MAAP #243: Minería en la Amazonía Ecuatoriana Sector Sur – Provincia de Zamora Chinchipe
mayo 28, 2026
Este es el cuarto de una serie de informes que detallan la expansión de la minería aurífera en la Amazonía ecuatoriana.
En los reportes previos, se analizaron distintos sectores de las partes norte (MAAP #227), central (MAAP #230) y sur (MAAP #238) del país, respectivamente (ver Mapa Base 1). En esta nueva entrega, el análisis da continuidad al estudio del sector sur, enfocándose en la deforestación asociada a la actividad minera en la provincia de Zamora Chinchipe.
Zamora Chinchipe, ubicada en el extremo sur de la Amazonía ecuatoriana, constituye una de las regiones de mayor importancia ecológica del país debido a su localización en la transición entre la cordillera de los Andes y la llanura amazónica. Esta condición favorece una alta diversidad biológica y la presencia de ecosistemas estratégicos, como bosques nublados, páramos y formaciones únicas como los tepuyes subandinos (Nota 1). Estos sistemas ecológicos son un eje fundamental para la conectividad ecológica y el mantenimiento de los procesos hidrológicos en la región. En este contexto, la provincia alberga áreas prioritarias para la conservación, como el Parque Nacional Podocarpus, la Reserva Biológica Cerro Plateado, la Reserva Natural Maycú y el Bosque Protector Alto Nangaritza (ver Mapa Base 2), que en conjunto conforman un corredor de conectividad ecológica clave para especies emblemáticas como el jaguar, el tapir y el oso de anteojos (Jewel, 2020).
Sin embargo, esta zona enfrenta crecientes amenazas asociadas a la expansión de actividades extractivas. En línea con ello, el reporte MAAP #167 alertó sobre la pérdida de cobertura forestal vinculada a la actividad minera en el Bosque Protector Alto Nangaritza, evidenciando la presión sostenida sobre estos ecosistemas estratégicos.
En este contexto, y considerando además el alto potencial para la extracción de minerales de la provincia, Zamora Chinchipe se ha consolidado como una zona de interés estratégico a nivel nacional. Según Mongabay, desde 2020 la minería aurífera se ha posicionado como uno de los principales motores económicos del territorio, desarrollándose en múltiples escalas, desde proyectos a gran escala hasta actividades artesanales y de pequeña escala, lo que incrementa la presión sobre áreas ecológicamente sensibles. Los impactos asociados a esta actividad incluyen deforestación, presencia de maquinaria e infraestructura destinada a la extracción y procesamiento de minerales (ver Imagen 2), contaminación por uso de mercurio y degradación de suelos.
Desde el 2023, Amazon Conservation, en colaboración con Earth Genome y el Pulitzer Center, ha estado desarrollando un geovisor en línea conocido como Amazon Mining Watch (MAAP #226). Esta herramienta virtual automatiza el análisis de imágenes satelitales mediante el aprendizaje automático para identificar las zonas afectadas por la minería en toda la Amazonía, desde el 2018, hasta el 2024. Desde noviembre de 2025 Amazon Mining Watch (AMW) cuenta con actualizaciones trimestrales de estos datos, lo que significa un gran avance y permitirá la detección sistemática y casi en tiempo real de nuevos frentes de minería aurífera artesanal y de pequeña escala en toda la región.
El Mapa Base 1 presenta la ubicación de la reciente deforestación asociada a actividad minera confirmada, utilizando las detecciones correspondientes a la última actualización trimestral de AMW para toda la Amazonía ecuatoriana, en relación con las áreas de impacto minero identificadas para 2025.
Dinámica de la actividad minera
A continuación, se presenta la evolución de la superficie acumulada por año producto de la actividad minera en la provincia de Zamora Chinchipe, con un análisis del crecimiento de la superficie afectada entre 1995 y 2024.
En el año 1995, la minería ocupaba alrededor de 5 hectáreas; sin embargo, en los años posteriores se observa un incremento alarmante, alcanzando un total de 6.802 hectáreas para 2024 (ver Gráfico 1).
Esta extensión equivale a más de 4.800 canchas de fútbol profesional.
Casos de Estudio
En respuesta a este escenario, se llevó a cabo un monitoreo satelital orientado a identificar y cuantificar los impactos de la minería aurífera en cuatro casos de estudio, en los cuales se analiza la dinámica con la cual la superficie minera se ha extendido en el periodo 2021-2025 dentro de la provincia de Zamora Chinchipe (ver Mapa base 2).
Estos casos abarcan cuatro áreas clave de conservación, incluyendo dos áreas protegidas (el Parque Nacional Podocarpus y la Reserva Biológica Cerro Plateado), un bosque protector (Bosque Protector Cuenca Alta del Río Nangaritza), y un área de conservación privada (Reserva Natural Maycú).
También incluye dos sistemas fluviales estratégicos de la provincia: los ríos Nunpatakaime y Nangaritza.
En total, en lo cuatro casos de estudio, se registraron aproximadamente 195 hectáreas afectadas por actividad minera dentro del periodo 2021 – 2025.
Caso 1: Río Nangaritza
El caso de estudio se ubica en la ribera del río Nangaritza, específicamente en la aldea Las Orquídeas y en el sector noroeste de la Reserva Natural Maycu.
A continuación, se analiza el impacto de la expansión minera, considerada una de las principales amenazas ambientales en la zona de estudio.
Entre 2021 y 2025, se han identificado un total de 77,88 hectáreas afectadas por la actividad minera.
Además, del total acumulado de superficie afectada por minería, solamente se registraron 5,29 hectáreas dentro de concesiones mineras y 21,22 hectáreas al interior de la Reserva Natural Maycú, lo que evidencia la expansión de la actividad y un incremento de la presión sobre esta área de conservación (ver Monitoreo Satelital, Caso 1).
Con el fin de realizar una comparación temporal de la actividad minera, se presenta el panel 1, que muestra las condiciones correspondientes a julio 2021 (panel izquierdo) y diciembre 2025 (panel derecho).
Caso 2: Río Numpatakaime
Este caso de estudio se ubica a lo largo de las riberas del río Nunpatakaime, el cual se encuentra dentro del Bosque Protector Cuenca Alta del Río Nangaritza, un área de conservación que resguarda extensas coberturas de bosque tropical húmedo, caracterizadas por su alta biodiversidad y buen estado de conservación.
Se llevó a cabo un análisis multitemporal correspondiente al periodo 2024–2025, con el fin de evaluar e identificar el impacto generado por las actividades mineras en la zona de estudio.
En 2024 se identificaron 6,86 hectáreas afectadas por la actividad minera, mientras que en 2025 la superficie impactada se incrementó en 52,99 hectáreas, esto representa un total de 59,85 hectáreas intervenidas durante el período de análisis.
Del total acumulado de hectáreas afectadas, 5,29 hectáreas se ubican en concesiones mineras y 44,27 hectáreas se localizan dentro del Bosque Protector Cuenca Alta del río Nangaritza (ver Monitoreo Satelital, Caso 2).
Con el propósito de evidenciar la superficie deforestada, el panel 2 muestra las condiciones de la actividad minera en septiembre de 2024 (lado izquierdo) y diciembre de 2025 (lado derecho).
Caso 3: Parque Nacional Podocarpus
Este caso se localiza a lo largo de las riberas del río Loyola. Esta área forma parte de la zona de alta montaña del Parque Nacional Podocarpus. Asimismo, el río Loyola integra la red hídrica del parque nacional, que se conforma de más de 100 ríos y quebradas, siendo vital para la conservación de los bosques nublados y páramos de la zona, los cuales constituyen hábitat de especies amenazadas como el oso de anteojos, el cóndor andino, el tapir de montaña y el jaguar, tal como lo señala Naturaleza y Cultura Internacional en su publicación “Reconocimiento Corredor de Conectividad Podocarpus Yacuri” (NCI, 2025).
En este sector se identificó que, entre agosto de 2023 y diciembre de 2025, la superficie afectada por la actividad minera alcanzó las 44 hectáreas en el interior del parque, equivalentes aproximadamente a 62 canchas de fútbol profesional. Este incremento evidencia la magnitud de la intervención y resalta la urgencia de implementar acciones para mitigar sus impactos.
La actividad minera se desarrolla al interior del Parque Nacional Podocarpus, donde la explotación de recursos minerales está prohibida por ley (ver Monitoreo Satelital, Caso 2).
El panel 3 permite analizar el crecimiento de la deforestación por minería entre septiembre 2023 (panel izquierdo) y abril 2025 (panel derecho). El panel contrasta la pérdida de cobertura boscosa, así como el impacto sobre el río Loyola.
Caso 4: Reserva Biológica Cerro Plateado
Este caso se localiza en el área de amortiguamiento de la Reserva Biológica Cerro Plateado, una zona núcleo de alta relevancia ecológica en el sur del Ecuador. Establecida en 2010, se ubica entre los cantones Palanda y Nangaritza, en la provincia de Zamora Chinchipe. Esta área protegida cumple un rol estratégico como corredor de biodiversidad entre el Parque Nacional Podocarpus, la Reserva Natural Maycú y el Bosque Protector Alto Nangaritza, contribuyendo a la conservación de ecosistemas frágiles, como los tepuyes, y de especies emblemáticas como el jaguar, el tapir y el oso de anteojos (Jewel, 2020).
En este sector se identificó que, entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, la superficie afectada por la actividad minera alcanzó las 13 hectáreas, de las cuales 1,59 hectáreas se localizan dentro de la reserva. Esta superficie total equivale aproximadamente a 18 canchas de fútbol profesional, evidenciando la magnitud de la intervención en la zona.
Además, se verificó que la actividad minera se desarrolla dentro y fuera de las áreas autorizadas por el catastro minero, es decir, en zonas sin los permisos correspondientes.
Estas áreas no autorizadas suman 12 hectáreas, lo que representa el 92 % del total identificado, constituyendo un hallazgo relevante por su carácter irregular.
Con la finalidad de analizar particularidades de las actividades mineras en este caso de estudio, se puede observar en el Panel 4, la ampliación de la actividad minera entre septiembre 2023 (panel superior izquierdo) y diciembre 2025 (panel superior derecho).
Adicionalmente, mediante el uso de fotografías aéreas captadas con dron en abril de 2026, se realizó un análisis de mayor detalle del área intervenida, permitiendo identificar características como piscinas de sedimentos, remoción de la cobertura vegetal, suelos erosionados y la presencia de campamentos abandonados, entre otros impactos asociados a la actividad minera (ver zoom A).
Recomendaciones de política pública
1. Estandarización del ciclo minero y condicionamiento de nuevos frentes al cierre técnico progresivo
Los casos analizados en Zamora Chinchipe evidencian un patrón operativo recurrente caracterizado por la apertura de frentes mineros, su abandono temporal, el desplazamiento hacia nuevas áreas de explotación y el posterior retorno a zonas previamente intervenidas. Esta dinámica, común en la minería artesanal, pequeña y mediana, genera impactos y pasivos ambientales acumulativos y dificulta el control efectivo por parte de la autoridad competente.
El marco jurídico ecuatoriano establece obligaciones claras respecto a la planificación, ejecución y cierre de las actividades mineras. La ‘Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía’ dispone que toda actividad minera debe ejecutarse conforme a planes técnicos y ambientales aprobados, incluyendo planes de manejo ambiental y de cierre desde las fases iniciales del proyecto (arts. 4, 7 y 9). De manera complementaria, el Código Orgánico del Ambiente (COA) consagra los principios de prevención, control progresivo y reparación integral del daño ambiental, incluso cuando las actividades se desarrollan de forma intermitente (arts. 9, 171 y 291).
No obstante, en la práctica, los instrumentos de gestión ambiental suelen aplicarse de manera fragmentada, evaluando cada frente de explotación como un evento aislado y sin considerar la lógica de abandono y retorno.
En este contexto, se recomienda establecer protocolos técnicos estandarizados y obligatorios que regulen de manera integral las fases de apertura, suspensión temporal, abandono y reactivación de frentes mineros. Estos protocolos, deberían aplicar independientemente de la escala de la actividad y ser complementarios a los respectivos procesos sancionatorios.
De manera complementaria, se recomienda condicionar la autorización para la apertura de nuevos frentes de explotación al cumplimiento técnico y verificable de procesos de cierre progresivo y remediación en frentes previamente intervenidos. Esta medida permitiría prevenir la generación de pasivos ambientales, reducir los incentivos al abandono informal y alinear la práctica minera con las obligaciones legales vigentes.
2. Incorporación obligatoria de tecnologías de monitoreo y registro continuo del ciclo minero para constituir un sistema de alerta temprana.
Si bien la ‘Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía’ faculta al Estado a ejercer control y fiscalización permanente sobre las actividades mineras (art. 3, 4 y 9), en territorios extensos y de difícil acceso, como Zamora Chinchipe, los mecanismos tradicionales de control resultan insuficientes para dar seguimiento a los ciclos de abandono y retorno.
En este sentido, se recomienda incorporar de manera obligatoria herramientas tecnológicas de monitoreo, tales como sistemas de georreferenciación, imágenes satelitales y plataformas digitales de reporte, como parte de los instrumentos de gestión y control minero de la entidad de regulación y control minero. Estas herramientas permitirían identificar cambios periódicos en el uso del suelo, aperturas de nuevos frentes y reactivaciones en áreas previamente intervenidas.
La adopción de estos sistemas fortalecería el enfoque preventivo del control ambiental, facilitaría la toma de decisiones basada en evidencia técnica y contribuiría al cumplimiento de las obligaciones de control establecidas tanto en la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégico de Minería y Energía, la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas y el COA.
3. Articulación del control técnico con gobiernos locales y mecanismos territoriales de vigilancia
La dinámica discontinua de la actividad minera en Zamora Chinchipe requiere un modelo de control que supere la fiscalización centralizada y se apoye en actores territoriales. La Constitución de la República reconoce el derecho a la participación ciudadana en la gestión pública (art. 95), principio desarrollado en la normativa ambiental ecuatoriana.
En este marco, se recomienda articular las acciones de los gobiernos autónomos descentralizados con los mecanismos locales de vigilancia territorial. Esta articulación permitiría mejorar la detección temprana de actividades no autorizadas, fortalecer la transparencia del ciclo minero y asegurar que el retorno a áreas previamente intervenidas se realice bajo condiciones técnicas y ambientales adecuadas.
La integración de estos actores contribuiría a territorializar la política minera, reducir los vacíos de control y reforzar la coherencia entre la planificación minera y la gestión ambiental en la provincia.
4. Inclusión de componentes tecnológicos en procesos judiciales
La Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas (LOFAP) prevé la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para la protección de áreas protegidas en las que exista presencia de grupos criminales, con el fin de neutralizar la amenaza y restablecer condiciones de normalidad. En este marco, dispone que el control en áreas protegidas de difícil acceso (como Parque Nacional Podocarpus y la Reserva biológica Cerro Plateado) será realizado mediante tecnología de vigilancia.
En concordancia, su Reglamento (RLOFAP) establece que, en estas áreas, el control del territorio se fortalecerá mediante el uso de herramientas tecnológicas como drones, sensores remotos, sistemas de georreferenciación, cámaras trampa u otros mecanismos que garanticen un monitoreo permanente y eficaz, previa autorización de la entidad competente.
Sobre la base de este marco normativo, se recomienda la incorporación de componentes tecnológicos en los procesos judiciales, de modo que dichos mecanismos formen parte integral de las actuaciones tanto en la vía administrativa como penal.
Un componente tecnológico muy valioso que entra dentro de esta lista de herramientas tecnológicas son los reportes de monitoreo satelital. Por ello, se recomienda que sean integrados a procesos judiciales y al procedimiento administrativo, en calidad de elemento de convicción, evidencia y prueba. A tal fin, es importante promover toda iniciativa normativa que enfatice la importancia del empleo de la tecnología en el control ambiental y la prevención de los ilícitos.
Agradecimientos
Este informe es parte de una serie enfocada en la Amazonía ecuatoriana a través de una colaboración estratégica entre las organizaciones Fundación EcoCiencia y Amazon Conservation, con el apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore y la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (Norad).
