MAAP #234: Minería aurífera ilegal en el Parque Nacional Yapacana, incluyendo la cima del tepui Yapacana (Amazonía venezolana)

Imagen 1. Deforestación ilegal por la minería aurífera (en rojo) en la cima del tepui Yapacana. Datos: Planet.

En una serie de reportes anteriores, y en colaboración con SOS Orinoco, hemos mapeado la deforestación causada por la minería aurífera ilegal y sus repercusiones en el Parque Nacional Yapacana, situado en la Amazonía venezolana.

De manera crítica, parte de esta actividad minera ilegal ha estado ocurriendo en la cima del tepui Yapacana (ver los círculos rojos en la Imagen 1).

Los tepuis son impresionantes montañas con forma de mesa que se encuentran en el norte de América del Sur. Son considerados sagrados por los grupos indígenas de la región del Escudo Guayanés; de hecho, la palabra tepui significa «montaña» en la lengua indígena local (pemon).

En el 2022, publicamos un reporte urgente sobre la minería ilegal en la cima del tepui Yapacana (MAAP #169). En este reporte, documentamos más de 400 puntos de campamentos mineros y maquinaria pesada, lo que indica una operación organizada y a gran escala que causó la deforestación de 8.8 hectáreas en la cima del tepui.

Dada la importancia de este hallazgo, el Washington Post publicó un artículo de gran perfil sobre el tema, exponiendo aún más la gravedad de la minería ilegal en el tepui.

En respuesta, el gobierno venezolano condujo una operación militar contra la actividad minera ilegal en el tepui en diciembre de 2022.

A principios de 2024, informamos de que se habían retirado todos los campamentos y maquinarias mineras ilegales de la cima del tepui (MAAP #207). De hecho, no detectamos ninguna deforestación adicional por minería en la cima del tepui durante el 2024.

Sin embargo, ahora presentamos pruebas de que la actividad minera ilegal se ha reanudado en la cima del tepui en 2025.

También mostramos la continua deforestación minera que rodea el tepui en otras partes del Parque Nacional Yapacana. En el momento de la intervención del gobierno a finales de 2022, detectamos una deforestación acumulada por la minería de 2190 hectáreas en el parque, incluyendo grandes aumentos tanto en 2021 como en 2022 (MAAP #173). Esta deforestación por la minería se ha ralentizado, especialmente en 2024 y 2025, pero ya ha afectado a 2.240 hectáreas del parque.

Deforestación por la minería aurífera en el Parque Nacional Yapacana, 2020-2025

Figura 1. Deforestación minera en el Parque Nacional Yapacana. Datos: ACA/MAAP, NICFI

La Figura 1 presenta nuestros resultados digitalizados sobre la deforestación anual causada por la minería en todas las zonas mineras del Parque Nacional Yapacana, basados en un análisis de imágenes satelitales de alta resolución.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Deforestación minera en el Parque Nacional Yapacana. Datos: ACA/MAAP

El Gráfico 1 muestra las tendencias observadas en los datos digitalizados del Parque Nacional Yapacana.

La línea naranja muestra la disminución de la deforestación minera anual tras los máximos detectados en 2021 y 2022. En ambos años se registraron más de 400 hectáreas de nueva deforestación minera, mientras que en 2024 solo fueron 37 hectáreas.

La línea roja muestra el aumento acumulativo de la deforestación minera desde la línea de base en 2020, antes de estabilizarse en 2024 y 2025, con un total actual de deforestación de 2,250 hectáreas.

 

 

 

 

 

Deforestación por la minería aurífera en la cima del tepui Yapacana, 2020-2025

Figura 2. Deforestación minera en la cima del tepui Yapacana. Datos: ACA/MAAP, Planet, NICFI.

La Figura 2 presenta nuestros resultados digitalizados de la deforestación anual por la minería en la cima del tepui Yapacana, basados en un análisis de imágenes satelitales de alta resolución.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 2. Deforestación minera en la cima del tepui Yapacana. Datos: ACA/MAAP.

El Gráfico 2 muestra las tendencias observadas en los datos digitalizados sobre el tepui Yapacana.

La línea naranja muestra la deforestación anual por minería de aproximadamente 2 hectáreas tanto en 2021 como en 2022, seguida de una notable disminución tras la intervención del gobierno a finales de 2022. De hecho, en 2024 no se detectó ninguna deforestación por minería, seguida de la reaparición que se detalla en este informe.

La línea roja muestra la deforestación minera acumulada que aumenta desde la línea de base en 2020 antes de estabilizarse en 2024 y 2025, con un total actual de deforestación de 9.3 hectáreas.

 

 

 

 

Eventos recientes de deforestación por la minería aurífera 2024-2025

Mapa Base. Los recuadros A-C indican la ubicación del análisis detallado que figura a continuación. Datos: ACA/MAAP, Planet, NICFI

En el Mapa Base, los Recuadros A-C indican las tres áreas con expansión minera aurífera documentada entre 2024 y 2025, según un análisis de imágenes satelitales de muy alta resolución.

A continuación, ofrecemos un examen más detallado de estas tres áreas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Minería aurífera ilegal en la cima del tepui Yapacana

El recuadro A muestra la reciente deforestación por la minería aurífera de 0,09 hectáreas entre enero de 2024 (panel izquierdo) y agosto de 2025 (panel derecho), ubicada en la cima del tepui Yapacana, en el Parque Nacional Yapacana. Aunque se trata de una pequeña expansión, indica el regreso de la minería ilegal en el tepui.

Recuadro A. Deforestación por la minería aurífera en la cima del tepui Yapacana. Datos: Planet, ACA/MAAP

Minería aurífera ilegal en el Parque Nacional Yapacana

El recuadro B muestra la reciente deforestación causada por la minería aurífera de 22.4 hectáreas entre marzo  de 2024 (panel izquierdo) y agosto de 2025 (panel derecho) en el Parque Nacional Yapacana, justo al norte del tepui Yapacana. También hay indicios de maquinaria minera asociado a esta actividad.

Recuadro B. Deforestación por la minería aurífera en el Parque Nacional Yapacana. Datos: Planet, ACA/MAAP

El recuadro C muestra la reciente deforestación causada por la minería aurífera de 1,01 hectáreas entre marzo  de 2024 (panel izquierdo) y agosto de 2025 (panel derecho) en el Parque Nacional Yapacana, justo al norte del tepui Yapacana.

Recuadro C. Deforestación causada por la minería aurífera en el Parque Nacional Yapacana. Datos: Planet, ACA/MAAP.

Implicaciones políticas

Photo of illegal gold mining in Yapacana National Park. Credit: SOSOrinoco

Mining is strictly prohibited in all Venezuelan national parks. This legal protection is fundamental to the conservation of the country’s most biodiverse and ecologically significant areas.

In addition, mining is explicitly prohibited in Amazonas (state in which Yapacana National Park is located) by Presidential Decree No. 269 (1989). This decree was enacted to safeguard the unique ecosystems and indigenous territories of the region, recognizing their global and national importance.

Despite these legal prohibitions, there is a permanent command post of the Bolivarian National Guard at the entrance of Yapacana National Park. The presence of this security force raises important questions about the effectiveness and willingness of law enforcement and the actual control over activities within the park.

Although the recent mining deforestation on top of the Yapacana Tepui in 2025 is quantitatively small (0.09 hectares), it highlights the importance of early detection and response, especially in such ecologically and culturally sensitive zones. The fact that this renewed activity occurs in the presence of a permanent National Guard command post raises serious concerns about the effectiveness of enforcement and the real capacity of the state to prevent illegal operations. It also suggests that even minimal incursions should not be dismissed, as they may signal the beginning of a new cycle of degradation.

Fuel distribution in the region is officially managed by PDVSA (the state oil company) under strict military supervision. However, given Amazonas’ status as a border state with Colombia and Brazil, gasoline may also be sourced from one of them, most likely Colombia, due to its proximity. The transport of fuel—whether Venezuelan or Colombian—requires the use of boats or helicopters, both of which are highly visible and subject to monitoring by the Bolivarian National Armed Forces. This context places the Armed Forces at the center of the logistical dynamics that either enable or prevent illegal mining, as both aerial control and fuel supply are essential for mining operations.

These facts invite us to reflect critically on the disconnect between legal frameworks and on-the-ground realities. How is it possible that illegal mining persists and even expands in areas with such clear legal protection and a strong security presence? What are the implications for conservation, indigenous rights, and the rule of law? The answers to these questions are crucial for understanding the challenges facing protected areas in Venezuela and for designing more effective strategies to address them.

This entire situation highlights the need to establish mechanisms to monitor illegal gold trafficking, both at its exit points outside the country and on the routes to the markets where the gold is refined and sold.

Biodiversity impacts:

Photo of Yapacana Tepui. Credit: SOSOrinoco

Yapacana Tepui (Cerro Yapacana), a sandstone mountain rising to 1,345 meters above sea level in the southwestern quadrant of Yapacana National Park (PNY), is a geomorphologically and ecologically unique formation within the Venezuelan Amazon. The park encompasses a mosaic of landscapes, including alluvial plains, erosion-alteration peneplains, and nutrient-poor white sand savannas, which host highly specialized vegetation with floristic links to both the Paleotropics and Neotropics. The mountain itself supports two distinct montane forest types—submontane evergreen forests on its slopes and cloud forests on its summit—harboring at least eight critically endangered endemic plant species. These ecosystems are part of the ancestral territory of Arawako, Huottüja (Piaroa), and Mako peoples, who regard the tepui as sacred (MARNR-ORSTOM 1988; Castillo y Salas 2007; SOSOrinoco 2019).

Illegal gold mining has emerged as a major threat to the integrity of these ecosystems, particularly on the summit of Cerro Yapacana, where deforestation from mining camps and machinery has directly impacted the fragile forest habitat. The destruction of summit vegetation not only endangers endemic flora but also disrupts ecological processes vital to the survival of species such as the Yapacana antbird (Myrmeciza disjuncta) and the red Yapacana frog (Minyobates steyermarki), both of which are exclusive to this tepui. Mining-induced deforestation across the park has reached over 2,240 hectares, threatening the continuity of forest cover, savannas and the ecological connectivity essential for species migration and resilience (Huber 1995; Llamozas et al., 2003; Lentino, 2006; Señaris and Rivas, 2006).

The broader biodiversity of Yapacana National Park is also at risk, including its designation as an Important Bird Area (IBA) due to the presence of species such as Crax alector, Selenidera nattereri, and migratory birds like Dendroica striata. The park hosts over 260 bird species, alongside 51 reptiles and 29 amphibians (Lentino, 2006; Señaris and Rivas, 2006). The illegal mining not only degrades these habitats but also introduces pollutants and human disturbance, undermining conservation efforts and threatening the survival of species with restricted ranges and specialized ecological requirements. Urgent and sustained action is needed to halt further degradation and safeguard the exceptional biodiversity of Cerro Yapacana and its surrounding ecosystems (SOSOrinoco, 2019).

Acknowledgements

We thank the organization  SOSOrinoco for important information and comments related to this report.

This report is part of a series focusing on gold mining in the Amazon, with support from the Gordon and Betty Moore Foundation.

MAAP #233: Situación actual de Minería de Oro en la Amazonía Peruana

Mapa base. Zonas de actividad minería aurífera en la Amazonia peruana.

La minería de oro en la Amazonía peruana ha tenido un crecimiento importante en los últimos años; en especial posterior a eventos claves como el Operativo Mercurio, una intervención multisectorial contra la minería ilegal que fue realizada a inicios del año 2019 y tuvo su principal impacto en zonas críticas de minería ilegal en la región Madre de Dios como es el sector de La Pampa. Además, la pandemia del COVID-19 tuvo un impacto considerable en la expansión de la minería ilegal en el Perú, donde el retiro de la vigilancia policial en zonas aledañas a La Pampa ha contribuido a la expansión de áreas mineras en este sector (Vadillo, 2022).

Este incremento, vinculado directamente a los precios internacionales del oro, ha generado el surgimiento de nuevos frentes de deforestación e invasión de cuerpos de agua para la ocurrencia de la actividad minera de oro. El presente reporte muestra las principales zonas de minería de oro tanto en ecosistemas terrestres como en cuerpos de agua en la Amazonía Peruana. 

La actividad minera de oro en la Amazonía Peruana se ha extendido a nueve regiones del Perú: Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno y Ucayali. En el monitoreo de esta actividad minera, se ha incluido la identificación de zonas deforestadas por minería e infraestructuras mineras (ej: dragas, peque-dragas, chutes, entre otros) en ríos amazónicos.

Hasta mediados del año 2025, la deforestación por minería de oro ha alcanzado una extensión de 139,169 hectáreas en el Perú, donde la región Madre de Dios ha concentrado la mayor parte de esta deforestación (97.5% del total). Además, las regiones Huánuco y Puno han presentado valores considerables de deforestación por minería, donde se identificaron 1,262 y 1,014 hectáreas de deforestación, respectivamente.

Asimismo, el uso de diferentes infraestructuras mineras se ha extendido a los ríos de varias regiones, principalmente en el sector norte del Perú. Las regiones Loreto y Amazonas son las regiones que han presentado el mayor número de infraestructuras mineras en sus ríos amazónicos, donde  se identificaron 989 y 174 dragas mineras para el periodo 2017 – 2025, respectivamente. 

Por otro lado, la actividad minera de oro ha ocasionado una afectación de cuerpos de agua debido a la presencia de infraestructuras mineras y/o de deforestación por minería en zonas aledañas a estos cuerpos de agua. En total, se estima una afectación de 225 cuerpos de agua (ríos y quebradas) en la Amazonía Peruana por la actividad minera de oro.

A continuación, presentamos los resultados de este reporte en tres secciones, las cuales agrupan las regiones con presencia de minería de oro: Sector Norte (Amazonas, Cajamarca y Loreto), Sector Centro (Huánuco, Pasco y Ucayali), y Sector Sur (Cusco, Madre de Dios y Puno). En cada sección, se presentan las áreas deforestadas por minería de oro y ríos afectados por infraestructuras mineras.

Mapa base. Datos: ACA, ACCA, CINCIA, FEMA, SZF, IBC, SERNANP, Mapbiomas Perú

Sector Norte de la Amazonía Peruana

La minería de oro se ha extendido en las regiones Amazonas, Cajamarca y Loreto, donde se han registrado distintas zonas de actividad minera, así como la presencia de infraestructuras mineras, específicamente dragas mineras, en diferentes ríos de estas regiones (Figura 1).

En este sector, se ha registrado un área total de 491 hectáreas deforestadas por minería distribuido en las tres regiones mencionadas. Estas zonas mineras para la extracción de oro se ubican próximas a cuerpos de agua y, en algunos casos, están al interior de comunidades Indígenas en estas regiones. 

Las áreas deforestadas por minería de oro se han localizado principalmente en zonas aledañas a ríos en este sector. En la región Cajamarca, la deforestación por minería se ha localizado a lo largo del río Chinchipe. Por otro lado, la deforestación por minería en las regiones Amazonas y Loreto se ha identificado en zonas aledañas al río Marañón.

Figura 1. Actividad minera aurífera en la Amazonía Peruana – Sector Norte. Datos: ACCA, FEMA, SZF, IBC, SERNANP
Figura 1a. Deforestación por minería de oro en la quebrada Sawintsa, región Amazonas. Datos: ACCA, Maxar

Además, se resalta la presencia de zonas deforestadas por minería cerca a la frontera con Ecuador para las regiones Amazonas y Cajamarca.

En septiembre de 2024, se identificaron nuevos registros de zonas deforestadas por minera en la quebrada Sawintsa de la región Amazonas (Figura 1a), la cual se ubica en la frontera con Ecuador y ha tenido un incremento de la actividad minera en los últimos meses.

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1b. Dragas mineras identificadas en el río Nanay (Loreto). Datos: Planet, ACCA

La presencia de infraestructuras mineras para la extracción de oro se ha extendido a diferentes ríos amazónicos en el sector norte, donde se han identificado dragas mineras en 14 ríos diferentes. La región Loreto es la región más impactada por la actividad minera aurífera, donde se han identificado un total de 989 dragas mineras entre los años 2017 – 2025. 

El río Nanay, ubicado en la región Loreto, y los ríos Cenepa y Santiago, ubicados en la región Amazonas, son los ríos amazónicos más impactados por la actividad minera de oro en el sector norte debido al alto número de dragas mineras identificadas en estos ríos. A lo largo del río Nanay, se han identificado 841 dragas mineras en el periodo 2017 – 2025, de las cuales 275 dragas mineras (32% del total) se han identificado en el año 2025. Además, la operación de las dragas mineras en el río Nanay se ha localizado en comunidades indígenas así como en el Área de Conservación Regional Alto Nanay – Pintuyacu – Chambira (Figura 1b).

Por otro lado, la presencia de dragas mineras en los ríos Cenepa y Santiago se ha ido incrementando en los últimos años, donde se han registrado 137 y 51 dragas mineras entre los años 2022 – 2025, respectivamente. Asimismo, la actividad minera de oro mediante el uso de dragas mineras se han localizado en zonas aledañas a comunidades indígenas en la región Amazonas.

Sector Centro de la Amazonía Peruana

La minería de oro en el sector centro se ha extendido en las regiones Huánuco, Pasco y Ucayali, en las cuales se han registrado deforestación por actividad minera e infraestructuras mineras en ríos de estas regiones (Figura 2).

En el sector centro, se ha registrado una área total de 1,320 ha de áreas deforestadas por minería en las tres regiones mencionadas. Estas áreas mineras se han identificado en zonas aledañas a ríos y quebradas en estas regiones. Además, la deforestación por minería de oro se ha localizado en comunidades Indígenas, en el Área de Conservación Regional Bosque Montano de Carpish, y en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira. 

Figura 2. Actividad minera aurífera en la Amazonía Peruana – Sector Centro. Datos: ACCA
Figura 2a. Deforestación por minería de oro en la provincia de Puerto Inca, región Huánuco. Datos: Maxar, ACCA

La región Huánuco es la región más impactada por la deforestación por minería en este sector, la cual se ha expandido principalmente en áreas aledañas a los ríos Pachitea, Yuyapichis, Negro, y a la quebrada Pintuyacu.

La mayor parte de la deforestación por minería se ha localizado en la provincia de Puerto Inca (Figura 2a), la cual concentra el 97% del total de áreas deforestadas por minería en la región Huánuco.

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2b. Deforestación por minería de oro aledaño al río Chinchihuani, región Pasco. Datos: Maxar, ACCA

En la región Pasco, la deforestación por minería de oro se ha registrado a lo largo del río Chinchihuani desde agosto de 2024 (Figura 2b).

Estas áreas deforestadas representan los primeros registros de minería de oro en esta región, y han sido identificadas en concesiones mineras en trámite.

Por otro lado, la minería de oro en la región Ucayali se ha localizado en quebradas aledañas al río Abujao, donde se registran zonas deforestadas por la actividad minera.

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2c. Dragas mineras ubicadas en el río Aguaytía, región Ucayali. Datos: Maxar, ACCA

Con respecto a la infraestructura minera en el sector centro, se han tenido registros de dragas mineras en el río Aguaytía, en la región Ucayali.

Estos registros de dragas mineras se han identificado desde mediados de 2024 (Figura 2c), los cuales se han localizado principalmente en sectores aledaños a la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul.

En total, se han identificado 26 dragas mineras en este río durante los años 2024 – 2025.

 

 

 

 

 

 

 

Sector Sur de la Amazonía Peruana

La minería de oro se ha extendido en las regiones Cusco, Madre de Dios y Puno, donde se ha registrado principalmente deforestación por minería de oro en diferentes sectores de estas regiones (Figura 3).

Este sector ha presentado un área total de 137,558 ha deforestadas por minería ubicadas en las regiones mencionadas. A comparación con los otros dos sectores, el sector sur es el sector más impactado por la actividad minera de oro, la cual representa el 98.7% del total de deforestación por minería en el Perú. Además, la actividad minera en este sector habría iniciado en la región Madre de Dios, donde se registraron indicios de actividad minera a partir del año 1984. Esta situación representa una pérdida importante de bosques amazónicos en las regiones de este sector, así como el impacto en los ecosistemas terrestres y cuerpos de agua aledaños a la actividad minera.

Figura 3. Actividad minera aurífera en la Amazonía Peruana – Sector Sur. Datos: ACA, ACCA, CINCIA, Mapbiomas Perú, AMW
Figura 3a.  Deforestación minera en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Datos: Planet

La región Madre de Dios es la región con la mayor extensión de deforestación por minería de oro en el país, la cual concentra el 97.5% del total de deforestación por minería.

Hasta el año 2025, se ha registrado un área total de 135,939 ha de deforestación por minería en esta región.

Además, la deforestación por minería en Madre de Dios se ha extendido al interior de comunidades Indígenas y de las zonas de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata (Figura 3a) y la Reserva Comunal Amarakaeri.

 

 

 

 

 

 

Figura 3b. Deforestación por minería oro en la Concesión para Conservación Camanti Sostenible. Datos: Maxar

Para la región Cusco, la deforestación por minería de oro se ha extendido a diferentes sectores cercanos a los ríos Araza y Nusiniscato, así como a quebradas aledañas a estos ríos.

Además, parte de la deforestación por minería se ha extendido al interior de la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri y en la Concesión para Conservación Camanti Sostenible (Figura 3b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3c. Deforestación por minería de oro aledaño al río Huari Huari. Fuente: ACCA, Maxar

Por otro lado, la región Puno ha presentado deforestación por minería en zonas cercanas a los ríos Inambari y Huari Huari, así como en quebradas aledañas a estos ríos (Figura 3c).

Asimismo, parte de la deforestación por minería de oro se encuentra ubicada en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene.

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3d. Tracas en pozas mineras en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Fuente: Planet

Respecto a las infraestructuras mineras en este sector, el uso de infraestructuras se ha extendido principalmente en las zonas mineras de la región Madre de Dios.

En esta región, se utilizan diferentes tipos de infraestructuras mineras para la extracción de oro, donde se incluyen el uso de tracas, chutes, minidragas y balsas mineras (ACCA, 2022).

Para el año 2025, se han identificado 2,052 infraestructuras mineras en zonas mineras en la región Madre de Dios, donde se incluyen tracas, dragas, entre otros (Figura 3d). 

 

 

 

 

 

 

Recomendaciones para la minería aurífera actual en el Perú

La minería aurífera en el Perú representa uno de los mayores desafíos socioambientales del país. La expansión de la minería ilegal e informal ha generado impactos graves en los bosques amazónicos, los ríos y las comunidades locales (Arana Cardó, M, 2024) . Frente a ello, se presentan cinco propuestas orientadas a fortalecer la formalización de la MAPE (Pequeña Minería y la Minería Artesanal), mejorar la trazabilidad del oro y reforzar la fiscalización estatal tanto en la nueva Ley de Formalización y Promoción de la MAPE como en la normativa actual sobre el tema.

1. Implementar un sistema efectivo de trazabilidad del oro que vincule producción, comercialización y exportación

Foto: ACCA

Actualmente, el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro, creado a partir de la Resolución Ministerial Nº 249-2012-MEM-DM, carece de mecanismos efectivos de cruce de información.

Por lo tanto, se recomienda consolidar un sistema integral de trazabilidad que abarque no solo a productores, comercializadores, procesadores y exportadores, incluyendo la industria de joyería, sino también el control de insumos críticos como el mercurio y combustibles, a fin de garantizar cadenas de suministro libres de contaminación y actividades ilegales.

Este sistema debe integrar controles digitales en tiempo real, cruzar información entre lo declarado como producción y lo efectivamente comercializado, impedir la salida de oro ilegal bajo la forma de joyería y alinearse con las exigencias internacionales de debida diligencia.

 

2. Fortalecimiento de la Ley MAPE y depuración rigurosa del REINFO

Foto: ACCA

La normativa sobre pequeña minería y minería artesanal debe establecer categorías claras basadas en producción y tecnología, diferenciando el proceso de formalización (dirigido a mineros preexistentes en situación informal y que contempla medidas escalonadas y apoyo técnico) del proceso ordinario de otorgamiento de permisos, que exige el cumplimiento pleno de requisitos ambientales y técnicos para nuevos proyectos.

La nueva Ley MAPE (Pequeña Minería y la Minería Artesanal) debe incorporar incentivos reales para la formalización y para la adopción de prácticas sostenibles, mecanismos eficaces de fiscalización y la delimitación de zonas exclusivas para la actividad formalizada, excluyendo Áreas Naturales Protegidas, reservas indígenas, cuerpos de agua y patrimonio cultural.

Adicionalmente, esta nueva normativa debe establecer la obligatoriedad de la debida diligencia en la cadena de valor del oro, vinculando el proceso de formalización con la implementación de un sistema de trazabilidad. De este modo, los mineros formalizados no solo deberán cumplir con los requisitos legales básicos, sino también garantizar que su producción esté libre de insumos ilegales como el mercurio, respondiendo a estándares internacionales de transparencia y sostenibilidad.

Asimismo, frente a la prórroga otorgada hasta el 31 de diciembre de 2025, en el Decreto Supremo Nº 012-2025-EM, resulta indispensable que el Estado ejecute de manera estricta la depuración del REINFO (Registro Integral de Formalización Minera), retirando definitivamente a quienes no cumplan con los requisitos mínimos establecidas en la Ley N° 32213 y su reglamento, conforme indica su actualización a través del Decreto Supremo N.° 009-2025-EM. Además, se debe evaluar mecanismos sancionadores proporcionales que desincentiven el uso indebido del REINFO. Solo así se evitará que este registro continúe siendo utilizado como un escudo de impunidad frente a la acción del Ministerio Público y la Policía Nacional, y se garantizará que la formalización se traduzca en un cambio efectivo de prácticas mineras.

3. Establecer obligaciones ambientales desde el inicio de la formalización minera y asegurar su fiscalización

Foto: ACCA

La normativa debe establecer que toda actividad de pequeña minería y minería artesanal debe estar sujeta a obligaciones ambientales respectivas, desde el primer acto de formalización, a fin de asegurar una fiscalización temprana y efectiva. Durante dicho proceso, las operaciones deben ser fiscalizadas de manera general y aleatoria por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). Asimismo, se deben aplicar sanciones administrativas y penales a las autoridades responsables que incumplan con su deber de fiscalización.

De manera complementaria, se debe promover y avanzar con la zonificación forestal, conforme a lo establecido en la Ley Forestal (Ley N° 29763), con énfasis en las regiones amazónicas del Perú. Esta debe integrarse en el proceso de formalización minera y convertirse en un requisito formal para otorgar permisos. La integración de la zonificación permitirá prevenir que nuevos títulos habilitantes se otorguen en bosques prioritarios para conservación, reduciendo la deforestación y el uso inadecuado de los bosques al orientar la minería hacia zonas de menor impacto y prohibirla en áreas críticas. Ello implicaría que las autoridades de formalización minera consulten los mapas de zonificación desde el inicio. Es decir, el solicitante deberá incluir la categoría de zonificación forestal de su parcela y demostrar su compatibilidad antes de la emisión de un título habilitante.

4. Fortalecer la supervisión de la MAPE a nivel regional mediante convenios interinstitucionales

Foto: ACCA

Se propone la suscripción de convenios entre el OEFA y los gobiernos regionales amazónicos, acompañados de apoyo técnico y equipos tecnológicos para fiscalizar en tiempo real las operaciones en zonas remotas.

Además, siguiendo lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se recomienda la conformación de equipos multidisciplinarios especializados que acompañen supervisiones en campo, contribuyendo a cerrar brechas de capacidad y asegurar la eficacia del control ambiental en territorios críticos.

 

 

 

 

 

 

5. Promover tecnologías limpias y prohibir progresivamente el uso de mercurio al 2030.

Foto: ACCA

En cumplimiento del Convenio de Minamata, el Perú debe adoptar una política de eliminación progresiva del mercurio en la minería aurífera.

Para ello, se recomienda facilitar el acceso de los mineros a tecnologías limpias mediante créditos blandos, subsidios o beneficios tributarios, garantizando procesos más seguros para el ambiente y la salud pública, de modo que la transición tecnológica incremente la recuperación de oro y reduzca los impactos sobre ríos y comunidades locales. 

No obstante, esta política debe ir acompañada de metas específicas para la protección de los recursos forestales, así como de sanciones más estrictas frente a quienes continúen utilizando mercurio y generando deforestación, de manera que se garantice una verdadera protección ambiental y de la salud pública.

Además, dichas metas deben incorporarse expresamente en el Plan de Acción Nacional del Convenio de Minamata, asegurando su implementación efectiva y articulada en el territorio.

 

Metodología

La identificación de deforestación por minería de oro se basó en la interpretación visual de imágenes satelitales de alta y muy alta resolución disponibles en las plataformas Planet, Maxar y Google Earth Pro para las regiones Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Loreto, Pasco, Puno y Ucayali. Para lo cual, se realizó una revisión preliminar de mapas y plataformas relacionadas a la detección de minería en el Perú (Sistema de Detección Temprana y Vigilancia Ambiental del Ministerio del Ambiente del Perú, Amazon Mining Watch y Mapbiomas Perú) con la finalidad de ubicar potenciales zonas mineras. Además, se recopilaron reportes y artículos periodísticos relacionados a la minería de oro en diferentes regiones del país para la ubicación de áreas mineras, así como comunicaciones directas de representantes de diferentes instituciones sobre indicios de actividad minera a nivel local. A partir de estos procesos preliminares, se realizó la identificación de deforestación por minería de oro mediante el uso de imágenes satelitales. Asimismo, se realizó el monitoreo de la deforestación por minería identificada utilizando los mosaicos mensuales de Planet NICFI (resolución espacial de 4.7 m) para un seguimiento de la expansión de la deforestación por minería y la identificación de nuevas áreas mineras aledañas. 

La identificación de deforestación por minería de oro en la región de Madre de Dios  utilizó la información de deforestación histórica por minería  generada por el Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA) para los años 1984 – 2019,  por Mapbiomas Perú para el año 2020, y por Amazon Conservation (ACA) para el periodo Enero 2021 – Marzo 2024. Luego, se utilizó el algoritmo LandTrendR para la identificación de pérdida de bosque en mosaicos mensuales de Planet NICFI para el periodo Abril 2024 – Julio 2025. Posteriormente, se realizó una revisión manual para la identificación de la pérdida de bosque por minería de oro y otras causas.

La identificación de infraestructuras mineras se basó en la interpretación visual de imágenes satelitales de muy alta resolución disponibles en las plataformas Planet , Maxar y Google Earth Pro para diferentes ríos amazónicos y áreas mineras en el Perú. Además, se incluyeron reportes confidenciales y comunicaciones directas de diferentes instituciones sobre la presencia de infraestructuras mineras en ríos amazónicos.

Anexo

Anexo 1. Cuadro resumen – Actividad de minería de oro en la Amazonía peruana

*La afectación de ríos y quebradas considera la presencia de infraestructuras mineras dentro de estos cuerpos de agua y/o la presencia de zonas mineras de oro aledañas a estos cuerpos de agua.

Referencias

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Agradecimientos

Este informe es parte de una serie enfocada en la minería de oro en la Amazonía peruana, a través de una colaboración estratégica entre las organizaciones Amazon Conservation y Conservación Amazónica – ACCA, con el apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore.  

 

Cita

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MAAP #232: Punto de inflexión en la Amazonía: Importancia de ríos voladores que conectan la Amazonía

Mapa Base. Flujo de humedad en la Amazonía (río aéreo) para el suroeste amazónico. Datos: ERA5, ACA/MAAP

El bioma amazónico, que se extiende por una vasta zona que abarca nueve países del norte de América del Sur, es famoso por su extrema diversidad (biológica y cultural) y sus abundantes recursos hídricos. En efecto, las principales características de la Amazonía están vinculadas por corrientes de agua interconectadas, tanto en tierra como en el aire (Beveridge et al. 2024).

El fenómeno natural del transporte y reciclaje de humedad aérea, también conocido como “ríos aéreos” y popularizado mediáticamente como “ríos voladores”, se ha convertido en un concepto esencial relacionado con la conservación de la Amazonía. En resumen, la humedad fluye desde el océano Atlántico a través de la Amazonía, facilitada de manera única por la propia selva tropical. A medida que se desplazan hacia el oeste, estos ríos voladores dejan caer agua sobre el bosque que se encuentra debajo. Posteriormente, el bosque transpira la humedad de vuelta a ellos, reciclando así el agua y apoyando a los ecosistemas de la selva tropical lejos de la fuente oceánica. Por ejemplo, el Mapa Base ilustra el río aéreo del suroeste amazónico.

Sin embargo, la continua deforestación y la degradación forestal perturbarán y reducirán el flujo de agua aéreo de este a oeste, lo que provocará un “punto de inflexión” (o «punto de no retorno«) en las regiones afectadas, que pasarán de ser selvas tropicales a ecosistemas de sabana más secos.

En este reporte, nuestro objetivo es resumir el estado actual de los conocimientos sobre el movimiento de la humedad atmosférica a través de la Amazonía y desarrollar nuevos análisis basados en esta información. En general, nuestro objetivo es mostrar las conexiones críticas entre el este y el oeste de la Amazonía, y cómo estas conexiones cambian durante las principales estaciones del año (húmeda, seca y de transición).

Nuestro análisis se divide en tres partes principales:

Primero, resumimos el estado actual de los conocimientos sobre el movimiento de la humedad atmosférica en la Amazonía, basándonos en una reciente revisión bibliográfica y en intercambios con expertos. Segundo, identificamos las zonas sensibles que son más vulnerables a la alteración del reciclaje de la humedad causada por la deforestación. Tercero, relacionamos estas zonas sensibles del oeste con sus respectivas zonas clave de humedad del este para cada una de las tres estaciones amazónicas: húmeda, seca y de transición.

En resumen, identificamos que las áreas sensibles más vulnerables a la alteración del reciclaje de humedad procedente del océano Atlántico causada por la deforestación se encuentran principalmente en el suroeste de la Amazonía (Perú y Bolivia). Durante la temporada húmeda, gran parte del flujo de humedad hacia estas zonas sensibles atraviesa los bosques primarios continuos (no deforestados) del norte de la Amazonía. Sin embargo, durante las estaciones seca y de transición, el flujo de humedad hacia las zonas sensibles debe atravesar varios frentes de deforestación importantes ubicados en el este de la Amazonía brasileña.

Por lo tanto, una importante contribución de este trabajo es revelar que, contrariamente a la percepción común de que el punto de inflexión es un evento único en toda la Amazonía, ciertas partes de la Amazonía son más vulnerables que otras. En particular, el suroeste de la Amazonía (Perú y Bolivia) es más vulnerable a un posible punto de inflexión, especialmente debido a la alteración de los flujos de humedad durante la estación seca sobre los principales frentes de deforestación.

1. Movimiento de la humedad atmosférica a través de la Amazonía (flujo de humedad)

Figura 1. Flujos de humedad en la amazonía, por estación, para el suroeste amazónico. Datos: ERA5, ACA/MAAP

Impulsada por los vientos alisios permanentes, la humedad aérea (atmosférica) fluye hacia el oeste desde su origen en el océano Atlántico, a través de la Amazonía en sus zonas no elevadas y hacia la cordillera de los Andes. Estas rutas de humedad se recargan mediante la evapotranspiración y se descargan mediante la precipitación, creando sistemas de reciclaje de humedad (Beveridge 2024, Weng et al. 2018, Staal 2018, Weng 2019). El reciclaje por evaporación recarga la humedad atmosférica después de las lluvias, mientras que el reciclaje por precipitación elimina esta humedad. Por lo tanto, la selva amazónica es un componente clave de una gigantesca bomba de agua que comienza con el agua transportada desde el océano Atlántico tropical y ayuda a empujarla hacia el oeste (Zemp 2017, Boers 2017). Los ríos aéreos son las vías preferenciales a largo plazo y a gran escala de los flujos de humedad que impulsan esta bomba (Arraut et al. 2012) (vea la imagen de introducción). Así, los ríos aéreos son el patrón medio global (a gran escala) del flujo de humedad, mientras que el reciclaje de humedad se centra más en las diferencias estacionales (a menor escala).

De toda la lluvia que cae en la Amazonía, sus árboles han transpirado directamente el 20 % (Staal et al. 2018). La mitad de esta precipitación (10 %) proviene de la humedad de un solo evento de reciclaje, y la otra mitad (10 %) proviene de múltiples eventos de reciclaje. Este último proceso de precipitación en cascada, o reciclaje de humedad en cascada (Zemp et al. 2014), puede ocurrir varias veces (hasta cinco o seis), reciclando el agua desde el este al oeste de la Amazonía, hacia áreas cada vez más distantes de la fuente del Océano Atlántico (Lovejoy y Nobre 2019, Beveridge et al, 2024). Las precipitaciones tienden a aumentar exponencialmente a medida que el aire húmedo se desplaza sobre los bosques, pero luego disminuyen drásticamente una vez que se alejan de ellos, lo que demuestra lo importantes que son los bosques para mantener las lluvias en grandes regiones (Molina et al. 2019). El reciclaje de humedad impulsado por la transpiración es especialmente importante durante la estación seca (Staal et al. 2018, Nehemy et al. 2025).

Por lo tanto, existen implicaciones transfronterizas, ya que las acciones que se llevan a cabo en el país del este pueden tener un impacto en el país del oeste situado a sotavento (a favor del viento) de la cascada de humedad. Por ejemplo, la deforestación en el este de Brasil puede afectar negativamente al flujo de humedad que se dirige a Colombia, Ecuador, Perú y Bolivia, incluidas las montañas tropicales andinas (Ruiz-Vasquez et al., 2020; Sierra et al. 2022, Flores et al 2024). Dado que el reciclaje de la humedad también continúa más allá de las fronteras de la Amazonía, también puede haber repercusiones en las zonas agrícolas del sur de Brasil, Paraguay, norte de Argentina y norte de Colombia (Martínez y Domínguez 2014; Ruiz-Vásquez et al., 2020).

El resultante flujo terrestre de agua de las montañas andinas a través de las amazónicas de baja altitud y de vuelta al océano Atlántico como escorrentía y caudal del río Amazonas y sus afluentes da lugar al concepto emergente conocido como la vía (AAA) “Andes-Amazonas-Atlántico” (Beveridge et al., 2024).

Es importante destacar que los flujos de humedad cambian estacionalmente en la Amazonía. La figura 1 ilustra estos cambios estacionales en el suroeste de la Amazonía, a modo de ejemplo.

En la temporada de lluvias (enero-febrero), el flujo de humedad se dirige tanto hacia el oeste como hacia el sur, creando un arco gigante (Arraut 2012). Por lo tanto, la fuente de humedad continental es el noreste de la Amazonía (Boers 2017, Weng et al. 2018, Sierra et al. 2022).

En la estación seca (julio-agosto) y en la transición de seca a húmeda (septiembre-octubre), el flujo de humedad se desplaza más directamente hacia el oeste (Arraut 2012, Staal et al, 2018). Por lo tanto, la fuente de humedad continental es el sureste de la Amazonía, y algunos estudios han identificado esta región como la más importante para mantener la resiliencia general de la Amazonía (Zemp et al. 2017, Staal et al. 2018).

Cada vez hay más pruebas de que la deforestación futura reducirá las precipitaciones a sotavento —más al oeste— de las redes de reciclaje de humedad, lo que provocará un “punto de inflexión” en las regiones afectadas, que pasarían de ser ecosistemas de selva tropical a ecosistemas de sabana (Boers 2017, Staal 2018, Lovejoy y Nobre 2018). Esto ha dado lugar a llamamientos a favor de estrategias de protección forestal para mantener el sistema de reciclaje de humedad en cascada que alimenta la vía (Zemp 2017, Encalada et al. 2021). Una revisión reciente indica que hay pocas pruebas de que exista un único punto de inflexión en todo el sistema; en cambio, algunas zonas específicas de la Amazonía pueden ser más vulnerables (Brando et al, 2025).

Los científicos ya están documentando los impactos relacionados con la creciente pérdida de bosque. Varios estudios recientes han encontrado que la deforestación en la Amazonía ya ha provocado una disminución significativa de las precipitaciones en el sureste amazónico, especialmente durante la estación seca (Qin et al., 2025; Liu et al., 2025; Franco et al., 2025). Además, la deforestación reduce las precipitaciones en las zonas situadas a barlovento (en contra del viento) de las áreas despejadas, lo que también afecta a la Amazonía occidental (Qin et al., 2025). Por otra parte, estudios recientes han demostrado que la deforestación de la Amazonía retrasa el inicio de la estación húmeda en el sur de la Amazonía (Ruiz-Vasquez et al., 2020; Commar et al., 2023; Sierra et al., 2023).

En relación con la deforestación, otros factores climáticos, como el aumento de la temperatura y la duración de la estación seca, también están contribuyendo al punto de inflexión (Flores et al. 2024). Múltiples fuentes han informado sobre el alargamiento de la estación seca en el sur y el este de la amazonía en las últimas décadas, siendo la mayor estación seca observada en el 2023-2024, durante la gran sequía registrada en la amazonía (Marengo et al., 2024; Espinoza et al., 2024). Como resultado de estas condiciones más secas, en los últimos años se han registrado temporadas de incendios sin precedentes, sobre todo durante los años de El Niño de 2016 y 2024 (Finer et al., 2025). Cabe destacar que el cambio previsto de bosque a sabana ya se está produciendo en lugares que experimentan una mayor frecuencia de incendios forestales debido a estas condiciones de calor y sequía (Flores et al., 2021).

2. Áreas más dependientes del reciclaje de humedad en la amazonía (áreas sensibles)

Figura 2. Áreas sensibles fusionadas. Datos: Staal 2018, Weng 2018, Conservación Amazónica/MAAP

Una serie de estudios empíricos y de modelización recientes indican que el suroeste de la amazonía (incluida la cordillera de los andes tropicales en Perú y Bolivia) es el principal sumidero de humedad, es decir, la zona donde las precipitaciones dependen en mayor medida del reciclaje de la humedad (Boers et al. 2017, Zemp et al. 2017, Weng et al. 2018, Staal et al. 2018, Sierra et al. 2022). De hecho, la lluvia transpirada por los árboles es superior al 70 % en esta región (Staal et al. 2018, Weng et al. 2018).

Dada su dependencia de las precipitaciones impulsadas por la transpiración, se prevé que el impacto de la reducción de las lluvias debido al reciclaje de humedad en cascada sea mayor en el suroeste de la Amazonía (Zemp et al. 2017, Weng et al. 2018, Staal 2018, Sierra et al. 2022, Beveridge 2024). De hecho, el bosque del suroeste de la Amazonía podría entrar en el equilibrio bioclimático de las sabanas tras los escenarios previstos de deforestación extensiva de la Amazonía (Zemp, 2017). Los bosques del noroeste y del escudo de Guyana también dependen relativamente de las cascadas de precipitaciones forestales (Hoyos et al., 2018; Staal et al., 2018).

Para identificar con precisión las zonas de la Amazonía que son más vulnerables a las perturbaciones del reciclaje de la humedad basado en la transpiración de una manera espacialmente explícita, fusionamos dos estudios clave que presentan resultados de modelos espacialmente explícitos (Weng 2018, Staal 2018). Estos estudios abarcan datos de la estación seca (Staal 2018) y anuales (tanto de la estación seca como de la húmeda) (Weng 2018).

Weng 2018 identifica las «zonas sensibles», definidas como aquellas en las que más del 50 % de las precipitaciones provienen de la evapotranspiración amazónica (lo que representa el percentil 98 de la mayor sensibilidad al cambio en el uso del suelo amazónico). Staal (2018) estima el efecto de la transpiración de los árboles amazónicos en la resiliencia de la selva amazónica. Seleccionamos las áreas con mayor pérdida de resiliencia (0,8 y superior), cuantificada como la fracción de resiliencia que se perdería en ausencia de la transpiración de los árboles amazónicos.

La Figura 2 ilustra el conjunto de datos fusionados, al que nos referimos como “zonas sensibles fusionadas”. Cabe destacar que ambos estudios coinciden en que las áreas más vulnerables se encuentran en el suroeste de la amazonía, abarcando las tierras de baja altitud de sólo dos de los nueve países de la cuenca amazónica: Perú y Bolivia. Esta área sensible fusionada cubre una franja de 1750 kilómetros de largo a lo largo de los Andes peruanos y bolivianos. En este mapa de datos fusionados, incluimos al Parque Nacional del Manu como punto de referencia, ubicado aproximadamente en el centro de las áreas sensibles.

Weng et al. 2018 identificaron zonas de mayor altitud en la zona de transición entre los Andes y la amazonía tanto en Perú (regiones de Junín, Cusco y Puno) como en Bolivia, mientras que Staal et al (2018) identificaron zonas de ligeramente menos altitud en esta misma cordillera. Estas regiones coinciden con las zonas en las que se prevé una mayor reducción de las precipitaciones debido a la deforestación (Sierra et al. 2022). Además, cabe señalar que Staal indica una zona adicional en la amazonía venezolana.

Aunque, como se mencionó anteriormente, los bosques del noroeste y noreste (escudo de Guyana) también dependen relativamente de las cascadas forestales de precipitaciones, los bosques del suroeste son los más dependientes, probablemente debido a su ubicación en el extremo más alejado de la ruta Atlántico-Amazonas-Andes.

3. La humedad fluye hacia las zonas sensibles (según la estación)

Figura 3. Flujos de humedad en la Amazonía con las zonas sensibles. Datos: ERA5, ACA/MAAP

Dada la dependencia de los bosques amazónicos occidentales, especialmente los del suroeste, del reciclaje de humedad en cascada, un reto clave es identificar las zonas de origen de humedad más importantes en el este de la Amazonía. A este respecto, la literatura ofrece una respuesta menos definitiva, probablemente porque las rutas de reciclaje de la humedad cambian con las estaciones, en contraste con la trayectoria a largo plazo de los ríos aéreos, que representan las vías preferenciales generales (Arraut 2012, Staal 2018, Weng et al. 2018).

Correlacionamos las áreas sensibles fusionadas en el suroeste de la Amazonía con sus respectivas áreas húmedas de origen, mediante el rastreo de los flujos de humedad en dirección contraria al viento. Este componente del trabajo se inspiró en el concepto de cuenca de precipitación, definido aquí como las áreas terrestres en dirección contraria al viento que proporcionan evapotranspiración a la precipitación de un área específica (Keys et al. 2012, Weng et al. 2018).

Determinamos que es esencial analizar las tres estaciones principales debido a la gran variabilidad estacional (Staal et al, 2018) y que cada una de ellas desempeña un papel clave en la estabilidad de las selvas tropicales: Durante la estación húmeda, casi el 50 % de las precipitaciones anuales totales caen sobre la región, y estos períodos húmedos recargan las reservas de agua subterránea del Amazonas, vitales para mantener las tasas de transpiración de los bosques durante los meses secos (Miguez-Macho y Fan 2012, Sierra et al 2022). Durante la estación seca, los procesos de reciclaje de la humedad son especialmente importantes para garantizar que parte de las limitadas precipitaciones lleguen al oeste de la Amazonía (Beveridge et al., 2024). Las precipitaciones transpiradas por los árboles alcanzan su máximo entre septiembre y noviembre, cuando gran parte de la Amazonía se encuentra al final de la estación seca y en transición hacia la estación húmeda (Zanin et al., 2024).

Para trazar la ruta del flujo de humedad entre las zonas sensibles fusionadas del oeste de la Amazonía y sus fuentes de humedad orientales, utilizamos los datos de flujo de humedad del reanálisis ERA5 (Hersbach 2023). En concreto, fusionamos los datos integrados verticalmente para el flujo de vapor de agua hacia el norte y hacia el este. Elegimos datos de 2022 como año reciente que no se vio muy afectado por fenómenos meteorológicos extremos como El Niño o la sequía (Espinoza et al., 2024). Para 2022, descargamos y analizamos los datos del flujo de humedad de tres períodos de tiempo distintos: enero-febrero (que representa la estación húmeda o monzónica), julio-agosto (estación seca) y septiembre-octubre (estación de transición de seca a húmeda).

Los resultados de las tres temporadas se ilustran en la Figura 3, donde las flechas representan los datos de flujo de humedad del reanálisis ERA5 desde el océano Atlántico hasta las zonas sensibles fusionadas en el suroeste de la Amazonía.

Cabe señalar que, en la estación húmeda (enero-febrero), la humedad fluye desde el océano Atlántico hacia el noreste de la amazonía (norte de Brasil, Guayana Francesa, Surinam, Guyana y Venezuela) antes de dar un giro importante hacia el sur (arco) a través del sureste de la amazonía colombiana y el norte de Perú, antes de llegar a las zonas sensibles. Este patrón general es coherente con otros estudios centrados en la temporada húmeda (Arraut 2012, Boers 2017, Sierra et al. 2022) y en todo el año (Weng et al. 2018).

Por el contrario, en las estaciones seca (julio-agosto) y de transición (septiembre-octubre), la humedad fluye desde el océano Atlántico más al sur a través de la Amazonía brasileña central y tiene un arco menos pronunciado cerca de la frontera con Perú. Concretamente, el patrón de la estación seca concuerda con otros estudios centrados en la estación seca (Arraut 2012, Staal 2018, Zemp 2017 NC).  Cabe señalar que el flujo de la estación de transición se encuentra entre la estación húmeda al norte y la estación seca al sur.

Para las tres estaciones, hacemos hincapié en que toda la trayectoria de este a oeste es importante para la conservación en lo que respecta al reciclaje en cascada de la humedad. Es decir, las zonas más alejadas del este representan la trayectoria completa en cascada, mientras que las zonas más cercanas del oeste ejercen la influencia directa más fuerte (Weng et al. 2018).

Si bien el reciclaje de la humedad abarca una vasta zona de este a oeste, gran parte de las precipitaciones inducidas por los árboles en el suroeste de la Amazonía se transpira en las cercanías (Stall 2018). Es decir, las zonas que ejercen la influencia más fuerte y eficaz sobre el suroeste de la Amazonía se encuentran justo contrarias al viento, en el centro-oeste de la Amazonía (Weng 2018; Wongchuig et al., 2023). En resumen, la pérdida extensiva de bosques en cualquier punto de la ruta de la humedad en cascada desde el este al oeste de la Amazonía, ya sea lejos o cerca, puede afectar a las precipitaciones basadas en la transpiración en el oeste de la Amazonía, lo que aumenta su sensibilidad.

El patrón anual general, teniendo en cuenta las tres estaciones, podría describirse como ríos aéreos. Tal y como indican Weng et al. (2018), esto coincide en gran medida con el patrón de la estación húmeda.

Figura 4. Como en la Figura 3, más la cobertura forestal. Datos: ERA5, Amazon Conservation/MAAP.

Para proporcionar más contexto, la Figura 4 incorpora la clasificación actual del terreno, dividida en tres categorías principales basadas en el análisis de imágenes satelitales: bosques, zonas no forestales (como la sabana) y zonas de deforestación acumulada (a partir de 2022).

Para enero-febrero (temporada húmeda), note que gran parte del flujo de humedad atraviesa el bosque primario continuo del norte de la Amazonía. Es decir, la humedad atraviesa predominantemente zonas no deforestadas del norte de Brasil, Guayana Francesa, Surinam, Guyana, Venezuela, el sureste de Colombia y el norte de Perú.

Por el contrario, los flujos de humedad de julio-agosto (estación seca) y septiembre-octubre (estación de transición) atraviesan varios frentes importantes de deforestación en la Amazonía central, especialmente durante la estación seca.

Durante la crítica estación de transición de seca a húmeda, el papel de la evapotranspiración de los árboles de la zona es especialmente importante. El sur de la Amazonía presenta valores generales de evapotranspiración más bajos (Fassoni-Andrade 2021; Zanin et al., 2024). Sin embargo, debido al mayor acceso de las raíces de los bosques al agua del suelo profundo, la evapotranspiración sobre las zonas boscosas es mayor que sobre las tierras de cultivo/pastizales durante este periodo (von Randow et al. 2004). Dado que, durante esta estación de transición, el transporte de humedad hacia el suroeste de la Amazonía pasa por grandes áreas deforestadas, la conservación de los bosques que quedan a lo largo de esta ruta es fundamental.

Además, estudios recientes muestran que los principales patrones de flujo de humedad pueden verse alterados a escala continental debido a la deforestación (Commar et al., 2023; Sierra et al., 2023). Como resultado, en el futuro podría producirse una reducción del transporte de humedad desde el Atlántico hacia el continente y retrasos en el inicio de la temporada húmeda debido a la deforestación en la Amazonía y al cambio climático (Agudelo et al., 2023).

Conclusión

Anteriormente, en este reporte técnico inicial, hemos fusionado tres puntos clave que son fundamentales para comprender el concepto de punto de inflexión en la Amazonía.

Primero, presentamos una visión general de los flujos de humedad aérea que se originan en el océano Atlántico y luego se desplazan y reciclan desde el este hacia el oeste de la Amazonía. Segundo, identificamos las “zonas sensibles” más vulnerables a la alteración del reciclaje de la humedad causada por la deforestación, situadas principalmente en el oeste de la Amazonía (Perú y Bolivia). Tercero, relacionamos estas zonas sensibles del oeste con sus respectivas zonas clave de origen de humedad en el este para cada una de las tres estaciones amazónicas: húmeda, seca y de transición.

Al incorporar datos actualizados sobre el uso del suelo, encontramos diferencias importantes según la estación. Durante la temporada húmeda, gran parte del flujo de humedad atraviesa los bosques primarios continuos (no deforestados) del norte de la Amazonía. Sin embargo, durante las temporadas seca y de transición, el flujo de humedad debe atravesar varios frentes de deforestación importantes, ubicados principalmente en la Amazonía central.

Por lo tanto, una importante contribución de este trabajo es revelar que, contrariamente a la percepción común de que el punto de inflexión es un evento único en toda la Amazonía, ciertas partes de la Amazonía son más vulnerables que otras. En particular, el suroeste de la Amazonía (Perú y Bolivia) es más vulnerable a un posible punto de inflexión, especialmente debido a la interrupción de los flujos de humedad durante la estación seca en los principales frentes de deforestación.

Pronto aprovecharemos estos resultados en un próximo reporte enfocado en las políticas, presentando las principales implicaciones del mantenimiento de los flujos de la humedad aérea  para la conservación. Este análisis incluirá cómo identificar las áreas clave de conservación para cada temporada basándose en el concepto clave de mantener el flujo de humedad en cascada hacia las áreas sensibles, en relación con las áreas protegidas, los territorios indígenas y las principales redes de carreteras. También revelará varias implicaciones políticas que requieren atención urgente y nuevos enfoques para la gobernanza nacional y la cooperación internacional. Por ejemplo, considera las implicaciones de las carreteras previstas (sobre todo la BR-319) y el fortalecimiento de las áreas de conservación existentes y la creación de otras nuevas en terrenos públicos no designados.

Agradecimientos

Este trabajo ha contado con el apoyo de la Fundación Leo Model.

Agradecemos a los siguientes colegas por los datos y/o comentarios a las versiones anteriores del reporte:

Wei Weng
Potsdam Institute for Climate Impact Research
Potsdam, Germany  

Arie Staal
Assistant Professor
Environmental Sciences
Copernicus Institute of Sustainable Development
Utrecht University

Juan Pablo Sierra
Institut des Géosciences de l’Environnement,
Université Grenoble Alpes, IRD, CNRS,
Grenoble, France  

Jhan-Carlo Espinoza
Directeur de Recherche, Institut de Recherche pour le Developpement (IRD)
IGE Univ. Grenoble Alpes, IRD, CNRS (UMR 5001 / UR 252) – France
Pontificia Universidad Católica del Perú. Lima – Perú

Co-chair of ANDEX: A regional Hydroclimate Initiative for the AndesGEWEX
Coordinator of the AMANECER Project (Amazon-Andes Connectivity)

Corine Vriesendorp
Director of Science
Conservación Amazónica – Peru (ACCA)

Federico E. Viscarra
Science Officer
Science Panel for the Amazon

Daniel Larrea
Director of the Science & Technology Program
Conservación Amazónica – Bolivia (ACEAA)

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MAAP #231: Ampliación de red vial irregular en Territorio Indígena Achuar​

Mapa Base. Territorio Indígena Achuar. Datos: RAISG, Fundación Pachamama.

Este informe tiene como objetivo documentar la expansión de vías en el sureste de la Amazonía ecuatoriana, específicamente en el territorio Indígena de la Nacionalidad Achuar del Ecuador, con la finalidad de analizar cuales tramos viales han cumplido con los requisitos ambientales requeridos por ley.

La Nacionalidad Achuar del Ecuador tiene un territorio de alrededor de 672.000 hectáreas entre las provincias de Pastaza y Morona Santiago, en donde habitan cerca de 10.000 personas distribuidas en 96 comunidades. 

En el reporte MAAP #159 se registró la apertura de una vía de 12 kilómetros, que conecta el poblado de Taisha con la comunidad de Pumpuentsa, realizada entre octubre de 2021 y abril de 2022.

Esta obra representó la primera vía carrozable en la historia del territorio Achuar.

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 1. Área de estudio dentro del territorio indígena Achuar. Datos: Planet, EcoCiencia, Fundación Pachamama.

El presente reporte muestra una actualización con corte a abril de 2025, evidenciando nuevas conexiones viales entre las comunidades Pumpuentsa y Wampuik, y un ramal intermedio hacia Wasakentsa, ubicadas dentro del territorio de la NAE en la provincia de Morona Santiago (ver Imagen 1). 

Esta expansión vial responde a demandas históricas de la Nacionalidad Achuar, motivadas por el aislamiento geográfico, los altos costos de transporte y la falta de servicios básicos como salud y educación. Estas condiciones han impulsado a las comunidades a exigir una mayor atención por parte de las autoridades nacionales y subnacionales.

El desarrollo de estas vías debe planificarse considerando que este territorio es conocido como uno de los bosques mejor conservados y de mayor biodiversidad en el Ecuador (ver Anexo). La vida en bosques Indígenas requiere una intervención integra con servicios básicos y alternativas sostenibles, para evitar conflictos socioambientales, tales como la extracción ilícita de madera.  

Las demandas, previamente aludidas, han sido recogidas en propuestas del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Provincial de Morona Santiago y reflejadas en resoluciones de Asambleas y Congresos de la Nacionalidad Achuar. Cabe destacar que la vialidad rural es competencia de los GAD provinciales y requiere diversos estudios técnicos, siendo los estudios ambientales uno de los componentes más relevantes en el proceso de planificación y desarrollo.  

Ampliación de vías entre abril 2022 y abril 2025 

El ingreso de vías en el territorio de la Nacionalidad Achuar del Ecuador marca un antes y un después en la historia de este pueblo. La vía Pumpuentsa–Wampuik, junto con su ramal hacia Wasakentsa, conecta el sistema vial del cantón Taisha con el corazón del territorio Achuar en Morona Santiago, incluyendo su bosque primario. La posibilidad de extender estas vías hacia otras comunidades e incluso hacia Perú representa quizás el mayor reto (presiones y amenazas vinculadas a la red vial) para la Nacionalidad Achuar desde que el Estado les otorgó títulos territoriales en la década de 1990. 

Mediante el análisis de imágenes satelitales, se identificó una expansión total de aproximadamente 50 kilómetros de la red vial en territorio Achuar, registrada entre abril de 2022 y abril de 2025. 

Inicialmente hasta abril 2022 se habían registrado 12 kilómetros viales construidos hasta Pumpuentsa y sus alrededores. En los primeros seis meses del presente monitoreo, el crecimiento fue moderado, alcanzando aproximadamente 23 kilómetros de ampliación. Posteriormente, las obras se detuvieron por un periodo de dos años. La reactivación del proyecto tuvo lugar en octubre 2024, dando paso a una fase de expansión acelerada que alcanza los 56 kilómetros en enero 2025. Finalmente, entre enero y abril de 2025, se registró un crecimiento paulatino de 6 kilómetros adicionales, correspondiente al ramal hacia Wasakentsa, completando así 62 kilómetros de ampliación total de la red vial en territorio Achuar desde 2021 (ver Gráfica 1). 

Gráfica 1. Ampliación de la vía Pumpuentsa – Wampuik en Territorio Achuar en Morona Santiago (abril 2022-abril2025). Datos: EcoCiencia.
Imagen 2. Conexiones viales entre comunidades Achuar (abril 2022 – abril 2025). Datos: Planet, EcoCiencia, Fundación Pachamama.

La Imagen 2 ilustra como esta ampliación vial ha permitido la conectividad entre comunidades del territorio Indígena Achuar.

El recorrido inicia en la comunidad de Pumpuentsa y se extiende hacia Patukmai, desde donde se establecen conexiones hacia Wasakentsa e Ipiak. A su vez, Ipiak queda vinculada con Putuim, que conecta con Tarimiat, y finalmente esta última con Wampuik. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Construcción, gestión y monitoreo 

Imagen 3. Integración de monitoreo satelital y comunitario. Datos: Planet, EcoCiencia, Fundación Pachamama.

En cuanto a su construcción y gestión, la vía desde Pumpuentsa hasta Patukmai fue construida por el GAD Provincial de Morona Santiago. Posteriormente, en 2024, el GAD Municipal de Taisha, autoridad que no tiene las competencias de vialidad rural, realizó la apertura de la vía que conecta Patukmai con Wampuik. Actualmente, en 2025, el GAD Provincial se encuentra a cargo de la construcción de la primera etapa de la vía que conecta Patukmai con Wasakentsa y conectará, en futuras fases, a otras comunidades (Nases, Kuchints, Tsurik Nuevo y Wampuik). 

Con relación a la legalidad de estas intervenciones, al 3 de agosto de 2025, únicamente el tramo Pumpuentza–Patukmai cuenta con registro ambiental vigente (MAE-SUIA-RA-DPAMS-2017-2595), el cual obliga al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y demás requisitos normativos por parte del GAD Provincial [1]. El tramo que comprenden desde Patukmai hasta Wampuik, no presentan registros de obra ni permisos ambientales en el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) del Ecuador. Sin embargo, según una publicación oficial del GAD Municipal de Taisha, el 21 de diciembre de 2024 se habría concluido la construcción de la vía completa entre Pumpuentsa y Wampuik, pese a la ausencia de permisos ambientales registrados [2]. 

La Nacionalidad Achuar y los representantes de Pumpuentsa consideran el monitoreo comunitario como el Ikiama Yapii (la cara del bosque). El cuidador o monitor territorial del bosque, es quien observa, controla y vigila los sitios importantes para la cultura Achuar (ríos, animales, espíritus) y los daños o acciones ambientales que afectan el territorio. Es así como monitores territoriales Achuar han realizado un seguimiento al avance de la vía desde Pumpuentsa hasta Wampuik en el periodo de su construcción y al aprovechamiento de madera que esto ocasiona (ver Imagen 3).  

El monitoreo comunitario realizado en 2025 identificó a Pumpuentsa y Patukmai como las comunidades con mayor aprovechamiento forestal, destacándose especialmente la extracción de especies como el cedro y el chuncho. La reciente ampliación vial en la zona ha facilitado significativamente el transporte de la madera destinada a su comercialización (ver Imagen 3). 

Recomendaciones para la política pública

La apertura de carreteras en territorios Indígenas de la Amazonía ecuatoriana implica una serie de requisitos ambientales fundamentales, establecidos en la normativa nacional vigente a 2025, para garantizar la protección del ambiente, la biodiversidad y los derechos de las comunidades locales e indígenas. Estos requisitos están regulados principalmente por la ley del Código Orgánico del Ambiente (COA) y su Reglamento (emitido mediante el Decreto Ejecutivo 752 y reformas), la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador respecto a derechos ambientales y derechos de la Naturaleza; y los tratados internacionales de derechos humanos como el Acuerdo de Escazú (vigente en Ecuador desde 2021). 

Detallamos a continuación algunas recomendaciones con base en los hallazgos del estudio realizado y el respectivo marco regulatorio: 

Licencias o ejecución de obras públicas sin Consulta y el consentimiento previo, libre e informado (CPLI) 

Foto: Ecociencia

El proceso de evaluación ambiental incluye obligatoriamente un proceso de participación ciudadana, establecido en el artículo 395 de la Constitución del Ecuador. Este proceso deberá garantizar el derecho de las comunidades afectadas a ser informadas y a emitir observaciones sobre el proyecto, antes de su aprobación. Las convocatorias y actas deben publicarse en el SUIA. 

Si la carretera interviene territorios de pueblos y nacionalidades indígenas, es obligatoria la realización de una consulta previa, libre e informada, conforme al artículo 57 de la Constitución y los estándares del Convenio 169 de la OIT.

La consulta debe realizarse de buena fe, con pertinencia cultural y antes de la adopción de cualquier decisión definitiva. 

Con base en esto, se recomienda a la Autoridad Nacional Ambiental a nivel nacional, mediante las reformas legislativas correspondientes, tipifique como falta grave o delito el otorgamiento de licencias o la ejecución de obras públicas sin CPLI, estableciendo responsabilidades penales, administrativas y civiles para los funcionarios o empresas que actúen al margen de este derecho. 

Normativa para la ejecución de obras sin CPLI

Foto: Ecociencia

En el marco de las competencias ambientales de los GADs [5], el artículo 431 de la Constitución de la República, se establece un sistema de gestión integral del manejo ambiental nacional donde, los gobiernos autónomos descentralizados, de manera concurrente, estarán a cargo de la emisión de normas para la gestión integral del ambiente y la prevención, control y sanción de actividades que afecten al mismo.

Asimismo, se establece la obligación de los GADs de denunciar ante la autoridad competente cualquier vulneración a los derechos de la Naturaleza que llegue a su conocimiento.

En el marco de dichas obligaciones y el sistema de garantías establecido, se recomienda el desarrollo de mecanismos normativos vinculantes que impidan el inicio de cualquier fase del proyecto sin CPLI, incluso la fase de planificación, licitación o estudios de factibilidad. 

 

 

 

Garantizar la participación indígena en CPLI 

Foto: Ecociencia

Se recomienda a la Autoridad Nacional Ambiental que se diseñen lineamientos específicos sobre cómo debe desarrollarse la consulta previa en contextos amazónicos, con enfoque cultural, lingüístico y territorialmente diferenciado, en co-creación con las propias organizaciones indígenas.

Además de que se publique información clave (fichas técnicas, mapas, actas de consulta, licencias) en plataformas públicas como el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) y otros repositorios accesibles con el fin de garantizar la transparencia del proceso.

Así mismo, se considera conveniente que se incorporen mecanismos de rendición de cuentas y seguimiento participativo al proceso de implementación del CPLI, incluyendo la figura de veedurías comunitarias y auditorías sociales.

Y que, se reconozca la competencia de las autoridades indígenas para pronunciarse sobre afectaciones en su territorio, en concordancia con el artículo 171 de la Constitución, esto con la finalidad de fortalecer los sistemas de justicia intercultural.

 

Fortalecer el uso del diálogo intercultural como mecanismo de gobernanza preventiva 

Foto: Ecociencia

La Constitución del Ecuador establece como principios rectores del Estado la interculturalidad y la plurinacionalidad (art. 1 y art. 250), y reconoce la existencia de sistemas jurídicos propios de los pueblos Indígenas.

Además, el Acuerdo de Escazú promueve la participación inclusiva y efectiva, con enfoques interculturales (art. 7). 

El marco constitucional reconoce la plurinacionalidad y la interculturalidad (arts. 1 y 250), lo que implica incorporar los saberes, cosmovisiones y sistemas de ordenamiento propios de los pueblos Indígenas. 

En este sentido se recomienda incorporar de manera estructural el diálogo intercultural como mecanismo preventivo y vinculante en la toma de decisiones que puedan afectar territorios Indígenas.

Esto implica: Reconocer la legitimidad de los voceros y formas propias de decisión comunitaria; Respetar los tiempos y protocolos culturales de deliberación; Asegurar la participación de autoridades comunitarias desde etapas tempranas, más allá del requisito formal de consulta; Capacitar a funcionarios públicos en competencias interculturales; y, Establecer mesas técnicas permanentes de diálogo entre instituciones del Estado y gobiernos comunitarios, como espacios de resolución anticipada de conflictos. 

Este enfoque de diálogo debe preceder cualquier acción administrativa o de planificación sobre los territorios y debe considerarse una herramienta de garantía de derechos y prevención de conflictos socioambientales. 

Transparencia ambiental y mecanismos anticorrupción 

El Acuerdo de Escazú, ratificado por Ecuador y en vigor desde el año 2021, establece en su artículo 5 el deber de los Estados de garantizar el acceso a la información ambiental, de manera proactiva y en formatos culturalmente adecuados.

La falta de información completa y veraz vicia el proceso de consulta y viola el principio de buena fe, como ha reiterado la Corte IDH en varios fallos. 

La participación de los pueblos Indígenas en la gestión ambiental y territorial está garantizada en la Constitución (art. 395.2 y 57.17) y en el Acuerdo de Escazú (art. 9), lo cual implica su rol como actores de control social y defensores del territorio. 

Se recomienda que se reconozcan e institucionalicen sistemas de monitoreo comunitario Indígena mediante protocolos propios, que se articulen con el Sistema Nacional de Monitoreo Ambiental.

Estos sistemas deben tener capacidad de generar alertas tempranas, denuncias y promover la participación en procesos de sanción y remediación.

 

Notas

[1] Resolución No. 219724: Registro ambiental para el proyecto obra o actividad construcción de la vía Pumpuentza – Patukmai, tramo I de 10 km ubicado en la parroquia Pumpuentza del cantón Taisha., ubicado/a en el cantón Taisha, Provincia Morona Santiago, MAATE. 

[2] Anuncio disponible en: https://taisha.gob.ec/𝗟𝗟𝗘𝗚𝗔𝗠𝗢𝗦𝗖𝗢𝗡𝗟𝗔𝗔𝗣𝗘/ 

[3] Pudiendo ser estos, conforme el art. 426 del Reglamento al COA: a) un registro ambiental, para proyectos de bajo impacto o; b) una licencia ambiental, para obras y proyectos de mediano y alto impacto.  

[4] Registro Oficial No. 274, publicado el 28 de marzo de 2023 

[5] De conformidad a la Sentencia 36-15-IN/20 de la Corte Constitucional del Ecuador, a fin de comprender el nivel de competencia ambiental que concurre para los GADs, es necesario indicar que existen cuatro tipos de competencias:

  • Las competencias exclusivas definidas en el artículo 114 del Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD) como aquellas que están establecidas expresamente en la CRE y en el COOTAD, y su titularidad corresponde a un solo nivel de gobierno;
  • Las competencias concurrentes definidas en el artículo 115 del COOTAD como aquellas cuya titularidad corresponde a dos o más niveles de gobierno 
  • Las competencias adicionales y; las competencias residuales definidas en los artículos 149 y 150 del COOTAD, respectivamente como aquellas competencias que entrega el Consejo Nacional de Competencias. 

Anexo

Anexo. Cobertura y uso de suelo en Territorio Indígena Achuar. Datos: Mapbiomas 2024, Fundación Pachamama

Agradecimientos 

Agradecemos a Fundación Pachamama por facilitar información contextual y la redacción de recomendaciones para la política pública del presente reporte. 

Este informe es parte de una serie enfocada en la Amazonía ecuatoriana a través de una colaboración estratégica entre las organizaciones Fundación EcoCiencia y Amazon Conservation, con el apoyo de la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (Norad). 

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​MAAP #230: Minería en la Amazonía Ecuatoriana Sector Centro – Provincia del Napo ​

​Mapa Base 1. Deforestación por minería en Ecuador. Datos: Amazon Mining Watch (AMW), RAISG​

Este es el segundo de una serie de informes que detallan la expansión de la minería aurífera en la Amazonía ecuatoriana.

En el primer informe MAAP #227, se analizó la expansión minera en el sector norte, alrededor de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo, cerca de la frontera con Colombia.

En el presente reporte, enfocamos la deforestación por minería en el sector centro, en la provincia de Napo, parte de uno de los principales sistemas hídricos del Ecuador. 

El Mapa Base 1 ilustra los datos más recientes de detección de minería de Amazon Mining Watch (AMW), destacando la deforestación por minería en el periodo (2019-2024) en rojo.

Se puede apreciar que en el sector de análisis (círculo morado) confluyen diversos territorios Indígenas y dos áreas protegidas: la Reserva Biológica Colonso Chalupas y el Parque Nacional Sumaco Napo Galeras (Cordillera de Galeras).

 

 

 

 

 

Minería en la provincia de Napo

Napo, una de las seis provincias amazónicas del Ecuador, alberga valiosas cuencas hídricas andino-amazónicas de alta calidad, en cuanto a servicios ecosistémicos refiere, lo que la convierte en una zona prioritaria para la conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales. Sin embargo, sus principales ríos se encuentran amenazados por la minería aurífera, cuyas consecuencias sociales y ecológicas son profundamente negativas. 

En el reporte MAAP #151, alertamos sobre la rápida expansión de la minería aurífera en el sector de Yutzupino, a orillas del río Jatunyacu en la provincia de Napo. Este sector ha sido objeto de diversos operativos de control, como los 3 operativos llamados Manatí, y un informe técnico de fiscalización y seguimiento a la minería ilegal presentado a la Asamblea Nacional de la República del Ecuador en el año 2022. 

En los reportes MAAP #162 y MAAP #184 se amplió el área de análisis de deforestación por minería en la provincia de Napo, a los ríos Jatunyacu, Anzu y Huambuno.

En esta nueva actualización, se presentan datos más recientes que extienden el análisis hasta el año 2024, incorporando cuatro casos de estudio clave: los ríos Jatunyacu, Anzu, Huambuno y Puni-Cotona- Arajuno (ver Mapa Base 2). 

La actividad minera no solo implica peligros para el medio ambiente, como la destrucción de bosques, la contaminación de fuentes hídricas y la degradación de ecosistemas (ver Imagen 1), sino que también provoca conflictos sociales y disputas con las comunidades locales, quienes dependen de la tierra y los recursos naturales para su sustento y calidad de vida. La apreciación del oro en el mercado internacional supone un reto para la implementación de alternativas económicas sustentables como el ecoturismo. Sin embargo, la importancia ecológica y cultural de estos ecosistemas acuáticos han generado propuestas acertadas de conservación, como detallamos en el reporte MAAP #202.

​Imagen 1. Izquierda: Río de la provincia de Napo sin impacto de las actividades mineras; Derecha: Impacto de las actividades mineras sobre los bosques de ribera en la provincia de Napo.​ Fuente: EcoCiencia (2025)

Dinámica de la deforestación por minería

Gráfico 1. Dinámica de la actividad minera en el periodo 2007-2023 en la provincia del Napo. Datos: MapBiomas Ecuador – EcoCiencia

Se presenta a continuación un gráfico con datos de periodicidad bianual, en el cual se analiza el crecimiento de la superficie minera en la provincia de Napo desde el año 2007 hasta el 2023.

Durante este periodo, la superficie total vinculada a la minería supera las 1.300 hectáreas. 

El análisis revela una tendencia de crecimiento sostenido en la actividad minera a lo largo del tiempo, con un incremento particularmente notable a partir del año 2017 (ver Gráfico 1). 

 

 

 

 

 

 

Casos de estudio 

En esta actualización se seleccionaron 4 casos de estudio en los cuales se analiza la dinámica con la que la superficie minera se ha extendido en el periodo 2017-2024 dentro de la provincia (ver Mapa Base 2).​

Mapa base 2. Área de monitoreo satelital en Napo. Datos: Amazon Conservation/MAAP; EcoCiencia; Planet

Caso 1: ​Río Jatunyacu​  

Caso 1. Datos: Amazon Conservation/MAAP; EcoCiencia; Planet

Este caso se extiende a orillas del río Jatunyacu desde la localidad de El Cando al oeste hasta su confluencia con el río Anzu en el sector de Yutzupino. Asimismo, se incluye el río Yutsupino, afluente del Jatunyacu, y varios sectores ubicados en los márgenes del límite urbano al sur de la ciudad de Tena. Esto tiene una importante connotación, ya que evidencia que las actividades mineras no se desarrollan únicamente en zonas remotas, sino que también están avanzando hacia áreas altamente pobladas. 

Entre enero de 2017 y diciembre de 2022, se identificaron 126 hectáreas afectadas. Durante 2023 (enero-diciembre), la superficie impactada aumentó en 162 hectáreas, y en 2024 (enero-diciembre) se registró un nuevo incremento de 214 hectáreas. En total, desde enero de 2017 hasta diciembre de 2024, la superficie afectada por minería suma 502 hectáreas, lo que equivale aproximadamente a 703 canchas de fútbol profesional. 

Además, se constató que una parte de la actividad minera se lleva a cabo fuera de las zonas autorizadas por el catastro minero, es decir, en áreas que no cuentan con los permisos correspondientes para dicha actividad. Estas áreas suman 6.62 hectáreas, lo que representa apenas el 0.01 % del total identificado, pero que resulta relevante por su carácter de no autorizado. 

La mayoría de las actividades mineras se encuentra dentro de concesiones registradas en el catastro minero. Sin embargo, por un lado, pocas concesiones cuentan con los permisos adicionales que se requieren para realizar actividades mineras. Por otro lado, algunas de estas concesiones autorizadas, aunque han tramitado y recibido los permisos adicionales, han sido suspendidas debido a incumplimientos del plan de manejo ambiental y violaciones a la licencia ambiental vigente. 

Panel 1. Datos: EcoCiencia; Superintendencia de Ordenamiento Territorial; Planet

Con la finalidad de analizar particularidades de las actividades mineras en este caso de estudio, se han enmarcado 2 áreas denominadas A y B (ver Caso 1), para realizar un análisis específico de cada una.  

Para el caso del área A, se puede observar en el Panel 1, la ampliación de la actividad minera entre septiembre 2022 (panel superior izquierdo) y abril 2025 (panel superior derecho).

Además, con el uso de fotografías tomadas por dron, en junio 2025, se analizó con mayor detalle el área de actividad minera que se encuentra dentro de la zona urbana de la ciudad del Tena, así como detalles de las piscinas, la remoción de la cobertura vegetal, el suelo erosionado, entre otros efectos producidos por la actividad minera. 

 

 

 

 

 

Panel 2. Datos: EcoCiencia; Planet

Para el área B, en el panel 2 se puede apreciar la apertura de 4,43 km de nuevas vías que ingresan al río Yutsupino entre en año 2022 y 2025, lo cual ha facilitado acceso para la apertura de nuevos frentes mineros, evitando un control policial en la entrada del sector de Yutzupino en Puerto Napo.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Caso 2: ​Anzu​  

Caso 2. Datos: Amazon Conservation/MAAP; EcoCiencia, Planet

El caso 2 se extiende sobre los ríos Piocullín, Chumbiyacu, Shichuyacu, Ila, Yurasyacu y Anzu, donde se detectaron 329 hectáreas intervenidas durante el periodo enero de 2017 a diciembre de 2022.

A esta cifra, en el año 2023 (enero-diciembre), se sumaron 63 hectáreas.

Finalmente, entre enero y diciembre de 2024, hubo un crecimiento de 243 hectáreas.

En total, 635 hectáreas en esta zona fueron impactadas por la minería, lo que equivale a 889 canchas de fútbol profesional. 

Asimismo, se identificó actividad minera fuera del catastro, correspondiente a 94 hectáreas, lo que representa el 15 % del total identificado. 

 

 

 

Caso 3: Huambuno  

Caso 3. Datos: Amazon Conservation/MAAP; EcoCiencia; Planet

En este caso, realizamos un análisis hasta diciembre 2024, sobre la situación en las orillas del río Huambuno.

En el reporte MAAP #184 se documentó una expansión minera de 238 hectáreas afectadas por minería desde mayo 2017 a enero 2023.

En este nuevo análisis, se identificó un aumento de 124 hectáreas para el año 2023 (enero – diciembre 2023) y un incremento de 130 hectáreas para el año 2024 (enero – diciembre 2024).

Lo que suma un total de 492 hectáreas (equivalente a 689 canchas de fútbol) afectadas por minería desde mayo 2017 a diciembre 2024. 

Adicionalmente, se identificaron 115 hectáreas de actividad minera fuera del catastro, lo que representa el 23 % del total identificado.  

 

 

 

 

 

Caso 4: ​Puní-Cotona-Arajuno​  

Caso 4. Datos: Amazon Conservation/MAAP; EcoCiencia, Planet

Se analiza para este caso, un sector con poca superposición del catastro minero, en donde las actividades mineras sin autorización crecieron aproximadamente un 2700% desde el primer periodo de monitoreo, entre 2017 y 2022, hasta el año 2024. 

Es así como, entre enero de 2017 y diciembre de 2022, se identificaron solo 4 hectáreas afectadas por actividades mineras en la zona.

En el año 2023 (enero-diciembre), la superficie intervenida aumentó en 26 hectáreas, y para 2024 (enero-diciembre), se registró un incremento adicional de 82 hectáreas.

En total, durante el período analizado, 112 hectáreas fueron impactadas por la actividad minera en el entorno del río Puní, Cotona y Arajuno, lo que equivale aproximadamente a 157 canchas de fútbol profesional. 

También, se evidenciaron 111 hectáreas de actividad minera fuera del catastro oficial, correspondiente al 99% del total identificado reflejando una fuerte presencia de minería no autorizada en este sector. 

 

 

Recomendaciones para la política pública:  

La reciente deforestación por actividades mineras descrita anteriormente destaca necesidades políticas clave. Enseguida, presentamos 7 recomendaciones basadas en el marco legal existente de Ecuador y las políticas de implementación asociadas a lo mismo.  

1. Fortalecer los procesos de investigación y control de las autoridades competentes en zonas con potencial minero no registradas en el catastro minero vigente.

El artículo 56 de la Ley 45 proporciona una autoridad clara para las acciones de aplicación contra la explotación ilegal de minerales, definiendo dichas actividades como aquellas realizadas «sin un título válido o el permiso legal correspondiente». En este sentido, recomendamos que la Agencia de Regulación y Control de la Minería (ARCOM) establezca un sistema global de vigilancia que integre el análisis de imágenes por satélite con protocolos de verificación en tierra para identificar actividades mineras no autorizadas en tiempo real.

En un primer tiempo y hasta que la ARCOM tenga la capacidad plena para operar este sistema, destacamos la importancia de una colaboración estrecha con organizaciones de la sociedad civil que ya tienen esta capacidad, tanto en términos técnicos como de acceso a imágenes de alta resolución, así como lo demuestra la metodología utilizada en este informe.

2. Aplicar las sanciones administrativas al titular de la concesión minera que no denuncie actividades ilícitas dentro de su área autorizada.

El artículo 57 de la Ley de minería prevé que “se aplicarán las mismas multas previstas en el artículo anterior a los titulares de derechos mineros […] que permitan el cometimiento de actividades mineras ilegales, por parte de terceros no autorizados legalmente para así hacerlo o que carezcan de la respectiva licencia ambiental […].” Desde la agregación de esta disposición a la Ley de Minería en 2013, fue usada en apenas 2 sentencias y 4 resoluciones administrativas (Note 1), demostrando la necesidad de fortalecimiento financiero, personal y tecnológico de la ARCOM.

3. Aplicar con rigurosidad sanciones penales a quienes desarrollen actividades de extracción minera fuera de áreas autorizadas, como lo establece el Código Orgánico Integral Penal de Ecuador.

El Artículo 260 del Código Orgánico Integral Penal de Ecuador prevé sanciones de hasta 10 años para casos de minería artesanal que ocasionan daños al ambiente, pero apenas 16 sentencias han sido pronunciadas desde su adopción en 2014 (Note 2). Para que esta disposición sea realmente disuasiva, el sistema de justicia penal necesita tribunales medioambientales específicos con jurisdicción sobre los delitos relacionados con la minería, dotados de jueces expertos en derecho medioambiental y normativa minera.

Para acelerar el tratamiento de los casos judiciales, se recomiendan programas de capacitación para jueces, centrados en la interpretación de las pruebas de teledetección de los casos de minería ilegal y la medición de sus impactos en las comunidades y el medio ambiente.

4. Delimitar zonas de exclusión minera de 100 metros de ancho a cada margen de los ríos y sus afluentes, como lo establece el Reglamento a la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua del Ecuador, dentro de la Circunscripción Territorial Amazónica.

La actividad minera realizada a menos de 100 metros de las márgenes de los ríos provoca la destrucción de la vegetación ribereña, lo que acelera los procesos de erosión y sedimentación fluvial. Esta proximidad también favorece la contaminación directa de las aguas con metales pesados como el mercurio, que son arrastrados al cauce y envenenan los ecosistemas acuáticos, poniendo en grave riesgo la salud de las comunidades ribereñas. Las actividades mineras que requieren el uso del agua deben contar con una autorización administrativa otorgada por la Autoridad Única del Agua, conforme al artículo 26 de la Ley de Minería.

Asimismo, el artículo 18 de la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua faculta a dicha autoridad para delimitar zonas y áreas de protección hídrica. En este contexto, se recomienda al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica declarar zonas de exclusión minera todas aquellas áreas situadas a menos de 100 metros de cada margen de los ríos.

5. Establecer una recategorización ambiental que exija un proceso de licenciamiento ambiental, incluyendo un estudio de impacto ambiental y un proceso de participación pública, para la apertura de nuevas vías de más de 1 kilómetro dentro de la Circunscripción Territorial Amazónica.

Esta medida es crucial porque la normativa actual, que exige licenciamiento para vías a partir de 3 km según el artículo 174 del Código Orgánico del Ambiente (COA), es insuficiente para el ecosistema amazónico. La experiencia ha demostrado que esta situación se aprovecha progresivamente para ampliar el acceso vial a zonas de interés para la minería ilegal, mediante la suma de tramos menores a 3 km que no requieren licencia ambiental ni permisos. Esta práctica facilita la expansión de actividades ilegales y promueve la deforestación en áreas sensibles.

Reducir el umbral a 1 km es, por tanto, una aplicación del principio de precaución, consagrado en el artículo 396 de la Constitución ecuatoriana. Este ajuste impone la realización de un EIA y cumple con la obligación del Estado de prevenir y analizar los daños antes de que ocurran, tal como lo exige el artículo 179 del COA para obras de mediano y alto impacto. Segundo, y más importante, garantiza el derecho fundamental a la consulta comunitaria estipulado en el artículo 398 de la Constitución, asegurando que las comunidades locales sean escuchadas antes de autorizar proyectos con potencial de afectación a su entorno.

6. Solicitar a Gobiernos Autónomos Descentralizados la inclusión de zonas de protección hídrica y servidumbres ecológicas obligatorias dentro de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) y los Planes de Uso y Gestión del Suelo (PUGS).

El marco legal ecuatoriano establece una clara coordinación entre la planificación local y nacional. El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece, en su artículo 296, que los PDyOT deben articularse a las políticas y planes nacionales, lo que incluye las directrices emitidas por la Autoridad Única del Agua. En conjunto con el artículo 42 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, es imprescindible que las directrices de planificación hídrica nacional sean observadas en la planificación del desarrollo en todos los niveles jurisdiccionales.

Así que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) deben establecer en sus PDyOT y PUGS la protección de los recursos hídricos en el territorio, asegurando la conformidad a las zonas de protección y servidumbres ecológicas establecidas nacionalmente, observando el principio de la complementariedad.

En este sentido, recomendamos que la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, en el marco de sus competencias y a través de sus Planes Anuales de Vigilancia y Control (PAV y PAC), incorpore como línea prioritaria de verificación: “La revisión técnica y jurídica del reconocimiento y la delimitación de zonas de protección hídrica y servidumbres ecológicas en los PDyOT y PUGS de los GAD municipales y metropolitanos, asegurando su coherencia con la normativa ambiental vigente y los principios de sostenibilidad”.

7. Crear un sistema de protección vinculante y categorías de manejo para ríos con valores naturales y culturales excepcionales, con base en la aplicación de zonas de protección hídrica con un plan de manejo participativo.

El artículo 29, numeral 2, literal “e” de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua establece que la planificación de los recursos hídricos debe contener la descripción de agua y de las áreas de protección hídrica en cada cuenca y los medios de salvaguarda. Lo que se recomienda aquí es que estos medios de salvaguarda sean establecidos en Planes de Manejo técnicos, específicos y detallados. Por fuerza del artículo 398 y el artículo 57, numeral 7 de la Constitución ecuatoriana, toda decisión y autorización estatal que pueda afectar el ambiente deberá ser consultada a la comunidad.

Por lo tanto, la creación de un Plan de Manejo a través de un proceso participativo es un importante mecanismo que permite cumplir con la obligación de proteger los ríos y con el derecho fundamental de los ciudadanos a participar en las decisiones que afectan su entorno. 

 

Notes

1. https://vlex.ec/vid/ley-45-ley-mineria-643461381

2. Se realizó una búsqueda en las bases de datos abiertas del Consejo de la Judicatura del Ecuador en busca de jurisprudencia que cite el artículo 260 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), encontrándose seis sentencias dictadas desde el año 2014: N.º 17204201601552, N.º 05283201600242, N.º 07712201500096, N.º 103342201900015, N.º 09286201602579 y N.º 0165820150034. Asimismo, se identificaron diez sentencias adicionales en la base de datos jurisprudencial del Consejo Nacional de Justicia del Ecuador: N.º 1021201801851, N.º 10332201800455, N.º 10281201801658, N.º 11314201700278, N.º 05283201901606, N.º 10281201800489, N.º 10281201800483, N.º 1028201800365, N.º 10281201801640 y N.º 10281201800253. 

Agradecimientos 

Agradecemos a Ecuadorian Rivers Institute por sus aportes en este informe. 

Este informe es parte de una serie enfocada en la Amazonía ecuatoriana a través de una colaboración estratégica entre las organizaciones Fundación EcoCiencia y Amazon Conservation, con el apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore.  

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MAAP #229: Deforestación e Incendios en la Amazonía 2024

Mapa Base. Deforestación y focos de incendios en la Amazonía en el 2024. Datos: UMD/GLAD, Conservación Amazónica/MAAP.

Continuando con nuestra serie anual, presentamos una mirada detallada de los principales focos de pérdida de bosques amazónicos en 2024, basado en los datos anuales definitivos publicados recientemente por la Universidad de Maryland y presentados en Global Forest Watch. Como en otros reportes de la serie, tomamos este conjunto de datos globales y lo analizamos específicamente para la Amazonía.

Estos datos sobre la pérdida de bosques sirve como fuente coherente en los nueve países de la Amazonía, distinguiendo la pérdida de bosques causadas por incendios y otros factores ajenos. Utilizamos la pérdida forestal por causas ajenas a incendios como indicador de deforestación antropogénica, aunque también incluye algunas pérdidas naturales (como deslizamiento de tierras y vendavales). Investigaciones anteriores han confirmado que casi todos los incendios amazónicos son por causas antropogénicas (MAAP#189).

Con este contexto, podemos presentar tanto la deforestación estimada como los focos de incendios en toda la Amazonía (vea el Mapa Base y el Gráfico 1).

En el 2024, la deforestación fue la quinta más alta registrada (desde 2002), con más de 1.7 millones de hectáreas en toda la Amazonía. Este valor representa un aumento importante (34%) con respecto al 2023, pero una disminución (12%) con respecto al pico reciente del 2022 (1,98 millones de hectáreas). La mayor parte de la deforestación se produjo en Brasil (54.7%), seguido de Bolivia (27.3%), Perú (8.1%) y Colombia (4.7%) como los claros cuatro primeros en el 2024.

Sin embargo, la gran noticia del 2024 fue el impacto sin precedentes de los incendios en los bosques primarios, con un total de 2.8 millones de hectáreas. Este total batió el récord anterior de 1.7 millones de hectáreas en el 2016. La gran mayoría (95%) de los incendios se produjeron en solo dos países: Brasil y Bolivia que, a su vez, establecieron sus propios récords anuales de incendios (junto con Perú, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa). En general, estos datos sobre incendios pueden interpretarse como una degradación forestal, a diferencia de los impactos más permanentes de la deforestación.

En cuanto a los patrones espaciales, el Mapa Base indica que la mayoría de los focos de pérdida intensa de bosques se debieron a incendios. Estos focos de incendios se concentraron especialmente en las fronteras de la soya y el ganado del sudeste de la Amazonía brasileña y el sudeste de la Amazonía boliviana. Los focos de deforestación (sin grandes incendios asociados) se debieron en gran medida a la agricultura y la minería aurífera en toda la Amazonía, sobre todo en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. En el Anexo 1 puede ver la pérdida forestal total (sin los datos específicos de pérdida por incendios).

Investigaciones anteriores han revelado el estrecho vínculo existente entre la deforestación y los incendios en la Amazonía (MAAP #189). Es decir, muchos incendios grandes ocurren en zonas recientemente deforestadas y a veces se escapan a los bosques circundantes, especialmente en condiciones de sequía prolongada.

En total, la deforestación y los incendios impactaron 4.5 millones de hectáreas de bosque primario. Este total es, con diferencia el más alto registrado, superando con más de un millón de hectáreas al del 2016 (3.4 millones de hectáreas).

Desde el 2002, se estima la deforestación de 33.7 millones de hectáreas de bosque primario. Otras 10.6 millones de hectáreas han sido afectadas por los incendios.

A continuación, ampliamos la información sobre los cuatro países con mayor deforestación (Brasil, Bolivia, Perú y Colombia), además de otros países destacados de la Amazonía (Guyana, Venezuela y Ecuador).

Pérdida de bosques primarios en la Amazonía, 2002-2024

El Gráfico 1 muestra la tendencia histórica de la pérdida de bosques primarios en la Amazonía, desde el 2022 hasta la actualidad.

Gráfico 1 Pérdida de bosque amazónico, 2002-24. Datos: UMD/GLAD, Conservación Amazónica/MAAP.

Pérdida de bosque primario amazónico (por país), 2002-2024

El Gráfico 2a muestra la pérdida de bosque primario amazónico en el 2024 para los nueve países. En el Anexo 2, el Gráfico 2b descarta a Brasil y Bolivia para ver los demás países con mayor detalle.

Gráfico 2a. Pérdida de bosque primario amazónico en los nueve países. Datos: UMD

Amazonía brasileña

Figura 2. Deforestación y focos de incendios en la Amazonía brasileña. Datos: UMD.

En el 2024, la Amazonía brasileña perdió 954.126 hectáreas de bosque primario debido a la deforestación. Aunque este total supuso un aumento del 13.6% con respecto al 2023, históricamente fue relativamente bajo (el 16avo más alto desde el 2002).

La noticia más resaltante es que los incendios afectaron directamente a otras 1.9 millones de hectáreas. Este impacto por incendio fue el más alto registrado, superando el máximo anterior del 2016 (1.6 millones de hectáreas).

Todos los focos de pérdida de bosques más intensos se caracterizaron por incendios intensos. Muchos de estos focos se concentraban en el sureste de la Amazonía brasileña (Figura 2). Estas áreas incluyen la principal carretera norte-sur en el estado de Pará (BR-163) y más al este de esta carretera. Los focos también se expandieron hacia el sur, hacia la frontera de la soya del estado de Mato Grosso.

También se localizaron focos de incendio en el estado norteño de Roraima y a lo largo de otras grandes redes de carreteras, especialmente la carretera BR-230 (Carretera Transamazónica) en los estados de Pará y Amazonas, y la carretera BR-364 en el estado de Acre.

Investigaciones anteriores han revelado que más del 70% de los grandes incendios de la Amazonía brasileña queman zonas recientemente deforestadas (MAAP #189). En condiciones de sequía prolongada, como en el 2016 y 2024, estos incendios grandes escapan hacia los bosques circundantes.

 

 

Gráfico 3. Tendencias de deforestación e incendios en la Amazonía brasileña. Datos: UMD.

Amazonía boliviana

Figura 3. Focos de deforestación e incendios en la Amazonía boliviana. Datos: UMD.

En 2024, la Amazonia boliviana perdió 476.030 hectáreas de bosque primario debido a la deforestación. Este total fue el más alto registrado, superando el máximo anterior de 2022 (245.177 hectáreas).

En un récord aún mayor, los incendios afectaron directamente a otras 779.960 hectáreas. Este total pulverizó el récord anterior de 2023 (250.843 hectáreas).

Al igual que en Brasil, los focos más intensos de pérdida de bosques se caracterizaron por incendios intensos.

Estos incendios se concentraron en la frontera soyera ubicada en el sudeste del departamento de Santa Cruz (Figura 3). Destacamos que este foco en particular está más al norte que en años anteriores, lo que indica una expansión hacia el norte de las plantaciones de soya.

También hubo una concentración de focos de incendio a lo largo de la frontera departamental de Beni y Pando, y más cerca de la Cordillera de los Andes en los departamentos de La Paz y Beni.

Los focos de deforestación (sin incendios) se concentraron en la frontera soyera del sureste.

 

 

 

 

 

Gráfico 4. Tendencias de deforestación e incendios en la Amazonía boliviana. Datos: UMD.

Amazonía peruana

Figura 4. Focos de deforestación e incendios en la Amazonía peruana. Datos: UMD.

En el 2024, la Amazonía peruana perdió 141.781 hectáreas de bosque primario debido a la deforestación. Este total es el sexto más alto registrado desde el 2002.

Rompiendo un récord, los incendios afectaron a otras 47.574 hectáreas. Este total duplicó con creces el máximo anterior del 2023 (20.042 hectáreas). Como se señaló anteriormente, estos datos de incendios pueden interpretarse como degradación forestal, en contraste con los impactos más permanentes de la deforestación.

Al igual que en Brasil y Bolivia, todos los focos de pérdida de bosques más intensos se caracterizaron por incendios intensos. Estos incendios se concentraron en la Amazonía central y sudoriental (regiones de Ucayali y Madre de Dios, respectivamente) (Figura 4).

Los focos de deforestación se concentraron en el frente de minería aurífera del sur de la Amazonía y en toda la Amazonía central. El foco muy alto (morado oscuro en la Figura 4) en el centro de Perú corresponde a la última deforestación de las colonias menonitas (ver MAAP #222 para más detalles).

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 5. Tendencias de deforestación e incendios en la Amazonía peruana. Datos: UMD

Amazonía colombiana

Figura 5. Focos de deforestación e incendios en la Amazonía colombiana. Datos: UMD.

En el 2024, la Amazonía colombiana perdió 81.396 hectáreas de bosque primario debido a la deforestación. Este total supuso un sorprendente aumento de 82.5% desde el mínimo registrado en el 2023. Fue el séptimo más alto registrado, continuando la tendencia de elevada pérdida de bosques desde el acuerdo de paz con las FARC en 2016 (los siete totales anuales de deforestación más altos se han producido desde 2016).

Los grandes incendios fueron menos frecuentes en la Amazonía colombiana, pero afectaron directamente a otras 5.184 hectáreas (la octava cifra más alta registrada).

Como se ha descrito en reportes anteriores (ver MAAP #120), la Figura 5 muestra que sigue existiendo un «arco de deforestación» en el noroeste de la Amazonía colombiana (departamentos de Caquetá, Meta, Putumayo y Guaviare). En particular, hay un par de zonas de muy alta deforestación alrededor del parque nacional Chiribiquete, y zonas de alta deforestación dentro de los parques nacionales Tinigua y Macarena.

Este arco afecta a numerosas áreas protegidas (en particular los Parques Nacionales Tinigua y Chiribiquete) y reservas indígenas (en particular Yari-Yaguara II y Nukak Maku).

 

 

 

 

Gráfico 6. Tendencias de deforestación e incendios en la Amazonía colombiana. Datos: UMD.

Otros países amazónicos

Otras noticias destacadas sobre la Amazonía incluyen:

Focos de deforestación e incendios en el noreste de Guyana. En total, Guyana perdió 25.858 hectáreas de bosque primario debido a la deforestación, y otras 38.314 hectáreas a causa de los incendios, batiendo en ambos casos récords anteriores.

La deforestación en la Amazonía venezolana fue la más alta registrada (32.240 hectáreas), y el impacto adicional de los incendios fue el segundo más alto (36.471 hectáreas).

La deforestación en la Amazonía ecuatoriana fue la segunda más alta registrada (18.615 hectáreas), seguida del 2022 (18.902 hectáreas). Los focos de deforestación se concentraron en el norte de la Amazonía, zonas caracterizadas por una elevada actividad de minería aurífera (MAAP#227, MAAP#221, MAAP#219). Al igual que en Colombia, los grandes incendios fueron menos frecuentes en el noroeste de la Amazonía, pero afectaron directamente a otras 1.540 hectáreas (la cuarta cifra más alta registrada).

En Surinam (7.926 ha) y Guayana Francesa (635 ha) se registraron los mayores incendios de la historia.

Implicaciones políticas

El acontecimiento político dominante del 2024 fue la temporada de incendios que batió récords en toda la Amazonía. Estos incendios no sólo se produjeron en toda la región, sino también en países concretos, como Brasil, Bolivia, Perú, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa.

Los registros de 2024 son especialmente significativos dado que la Amazonía ha experimentado varios años de incendios intensos en las últimas dos décadas. El más notable, y el que batió el récord anterior, se produjo en 2016, tras el fenómeno de El Niño «Godzilla» de 2015-16. Sin embargo, las condiciones extremas de sequía de 2023 y 2024, también asociadas a El Niño, superaron esos puntos de referencia anteriores, creando condiciones extremas para incendios generalizados en toda la Amazonía.

Como resultado, la política de incendios se está convirtiendo en un pilar central de la conservación de la Amazonía, junto con los esfuerzos de larga data para frenar la deforestación. Esta creciente importancia está directamente relacionada con el cambio climático, tanto en lo que respecta a la intensificación de las estaciones secas como al aumento previsto de la frecuencia, duración y gravedad de los fenómenos de El Niño.

Estas políticas deben centrarse en cómo evitar los incendios en primer lugar, y luego en cómo responder eficazmente a los grandes incendios una vez que aparecen.

Investigaciones anteriores han revelado el estrecho vínculo existente entre la deforestación y los incendios en la Amazonía brasileña (MAAP #189). Es decir, muchos incendios importantes queman zonas recientemente deforestadas y a veces se escapan a los bosques circundantes, especialmente en condiciones de sequía prolongada. Por ello, reforzar el control de la deforestación sigue siendo una de las estrategias más eficaces para mitigar los incendios en Brasil y otros países amazónicos.

En la Amazonía boliviana también existe una estrecha relación entre deforestación e incendios. Aunque la deforestación suele preceder a los incendios, como en Brasil, también se produce una segunda ronda de deforestación tras los incendios. Esto sugiere que pueden ser necesarias intervenciones políticas adicionales o distintas, como la regulación del uso de la tierra, incentivos para el desbroce de tierras sin incendios, o educación y aplicación de la ley específicas en las fronteras agrícolas.

En ambos contextos, la vigilancia de los incendios en tiempo real, como el MAAP Fire Tracker, debería integrarse en los protocolos nacionales de respuesta y en la coordinación sobre el terreno.

Además de los incendios, la deforestación sigue provocando altas tasas de pérdida de bosques en otras partes de la Amazonía. En el arco de deforestación de Colombia, detectamos una deforestación muy elevada alrededor del parque nacional de Chiribiquete, así como una alta deforestación en los parques nacionales de Tinigua y la Macarena. Aunque el gobierno nacional está comprometido con el problema de la deforestación, estas pérdidas están estrechamente ligadas a la presencia e influencia de los grupos armados en el país, que ejercen un control sustancial sobre el uso de la tierra y la dinámica de la deforestación (lo que explica cambios como la caída en 2023 y el aumento de nuevo en 2024). Los principales motores de la deforestación en Colombia son las carreteras, el acaparamiento de tierras (y los pastos para ganado asociados) y el cultivo de coca.

Otras zonas de gran pérdida de bosques son los frentes de extracción de oro en el norte de Ecuador y el sur de Perú, las colonias menonitas en el centro de Perú, la frontera de la soya en el sureste de Bolivia y las principales carreteras existentes en Brasil. Aunque hay minería aurífera tanto en Venezuela como en Guyana, los focos de pérdida de bosques más intensos estaban asociados a los incendios que rodean las zonas agrícolas.

Es importante señalar que los datos aquí presentados pueden diferir de los datos nacionales presentados por los gobiernos. Esta diferencia puede deberse a la metodología (nosotros nos centramos en el impacto sobre los bosques primarios), la resolución espacial (30 metros en nuestro caso) y los límites amazónicos (empleamos un límite híbrido diseñado para incluir al máximo tanto la cuenca hidrográfica como la biogeografía). Debido a estas posibles diferencias entre las fuentes, es mejor centrarse en la convergencia de las tendencias y patrones generales, y no centrarse excesivamente en las diferencias numéricas absolutas.

Anexo 1

Anexo 1. Puntos críticos de pérdida de bosques en relación con puntos críticos específicos de incendios en toda la Amazonía en el 2024. Datos: UMD/GLAD, ACA/MAAP.

 

Anexo 2

Gráfico 2b. Pérdida de bosque primario amazónico en siete países (sin considerar Brasil y Bolivia). Datos: UMD

Metodología

Consulte la versión en inglés para obtener una descripción completa de la metodología.

 

Agradecimientos

Agradecemos a los colegas de Global Forest Watch (GFW), una iniciativa del World Resource Institute (WRI), por el temprano acceso a los datos.

También agradecemos a los colegas de las siguientes organizaciones por sus útiles comentarios sobre este reporte: Conservación Amazónica – ACEAA en Bolivia, Conservación Amazónica – ACCA en Perú, Fundación EcoCiencia en Ecuador e Instituto Centro de Vida (ICV) en Brasil.

Este trabajo recibió el apoyo de Norad (Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo).

Cita

Finer M, Ariñez A, Mamani N, Cohen M, Santana A (2025) Deforestación y Incendios en la Amazonía 2024. MAAP: 229.

MAAP #228: La Minería Ilegal en los Ríos Puré y Cotuhé en la Amazonía Colombiana

Mapa Base. Zonas de minería ilegal en la Amazonía colombiana, los ríos Puré y Cotuhé.

La minería ilegal representa un desafío de sostenibilidad ambiental, gobernabilidad, y seguridad para los países de la región Amazónica. El alto precio del oro en el mercado internacional ha impulsado el crecimiento de esta actividad, en combinación con otros factores como la falta de alternativas económicas, la presencia de grupos al margen de la ley, la corrupción, y la falta de acción gubernamental eficaz.

En la Amazonía, la minería ilegal ha generado deforestación masiva (MAAP #226), contaminación de fuentes hídricas por el uso de mercurio, y expansión de economías ilícitas, con el oro convirtiéndose en una fuente clave de financiamiento para grupos armados organizados (Nota 1).

En una serie de reportes, MAAP ha detallado e ilustrado casos de minería ilegal en muchas partes de la Amazonía, incluidos Perú, Ecuador, Brasil, y Venezuela. Estos informes incluyen casos que han provocado deforestación en la tierra o contaminación en los ríos.

En el presente reporte, nos enfocamos en el noroeste de la Amazonía, específicamente en la región de la triple frontera entre Colombia, Brasil, y Perú (ver Mapa Base).

En dicha zona, las actividades de minería ilegal impactan varios ríos que conectan estos países: los ríos Puré, Cotuhé, Caquetá, Amazonas, Apaporis, Putumayo en territorio colombiano, así como los ríos Napo, Curaray, Putumayo, Yaguas, Nanay, y Mazán del lado peruano, y Puruí y Japurá en territorio brasileño.

Aunque no causa deforestación, esta actividad minera impacta directamente los ríos y la biodiversidad con la utilización de dragas y mercurio. Esta contaminación por mercurio se propaga por la cadena alimentar, acumulando en especies consumidas por la población local, perjudicando a su salud. Este tipo de minería es capaz de extraer hasta tres kilogramos de oro al mes (Nota 2), esto equivale a unos 275.000 USD mensuales que representan más de 1.100 millones de pesos colombianos (Nota 3).

Específicamente, este reporte examina la situación actual en los ríos Puré y Cotuhé, en sus tramos en el sureste de la Amazonía colombiana (ver Mapa Base). Estos ríos se encuentran en el departamento de Amazonas, a lo largo de las fronteras de Brasil y Perú.

En ambos casos, analizamos dichos tramos con una combinación de imágenes satelitales de muy alta resolución (0.5 metros, Planet/Skysat) y fotografías de sobrevuelo (Fuente: Alianza Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro (AARIMO), en el marco del proyecto de colaboración entre las organizaciones Amazon Conservation y FCDS (Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible).

Este reporte se realizó en colaboración con nuestro socio colombiano, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y con el apoyo financiero de la Fundación Overbrook y la Fundación Gordon y Betty Moore.

Detección de actividad minera en el Río Puré

El Río Puré atraviesa el núcleo del Parque Nacional Natural Río Puré en el sureste de la Amazonía colombiana (ver Mapa Base). 

Esta área protegida, en adición de su extraordinaria biodiversidad y altos niveles de carbono, también tiene un rol como fuente de alimento para las comunidades indígenas y es reconocido como hogar de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, entre ellos los Yurí–Passé, cuya alta vulnerabilidad ha sido ampliamente reconocida a nivel internacional. 

Esta área protegida presenta presiones y amenazas asociadas principalmente a las actividades mineras por aluvión, la cual se está realizando con mayor frecuencia en el cauce del río Puré desde la zona fronteriza con Brasil. Los impactos que deja esta actividad son la contaminación por mercurio en agua y peces, destrucción de hábitats y ecosistemas acuáticos, cacería, tala y afectación de la seguridad alimentaria y del medio en donde habitan las comunidades en condición de aislamiento voluntario.

A pesar de las intervenciones por parte del Estado Colombiano y del constante monitoreo con organizaciones, las actividades mineras continúan, con mayor intensidad en la época donde el caudal del río es más bajo. Analizando una imagen Skysat de noviembre del 2024, encontramos 29 dragas a lo largo del curso del río Puré (ver puntos rojos en la Figura 1). Las Figuras 1J-L muestran ejemplos de estos hallazgos. En otras imagenes Skysat de marzo y abril del 2025, identificamos 27 dragas (ver puntos amarillos en la Figura 1).

Figura 1. Hallazgos de actividad minera en el Río Puré. Datos: Amazon Conservation/MAAP, FCDS.

Fotos de sobrevuelo – Río Puré

Las siguientes fotos (que corresponden a los puntos 1-3 en la Figura 1) fueron tomadas de un sobrevuelo de baja altitud realizado por FCDS en septiembre del 2024. Esta resolución adicional proporciona información adicional sobre los métodos de minería y sus impactos. (Fuente: AARIMO 2024)

Punto 1

Foto de sobrevuelo. Punto 1. Draga de techo verde, con Starlink. Datos: FCDS.
Foto de sobrevuelo. Punto 1. Draga de techo verde, con Starlink. Datos: FCDS.

Punto 2

Foto de sobrevuelo. Punto 2. Tres dragas con planchones y deslizadores. Datos: FCDS.
Foto de sobrevuelo. Punto 2. Tres dragas con planchones y deslizadores. Datos: FCDS.

Punto 3

Foto de sobrevuelo. Punto 3. Dragas y deslizadores. Datos: FCDS.

Detección de actividad minera en el Río Cotuhé

El río Cotuhé delimita el norte del Parque Nacional Natural Amacayacu (ver Mapa Base) y pasa por el Resguardo Indígena Cotuhé Putumayo (ver Figura 2), en el Trapecio Amazónico Colombiano, en las fronteras con Perú y Brasil. Analizando una imagen Skysat del 30 de noviembre de 2024, encontramos 5 dragas (Figura 2). Las Figuras 2A-D muestran ejemplos de estos hallazgos. 

Figura 2. Hallazgos de actividad minera en el Río Cotuhé. Datos: Amazon Conservation/MAAP, FCDS.

Fotos de sobrevuelo – Río Cotuhé

Las siguientes fotos (que corresponden a los puntos 4-5 en la Figura 2) fueron tomadas de un sobrevuelo de baja altitud realizado por la AARIMO en septiembre del 2024. (Fuente: AARIMO 2024)

Punto 4

Foto de sobrevuelo. Punto 4. Draga en funcionamiento con antena de Starlink. Datos: FCDS
Foto de sobrevuelo. Punto 5. Draga. Datos: FCDS

Implicaciones políticas

Los eventos de minería ilegal aquí analizados se están presentando al interior de dos áreas protegidas de Parques Nacionales Naturales de Colombia, el PNN Río Puré y el PNN Amacayacu, en donde el uso no debería estar destinado a las operaciones mineras de ningún tipo ya que se allí habitan especies de alta importancia en biodiversidad, comunidades Indígenas en condición de aislamiento voluntario y comunidades Indígenas locales que dependen de los recursos naturales para su supervivencia, poniendo en riesgosu seguridad alimentaria.

Un factor importante que ha intensificado la actividad minera en la zona ha sido la importante tendencia al alza del precio del oro. En enero de 2008, la onza de oro se cotizaba alrededor de USD 812. Para julio de 2024, este valor alcanzó los USD 2.514, lo que representa un incremento de más del 200% en ese período.  Además, las políticas arancelarias recientes han impulsado aún más la demanda de oro (GoldMarket, 2024). Por ejemplo, en febrero de 2025, el oro alcanzó nuevos máximos, acercándose a los USD 3.000 por onza, sustancialmente impulsado por las compras de bancos centrales (El País, 2025a).

Si bien con la Ley 1658 del 2013, se inició la prohibición del uso del mercurio en Colombia, solo hasta el 2023 fue posible su prohibición total. Esta prohibición incluye los procesos de importación y exportación de mercurio desde y hacia el territorio nacional. Sin embargo, a pesar de la prohibición en territorio colombiano, este elemento es utilizado en cantidades considerables para la extracción ilegal de oro en las zonas de fronteras, como las observadas en el presente informe. Así, Colombia, Brasil y Perú tienen un reto muy grande frente al cumplimiento de la Ley, ya que los controles de la comercialización y uso de este elemento en zonas de frontera son muy complejos por tratarse de áreas de difícil acceso.

De manera general, se ha observado una correlación entre el otorgamiento de concesiones mineras en áreas transfronterizas con el aumento de la minería informal en la subregión amazónica. Por ejemplo, en el caso del PNN Río Puré, se ha incrementado la presencia de balsas mineras al interior de áreas protegidas, las cuales ingresan por el río Puré desde el lado brasilero, en donde se evidencia gran cantidad de concesiones mineras formales.

El reto del país consiste, entonces, en fortalecer las capacidades operativas y articular acciones entre los tres países en frontera (Colombia, Perú y Brasil) para combatir los delitos ambientales asociados a la minería ilegal. Estas operaciones deben ser efectivas y no generar acción con daño a las comunidades locales y pueblos indígenas en aislamiento voluntario que allí habitan, ya que esto agrava el conflicto interno en el que se encuentra Colombia.

Notas

1 Ministerio de Minas y Energía, 2023

2 Ebus & Pedroso, 2023

3 Bullion Vault, 2025

Agradecimientos

Este reporte se realizó en colaboración con nuestro socio colombiano, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y con el apoyo financiero de la Fundación Overbrook y la Fundación Gordon y Betty Moore.

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MAAP #227: Minería en la Amazonía Ecuatoriana – Sector Norte

Mapa Base. Deforestación por minería de oro en la Amazonía ecuatoriana. Datos: AMW, RAISG

En un reporte reciente (MAAP #226), presentamos los datos de Amazon Mining Watch (AMW), una colaboración entre Amazon Conservation, Earth Genome y el Pulitzer Center. Este recurso público utiliza la IA (inteligencia artificial) para detectar la deforestación por minería aurífera en toda la Amazonía, a partir del año 2018.

El Mapa Base ilustra los datos actuales, destacando la deforestación por minería más reciente (2019-2024) en rojo. Nótese la concentración de nueva actividad minera en la parte occidental de la Amazonía ecuatoriana, a lo largo de la transición con la Cordillera de los Andes.

Este es el primero de una serie de informes que detallarán la minería aurífera en estas zonas. En el presente reporte, enfocamos la deforestación por minería en el sector norte, alrededor de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo. 

La Reserva Ecológica Cofán Bermejo fue una de las áreas protegidas mejor conservada en la provincia de Sucumbios hasta aproximadamente el año 2020. A partir de esta fecha, se empezó a registrar una rápida expansión de la minería de oro en la zona de amortiguamiento en el margen suroriental de la reserva.

La gran mayoría de esta actividad se identifica como minería ilegal, por realizarse fuera de áreas designadas para la actividad minera, o por el desarrollo de actividades en áreas concesionadas sin contar con las autorizaciones correspondientes. La expansión de minería ilegal de oro en este sector es promovida por grupos criminales ubicados en la frontera con Colombia (Nota 1).

 

Minería en la Amazonía Ecuatoriana – Sector Norte

Mapa 1. Minería al margen de la Reserva Ecológica Cofán – Bermejo. Datos: AMW, ACA/MAAP; MAATE; NCI, Planet.

En el reporte MAAP #186 se realizó un análisis de actividad minera al margen de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo, localizada al norte de la Amazonía Ecuatoriana, en la provincia de Sucumbíos. En esta actualización, además de identificar nuevas áreas afectadas por minería en los alrededores de la reserva, ampliamos el análisis hacia el suroriente de dicha zona.

Esta ampliación incorpora nuevas áreas clave para la conservación, como lo son: el Bosque Protector El Bermejo y el Área de Conservación Municipal y Uso Sostenible Cascales (ver Mapa 1); además, de territorios Indígenas de las etnias Shuar y Kichwa (Mapa 2).

Debido al desarrollo de esta actividad en diferentes espacios geográficos, cabe enfatizar que hay dos supuestos concretos para establecer la legalidad o ilegalidad de la minería en Ecuador: 

1) Prohibición expresa prevista por la Constitución o la ley; como en el caso de la realización de actividades de minería metálica en áreas protegidas (art. 407 Constitución) o de la prohibición de uso de mercurio en operaciones mineras (art. 86.1 Ley de Minería).

2) Falta de autorización; como en la realización de actividades de exploración y explotación sin contar con los permisos correspondientes.

En términos de impacto social, Mongabay Latam (2023) menciona sobre esta zona en específico que (Referencias 1-2): “Las comunidades indígenas y las organizaciones sociales y ambientales que trabajan en el territorio no pueden denunciar abiertamente lo que ocurre en esta zona fronteriza con Colombia, debido a la presencia de grupos armados y a los fuertes problemas de seguridad que se viven allí.”

Considerando que la mayor superficie de deforestación por actividades mineras se encuentra en el Área de Conservación y Uso Sostenible Cascales (Mapa 1), es importante detallar que las Áreas de Conservación y Uso Sustentable (ACUS) son zonas creadas por gobiernos autónomos descentralizados, comunidades o propietarios privados para conservar la biodiversidad y desarrollar actividades sostenibles que mantengan los servicios ecosistémicos beneficiosos para la vida humana. En estas áreas protegidas, se pueden realizar actividades como conservación, protección, investigación, recuperación, restauración, educación, cultura, recreación y turismo controlado, así como actividades productivas sostenibles y de subsistencia. La declaración de estas áreas protegidas no modificará las concesiones otorgadas por la Autoridad Ambiental Nacional que se mantengan vigentes y se podrá renovar, de ser el caso, siempre y cuando sea compatible con el uso sustentable coherente, constante en el estudio de alternativas de manejo, Plan de Manejo o Plan de Vida.

Por otro lado, los bosques y vegetación protectores, como es el caso del Bosque Protector el Bermejo, son formaciones vegetales, naturales o cultivadas, que pueden ser arbóreas, arbustivas o herbáceas, y se encuentran en áreas de topografía accidentada, cabeceras de cuencas hidrográficas o zonas no aptas para agricultura o ganadería. Su función principal es conservar el agua, el suelo, la flora y la fauna silvestre. Las actividades permitidas en estos bosques, con autorización de la Autoridad Ambiental Nacional, incluyen la apertura de franjas cortafuegos, control fitosanitario, fomento de la flora y fauna silvestres, ejecución de obras públicas prioritarias, manejo forestal sustentable, y actividades científicas, turísticas y recreacionales.

Territorios Indígenas

Mapa 2. Superposición de actividades mineras con territorios Indígenas (Shuar y Kichwa). Datos: ACA/MAAP; EcoCiencia; Planet

Adicional al territorio Indígena Cofán Bermejo, que comparte límites con la Reserva Ecológica del mismo nombre, la deforestación por minería amenaza a seis territorios Indígenas de las etnias Shuar y Kichwa en sus alrededores (Mapa 2).

En total, se identificó que el 68% de la deforestación por minería en el área de estudio está dentro de estos territorios Indígenas.

 

 

 

 

 

 

 

 

Aumento de la deforestación minera 2020 – 2024

Utilizando imágenes satelitales del sensor PlanetScope, se estimó el crecimiento anual de la actividad minera entre 2020 y 2024. El total de superficie de bosque afectada por minería para finales del 2024 es de aproximadamente 754 hectáreas, lo que equivale a 1.056 canchas de fútbol profesional.

El análisis muestra que el mayor incremento se produjo en 2024, con una expansión de 189,62 hectáreas. Además, se observa una tendencia de crecimiento contínuo de la actividad minera durante el periodo analizado (Gráfico 1).

Gráfico 1. Dinámica de la actividad minera en el periodo 2017-2024 al margen de la Reserva Ecológica Cofanes – Bermejo. Datos: ACA/MAAP; EcoCiencia.

Concesiones Mineras

Mapa 3. Superposición de actividades mineras con catastro minero. Datos: ACA/ MAAP; EcoCiencia; ARCOM; Planet

Al superponer el catastro minero en el área de estudio, se determinó que el 59% (444 hectáreas) de las áreas afectadas por minería, se encuentran fuera de zonas destinadas a la actividad minera (Mapa 3).

El Estado ecuatoriano a través del ministerio sectorial (Ministerio de Energía y Minas) otorga derechos mineros para la explotación de recursos minerales en cada una de sus fases (la actividad minera se dividirán en una fase de exploración y una  fase de explotación.

A su vez, en la fase de exploración se distinguirán el período de exploración  inicial, el período de exploración avanzada y el período de evaluación económica del yacimiento.

El realizar una actividad de explotación previa al otorgamiento del derecho puede incurrir en sanciones administrativas o penales.

 

 

 

 

Casos de Estudio

Se han seleccionado tres casos de estudio, dentro del área de monitoreo, para ejemplificar la velocidad con la que la actividad minera se extendió en el último periodo de análisis (ver Cuadros A-C en Mapa 3). Los paneles comparativos permiten evidenciar la ampliación de la actividad minera entre mayo 2024 panel izquierdo) y diciembre 2024 (panel derecho), respectivamente en cada caso.

Zoom A.

En el panel A, se observa que la actividad minera se desarrolla fuera de zonas destinadas a la actividad minera. Adicionalmente, esta actividad se desarrolla al interior del Territorio Taruka, territorio indígena Shuar.

Panel Zoom A. Datos: ARCOM (2025); Planet

Zoom B.

En el panel B, se identificaron 61,36 hectáreas con actividad minera dentro de la concesión minera El Tuerto, lo que representa el 3,16% del total de la concesión. Actualmente se encuentra en fase de exploración inicial, lo que significa que aún no cuenta con autorización para la explotación.

Panel Zoom B. Datos: ARCOM (2025); Planet

Zoom C.

En el panel C, se registraron 19,65 hectáreas de actividad minera dentro de la concesión El Porvenir, representando el 6,87% del área total de la concesión. Actualmente se encuentra en fase de exploración, sin autorización para la explotación. Además, dicha actividad se desarrolla dentro del territorio ancestral de la Comuna Puma Kucha, perteneciente al pueblo Indígena Kichwa.

Panel Zoom C. Datos: ARCOM (2025); Planet

Implicaciones Políticas

La reciente deforestación por actividades mineras descrita anteriormente destaca necesidades políticas clave:

  • Regular la inversión pública para garantizar que las diferentes figuras de conservación reconocidas por el gobierno nacional cuenten con recursos necesarios para el control dentro de sus competencias.
  • Fortalecer los procesos de investigación y control en las instituciones responsables de garantizar una actividad minera ambientalmente responsable.

Metodología

Utilizamos LandTrendR, un algoritmo de segmentación temporal que identifica los cambios en los valores de los píxeles a través del tiempo, para detectar la pérdida de bosque al margen de la Reserva Ecológica Cofán-Bermejo entre agosto 2017 y diciembre de 2024 a través del uso de la plataforma Google Earth Engine. Es importante destacar que este método fue diseñado originalmente para imágenes Landsat de resolución moderada (30 metros) (Ref. 3), pero fue adaptado para mosaicos mensuales de NICFI-Planet de mayor resolución espacial (4.7 metros) (Ref. 4).

Referencias

  1. Antonio José Paz Cardona. (2023, 7 junio). Ecuador: minería ilegal sigue avanzando hacia el interior de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo. Noticias Ambientales. https://es.mongabay.com/2023/06/mineria-ilegal-reserva-ecologica-cofan-bermejo-ecuador/
  2. Según el informe ‘Oro, bandas y gobernanza: La crisis que enfrentan las comunidades indígenas amazónicas de Ecuador’ generado por Amazon Watch.
  3. Kennedy, R.E., Yang, Z., Gorelick, N., Braaten, J., Cavalcante, L., Cohen, W.B., Healey, S. (2018). Implementation of the LandTrendr Algorithm on Google Earth Engine. Remote Sensing. 10, 691.
  4. Erik Lindquist, FAO, 2021

Agradecimientos

Este informe es parte de una serie enfocada en la Amazonía ecuatoriana a través de una colaboración estratégica entre las organizaciones Fundación EcoCiencia y Amazon Conservation, con el apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore.

MAAP #226: IA para detectar deforestación por minería aurífera en la Amazonía – Actualización 2024

Imagen Introductoria. Mapa interactivo de Amazon Mining Watch.

Mientras los precios del oro siguen subiendo, la minería aurífera a pequeña escala sigue siendo uno de los principales impulsores (drivers) de la deforestación en la Amazonía.

Suele dirigirse a zonas remotas, afectando así a bosques primarios ricos en carbono. Además, en muchos casos, suponemos que esta minería es ilegal debido a su ubicación dentro de áreas de conservación (como áreas protegidas y territorios Indígenas) y fuera de las concesiones mineras.

Sin embargo, por la inmensidad de la Amazonía, ha sido un reto realizar un monitoreo preciso y constante de la deforestación por minería en los nueve países del bioma, con el fin de informar mejor y de manera oportuna sobre las políticas conexas.

En un reporte anterior (MAAP #212), presentamos los resultados iniciales del nuevo tablero basado en IA, conocido como Amazon Mining Watch (AMW), diseñado para abordar el problema de la minería aurífera y las implicaciones de las políticas relacionadas. AMW es una asociación entre Earth Genome, la Red de Investigaciones de la Selva Tropical del Centro Pulitzer y Conservación Amazónica.

Esta herramienta en línea (ver imagen introductoria) analiza archivos de imágenes de satélite para estimar las huellas anuales de deforestación por minería en toda la Amazonía, del 2018 al 2024.1 Aunque los datos no están diseñados para medidas precisas del área, pueden utilizarse para obtener estimaciones puntuales necesarias para fines de gestión y conservación. Por ejemplo, los datos acumulados pueden utilizarse para estimar y visualizar la huella general de deforestación por minería en toda la Amazonía, y los datos anuales pueden utilizarse para identificar tendencias y nuevas zonas mineras emergentes. El algoritmo se basa en imágenes de 10 metros de resolución del satélite Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea y genera alertas de deforestación por minería con imágenes pixeladas de 480 metros de resolución.

Al ser la única herramienta de este tipo y de cobertura regional, AMW también puede ayudar a fomentar la cooperación regional, en particular en zonas transfronterizas donde la falta de operación conjunta entre los sistemas oficiales de vigilancia, podría obstaculizar las intervenciones.

La asociación Amazon Mining Watch está trabajando actualmente para mejorar la funcionalidad y el impacto en la conservación en el cuadro de mandos, AMW será una plataforma única que incluirá la visualización en tiempo real de: 1) detección basada en IA de la deforestación por minería en los nueve países amazónicos, con actualizaciones trimestrales; 2) puntos clave de casos urgentes de minería, incluida la minería aluvial; y 3) los costos socioambientales de la minería aurífera ilegal con la Calculadora de Impactos Mineros del Fondo Estratégico para la Conservación (CSF).

Aquí presentamos una actualización enfocada en los datos recién añadidos del 2024 y su contexto dentro del conjunto de datos acumulados (desde el 2018).

HALLAZGOS PRINCIPALES

En las siguientes secciones resaltamos varios hallazgos principales:

  • La minería de oro está provocando activamente deforestación en los nueve países de la Amazonia. Se concentra en 3 áreas principales: Sureste de Brasil, el Escudo Guayanés, y el sur de Perú. Adicionalmente la minería en Ecuador está aumentando.
  • La huella acumulada de deforestación por minería en el 2024 era de más de 2 millones de hectáreas  y ha aumentado más de 50% en los últimos seis años.
  • Más de la mitad de la deforestación por minería en la Amazonía ocurrió en Brasil, seguido de Guyana, Surinam, Venezuela y Perú.
  • Aunque la huella acumulada sigue aumentando, la tasa de incremento se ralentizó en el 2023 y 2024 tras alcanzar su máximo en el 2022, probablemente debido a mayor cumplimiento del orden en Brasil.
  • Más de un tercio de la deforestación por minería se ha dado en áreas protegidas y territorios Indígenas, donde gran parte puede ser ilegal. Destacamos las zonas más impactadas.
  • Estos resultados tienen importantes implicaciones políticas.
Mapa Base. Huellas de deforestación por minería, 2018-2024. Datos: AMW, Amazon Conservation/MAAP.

Patrones a escala nacional y amazónica

El Mapa Base presenta la huella de minería aurífera en la Amazonía, detectada por el algoritmo AMW. Estos datos nos sirven para estimar la deforestación por minería aurífera.

El amarillo indica la huella de deforestación por minería acumulada en los años 2018- 2023; es decir, todas las áreas que el algoritmo clasificó como un sitio minero frente a otros tipos de terreno, como bosques o agricultura. El rojo indica las nuevas zonas mineras detectadas en el 2024.

Destacan tres grandes regiones de minería aurífera en la Amazonía: el sureste de Brasil (entre los ríos Tapajos, Xingu y Tocantis), el Escudo Guayanés (Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana Francesa) y el sur de Perú (Madre de Dios). Además, Ecuador se ha convertido en un importante frente de deforestación por minería.

 

 

 

 

 

Gráfico 1. Huella de deforestación por minería en la Amazonía. Datos: AMW

El gráfico 1 cuantifica los datos espaciales detectados por el algoritmo AMW.

La huella acumulada de deforestación por minería en el 2024 fue de 2,02 millones de hectáreas.

Para ponerlo en contexto, la huella inicial de deforestación minera fue de alrededor de 970.000 hectáreas en 2018, el primer año de datos de Amazon Mining Watch.

Entre 2019 y 2024, estimamos que la deforestación por minería de oro creció en 1,06 millones de hectáreas.

Así, más de la mitad (52,3%) de la huella acumulada se ha producido sólo en los últimos seis años.

Cabe señalar que, si bien la huella acumulada continúa creciendo, la tasa de aumento se desaceleró en 2023 y 2024 después de alcanzar su punto máximo en 2022.

 

 

El gráfico 2 muestra que, del total de la minería acumulada (2,02 millones de hectáreas), más de la mitad se produjo en Brasil (55.3%), seguido de Guyana (15.4%), Surinam (12.4%), Venezuela (7.3%) y Perú (7.0%).

Gráfico 2. Deforestación por minería aurífera en la Amazonía, por país. Datos: AMW, Amazon Conservation/MAAP

El gráfico 3 profundiza en los datos de AMW, revelando tendencias adicionales entre años. Estos datos resaltan los cambios anuales en la deforestación por minería detectada. Note la tendencia en toda la Amazonía en la parte superior en verde para un contexto general, seguida de cada país. Note que Brasil (línea naranja) representa la mayor parte de la minería anual (más del 50%).

En el 2024, registramos una nueva deforestación por minería aurífera de 111,603 hectáreas. Este total representa una disminución del 35% respecto al año anterior 2023 y del 45% respecto al año pico 2022.

Los países con mayores niveles de nueva deforestación por minería aurífera en 2024 fueron 1) Brasil (57.240 ha), 2) Guyana (19.372 ha), 3) Surinam (15.323 ha), 4) Venezuela (9.531 ha) y 5) Perú (6.020 ha). Sin embargo, estos cinco países tuvieron una importante disminución en 2024, entre el 33% (Brasil y Surinam) y el 46% (Perú).

Gráfico 3. Cambios anuales en nueva deforestación por minería. Datos: AMW
Figura 1. Áreas protegidas y territorios Indígenas impactados por la deforestación minera en 2024. Datos: AMW, ACA/MAAP.

Áreas protegidas & territorios Indígenas

Estimamos que 36% de la acumulada deforestación por minería en el 2024 (más de 725,000 hectáreas), ocurrieron dentro de áreas protegidas y territorios Indígenas (figura 1; Nota 2), donde la mayoría puede ser ilegal.

Cabe destacar que la gran mayoría de esta deforestación por minería en áreas protegidas y territorios indígenas se produjo en Brasil (88%).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2a. Las 10 áreas protegidas y territorios Indígenas más impactados del 2024. Data: AMW, ACA/MAAP.

La Figura 2a ilustra las diez áreas protegidas y territorios Indígenas con mayor huella de deforestación por minería acumulada y de nueva deforestación por minería en el 2024. Las Figuras 2b-d muestran acercamientos de imagen (zooms) de las tres principales zonas mineras: sureste de Brasil (2b), Escudo Guayanés (2c) y sur de Perú (2d).

Las nueve áreas protegidas más impactadas (en términos de huella acumulada) están todas en Brasil, lideradas por el Area de Protección Ambiental Tapajós. Esta área ha perdido más de 377,000 hectáreas, seguida de los Bosques Nacionales Amanã y Crepori, el Parque Nacional Rio Novo, los Bosques Nacionales Urupadi, Jamanxim, e Itaituba, el parque nacional Jamanxim y el Bosque Nacional Altamira. Con el Parque Nacional Yapacana en Venezuela, se completan los 10 destacados.

Los tres territorios Indígenas más afectados también están en Brasil: Kayapó, Mundurucu y Yanomami. Juntos, estos tres territorios tuvieron una huella minera de casi 120 000 hectáreas. El cuarto de la lista es Ikabaru, en Venezuela, seguido de tres territorios del sur de Perú (San José de Karene, Barranco Chico y Kotsimba), con un impacto minero de más de 17 000 hectáreas. Junto con Sai Cinza y Trincheira/Bacajá en Brasil, y San Jacinto en Perú, se completan los diez más afectados.

También estimamos la expansión de más de 38 000 hectáreas de nueva deforestación por minería en áreas protegidas y territorios Indígenas en el 2024. El área protegida con mayores niveles de nueva deforestación por minería en el 2024 fue el Area de Protección Ambiental de Tapajós (casi 19 000 hectáreas), seguida de los Bosques Nacionales de Amanã y Urupadi en Brasil, los Parques Nacionales de Rio Novo y Jamanxim en Brasil, el Bosque Nacional de Crepori en Brasil, el Parque Nacional de Campos Amazónicos en Brasil, el Parque Nacional de Yapacaní en Venezuela, el Parque Regional de Guyane en la Guayana Francesa y la Reserva Natural de Brownsberg en Surinam.

Por último, el territorio Indígena con los niveles más altos de nueva deforestación por minería en el 2024 fue Kayapó en Brasil (más de 2100 hectáreas), seguido de Ikabaru en Venezuela, Yanomami, Aripuana y Mundurucu en Brasil, Baramita en Guyana, Kuruáya en Brasil, Isseneru y Kamarang Keng, San José de Karene en Peu. Cabe destacar que los territorios Kayapó, Mundurucu y Yanomami en Brasil experimentaron descensos en la tasa de deforestación por minería en el 2024. Por ejemplo, Yanomami pasó de su pico en el 2021 al más bajo registrado en 2024.

Áreas más impactadas en la Amazonía oriental brasileña

Figura 2b. Áreas más impactadas en el este de la Amazonía brasileña. Datos: AMW, Amazon Conservation/MAAP.

Áreas más impactadas en el Escudo Guayanés

Figura 2c. Áreas más impactadas en el Escudo Guayanés. Datos: AMW, Amazon Conservation/MAAP.

Zonas más impactadas en la Amazonía sur peruana

Figura 2d. Áreas más impactadas en el sur de la Amazonía peruana. Datos: AMW, Amazon Conservation/MAAP.

Conclusiones e implicaciones de políticas

A pesar de la reciente tendencia a la baja en la tasa de deforestación por minería aurífera, la huella acumulada de deforestación por minería aurífera sigue creciendo en toda la Amazonía.

Nuestro análisis muestra que más de un tercio de esta minería ocurre en áreas protegidas y territorios Indígenas, la gran mayoría en Brasil. No obstante, desde el regreso de la gestión de Lula (2023), Brasil ha intensificado los esfuerzos para hacer cumplir la ley. Esto ha contribuido a la rápida disminución de pérdida de área por la minería la Amazonía, dada la enorme contribución de Brasil a las cifras regionales. Esto destaca una vez más la importancia de las áreas protegidas y los territorios indígenas como instrumento de políticas, crucial para la protección de los ecosistemas de la región.

Aunque se ha avanzado en la reducción de la minería ilegal en las áreas protegidas del sur de Perú, ésta sigue afectando a varios territorios indígenas (MAAP #208, MAAP #196), en particular a los que rodean el Corredor Minero designado por las autoridades. En efecto, el territorio indígena más afectado del Perú, San José de Karene, ya ha perdido más de un tercio de su superficie total a causa de la minería aurífera ilegal.  Estos territorios forman parte de la FENAMAD, organización que ha estado apoyando acciones legales para ayudar a las autoridades a tomar decisiones para una respuesta rápida ante las actividades ilícitas (como la minería ilegal) que afectan a los territorios indígenas. Este proceso condujo a cinco operaciones dirigidas por el gobierno entre el 2022 y 2024, en tres comunidades: Barranco Chico, Kotsimba y San José de Karene (MAAP #208).

En Ecuador, la deforestación por minería sigue amenazando numerosos lugares, incluyendo áreas protegidas y territorios indígenas, a lo largo de la zona de transición Andes-Amazonía (MAAP #206, MAAP #221, MAAP #219). En una próxima serie de informes se detallarán estas amenazas.

Aunque la AMW es una herramienta emergente y potente, tiene algunos puntos a tomar en cuenta. Uno de ellos es que cualquier actividad minera de menos de 500 metros cuadrados puede no detectarse con precisión. Por ejemplo, hemos estado vigilando la minería a pequeña escala en varias áreas protegidas, como el Parque Nacional Madidi en Bolivia y el Parque Nacional Puinawai en Colombia, que aún no son detectadas por el algoritmo. En estos casos, todavía es necesario un seguimiento directo en tiempo real con satélites. Estas zonas se añadirán próximamente al AMW como «puntos claves o hotspots» mineros (MAAP#197).

Este es también el caso de la minería aluvial que no deja una gran huella en el suelo. Imágenes de muy alta resolución han revelado minería aluvial activa en barcazas en el norte de Perú (MAAP #189) y a lo largo de la frontera entre Colombia y Brasil (MAAP#197). Estas zonas también se añadirán pronto al AMW como «puntos claves o hotspots» mineros.

La minería aurífera en la Amazonía seguirá siendo con toda seguridad un problema importante en los próximos años, ya que los precios del oro siguen disparándose, llegando a superar los 3000 dólares la onza en abril de 2025, impulsados por la incertidumbre económica mundial. Aunque hay signos alentadores de cumplimiento de la ley en Brasil, las autoridades de este país y de toda la región tendrán que competir con este creciente incentivo financiero para las actividades mineras.

Herramientas como el Observatorio Minero de la Amazonía (AMW), que con el tiempo publicará actualizaciones trimestrales de las zonas de deforestación por minería recién detectada, pueden ayudar a los gobiernos, la sociedad civil y los defensores de las comunidades locales a detectar nuevos frentes de minería aurífera y tomar medidas casi en tiempo real. En una función desarrollada por Conservation Strategy Fund (CSF), también evaluará los costos económicos de los daños socioambientales de la minería que son necesarios para que las comunidades y los gestores declaren daños punitivos.

En los próximos años, los equipos de MAAP y AMW seguirán publicando informes trimestrales y anuales sobre la situación dinámica de la minería en cada país amazónico, además de informes confidenciales dirigidos a los gobiernos y líderes comunitarios sobre los casos más urgentes.

Notas

1. Note que en este reporte nos enfocamos en la actividad minera que causa deforestación. La gran mayoría es minería aurífera artesanal o a pequeña escala, pero también se han detectado otras actividades mineras, como minas de hierro, aluminio y níquel en Brasil y Colombia. En este reporte no se incluyen otras zonas críticas de extracción de oro en ríos que aún no causan deforestación (como en el norte de Perú, el sureste de Colombia y el noroeste de Brasil; revise el MAAP #197). Esta información aún no aparece en Amazon Mining Watch, pero en futuras actualizaciones se incluirán los hotspots de minería aluvial.

2. Nuestra fuente de datos sobre áreas protegidas y territorios indígenas proviene de RAISG (Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada), un consorcio de organizaciones de la sociedad civil de los países amazónicos. Esta fuente (consultada en diciembre del 2024) contiene datos espaciales de 5,943 áreas protegidas y territorios indígenas, que cubren 414.9 millones de hectáreas en toda la Amazonía.

Agradecimiento

Agradecimientos

Agradecemos a nuestros colegas de las organizaciones asociadas de toda la Amazonía por sus útiles comentarios sobre este reporte, entre ellas: Earth Genome, Conservación Amazónica (ACCA & ACEAA) & Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), Fundación EcoCiencia, Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), Instituto Centro de Vida (ICV) & Instituto Socioambiental (ISA).

Este reporte ha sido posible gracias al generoso apoyo de la fundación Gordon and Betty Moore.

 

MAAP #225: Carbono en la Amazonía (parte 4): Áreas protegidas y territorios Indígenas

Figura 1. Cambio total de carbono amazónico sobre el suelo, áreas protegidas y territorios Indígenas 2013-2022. Datos: Planet, ACA/MAAP.

Continuamos nuestra serie sobre el carbono en la Amazonía.

En la parte 1 (MAAP #215) introducimos los nuevos datos (Planet’s Forest Carbon Diligence) con estimaciones de la densidad de carbono por encima del suelo con una resolución sin precedentes de 30 metros, entre el 2013 y 2022. En la parte 2 (MAAP #217) destacamos qué partes de la Amazonía albergan actualmente los mayores niveles (picos) de carbono. En la parte 3 (MAAP #220) mostramos casos clave de pérdida (deforestación) y ganancia de carbono en la Amazonía.

Uno de los principales hallazgos de esta serie es que la Amazonía se tambalea entre ser la fuente y el sumidero de carbono. Es decir, históricamente la Amazonía ha funcionado como un sumidero crítico, ya que sus bosques acumulan carbono si no se alteran. Sin embargo, en relación con la línea de base del 2013, la Amazonía pasó a ser una fuente de carbono durante las temporadas de alta deforestación, sequía e incendios del 2015-2017. Luego, se recuperó como sumidero de carbono en el 2022.

Aquí, en la parte 4, nos centramos en la importancia del carbono sobre el suelo en las áreas protegidas y los territorios Indígenas, que en conjunto cubren el 49.5% (414.9 millones de hectáreas) del bioma amazónico (ver la Figura 1).

Encontramos que, a partir del 2022, las áreas protegidas y los territorios indígenas amazónicos contenían 34.100 millones de toneladas métricas de carbono sobre el suelo (el 60% del total de la Amazonía). Y lo que es más importante, en los diez años transcurridos entre 2013 y 2022, funcionaron como un sumidero de carbono significativo, ganando 257 millones de toneladas métricas.

Con estos datos, también podemos analizar el carbono sobre el suelo para cada área protegida y territorio Indígena, individualmente. Por ejemplo, la Figura 1 ilustra la pérdida frente a la ganancia de carbono de cada área protegida y territorio indígena durante el periodo de 10 años entre 2013 y 2022 (ver los detalles a continuación).

A continuación, explicamos e ilustramos las principales conclusiones.

Resultados a escala amazónica y nacional

Las áreas protegidas amazónicas y los territorios Indígenas cubren actualmente casi la mitad (49.5%) del bioma amazónico, pero contienen el 60% del carbono sobre el suelo. En conjunto, contenían 34.100 millones de toneladas métricas de carbono sobre el suelo en el 2022, y aumentaron 257 millones de toneladas métricas desde el 2013, funcionando así como sumidero de carbono (Figura 2).1,2 

Por el contrario, las zonas situadas fuera de las áreas protegidas y los territorios Indígenas (424 millones de hectáreas) contenían 22.600 millones de toneladas métricas de carbono sobre el suelo en el 2022, y perdieron 255 millones de toneladas métricas desde 2013, por lo que funcionaban como una fuente de carbono.

Así, la función de sumidero de carbono de las áreas protegidas y territorios Indígenas compensa por poco las emisiones en el resto de la Amazonía.

Destacamos que las áreas protegidas y los territorios Indígenas funcionaron como un sumidero de carbono significativo (p-valor = 0,01), mientras que las áreas exteriores no fueron una fuente significativa (p-valor= 0,15).

En cuanto a los resultados por países, las áreas protegidas y los territorios Indígenas fueron importantes sumideros de carbono en Colombia, Brasil, Surinam y la Guayana Francesa (Guyana aumentó carbono pero no de forma significativa). Por el contrario, fueron importantes fuentes de carbono en Bolivia y Venezuela (Perú y Ecuador perdieron carbono pero no de forma significativa).

Figura 2. Carbono sobre el suelo Amazónico 2013-2022, dentro y fuera de áreas protegidas y territorios Indígenas. Datos: Planet, ACA/MAAP.

Resultados para cada área protegida y territorio Indígena

La Figura 1 (ver más arriba) ilustra la pérdida total de carbono sobre el suelo frente a la ganancia para cada área protegida y territorio Indígena durante el periodo de 10 años entre el 2013 y 2022.

En general, encontramos 1,103 áreas que sirvieron como sumideros de carbono significativos (verde oscuro) durante este período (238 áreas protegidas y 865 territorios indígenas). Estas áreas se concentran en el norte y centro de la Amazonía. Vea en el anexo 1 la lista de áreas específicas que fueron sumideros significativos de carbono.

Es importante señalar que las presiones de deforestación amenazan actualmente a varios de estos importantes sumideros de carbono, como el Parque Nacional Chiribiquete y la Reserva Indígena Nukak-Maku en Colombia, el Parque Nacional Sierra del Divisor en Perú y el Parque Nacional Canaima en Venezuela.

Por el contrario, encontramos 1,439 áreas (156 áreas protegidas y 1,283 territorios indígenas) que sirvieron como fuentes significativas de carbono. Es importante señalar que algunas áreas con poca deforestación documentada, como el Parque Nacional Alto Purús en Perú, pueden tener pérdidas de carbono por causas naturales.

Figura 3. Niveles totales de carbono sobre el suelo en cada área protegida y territorio indígena. Datos: Planet, ACA/MAAP.

La Figura 3 muestra la panorama más reciente de los niveles totales de carbono sobre el suelo en cada área protegida y territorio indígena.

Presenta los datos del 2022 categorizados en tres grupos: Alto, Medio y Bajo. Note que los totales de carbono más elevados (más de 330 millones de toneladas métricas) se concentran en las grandes áreas designadas del norte de la Amazonía.

Se puede considerar que estas áreas de carbono Alto y Medio tienen el mayor valor de conservación en términos de carbono total.

Vea el Anexo 1 para las áreas específicas con los niveles más altos de carbono a partir del 2022.

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Densidad de carbono sobre el suelo en cada área protegida y territorio indígena (2022). Datos: Planeta, ACA/MAAP

Por último, la Figura 4 también muestra los datos más recientes (2022) en cada área protegida y territorio Indígena, pero estandarizados por área (carbono sobre el suelo/hectárea).

Note que los totales de carbono más elevados (más de 50 toneladas métricas por hectárea) se concentran de forma más uniforme en la Amazonía.

Se puede considerar que estas áreas de carbono Alto y Medio tienen el mayor valor de conservación de carbono por hectárea.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Implicaciones en políticas:
Desbloquear el valor climático de las áreas protegidas y los territorios Indígenas de la Amazonia

Las políticas y el financiamiento para los bosques tropicales como solución climática se han enfocado en gran medida en la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal (REDD+). Estos esfuerzos han logrado importantes avances en la ralentización y orientación del financiamiento para hacer frente a la pérdida de bosques, especialmente en las regiones de alta deforestación. Sin embargo, este énfasis en las emisiones evitadas pasa por alto un componente crítico del ciclo global del carbono: la función de sumidero de carbono de los bosques tropicales intactos y maduros que, según este análisis basado en los datos de Planet’s Forest Carbon Diligence, es medible y significativo.

Esta omisión deja un importante flujo en el sistema de carbono, el secuestro de carbono en los bosques antiguos, fuera del alcance de los incentivos de mercado u otros incentivos existentes. Además, muchos de estos bosques que absorben carbono ya se encuentran en áreas protegidas y territorios Indígenas. Estas áreas son reconocidas globalmente por su importancia para la conservación de la biodiversidad y por la gestión que realizan los pueblos indígenas y las comunidades locales.

A medida que la atención mundial se centra cada vez más en las estrategias de ingeniería para la eliminación del carbono, como la BECCS (bioenergía con captura y almacenamiento de carbono) y la captura directa del aire, urge reconocer que los bosques amazónicos ya desempeñan esta función de forma natural y a gran escala. Sin embargo, el valor de las áreas protegidas y los territorios indígenas como potentes sumideros de carbono no se monetiza ni se recompensa en los marcos actuales, a menos que puedan demostrar que están amenazados por la deforestación o la degradación para acceder al financiamiento de REDD+. Una excepción emergente es la Iniciativa de Inversión en Bosques de Alta Integridad (HIFOR, por sus siglas en inglés) que reconoce el valor del secuestro de carbono en los bosques antiguos, pero no genera créditos comercializables por cada tonelada absorbida.5 El Fondo de Bosques Tropicales para Siempre (TFFF, por sus siglas en inglés) propuesto por Brasil para su adopción en la COP 30, también recompensaría a los países forestales con una tasa de aproximadamente $4.00 dólares anuales por cada hectárea de bosque tropical que protejan, independientemente de si están amenazados.6

Hasta la fecha, sin embargo, las áreas protegidas y los territorios indígenas, a pesar de su demostrada contribución al clima, carecen a menudo del apoyo financiero necesario para garantizar su eficacia y resiliencia a largo plazo. Como resultado, a menudo se enfrentan a un crónico financiamiento insuficiente7, limitando su eficacia y resiliencia a largo plazo. La innovación en políticas es necesaria para cerrar esta brecha e integrar la función de sumidero de carbono de los bosques maduros en los mecanismos de financiamiento de la protección forestal. De este modo, se crearían incentivos significativos para la gestión continuada y a largo plazo de estos ecosistemas ricos en carbono y se garantizaría que una de las soluciones climáticas naturales más eficaces del planeta reciba la atención y los recursos que merece.

Anexo 1

Las áreas específicas que fueron sumideros de carbono significativo incluyen:

En Perú, los Parques Nacionales Otishi, Sierra del Divisor, Güeppí-Sekime y Yaguas, las Reservas Nacionales Matsés, y Pucacuro, la Reserva Comunal Ashaninka, y el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera y Alto Nanay- Pintuyacu Chambira, las Reservas Indígenas Matses, Pampa Hermosa, y Yavarí – Tapiche, y la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti.

En Colombia, los Parques Nacionales Amacayacu, Chiribiquete, Cahuinari, Río Puro y Yaigoje Apaporis, Reserva Natural de Nukak, la Reserva Forestal del Amazonas y la Reserva Indígena de Putumayo y Nukak-Maku, Yaigoje Río Apaporis y Vaupes.

En Brasil, los Parques Nacionales Amacayacu, Chiribiquete, Cahuinari, Río Puro y Yaigoje Apaporis, Reserva Natural Nukak, Reserva Forestal del Amazonas y Reserva Indígena Putumayo y Nukak-Maku, Yaigoje Río Apaporis y Vaupes en Colombia; Parques Nacionales de Campos Amazónicos, Juruena, Mapinguari, Nascentes do Lago Jari, Serra do Divisor y Montanhas do Tumucumaque, Bosques Nacionales de Amanã, Aripuanã, Crepori, Tapajós y Tefé en Brasil, Bosques Nacionales de Itaituba y Jatuarana y Territorios Indígenas de Alto Río Negro, Baú, Aripuanã, Aripuanã, Apyterewa, Mundurucu y Vale do Javari.

El Territorio Indígena Achuar y Zona Intangible Tagaeri – Taromenane en Ecuador; la Reserva Nacional Manuripi Heath y Reservas Indígenas Takana, Takana II y Yuracare en Bolivia; las Reservas Naturales de Surinam Central y Sipaliwini en Surinam; Parque Nacional Canaima en Venezuela; y Parque Nacional Parc Amazonien de Guyane en la Guayana Francesa.

Las zonas específicas con los niveles más altos de carbono, a partir del 2022, incluyen:

Los Parques Nacionales Alto Purús, Manu, Sierra del Divisor y Cordillera Azul en Perú; el Parque Nacional Chiribiquete en Colombia; los Parques Nacionales Montanhas do Tumucumaque, Pico da Neblina, Jaú y Juruena y los Territorios Indígenas Yanomami, Menkragnoti, Kayapó, Mundurucu y Vale do Javari en Brasil; los Parques Nacionales Caura y Canaima en Venezuela; y los Parque Nacional Parc Amazonien de Guyane en la Guayana Francesa.

Metodología

Analizamos Planet Forest Carbon Diligence, un nuevo conjunto de datos de última generación de la empresa Planet, basado en satélites, que presenta una serie temporal histórica de 10 años (2013 – 2022) con estimaciones de pared a pared de la densidad de carbono sobre el suelo con 30 metros de resolución.3,4

Una advertencia destacable de estos datos es que no distinguen entre la pérdida de carbono sobre el suelo por causas naturales y antropogénicas, por lo que es necesario incorporar información adicional para comprender el contexto de cada zona.

A partir de estos datos, se estimaron los valores anuales de carbono sobre el suelo en las áreas protegidas amazónicas y territorios indígenas para obtener una serie temporal del 2013-2022. Además, se utilizó la prueba de Mann-Kendall para analizar las tendencias en las series de tiempo generadas.

Nuestra fuente de datos para áreas protegidas y territorios indígenas proviene de RAISG (Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada), un consorcio de organizaciones civiles de los países amazónicos. Esta fuente (consultada en diciembre de 2024) contiene datos espaciales de 5943 áreas protegidas y territorios indígenas, que cubren 414.9 millones de hectáreas en toda la Amazonía.

Determinamos que muchas de estas áreas (4000) no incluían metadatos de fecha de creación, lo que impedía cualquier control de series de tiempo para esa variable. En su lugar, utilizamos la extensión más actual de las áreas protegidas y los territorios indígenas como aproximación a los que existían entre 2013 y 2022.

Hubo un solapamiento sustancial entre las áreas protegidas y los territorios indígenas, pero lo tuvimos en cuenta para evitar el doble recuento de las áreas solapadas.

Los valores de carbono sobre el suelo de las áreas protegidas y los territorios indígenas se calcularon por país y luego se sumaron en toda la Amazonía.

Las áreas restantes se combinaron en la categoría de «Fuera de áreas protegidas y territorios indígenas» y también se calcularon para cada país y se sumaron en toda la Amazonía.

Nuestro ámbito geográfico para la Amazonía es un híbrido diseñado para una máxima inclusión: límite biogeográfico (según la definición de RAISG) para todos los países, excepto para Bolivia y Perú, donde utilizamos el límite de la cuenca hidrográfica, y Brasil, donde utilizamos el límite legal de la Amazonía. Nuestro estimado de superficie para esta definición del bioma amazónico es de 839,2 millones de hectáreas.

Notas

1 Desglosando los resultados por categoría, las áreas protegidas contenían casi 21.100 millones de toneladas métricas de carbono en la superficie en 2022, lo que supone un aumento de más de 204 millones de toneladas métricas desde el 2013, mientras que los territorios indígenas contenían más de 16.800 millones de toneladas métricas de carbono en la superficie en el 2022, lo que supone un aumento de más de 132 millones de toneladas métricas desde el 2013. Note que las áreas protegidas y los territorios indígenas se solapan en muchas zonas.

2 Estandarizando por superficie (es decir, calculando los resultados por hectárea), las áreas protegidas y los territorios indígenas contenían 82,2 toneladas métricas de carbono sobre el suelo por hectárea en 2022, lo que supone un aumento neto de 0,6 toneladas métricas por hectárea desde el 2013. Por el contrario, las áreas fuera de las áreas protegidas y los territorios indígenas contenían 53,2 toneladas métricas de carbono sobre el suelo por hectárea en el 2022, perdiendo 0,6 toneladas métricas netas por hectárea desde 2013.

3 Anderson C (2024) Forest Carbon Diligence: Breaking Down the Validation and Intercomparison Report. https://www.planet.com/pulse/forest-carbon-diligence-breaking-down-the-validation-and-intercomparison-report/

4 En cuanto a las limitaciones de los datos de Planet’s Forest Carbon Diligence, Duncanson et al (2025) escribieron recientemente una carta en Science centrada en la resolución espacial de los mapas de carbono forestal. Dada la limitación natural del tamaño de un árbol, discuten el reto de la validación a nivel de píxel por debajo de 5 metros para el monitoreo del carbono forestal. Los autores afirman que la resolución espacial debería superar como mínimo el diámetro de la copa de un árbol grande típico, que supone unos 20 metros para los bosques tropicales. En este sentido, el producto de 30 metros supera esta limitación.

Duncanson et al (2025) Spatial resolution for forest carbon maps. Science 387: 370-71.

5 WCS High Integrity Forest Investment Initiative (HIFOR): The Science Basis

6 https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2025-04-04/too-big-to-fell-brazil-takes-trees-to-wall-street?cmpid=BBD040425_GR

7 UNEP-WCMC, IUCN, and NGS. (2022). Protected Planet Report 2022. Cambridge, UK: UNEP-WCMC.

Agradecimientos

Gracias a un generoso acuerdo de intercambio de información con la empresa de satélites Planet, obtuvimos acceso a estos datos en todo el bioma amazónico para el análisis presentado en esta serie.

Agradecemos a los colegas de las siguientes organizaciones sus útiles comentarios sobre este reporte: Planet, Conservación Amazónica – ACCA, Conservación Amazónica -ACEAA, Gaia Amazonas, Ecociencia e Instituto del Bien Común.

Agradecemos especialmente a los colegas de Conservación Amazónica – ACCA por su ayuda con el análisis de datos de 10 años.

Este informe ha sido posible gracias al generoso apoyo de la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (NORAD).

Cita

Finer M, Castillo H, Mamani N (2025) Carbon in the Amazon (part 4): Protected Areas & Indigenous Territories. MAAP: 225.