurales de la respuesta estatal;
- Retrocesos legislativos que favorecen la minería ilegal;
- Amenazas legislativas sobre las Áreas Naturales Protegidas;
- Contexto político-electoral 2026.
En conjunto, el panorama normativo e institucional del período 2025–2026 refleja una tensión estructural entre las acciones de control desplegadas por el Ejecutivo y una tendencia legislativa regresiva que ha debilitado los mecanismos de prevención, fiscalización y sanción. Esta contradicción constituye uno de los principales factores explicativos del avance de la minería ilegal documentado en las imágenes satelitales analizadas. A continuación, se desarrolla cada uno de estos ejes.
1. Respuesta del Estado: operativos e interdicción
En respuesta al avance de la minería ilegal en la Reserva Nacional Tambopata, el Estado peruano desplegó durante el período 2025–2026 una serie de acciones de control de carácter operativo y normativo. La medida de excepción más persistente en la región es el estado de emergencia en Madre de Dios, vigente de manera ininterrumpida desde el 7 de abril de 2023, cuando fue declarado mediante el Decreto Supremo N° 046-2023-PCM. Esta medida abarca los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto, en la provincia de Tambopata, así como los distritos de Madre de Dios y Huepetuhe, en la provincia de Manu, y dispone el control del orden interno por parte de la Policía Nacional del Perú con apoyo de las Fuerzas Armadas, orientado a enfrentar la minería ilegal, la tala ilegal y el tráfico ilícito de drogas en la región.
Sobre la base de esta declaratoria, se ejecutaron operativos de interdicción de carácter terrestre y fluvial al interior de la Reserva Nacional Tambopata. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (DICAPI) y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), a través de la Segunda Brigada de Protección de la Amazonía, activó una estrategia de control dinámico con patrullajes permanentes en puntos críticos de la reserva, con especial énfasis en los sectores de Otorongo, Azul, Yarinal y Malinowski, este último nodo clave para el control fluvial y terrestre en el límite norte de la reserva.
El alcance de estas intervenciones, ejecutadas entre enero y marzo de 2026, fue considerable en términos de equipamiento desactivado. En conjunto, se logró la incautación y/o destrucción de 23 balsas carrancheras, 175 balsas tipo traca, 142 tracas, 81 tolvas, 183 motores, 23 motobombas, 119 bombas de succión, 108 caballetes, 33 generadores eléctricos y 3 sistemas fotovoltaicos, además de 14,032 galones de diésel y 1,130 metros de tubería de PVC. Asimismo, se desarticularon 340 campamentos y se incautaron 26 motosierras, 68 tricargueros, 165 motocicletas, 11 motores fuera de borda, 40 motores tipo «peque peque», 34 botes y 29 balsas. No obstante, el monitoreo satelital evidencia que estas acciones no lograron revertir la expansión de la actividad minera en los sectores intervenidos (ver Figura A2).
Paralelamente a estas acciones en campo, el Ejecutivo buscó reforzar el marco legal de persecución del delito. El 20 de enero de 2026 promulgó el Decreto Legislativo N° 1695, que modifica el Código Penal para endurecer las sanciones contra la minería ilegal, estableciendo penas de entre cinco y ocho años de prisión para quienes realicen actividades mineras sin autorización o fuera del proceso de formalización, y de entre seis y nueve años para quienes trafiquen con insumos químicos, maquinaria o minerales de origen ilícito (Presidencia de la República del Perú, 2026).
La norma incorpora además expresamente la minería ilegal dentro del ámbito de la Ley contra el Crimen Organizado (Ley N° 30077), habilitando el uso de herramientas especiales de investigación para la persecución de estas redes. Complementariamente, el 5 de febrero de 2026 se dispuso una nueva prórroga del estado de emergencia por 60 días adicionales mediante el Decreto Supremo N° 017-2026-PCM, cuya vigencia se extendió hasta el 6 de abril de 2026. Sin embargo, la efectividad de estas medidas tanto operativas como normativas encontró limitaciones concretas que se analizan en la siguiente sección.
2. Limitaciones estructurales de la respuesta estatal
A pesar del despliegue operativo descrito en la sección anterior, la respuesta del Estado enfrentó limitaciones que redujeron su efectividad y que explican, en parte, la continuidad del avance de la minería ilegal documentado en las imágenes satelitales. La más crítica fue de orden presupuestal: los grupos especiales de la Marina de Guerra del Perú que mantenían presencia permanente en los puestos de control y vigilancia a lo largo del río Malinowski (frontera natural entre la RNT y su zona de amortiguamiento) fueron replegados durante 2025 por falta de financiamiento, interrumpiendo las acciones de interdicción en uno de los corredores de ingreso más activos de la minería ilegal hacia el interior de la reserva, lo cual coincide con lo presentado en el Mapa base (Chumpitaz, 2025).
Esta ausencia de presencia continua en campo se tradujo en una capacidad de respuesta reactiva antes que preventiva. Si bien el Alto Comisionado para el Combate de la Minería Ilegal, Rodolfo García Esquerre, señaló que para 2026 se incrementó el presupuesto destinado a esta lucha, especialistas advirtieron que dicho aumento resultaría insuficiente en tanto las normas vigentes continúen generando condiciones de impunidad para los operadores ilegales (Chumpitaz, 2025). En esa misma línea, el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) señaló que jueces, fiscales y procuradores enfrentan restricciones presupuestales y falta de personal especializado, lo que pone en riesgo la aplicación efectiva del Decreto Legislativo N° 1695 aprobado en enero de 2026 (Pizarro, 2026).
El resultado de estas limitaciones es una brecha estructural entre la respuesta operativa del Estado y la escala del problema. El hecho de que la región de Madre de Dios se encuentre bajo estado de emergencia de manera ininterrumpida desde abril de 2023, con prórrogas consecutivas cada 60 días, da cuenta de la cronicidad del fenómeno y de la insuficiencia de las medidas adoptadas para revertirlo de manera sostenida: los operativos de interdicción logran desactivar equipamiento y campamentos puntuales, pero no impiden la recomposición de las redes criminales ni el avance sostenido de la frontera minera hacia el interior de la reserva. Esta brecha no puede explicarse únicamente por restricciones presupuestales o de capacidad institucional, sino también por un conjunto de retrocesos legislativos que, como se analiza en la siguiente sección, han operado en sentido contrario a los esfuerzos de control desplegados en campo.
3. Retrocesos legislativos que favorecen la minería ilegal
Como se señaló en la sección anterior, las limitaciones de la respuesta estatal no se explican únicamente por restricciones operativas o presupuestales, sino también por un conjunto de modificaciones legislativas aprobadas durante el período 2025–2026 que han debilitado los mecanismos de prevención, fiscalización y sanción de la minería ilegal. Estas normas, aprobadas en paralelo a los operativos de interdicción, configuran un marco regulatorio contradictorio que reduce la eficacia de las acciones de control desplegadas en campo.
El retroceso más significativo fue la quinta ampliación del REINFO (Registro Integral de Formalización Minera), aprobada por el Pleno del Congreso en diciembre de 2025 y promulgada mediante la Ley N° 32537 por el Ejecutivo el 26 de diciembre del mismo año. Mediante esta norma, el plazo del proceso de formalización minera quedó prorrogado hasta finales de 2026, con la posibilidad de un cierre anticipado en caso de que la Ley MAPE y su reglamento entren en vigencia antes de esa fecha.. Cabe destacar que se trata de la quinta prórroga consecutiva de un mecanismo que fue concebido originalmente como transitorio: las ampliaciones previas se produjeron en 2019, 2024, junio de 2025 y diciembre de 2025 (Zevallos Morón, 2026). Isabel Calle (2025), señaló que con esta extensión el país continúa atrapado en un sistema que no ha impulsado la formalización efectiva y que, por el contrario, ha generado incentivos para no cumplir la ley, agravando el deterioro ambiental en regiones como Madre de Dios.
A este retroceso se suman modificaciones adicionales que debilitaron las herramientas legales disponibles para combatir la minería ilegal. Por un lado, el Congreso derogó la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1607, que modificaba la Ley N° 30077 contra el Crimen Organizado, reduciendo las facultades de la PNP para actuar frente a la tenencia ilegal de explosivos, particularmente en casos vinculados a mineros suspendidos del REINFO. La medida fue duramente criticada por la Contraloría General de la República, que advirtió que su implementación podría favorecer actividades ilícitas vinculadas a la minería informal (Tuesta, 2024).
En conjunto, estos retrocesos legislativos configuran un escenario en el que los operativos de interdicción y el endurecimiento de penas introducido por el Decreto Legislativo N° 1695 operan sobre una base normativa que simultáneamente amplía los márgenes de tolerancia hacia la informalidad minera. A este panorama se añaden, además, iniciativas legislativas que representan una amenaza directa sobre las Áreas Naturales Protegidas de la región, como se analiza en la siguiente sección.
4. Amenazas legislativas sobre las Áreas Naturales Protegidas
Al panorama de retrocesos legislativos descrito en la sección anterior se suman, durante el mismo período, iniciativas parlamentarias que representan una amenaza directa sobre el marco legal de protección de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de la región de Madre de Dios, incluyendo los ecosistemas contiguos a la Reserva Nacional Tambopata. A diferencia de las normas analizadas previamente, estas iniciativas no debilitan los mecanismos de control sobre la minería ilegal ya existente, sino que apuntan a modificar el estatus legal de protección de espacios que actualmente constituyen la última barrera institucional frente a la expansión de actividades extractivas en la región.
La primera de estas iniciativas es el Proyecto de Ley N° 1822/2024-CR, presentado el 2 de julio de 2025 por el congresista Jorge Luis Flores Ancachi (Acción Popular). La propuesta plantea modificar nueve artículos de la Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley N° 26834), abriendo la posibilidad de realizar actividades extractivas de hidrocarburos en espacios que actualmente cuentan con máxima protección legal, como parques nacionales y santuarios nacionales e históricos, y otorgando mayor injerencia al Ministerio de Energía y Minas en la gestión de estas áreas. Vanessa Cueto advirtió que de aprobarse esta modificación las áreas protegidas terminarían siendo únicamente «de papel», al quedar expuestas a los efectos de actividades extractivas de alto impacto. Entre las áreas directamente afectadas se encuentran los Parques Nacionales Bahuaja Sonene y el Manu, ambos colindantes con la Reserva Nacional Tambopata (Sierra Praeli, 2023).
En una dirección similar, el 20 de marzo de 2026 el congresista Eduardo Salhuana presentó el Proyecto de Ley N° 14288/2025-CR, que declararía de interés y prioridad estratégica nacional el desarrollo de la cuenca gasífera de Madre de Dios, autorizando de manera excepcional actividades de exploración y explotación de gas en ANP de uso indirecto, incluyendo los Parques Nacionales del Manu y Bahuaja Sonene, así como la Reserva Comunal Amarakaeri. Sobre ello se ha criticado que su aprobación constituiría una regresión normativa de primer orden, dado que tanto el Parque Nacional del Manu como el Parque Nacional Bahuaja Sonene son ANP de uso indirecto que, conforme a la legislación vigente, prohíben expresamente la extracción de recursos naturales en su interior (SPDA, 2026).
En el mismo período, se reactivó el Proyecto de Ley N° 3377, presentado originalmente en octubre de 2022 por el mismo congresista, que propone habilitar el otorgamiento de concesiones mineras sobre áreas revertidas al Estado por incumplimiento de obligaciones, inactividad u otras causales de extinción o anulación. De aprobarse, esta propuesta eliminaría las restricciones vigentes para el otorgamiento de nuevas concesiones mineras en Madre de Dios (Salazar Vega, 2026).
Estos proyectos, aunque aún en etapa de debate legislativo al cierre de este informe, reflejan una tendencia a subordinar la protección ambiental de la región a intereses extractivos, en un contexto en el que la presión sobre la RNT ya alcanza niveles críticos según los datos satelitales analizados. Este escenario se agrava adicionalmente por factores de orden político y social que se examinan en la sección siguiente.
5. Violencia contra defensores ambientales y contexto político-electoral 2026
El escenario de presión legislativa y debilidad institucional descrito en las secciones anteriores se desarrolla en un contexto social y político que agrava adicionalmente la situación de la Reserva Nacional Tambopata. Dos factores destacan en este sentido: la violencia ejercida contra quienes defienden el territorio y la ausencia de una agenda ambiental sólida en el marco del proceso electoral nacional de 2026.
En ejemplo de lo que respecta a la violencia contra defensores ambientales, el 26 de julio de 2025 fue asesinado Hipólito Quispe Huamán, defensor ambiental de la Reserva Nacional Tambopata, cuando se trasladaba hacia su domicilio por la carretera Interoceánica en Madre de Dios. Su muerte se suma a los más de 30 crímenes de defensores ambientales y líderes indígenas registrados en el Perú desde 2020, consolidando un patrón de violencia que opera como mecanismo de disuasión frente a quienes monitorean y denuncian las actividades ilegales en la reserva (Sierra Praeli, 2025).
A este factor se suma el contexto político-electoral de 2026. El proceso electoral nacional, que implica la renovación del Ejecutivo y el Legislativo, se desarrolla en un escenario de inestabilidad política y debilitamiento progresivo de las políticas ambientales. A pesar de que el capital natural peruano sostiene aproximadamente el 20% del PBI y el 65% de la agricultura nacional, el medio ambiente no ocupa un lugar central en las propuestas de los candidatos, según expertos consultados por diversas organizaciones (Guardia Brown, 2026). Esta ausencia de voluntad política estructural implica que las decisiones de fondo necesarias para frenar el avance de la minería ilegal en la RNT (como la aprobación de una Ley MAPE efectiva, el cierre definitivo del REINFO o el fortalecimiento presupuestal del SERNANP) difícilmente serán abordadas en el corto plazo, prolongando la ventana de vulnerabilidad documentada en el presente informe.
6. Conclusión sobre políticas públicas
El análisis del marco de políticas públicas del Estado peruano durante el período 2025–2026 revela un escenario de profunda contradicción institucional. Por un lado, el Ejecutivo desplegó acciones concretas de respuesta frente a la crisis de la RNT, incluyendo la declaratoria de estado de emergencia en la provincia de Tambopata, operativos de interdicción de carácter terrestre y fluvial, y el endurecimiento del marco penal mediante el Decreto Legislativo N° 1695. Por otro lado, estas acciones operan sobre una base normativa e institucional que simultáneamente ha sido debilitada por decisiones legislativas regresivas, restricciones presupuestales estructurales, iniciativas parlamentarias que amenazan el estatus legal de las ANP de la región, y un contexto de violencia contra defensores ambientales que reduce la capacidad de vigilancia territorial.
Esta contradicción no es coyuntural sino estructural: refleja la ausencia de una política integral y sostenida de protección de la RNT que articule de manera coherente los instrumentos operativos, normativos, presupuestales e institucionales disponibles. Un indicador de ello es que, ante la magnitud del problema, el SERNANP viene promoviendo la conformación de un comando unificado para la lucha contra la minería ilegal, reconociendo que la capacidad de control territorial de la PNP ha sido sobrepasada por la escala del fenómeno y que se requiere una intervención más integral por parte de las Fuerzas Armadas.
En ese sentido, los hallazgos del análisis satelital presentados en este informe no pueden interpretarse únicamente como el resultado del accionar de redes criminales, sino también como la expresión territorial de un marco de gobernanza ambiental que, durante el período analizado, no ha logrado contener el avance de la minería ilegal ni revertir la tendencia de deforestación en una de las áreas naturales protegidas más importantes del país. El contraste con los resultados del Operativo Mercurio de 2019 y el Plan Restauración de 2021, ambos asociados a reducciones medibles de la deforestación documentadas en el Gráfico 1, sugiere que la efectividad del Estado no depende de la ausencia de herramientas, sino de la articulación, coherencia y sostenibilidad con que estas se despliegan.
Metodología
La identificación de deforestación por minería de oro en la Reserva Nacional Tambopata utilizó la información de deforestación histórica por minería para la región Madre de Dios generada por el Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA) para los años 1984 – 2019, por MapBiomas Perú para el año 2020, y por Amazon Conservation (ACA) para el periodo Enero 2021 – Marzo 2024.
Luego, se utilizó el algoritmo LandTrendR para la identificación de pérdida de bosque en mosaicos mensuales de Planet NICFI para el periodo Abril 2024 – Julio 2025. Para el periodo Agosto 2025 – Febrero 2026, se realizó el monitoreo de la deforestación por minería identificada utilizando los mosaicos mensuales de Planet NICFI (resolución espacial de 4.7 m) para registrar la expansión de la deforestación por minería en el área natural protegida.
La identificación de infraestructuras y campamentos mineros se basó en la interpretación visual de imágenes satelitales de muy alta resolución disponibles en la plataforma Planet para las zonas mineras identificadas en la Reserva Nacional Tambopata.
Referencias
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Andina. (4 de febrero de 2026). Normas Legales: prorrogan estado de emergencia en diversos distritos de Madre de Dios. Andina. https://andina.pe/agencia/noticia-normas-legales-prorrogan-estado-emergencia-diversos-distritos-madre-dios-1061822.aspx
Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral – AIDER. (2021). Minería ilegal en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Cartilla N°17. https://aider.com.pe/publicacionesca/cartillas/Cartilla_Mineria_2021_VF_opt.pdf
Banco Central de Reserva del Perú – BCRP. (2026). Estadísticas mensuales del precio internacional de oro – LME (US$ por onzas troy). Gerencia Central de Estudios Económicos. https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01654XM
Calle, I. (28 de noviembre de 2025). El Reinfo: una excepción que se volvió norma. SPDA. https://spda.org.pe/noticia/el-reinfo-una-excepcion-que-se-volvio-norma/
Chumpitaz, O. (31 de diciembre de 2025). Mafias mantienen en vilo al Parque Nacional del Manu y a la Reserva Nacional de Tambopata. La República. https://larepublica.pe/politica/2025/12/31/mafias-mantienen-en-vilo-al-parque-nacional-del-manu-y-a-la-reserva-nacional-de-tambopata-mineria-ilegal-hnews-775496
Conservación Amazónica (ACCA), Proyecto Prevenir – USAID. (2022). Estimación de la población minera informal e ilegal en el departamento de Madre de Dios, a partir del uso de imágenes satelitales sub métricas. https://repositorio.profonanpe.org.pe/handle/20.500.14150/2744
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. (2026). Comando Operacional del Sur asesta golpe de S/ 1.7 millones contra la minería en Tambopata. Presidencia de la República del Perú. https://www.gob.pe/institucion/ccffaa/noticias/1374254-comando-operacional-del-sur-asesta-golpe-de-s-1-7-millones-contra-la-mineria-ilegal-en-tambopata
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR. (2023). Desafiando la legalidad y la justicia: La minería ilegal en Madre de Dios. Lima, Perú. https://dar.org.pe/wp-content/uploads/2024/08/Mineria-ilegal-en-Madre-de-Dios-version-final.pdf
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Zevallos Morón, J. (26 de diciembre de 2025). Gobierno promulgó ley que amplía la vigencia del Reinfo hasta diciembre de 2026. RPP. https://rpp.pe/politica/gobierno/gobierno-promulgo-ley-que-amplia-la-vigencia-del-reinfo-hasta-diciembre-de-2026-noticia-1669269
Agradecimientos
Agradecemos a la Subdirección de Información Estratégica e Investigación de las Áreas Naturales Protegidas y la Subdirección de Supervisión, Vigilancia y Control del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) por sus aportes y comentarios al presente reporte.
Este informe es parte de una serie enfocada en la minería de oro en la Amazonía peruana, a través de una colaboración estratégica entre las organizaciones Amazon Conservation y Conservación Amazónica – ACCA, con el apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore.
Cita
Pacsi R, Novoa S, La Torre S, Balbuena H, Finer M, Santana A, Castillo H. (2026). Rápida expansión de la minería ilegal de oro en la Reserva Nacional Tambopata (Amazonía peruana sur). MAAP:241.
