Mining and Logging Threat: Minería de Oro
MAAP #230: Minería en la Amazonía Ecuatoriana Sector Centro – Provincia del Napo

Este es el segundo de una serie de informes que detallan la expansión de la minería aurífera en la Amazonía ecuatoriana.
En el primer informe MAAP #227, se analizó la expansión minera en el sector norte, alrededor de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo, cerca de la frontera con Colombia.
En el presente reporte, enfocamos la deforestación por minería en el sector centro, en la provincia de Napo, parte de uno de los principales sistemas hídricos del Ecuador.
El Mapa Base 1 ilustra los datos más recientes de detección de minería de Amazon Mining Watch (AMW), destacando la deforestación por minería en el periodo (2019-2024) en rojo.
Se puede apreciar que en el sector de análisis (círculo morado) confluyen diversos territorios Indígenas y dos áreas protegidas: la Reserva Biológica Colonso Chalupas y el Parque Nacional Sumaco Napo Galeras (Cordillera de Galeras).
Minería en la provincia de Napo
Napo, una de las seis provincias amazónicas del Ecuador, alberga valiosas cuencas hídricas andino-amazónicas de alta calidad, en cuanto a servicios ecosistémicos refiere, lo que la convierte en una zona prioritaria para la conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales. Sin embargo, sus principales ríos se encuentran amenazados por la minería aurífera, cuyas consecuencias sociales y ecológicas son profundamente negativas.
En el reporte MAAP #151, alertamos sobre la rápida expansión de la minería aurífera en el sector de Yutzupino, a orillas del río Jatunyacu en la provincia de Napo. Este sector ha sido objeto de diversos operativos de control, como los 3 operativos llamados Manatí, y un informe técnico de fiscalización y seguimiento a la minería ilegal presentado a la Asamblea Nacional de la República del Ecuador en el año 2022.
En los reportes MAAP #162 y MAAP #184 se amplió el área de análisis de deforestación por minería en la provincia de Napo, a los ríos Jatunyacu, Anzu y Huambuno.
En esta nueva actualización, se presentan datos más recientes que extienden el análisis hasta el año 2024, incorporando cuatro casos de estudio clave: los ríos Jatunyacu, Anzu, Huambuno y Puni-Cotona- Arajuno (ver Mapa Base 2).
La actividad minera no solo implica peligros para el medio ambiente, como la destrucción de bosques, la contaminación de fuentes hídricas y la degradación de ecosistemas (ver Imagen 1), sino que también provoca conflictos sociales y disputas con las comunidades locales, quienes dependen de la tierra y los recursos naturales para su sustento y calidad de vida. La apreciación del oro en el mercado internacional supone un reto para la implementación de alternativas económicas sustentables como el ecoturismo. Sin embargo, la importancia ecológica y cultural de estos ecosistemas acuáticos han generado propuestas acertadas de conservación, como detallamos en el reporte MAAP #202.

Dinámica de la deforestación por minería

Se presenta a continuación un gráfico con datos de periodicidad bianual, en el cual se analiza el crecimiento de la superficie minera en la provincia de Napo desde el año 2007 hasta el 2023.
Durante este periodo, la superficie total vinculada a la minería supera las 1.300 hectáreas.
El análisis revela una tendencia de crecimiento sostenido en la actividad minera a lo largo del tiempo, con un incremento particularmente notable a partir del año 2017 (ver Gráfico 1).
Casos de estudio
En esta actualización se seleccionaron 4 casos de estudio en los cuales se analiza la dinámica con la que la superficie minera se ha extendido en el periodo 2017-2024 dentro de la provincia (ver Mapa Base 2).

Caso 1: Río Jatunyacu

Este caso se extiende a orillas del río Jatunyacu desde la localidad de El Cando al oeste hasta su confluencia con el río Anzu en el sector de Yutzupino. Asimismo, se incluye el río Yutsupino, afluente del Jatunyacu, y varios sectores ubicados en los márgenes del límite urbano al sur de la ciudad de Tena. Esto tiene una importante connotación, ya que evidencia que las actividades mineras no se desarrollan únicamente en zonas remotas, sino que también están avanzando hacia áreas altamente pobladas.
Entre enero de 2017 y diciembre de 2022, se identificaron 126 hectáreas afectadas. Durante 2023 (enero-diciembre), la superficie impactada aumentó en 162 hectáreas, y en 2024 (enero-diciembre) se registró un nuevo incremento de 214 hectáreas. En total, desde enero de 2017 hasta diciembre de 2024, la superficie afectada por minería suma 502 hectáreas, lo que equivale aproximadamente a 703 canchas de fútbol profesional.
Además, se constató que una parte de la actividad minera se lleva a cabo fuera de las zonas autorizadas por el catastro minero, es decir, en áreas que no cuentan con los permisos correspondientes para dicha actividad. Estas áreas suman 6.62 hectáreas, lo que representa apenas el 0.01 % del total identificado, pero que resulta relevante por su carácter de no autorizado.
La mayoría de las actividades mineras se encuentra dentro de concesiones registradas en el catastro minero. Sin embargo, por un lado, pocas concesiones cuentan con los permisos adicionales que se requieren para realizar actividades mineras. Por otro lado, algunas de estas concesiones autorizadas, aunque han tramitado y recibido los permisos adicionales, han sido suspendidas debido a incumplimientos del plan de manejo ambiental y violaciones a la licencia ambiental vigente.

Con la finalidad de analizar particularidades de las actividades mineras en este caso de estudio, se han enmarcado 2 áreas denominadas A y B (ver Caso 1), para realizar un análisis específico de cada una.
Para el caso del área A, se puede observar en el Panel 1, la ampliación de la actividad minera entre septiembre 2022 (panel superior izquierdo) y abril 2025 (panel superior derecho).
Además, con el uso de fotografías tomadas por dron, en junio 2025, se analizó con mayor detalle el área de actividad minera que se encuentra dentro de la zona urbana de la ciudad del Tena, así como detalles de las piscinas, la remoción de la cobertura vegetal, el suelo erosionado, entre otros efectos producidos por la actividad minera.

Para el área B, en el panel 2 se puede apreciar la apertura de 4,43 km de nuevas vías que ingresan al río Yutsupino entre en año 2022 y 2025, lo cual ha facilitado acceso para la apertura de nuevos frentes mineros, evitando un control policial en la entrada del sector de Yutzupino en Puerto Napo.
Caso 2: Anzu

El caso 2 se extiende sobre los ríos Piocullín, Chumbiyacu, Shichuyacu, Ila, Yurasyacu y Anzu, donde se detectaron 329 hectáreas intervenidas durante el periodo enero de 2017 a diciembre de 2022.
A esta cifra, en el año 2023 (enero-diciembre), se sumaron 63 hectáreas.
Finalmente, entre enero y diciembre de 2024, hubo un crecimiento de 243 hectáreas.
En total, 635 hectáreas en esta zona fueron impactadas por la minería, lo que equivale a 889 canchas de fútbol profesional.
Asimismo, se identificó actividad minera fuera del catastro, correspondiente a 94 hectáreas, lo que representa el 15 % del total identificado.
Caso 3: Huambuno

En este caso, realizamos un análisis hasta diciembre 2024, sobre la situación en las orillas del río Huambuno.
En el reporte MAAP #184 se documentó una expansión minera de 238 hectáreas afectadas por minería desde mayo 2017 a enero 2023.
En este nuevo análisis, se identificó un aumento de 124 hectáreas para el año 2023 (enero – diciembre 2023) y un incremento de 130 hectáreas para el año 2024 (enero – diciembre 2024).
Lo que suma un total de 492 hectáreas (equivalente a 689 canchas de fútbol) afectadas por minería desde mayo 2017 a diciembre 2024.
Adicionalmente, se identificaron 115 hectáreas de actividad minera fuera del catastro, lo que representa el 23 % del total identificado.
Caso 4: Puní-Cotona-Arajuno

Se analiza para este caso, un sector con poca superposición del catastro minero, en donde las actividades mineras sin autorización crecieron aproximadamente un 2700% desde el primer periodo de monitoreo, entre 2017 y 2022, hasta el año 2024.
Es así como, entre enero de 2017 y diciembre de 2022, se identificaron solo 4 hectáreas afectadas por actividades mineras en la zona.
En el año 2023 (enero-diciembre), la superficie intervenida aumentó en 26 hectáreas, y para 2024 (enero-diciembre), se registró un incremento adicional de 82 hectáreas.
En total, durante el período analizado, 112 hectáreas fueron impactadas por la actividad minera en el entorno del río Puní, Cotona y Arajuno, lo que equivale aproximadamente a 157 canchas de fútbol profesional.
También, se evidenciaron 111 hectáreas de actividad minera fuera del catastro oficial, correspondiente al 99% del total identificado reflejando una fuerte presencia de minería no autorizada en este sector.
Recomendaciones para la política pública:
La reciente deforestación por actividades mineras descrita anteriormente destaca necesidades políticas clave. Enseguida, presentamos 7 recomendaciones basadas en el marco legal existente de Ecuador y las políticas de implementación asociadas a lo mismo.
1. Fortalecer los procesos de investigación y control de las autoridades competentes en zonas con potencial minero no registradas en el catastro minero vigente.
El artículo 56 de la Ley 45 proporciona una autoridad clara para las acciones de aplicación contra la explotación ilegal de minerales, definiendo dichas actividades como aquellas realizadas «sin un título válido o el permiso legal correspondiente». En este sentido, recomendamos que la Agencia de Regulación y Control de la Minería (ARCOM) establezca un sistema global de vigilancia que integre el análisis de imágenes por satélite con protocolos de verificación en tierra para identificar actividades mineras no autorizadas en tiempo real.
En un primer tiempo y hasta que la ARCOM tenga la capacidad plena para operar este sistema, destacamos la importancia de una colaboración estrecha con organizaciones de la sociedad civil que ya tienen esta capacidad, tanto en términos técnicos como de acceso a imágenes de alta resolución, así como lo demuestra la metodología utilizada en este informe.
2. Aplicar las sanciones administrativas al titular de la concesión minera que no denuncie actividades ilícitas dentro de su área autorizada.
El artículo 57 de la Ley de minería prevé que “se aplicarán las mismas multas previstas en el artículo anterior a los titulares de derechos mineros […] que permitan el cometimiento de actividades mineras ilegales, por parte de terceros no autorizados legalmente para así hacerlo o que carezcan de la respectiva licencia ambiental […].” Desde la agregación de esta disposición a la Ley de Minería en 2013, fue usada en apenas 2 sentencias y 4 resoluciones administrativas (Note 1), demostrando la necesidad de fortalecimiento financiero, personal y tecnológico de la ARCOM.
3. Aplicar con rigurosidad sanciones penales a quienes desarrollen actividades de extracción minera fuera de áreas autorizadas, como lo establece el Código Orgánico Integral Penal de Ecuador.
El Artículo 260 del Código Orgánico Integral Penal de Ecuador prevé sanciones de hasta 10 años para casos de minería artesanal que ocasionan daños al ambiente, pero apenas 16 sentencias han sido pronunciadas desde su adopción en 2014 (Note 2). Para que esta disposición sea realmente disuasiva, el sistema de justicia penal necesita tribunales medioambientales específicos con jurisdicción sobre los delitos relacionados con la minería, dotados de jueces expertos en derecho medioambiental y normativa minera.
Para acelerar el tratamiento de los casos judiciales, se recomiendan programas de capacitación para jueces, centrados en la interpretación de las pruebas de teledetección de los casos de minería ilegal y la medición de sus impactos en las comunidades y el medio ambiente.
4. Delimitar zonas de exclusión minera de 100 metros de ancho a cada margen de los ríos y sus afluentes, como lo establece el Reglamento a la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua del Ecuador, dentro de la Circunscripción Territorial Amazónica.
La actividad minera realizada a menos de 100 metros de las márgenes de los ríos provoca la destrucción de la vegetación ribereña, lo que acelera los procesos de erosión y sedimentación fluvial. Esta proximidad también favorece la contaminación directa de las aguas con metales pesados como el mercurio, que son arrastrados al cauce y envenenan los ecosistemas acuáticos, poniendo en grave riesgo la salud de las comunidades ribereñas. Las actividades mineras que requieren el uso del agua deben contar con una autorización administrativa otorgada por la Autoridad Única del Agua, conforme al artículo 26 de la Ley de Minería.
Asimismo, el artículo 18 de la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua faculta a dicha autoridad para delimitar zonas y áreas de protección hídrica. En este contexto, se recomienda al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica declarar zonas de exclusión minera todas aquellas áreas situadas a menos de 100 metros de cada margen de los ríos.
5. Establecer una recategorización ambiental que exija un proceso de licenciamiento ambiental, incluyendo un estudio de impacto ambiental y un proceso de participación pública, para la apertura de nuevas vías de más de 1 kilómetro dentro de la Circunscripción Territorial Amazónica.
Esta medida es crucial porque la normativa actual, que exige licenciamiento para vías a partir de 3 km según el artículo 174 del Código Orgánico del Ambiente (COA), es insuficiente para el ecosistema amazónico. La experiencia ha demostrado que esta situación se aprovecha progresivamente para ampliar el acceso vial a zonas de interés para la minería ilegal, mediante la suma de tramos menores a 3 km que no requieren licencia ambiental ni permisos. Esta práctica facilita la expansión de actividades ilegales y promueve la deforestación en áreas sensibles.
Reducir el umbral a 1 km es, por tanto, una aplicación del principio de precaución, consagrado en el artículo 396 de la Constitución ecuatoriana. Este ajuste impone la realización de un EIA y cumple con la obligación del Estado de prevenir y analizar los daños antes de que ocurran, tal como lo exige el artículo 179 del COA para obras de mediano y alto impacto. Segundo, y más importante, garantiza el derecho fundamental a la consulta comunitaria estipulado en el artículo 398 de la Constitución, asegurando que las comunidades locales sean escuchadas antes de autorizar proyectos con potencial de afectación a su entorno.
6. Solicitar a Gobiernos Autónomos Descentralizados la inclusión de zonas de protección hídrica y servidumbres ecológicas obligatorias dentro de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) y los Planes de Uso y Gestión del Suelo (PUGS).
El marco legal ecuatoriano establece una clara coordinación entre la planificación local y nacional. El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece, en su artículo 296, que los PDyOT deben articularse a las políticas y planes nacionales, lo que incluye las directrices emitidas por la Autoridad Única del Agua. En conjunto con el artículo 42 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, es imprescindible que las directrices de planificación hídrica nacional sean observadas en la planificación del desarrollo en todos los niveles jurisdiccionales.
Así que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) deben establecer en sus PDyOT y PUGS la protección de los recursos hídricos en el territorio, asegurando la conformidad a las zonas de protección y servidumbres ecológicas establecidas nacionalmente, observando el principio de la complementariedad.
En este sentido, recomendamos que la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, en el marco de sus competencias y a través de sus Planes Anuales de Vigilancia y Control (PAV y PAC), incorpore como línea prioritaria de verificación: “La revisión técnica y jurídica del reconocimiento y la delimitación de zonas de protección hídrica y servidumbres ecológicas en los PDyOT y PUGS de los GAD municipales y metropolitanos, asegurando su coherencia con la normativa ambiental vigente y los principios de sostenibilidad”.
7. Crear un sistema de protección vinculante y categorías de manejo para ríos con valores naturales y culturales excepcionales, con base en la aplicación de zonas de protección hídrica con un plan de manejo participativo.
El artículo 29, numeral 2, literal “e” de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua establece que la planificación de los recursos hídricos debe contener la descripción de agua y de las áreas de protección hídrica en cada cuenca y los medios de salvaguarda. Lo que se recomienda aquí es que estos medios de salvaguarda sean establecidos en Planes de Manejo técnicos, específicos y detallados. Por fuerza del artículo 398 y el artículo 57, numeral 7 de la Constitución ecuatoriana, toda decisión y autorización estatal que pueda afectar el ambiente deberá ser consultada a la comunidad.
Por lo tanto, la creación de un Plan de Manejo a través de un proceso participativo es un importante mecanismo que permite cumplir con la obligación de proteger los ríos y con el derecho fundamental de los ciudadanos a participar en las decisiones que afectan su entorno.
Notes
1. https://vlex.ec/vid/ley-45-ley-mineria-643461381
2. Se realizó una búsqueda en las bases de datos abiertas del Consejo de la Judicatura del Ecuador en busca de jurisprudencia que cite el artículo 260 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), encontrándose seis sentencias dictadas desde el año 2014: N.º 17204201601552, N.º 05283201600242, N.º 07712201500096, N.º 103342201900015, N.º 09286201602579 y N.º 0165820150034. Asimismo, se identificaron diez sentencias adicionales en la base de datos jurisprudencial del Consejo Nacional de Justicia del Ecuador: N.º 1021201801851, N.º 10332201800455, N.º 10281201801658, N.º 11314201700278, N.º 05283201901606, N.º 10281201800489, N.º 10281201800483, N.º 1028201800365, N.º 10281201801640 y N.º 10281201800253.
Agradecimientos
Agradecemos a Ecuadorian Rivers Institute por sus aportes en este informe.
Este informe es parte de una serie enfocada en la Amazonía ecuatoriana a través de una colaboración estratégica entre las organizaciones Fundación EcoCiencia y Amazon Conservation, con el apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore.
MAAP #228: La Minería Ilegal en los Ríos Puré y Cotuhé en la Amazonía Colombiana

La minería ilegal representa un desafío de sostenibilidad ambiental, gobernabilidad, y seguridad para los países de la región Amazónica. El alto precio del oro en el mercado internacional ha impulsado el crecimiento de esta actividad, en combinación con otros factores como la falta de alternativas económicas, la presencia de grupos al margen de la ley, la corrupción, y la falta de acción gubernamental eficaz.
En la Amazonía, la minería ilegal ha generado deforestación masiva (MAAP #226), contaminación de fuentes hídricas por el uso de mercurio, y expansión de economías ilícitas, con el oro convirtiéndose en una fuente clave de financiamiento para grupos armados organizados (Nota 1).
En una serie de reportes, MAAP ha detallado e ilustrado casos de minería ilegal en muchas partes de la Amazonía, incluidos Perú, Ecuador, Brasil, y Venezuela. Estos informes incluyen casos que han provocado deforestación en la tierra o contaminación en los ríos.
En el presente reporte, nos enfocamos en el noroeste de la Amazonía, específicamente en la región de la triple frontera entre Colombia, Brasil, y Perú (ver Mapa Base).
En dicha zona, las actividades de minería ilegal impactan varios ríos que conectan estos países: los ríos Puré, Cotuhé, Caquetá, Amazonas, Apaporis, Putumayo en territorio colombiano, así como los ríos Napo, Curaray, Putumayo, Yaguas, Nanay, y Mazán del lado peruano, y Puruí y Japurá en territorio brasileño.
Aunque no causa deforestación, esta actividad minera impacta directamente los ríos y la biodiversidad con la utilización de dragas y mercurio. Esta contaminación por mercurio se propaga por la cadena alimentar, acumulando en especies consumidas por la población local, perjudicando a su salud. Este tipo de minería es capaz de extraer hasta tres kilogramos de oro al mes (Nota 2), esto equivale a unos 275.000 USD mensuales que representan más de 1.100 millones de pesos colombianos (Nota 3).
Específicamente, este reporte examina la situación actual en los ríos Puré y Cotuhé, en sus tramos en el sureste de la Amazonía colombiana (ver Mapa Base). Estos ríos se encuentran en el departamento de Amazonas, a lo largo de las fronteras de Brasil y Perú.
En ambos casos, analizamos dichos tramos con una combinación de imágenes satelitales de muy alta resolución (0.5 metros, Planet/Skysat) y fotografías de sobrevuelo (Fuente: Alianza Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro (AARIMO), en el marco del proyecto de colaboración entre las organizaciones Amazon Conservation y FCDS (Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible).
Este reporte se realizó en colaboración con nuestro socio colombiano, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y con el apoyo financiero de la Fundación Overbrook y la Fundación Gordon y Betty Moore.
Detección de actividad minera en el Río Puré
El Río Puré atraviesa el núcleo del Parque Nacional Natural Río Puré en el sureste de la Amazonía colombiana (ver Mapa Base).
Esta área protegida, en adición de su extraordinaria biodiversidad y altos niveles de carbono, también tiene un rol como fuente de alimento para las comunidades indígenas y es reconocido como hogar de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, entre ellos los Yurí–Passé, cuya alta vulnerabilidad ha sido ampliamente reconocida a nivel internacional.
Esta área protegida presenta presiones y amenazas asociadas principalmente a las actividades mineras por aluvión, la cual se está realizando con mayor frecuencia en el cauce del río Puré desde la zona fronteriza con Brasil. Los impactos que deja esta actividad son la contaminación por mercurio en agua y peces, destrucción de hábitats y ecosistemas acuáticos, cacería, tala y afectación de la seguridad alimentaria y del medio en donde habitan las comunidades en condición de aislamiento voluntario.
A pesar de las intervenciones por parte del Estado Colombiano y del constante monitoreo con organizaciones, las actividades mineras continúan, con mayor intensidad en la época donde el caudal del río es más bajo. Analizando una imagen Skysat de noviembre del 2024, encontramos 29 dragas a lo largo del curso del río Puré (ver puntos rojos en la Figura 1). Las Figuras 1J-L muestran ejemplos de estos hallazgos. En otras imagenes Skysat de marzo y abril del 2025, identificamos 27 dragas (ver puntos amarillos en la Figura 1).

Fotos de sobrevuelo – Río Puré
Las siguientes fotos (que corresponden a los puntos 1-3 en la Figura 1) fueron tomadas de un sobrevuelo de baja altitud realizado por FCDS en septiembre del 2024. Esta resolución adicional proporciona información adicional sobre los métodos de minería y sus impactos. (Fuente: AARIMO 2024)
Punto 1


Punto 2


Punto 3

Detección de actividad minera en el Río Cotuhé
El río Cotuhé delimita el norte del Parque Nacional Natural Amacayacu (ver Mapa Base) y pasa por el Resguardo Indígena Cotuhé Putumayo (ver Figura 2), en el Trapecio Amazónico Colombiano, en las fronteras con Perú y Brasil. Analizando una imagen Skysat del 30 de noviembre de 2024, encontramos 5 dragas (Figura 2). Las Figuras 2A-D muestran ejemplos de estos hallazgos.

Fotos de sobrevuelo – Río Cotuhé
Las siguientes fotos (que corresponden a los puntos 4-5 en la Figura 2) fueron tomadas de un sobrevuelo de baja altitud realizado por la AARIMO en septiembre del 2024. (Fuente: AARIMO 2024)
Punto 4


Implicaciones políticas
Los eventos de minería ilegal aquí analizados se están presentando al interior de dos áreas protegidas de Parques Nacionales Naturales de Colombia, el PNN Río Puré y el PNN Amacayacu, en donde el uso no debería estar destinado a las operaciones mineras de ningún tipo ya que se allí habitan especies de alta importancia en biodiversidad, comunidades Indígenas en condición de aislamiento voluntario y comunidades Indígenas locales que dependen de los recursos naturales para su supervivencia, poniendo en riesgosu seguridad alimentaria.
Un factor importante que ha intensificado la actividad minera en la zona ha sido la importante tendencia al alza del precio del oro. En enero de 2008, la onza de oro se cotizaba alrededor de USD 812. Para julio de 2024, este valor alcanzó los USD 2.514, lo que representa un incremento de más del 200% en ese período. Además, las políticas arancelarias recientes han impulsado aún más la demanda de oro (GoldMarket, 2024). Por ejemplo, en febrero de 2025, el oro alcanzó nuevos máximos, acercándose a los USD 3.000 por onza, sustancialmente impulsado por las compras de bancos centrales (El País, 2025a).
Si bien con la Ley 1658 del 2013, se inició la prohibición del uso del mercurio en Colombia, solo hasta el 2023 fue posible su prohibición total. Esta prohibición incluye los procesos de importación y exportación de mercurio desde y hacia el territorio nacional. Sin embargo, a pesar de la prohibición en territorio colombiano, este elemento es utilizado en cantidades considerables para la extracción ilegal de oro en las zonas de fronteras, como las observadas en el presente informe. Así, Colombia, Brasil y Perú tienen un reto muy grande frente al cumplimiento de la Ley, ya que los controles de la comercialización y uso de este elemento en zonas de frontera son muy complejos por tratarse de áreas de difícil acceso.
De manera general, se ha observado una correlación entre el otorgamiento de concesiones mineras en áreas transfronterizas con el aumento de la minería informal en la subregión amazónica. Por ejemplo, en el caso del PNN Río Puré, se ha incrementado la presencia de balsas mineras al interior de áreas protegidas, las cuales ingresan por el río Puré desde el lado brasilero, en donde se evidencia gran cantidad de concesiones mineras formales.
El reto del país consiste, entonces, en fortalecer las capacidades operativas y articular acciones entre los tres países en frontera (Colombia, Perú y Brasil) para combatir los delitos ambientales asociados a la minería ilegal. Estas operaciones deben ser efectivas y no generar acción con daño a las comunidades locales y pueblos indígenas en aislamiento voluntario que allí habitan, ya que esto agrava el conflicto interno en el que se encuentra Colombia.
Notas
1 Ministerio de Minas y Energía, 2023
2 Ebus & Pedroso, 2023
3 Bullion Vault, 2025
Agradecimientos
Este reporte se realizó en colaboración con nuestro socio colombiano, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y con el apoyo financiero de la Fundación Overbrook y la Fundación Gordon y Betty Moore.
MAAP #227: Minería en la Amazonía Ecuatoriana – Sector Norte

En un reporte reciente (MAAP #226), presentamos los datos de Amazon Mining Watch (AMW), una colaboración entre Amazon Conservation, Earth Genome y el Pulitzer Center. Este recurso público utiliza la IA (inteligencia artificial) para detectar la deforestación por minería aurífera en toda la Amazonía, a partir del año 2018.
El Mapa Base ilustra los datos actuales, destacando la deforestación por minería más reciente (2019-2024) en rojo. Nótese la concentración de nueva actividad minera en la parte occidental de la Amazonía ecuatoriana, a lo largo de la transición con la Cordillera de los Andes.
Este es el primero de una serie de informes que detallarán la minería aurífera en estas zonas. En el presente reporte, enfocamos la deforestación por minería en el sector norte, alrededor de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo.
La Reserva Ecológica Cofán Bermejo fue una de las áreas protegidas mejor conservada en la provincia de Sucumbios hasta aproximadamente el año 2020. A partir de esta fecha, se empezó a registrar una rápida expansión de la minería de oro en la zona de amortiguamiento en el margen suroriental de la reserva.
La gran mayoría de esta actividad se identifica como minería ilegal, por realizarse fuera de áreas designadas para la actividad minera, o por el desarrollo de actividades en áreas concesionadas sin contar con las autorizaciones correspondientes. La expansión de minería ilegal de oro en este sector es promovida por grupos criminales ubicados en la frontera con Colombia (Nota 1).
Minería en la Amazonía Ecuatoriana – Sector Norte

En el reporte MAAP #186 se realizó un análisis de actividad minera al margen de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo, localizada al norte de la Amazonía Ecuatoriana, en la provincia de Sucumbíos. En esta actualización, además de identificar nuevas áreas afectadas por minería en los alrededores de la reserva, ampliamos el análisis hacia el suroriente de dicha zona.
Esta ampliación incorpora nuevas áreas clave para la conservación, como lo son: el Bosque Protector El Bermejo y el Área de Conservación Municipal y Uso Sostenible Cascales (ver Mapa 1); además, de territorios Indígenas de las etnias Shuar y Kichwa (Mapa 2).
Debido al desarrollo de esta actividad en diferentes espacios geográficos, cabe enfatizar que hay dos supuestos concretos para establecer la legalidad o ilegalidad de la minería en Ecuador:
1) Prohibición expresa prevista por la Constitución o la ley; como en el caso de la realización de actividades de minería metálica en áreas protegidas (art. 407 Constitución) o de la prohibición de uso de mercurio en operaciones mineras (art. 86.1 Ley de Minería).
2) Falta de autorización; como en la realización de actividades de exploración y explotación sin contar con los permisos correspondientes.
En términos de impacto social, Mongabay Latam (2023) menciona sobre esta zona en específico que (Referencias 1-2): “Las comunidades indígenas y las organizaciones sociales y ambientales que trabajan en el territorio no pueden denunciar abiertamente lo que ocurre en esta zona fronteriza con Colombia, debido a la presencia de grupos armados y a los fuertes problemas de seguridad que se viven allí.”
Considerando que la mayor superficie de deforestación por actividades mineras se encuentra en el Área de Conservación y Uso Sostenible Cascales (Mapa 1), es importante detallar que las Áreas de Conservación y Uso Sustentable (ACUS) son zonas creadas por gobiernos autónomos descentralizados, comunidades o propietarios privados para conservar la biodiversidad y desarrollar actividades sostenibles que mantengan los servicios ecosistémicos beneficiosos para la vida humana. En estas áreas protegidas, se pueden realizar actividades como conservación, protección, investigación, recuperación, restauración, educación, cultura, recreación y turismo controlado, así como actividades productivas sostenibles y de subsistencia. La declaración de estas áreas protegidas no modificará las concesiones otorgadas por la Autoridad Ambiental Nacional que se mantengan vigentes y se podrá renovar, de ser el caso, siempre y cuando sea compatible con el uso sustentable coherente, constante en el estudio de alternativas de manejo, Plan de Manejo o Plan de Vida.
Por otro lado, los bosques y vegetación protectores, como es el caso del Bosque Protector el Bermejo, son formaciones vegetales, naturales o cultivadas, que pueden ser arbóreas, arbustivas o herbáceas, y se encuentran en áreas de topografía accidentada, cabeceras de cuencas hidrográficas o zonas no aptas para agricultura o ganadería. Su función principal es conservar el agua, el suelo, la flora y la fauna silvestre. Las actividades permitidas en estos bosques, con autorización de la Autoridad Ambiental Nacional, incluyen la apertura de franjas cortafuegos, control fitosanitario, fomento de la flora y fauna silvestres, ejecución de obras públicas prioritarias, manejo forestal sustentable, y actividades científicas, turísticas y recreacionales.
Territorios Indígenas

Adicional al territorio Indígena Cofán Bermejo, que comparte límites con la Reserva Ecológica del mismo nombre, la deforestación por minería amenaza a seis territorios Indígenas de las etnias Shuar y Kichwa en sus alrededores (Mapa 2).
En total, se identificó que el 68% de la deforestación por minería en el área de estudio está dentro de estos territorios Indígenas.
Aumento de la deforestación minera 2020 – 2024
Utilizando imágenes satelitales del sensor PlanetScope, se estimó el crecimiento anual de la actividad minera entre 2020 y 2024. El total de superficie de bosque afectada por minería para finales del 2024 es de aproximadamente 754 hectáreas, lo que equivale a 1.056 canchas de fútbol profesional.
El análisis muestra que el mayor incremento se produjo en 2024, con una expansión de 189,62 hectáreas. Además, se observa una tendencia de crecimiento contínuo de la actividad minera durante el periodo analizado (Gráfico 1).

Concesiones Mineras

Al superponer el catastro minero en el área de estudio, se determinó que el 59% (444 hectáreas) de las áreas afectadas por minería, se encuentran fuera de zonas destinadas a la actividad minera (Mapa 3).
El Estado ecuatoriano a través del ministerio sectorial (Ministerio de Energía y Minas) otorga derechos mineros para la explotación de recursos minerales en cada una de sus fases (la actividad minera se dividirán en una fase de exploración y una fase de explotación.
A su vez, en la fase de exploración se distinguirán el período de exploración inicial, el período de exploración avanzada y el período de evaluación económica del yacimiento.
El realizar una actividad de explotación previa al otorgamiento del derecho puede incurrir en sanciones administrativas o penales.
Casos de Estudio
Se han seleccionado tres casos de estudio, dentro del área de monitoreo, para ejemplificar la velocidad con la que la actividad minera se extendió en el último periodo de análisis (ver Cuadros A-C en Mapa 3). Los paneles comparativos permiten evidenciar la ampliación de la actividad minera entre mayo 2024 panel izquierdo) y diciembre 2024 (panel derecho), respectivamente en cada caso.
Zoom A.
En el panel A, se observa que la actividad minera se desarrolla fuera de zonas destinadas a la actividad minera. Adicionalmente, esta actividad se desarrolla al interior del Territorio Taruka, territorio indígena Shuar.

Zoom B.
En el panel B, se identificaron 61,36 hectáreas con actividad minera dentro de la concesión minera El Tuerto, lo que representa el 3,16% del total de la concesión. Actualmente se encuentra en fase de exploración inicial, lo que significa que aún no cuenta con autorización para la explotación.

Zoom C.
En el panel C, se registraron 19,65 hectáreas de actividad minera dentro de la concesión El Porvenir, representando el 6,87% del área total de la concesión. Actualmente se encuentra en fase de exploración, sin autorización para la explotación. Además, dicha actividad se desarrolla dentro del territorio ancestral de la Comuna Puma Kucha, perteneciente al pueblo Indígena Kichwa.

Implicaciones Políticas
La reciente deforestación por actividades mineras descrita anteriormente destaca necesidades políticas clave:
- Regular la inversión pública para garantizar que las diferentes figuras de conservación reconocidas por el gobierno nacional cuenten con recursos necesarios para el control dentro de sus competencias.
- Fortalecer los procesos de investigación y control en las instituciones responsables de garantizar una actividad minera ambientalmente responsable.
Metodología
Utilizamos LandTrendR, un algoritmo de segmentación temporal que identifica los cambios en los valores de los píxeles a través del tiempo, para detectar la pérdida de bosque al margen de la Reserva Ecológica Cofán-Bermejo entre agosto 2017 y diciembre de 2024 a través del uso de la plataforma Google Earth Engine. Es importante destacar que este método fue diseñado originalmente para imágenes Landsat de resolución moderada (30 metros) (Ref. 3), pero fue adaptado para mosaicos mensuales de NICFI-Planet de mayor resolución espacial (4.7 metros) (Ref. 4).
Referencias
- Antonio José Paz Cardona. (2023, 7 junio). Ecuador: minería ilegal sigue avanzando hacia el interior de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo. Noticias Ambientales. https://es.mongabay.com/2023/06/mineria-ilegal-reserva-ecologica-cofan-bermejo-ecuador/
- Según el informe ‘Oro, bandas y gobernanza: La crisis que enfrentan las comunidades indígenas amazónicas de Ecuador’ generado por Amazon Watch.
- Kennedy, R.E., Yang, Z., Gorelick, N., Braaten, J., Cavalcante, L., Cohen, W.B., Healey, S. (2018). Implementation of the LandTrendr Algorithm on Google Earth Engine. Remote Sensing. 10, 691.
- Erik Lindquist, FAO, 2021
Agradecimientos
Este informe es parte de una serie enfocada en la Amazonía ecuatoriana a través de una colaboración estratégica entre las organizaciones Fundación EcoCiencia y Amazon Conservation, con el apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore.
MAAP #226: IA para detectar deforestación por minería aurífera en la Amazonía – Actualización 2024

Mientras los precios del oro siguen subiendo, la minería aurífera a pequeña escala sigue siendo uno de los principales impulsores (drivers) de la deforestación en la Amazonía.
Suele dirigirse a zonas remotas, afectando así a bosques primarios ricos en carbono. Además, en muchos casos, suponemos que esta minería es ilegal debido a su ubicación dentro de áreas de conservación (como áreas protegidas y territorios Indígenas) y fuera de las concesiones mineras.
Sin embargo, por la inmensidad de la Amazonía, ha sido un reto realizar un monitoreo preciso y constante de la deforestación por minería en los nueve países del bioma, con el fin de informar mejor y de manera oportuna sobre las políticas conexas.
En un reporte anterior (MAAP #212), presentamos los resultados iniciales del nuevo tablero basado en IA, conocido como Amazon Mining Watch (AMW), diseñado para abordar el problema de la minería aurífera y las implicaciones de las políticas relacionadas. AMW es una asociación entre Earth Genome, la Red de Investigaciones de la Selva Tropical del Centro Pulitzer y Conservación Amazónica.
Esta herramienta en línea (ver imagen introductoria) analiza archivos de imágenes de satélite para estimar las huellas anuales de deforestación por minería en toda la Amazonía, del 2018 al 2024.1 Aunque los datos no están diseñados para medidas precisas del área, pueden utilizarse para obtener estimaciones puntuales necesarias para fines de gestión y conservación. Por ejemplo, los datos acumulados pueden utilizarse para estimar y visualizar la huella general de deforestación por minería en toda la Amazonía, y los datos anuales pueden utilizarse para identificar tendencias y nuevas zonas mineras emergentes. El algoritmo se basa en imágenes de 10 metros de resolución del satélite Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea y genera alertas de deforestación por minería con imágenes pixeladas de 480 metros de resolución.
Al ser la única herramienta de este tipo y de cobertura regional, AMW también puede ayudar a fomentar la cooperación regional, en particular en zonas transfronterizas donde la falta de operación conjunta entre los sistemas oficiales de vigilancia, podría obstaculizar las intervenciones.
La asociación Amazon Mining Watch está trabajando actualmente para mejorar la funcionalidad y el impacto en la conservación en el cuadro de mandos, AMW será una plataforma única que incluirá la visualización en tiempo real de: 1) detección basada en IA de la deforestación por minería en los nueve países amazónicos, con actualizaciones trimestrales; 2) puntos clave de casos urgentes de minería, incluida la minería aluvial; y 3) los costos socioambientales de la minería aurífera ilegal con la Calculadora de Impactos Mineros del Fondo Estratégico para la Conservación (CSF).
Aquí presentamos una actualización enfocada en los datos recién añadidos del 2024 y su contexto dentro del conjunto de datos acumulados (desde el 2018).
HALLAZGOS PRINCIPALES
En las siguientes secciones resaltamos varios hallazgos principales:
- La minería de oro está provocando activamente deforestación en los nueve países de la Amazonia. Se concentra en 3 áreas principales: Sureste de Brasil, el Escudo Guayanés, y el sur de Perú. Adicionalmente la minería en Ecuador está aumentando.
- La huella acumulada de deforestación por minería en el 2024 era de más de 2 millones de hectáreas y ha aumentado más de 50% en los últimos seis años.
- Más de la mitad de la deforestación por minería en la Amazonía ocurrió en Brasil, seguido de Guyana, Surinam, Venezuela y Perú.
- Aunque la huella acumulada sigue aumentando, la tasa de incremento se ralentizó en el 2023 y 2024 tras alcanzar su máximo en el 2022, probablemente debido a mayor cumplimiento del orden en Brasil.
- Más de un tercio de la deforestación por minería se ha dado en áreas protegidas y territorios Indígenas, donde gran parte puede ser ilegal. Destacamos las zonas más impactadas.
- Estos resultados tienen importantes implicaciones políticas.

Patrones a escala nacional y amazónica
El Mapa Base presenta la huella de minería aurífera en la Amazonía, detectada por el algoritmo AMW. Estos datos nos sirven para estimar la deforestación por minería aurífera.
El amarillo indica la huella de deforestación por minería acumulada en los años 2018- 2023; es decir, todas las áreas que el algoritmo clasificó como un sitio minero frente a otros tipos de terreno, como bosques o agricultura. El rojo indica las nuevas zonas mineras detectadas en el 2024.
Destacan tres grandes regiones de minería aurífera en la Amazonía: el sureste de Brasil (entre los ríos Tapajos, Xingu y Tocantis), el Escudo Guayanés (Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana Francesa) y el sur de Perú (Madre de Dios). Además, Ecuador se ha convertido en un importante frente de deforestación por minería.

El gráfico 1 cuantifica los datos espaciales detectados por el algoritmo AMW.
La huella acumulada de deforestación por minería en el 2024 fue de 2,02 millones de hectáreas.
Para ponerlo en contexto, la huella inicial de deforestación minera fue de alrededor de 970.000 hectáreas en 2018, el primer año de datos de Amazon Mining Watch.
Entre 2019 y 2024, estimamos que la deforestación por minería de oro creció en 1,06 millones de hectáreas.
Así, más de la mitad (52,3%) de la huella acumulada se ha producido sólo en los últimos seis años.
Cabe señalar que, si bien la huella acumulada continúa creciendo, la tasa de aumento se desaceleró en 2023 y 2024 después de alcanzar su punto máximo en 2022.
El gráfico 2 muestra que, del total de la minería acumulada (2,02 millones de hectáreas), más de la mitad se produjo en Brasil (55.3%), seguido de Guyana (15.4%), Surinam (12.4%), Venezuela (7.3%) y Perú (7.0%).

El gráfico 3 profundiza en los datos de AMW, revelando tendencias adicionales entre años. Estos datos resaltan los cambios anuales en la deforestación por minería detectada. Note la tendencia en toda la Amazonía en la parte superior en verde para un contexto general, seguida de cada país. Note que Brasil (línea naranja) representa la mayor parte de la minería anual (más del 50%).
En el 2024, registramos una nueva deforestación por minería aurífera de 111,603 hectáreas. Este total representa una disminución del 35% respecto al año anterior 2023 y del 45% respecto al año pico 2022.
Los países con mayores niveles de nueva deforestación por minería aurífera en 2024 fueron 1) Brasil (57.240 ha), 2) Guyana (19.372 ha), 3) Surinam (15.323 ha), 4) Venezuela (9.531 ha) y 5) Perú (6.020 ha). Sin embargo, estos cinco países tuvieron una importante disminución en 2024, entre el 33% (Brasil y Surinam) y el 46% (Perú).


Áreas protegidas & territorios Indígenas
Estimamos que 36% de la acumulada deforestación por minería en el 2024 (más de 725,000 hectáreas), ocurrieron dentro de áreas protegidas y territorios Indígenas (figura 1; Nota 2), donde la mayoría puede ser ilegal.
Cabe destacar que la gran mayoría de esta deforestación por minería en áreas protegidas y territorios indígenas se produjo en Brasil (88%).

La Figura 2a ilustra las diez áreas protegidas y territorios Indígenas con mayor huella de deforestación por minería acumulada y de nueva deforestación por minería en el 2024. Las Figuras 2b-d muestran acercamientos de imagen (zooms) de las tres principales zonas mineras: sureste de Brasil (2b), Escudo Guayanés (2c) y sur de Perú (2d).
Las nueve áreas protegidas más impactadas (en términos de huella acumulada) están todas en Brasil, lideradas por el Area de Protección Ambiental Tapajós. Esta área ha perdido más de 377,000 hectáreas, seguida de los Bosques Nacionales Amanã y Crepori, el Parque Nacional Rio Novo, los Bosques Nacionales Urupadi, Jamanxim, e Itaituba, el parque nacional Jamanxim y el Bosque Nacional Altamira. Con el Parque Nacional Yapacana en Venezuela, se completan los 10 destacados.
Los tres territorios Indígenas más afectados también están en Brasil: Kayapó, Mundurucu y Yanomami. Juntos, estos tres territorios tuvieron una huella minera de casi 120 000 hectáreas. El cuarto de la lista es Ikabaru, en Venezuela, seguido de tres territorios del sur de Perú (San José de Karene, Barranco Chico y Kotsimba), con un impacto minero de más de 17 000 hectáreas. Junto con Sai Cinza y Trincheira/Bacajá en Brasil, y San Jacinto en Perú, se completan los diez más afectados.
También estimamos la expansión de más de 38 000 hectáreas de nueva deforestación por minería en áreas protegidas y territorios Indígenas en el 2024. El área protegida con mayores niveles de nueva deforestación por minería en el 2024 fue el Area de Protección Ambiental de Tapajós (casi 19 000 hectáreas), seguida de los Bosques Nacionales de Amanã y Urupadi en Brasil, los Parques Nacionales de Rio Novo y Jamanxim en Brasil, el Bosque Nacional de Crepori en Brasil, el Parque Nacional de Campos Amazónicos en Brasil, el Parque Nacional de Yapacaní en Venezuela, el Parque Regional de Guyane en la Guayana Francesa y la Reserva Natural de Brownsberg en Surinam.
Por último, el territorio Indígena con los niveles más altos de nueva deforestación por minería en el 2024 fue Kayapó en Brasil (más de 2100 hectáreas), seguido de Ikabaru en Venezuela, Yanomami, Aripuana y Mundurucu en Brasil, Baramita en Guyana, Kuruáya en Brasil, Isseneru y Kamarang Keng, San José de Karene en Peu. Cabe destacar que los territorios Kayapó, Mundurucu y Yanomami en Brasil experimentaron descensos en la tasa de deforestación por minería en el 2024. Por ejemplo, Yanomami pasó de su pico en el 2021 al más bajo registrado en 2024.
Áreas más impactadas en la Amazonía oriental brasileña

Áreas más impactadas en el Escudo Guayanés

Zonas más impactadas en la Amazonía sur peruana

Conclusiones e implicaciones de políticas
A pesar de la reciente tendencia a la baja en la tasa de deforestación por minería aurífera, la huella acumulada de deforestación por minería aurífera sigue creciendo en toda la Amazonía.
Nuestro análisis muestra que más de un tercio de esta minería ocurre en áreas protegidas y territorios Indígenas, la gran mayoría en Brasil. No obstante, desde el regreso de la gestión de Lula (2023), Brasil ha intensificado los esfuerzos para hacer cumplir la ley. Esto ha contribuido a la rápida disminución de pérdida de área por la minería la Amazonía, dada la enorme contribución de Brasil a las cifras regionales. Esto destaca una vez más la importancia de las áreas protegidas y los territorios indígenas como instrumento de políticas, crucial para la protección de los ecosistemas de la región.
Aunque se ha avanzado en la reducción de la minería ilegal en las áreas protegidas del sur de Perú, ésta sigue afectando a varios territorios indígenas (MAAP #208, MAAP #196), en particular a los que rodean el Corredor Minero designado por las autoridades. En efecto, el territorio indígena más afectado del Perú, San José de Karene, ya ha perdido más de un tercio de su superficie total a causa de la minería aurífera ilegal. Estos territorios forman parte de la FENAMAD, organización que ha estado apoyando acciones legales para ayudar a las autoridades a tomar decisiones para una respuesta rápida ante las actividades ilícitas (como la minería ilegal) que afectan a los territorios indígenas. Este proceso condujo a cinco operaciones dirigidas por el gobierno entre el 2022 y 2024, en tres comunidades: Barranco Chico, Kotsimba y San José de Karene (MAAP #208).
En Ecuador, la deforestación por minería sigue amenazando numerosos lugares, incluyendo áreas protegidas y territorios indígenas, a lo largo de la zona de transición Andes-Amazonía (MAAP #206, MAAP #221, MAAP #219). En una próxima serie de informes se detallarán estas amenazas.
Aunque la AMW es una herramienta emergente y potente, tiene algunos puntos a tomar en cuenta. Uno de ellos es que cualquier actividad minera de menos de 500 metros cuadrados puede no detectarse con precisión. Por ejemplo, hemos estado vigilando la minería a pequeña escala en varias áreas protegidas, como el Parque Nacional Madidi en Bolivia y el Parque Nacional Puinawai en Colombia, que aún no son detectadas por el algoritmo. En estos casos, todavía es necesario un seguimiento directo en tiempo real con satélites. Estas zonas se añadirán próximamente al AMW como «puntos claves o hotspots» mineros (MAAP#197).
Este es también el caso de la minería aluvial que no deja una gran huella en el suelo. Imágenes de muy alta resolución han revelado minería aluvial activa en barcazas en el norte de Perú (MAAP #189) y a lo largo de la frontera entre Colombia y Brasil (MAAP#197). Estas zonas también se añadirán pronto al AMW como «puntos claves o hotspots» mineros.
La minería aurífera en la Amazonía seguirá siendo con toda seguridad un problema importante en los próximos años, ya que los precios del oro siguen disparándose, llegando a superar los 3000 dólares la onza en abril de 2025, impulsados por la incertidumbre económica mundial. Aunque hay signos alentadores de cumplimiento de la ley en Brasil, las autoridades de este país y de toda la región tendrán que competir con este creciente incentivo financiero para las actividades mineras.
Herramientas como el Observatorio Minero de la Amazonía (AMW), que con el tiempo publicará actualizaciones trimestrales de las zonas de deforestación por minería recién detectada, pueden ayudar a los gobiernos, la sociedad civil y los defensores de las comunidades locales a detectar nuevos frentes de minería aurífera y tomar medidas casi en tiempo real. En una función desarrollada por Conservation Strategy Fund (CSF), también evaluará los costos económicos de los daños socioambientales de la minería que son necesarios para que las comunidades y los gestores declaren daños punitivos.
En los próximos años, los equipos de MAAP y AMW seguirán publicando informes trimestrales y anuales sobre la situación dinámica de la minería en cada país amazónico, además de informes confidenciales dirigidos a los gobiernos y líderes comunitarios sobre los casos más urgentes.
Notas
1. Note que en este reporte nos enfocamos en la actividad minera que causa deforestación. La gran mayoría es minería aurífera artesanal o a pequeña escala, pero también se han detectado otras actividades mineras, como minas de hierro, aluminio y níquel en Brasil y Colombia. En este reporte no se incluyen otras zonas críticas de extracción de oro en ríos que aún no causan deforestación (como en el norte de Perú, el sureste de Colombia y el noroeste de Brasil; revise el MAAP #197). Esta información aún no aparece en Amazon Mining Watch, pero en futuras actualizaciones se incluirán los hotspots de minería aluvial.
2. Nuestra fuente de datos sobre áreas protegidas y territorios indígenas proviene de RAISG (Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada), un consorcio de organizaciones de la sociedad civil de los países amazónicos. Esta fuente (consultada en diciembre del 2024) contiene datos espaciales de 5,943 áreas protegidas y territorios indígenas, que cubren 414.9 millones de hectáreas en toda la Amazonía.
Agradecimiento
Agradecimientos
Agradecemos a nuestros colegas de las organizaciones asociadas de toda la Amazonía por sus útiles comentarios sobre este reporte, entre ellas: Earth Genome, Conservación Amazónica (ACCA & ACEAA) & Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), Fundación EcoCiencia, Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), Instituto Centro de Vida (ICV) & Instituto Socioambiental (ISA).
Este reporte ha sido posible gracias al generoso apoyo de la fundación Gordon and Betty Moore.
MAAP # 223: Incremento de concesiones mineras ponen en riesgo Áreas Protegidas y Reservas Indígenas en la Amazonía peruana

El presente reporte analiza la problemática de la superposición de concesiones mineras con áreas protegidas, comunidades nativas, reservas territoriales e indígenas, así como en cuerpos de agua en la Amazonía peruana.
La actividad minera en estas zonas sensibles puede desencadenar una serie de impactos negativos, como la deforestación de bosques primarios y la contaminación de fuentes de agua.
En total, se documentaron 799 concesiones mineras conflictivas en la Amazonía peruana, con una superposición de 158,580 hectáreas (ver Mapa Base).
La gran mayoría (712 o 89%) de las concesiones mineras conflictivas se superponen con comunidades nativas, cubriendo 151,682 ha (ver Anexo 1).
43 concesiones mineras tienen más del 60% de su superficie en cuerpos de agua, cubriendo 4,163 ha, incumpliendo el Decreto Supremo 1100 que establece restricciones para la actividad minera en estas zonas.
39 concesiones mineras se superponen con áreas naturales protegidas, cubriendo 2,735 ha.
Finalmente, 5 concesiones mineras (738 ha) se superponen con una Reservas Indígena, lo que implica un riesgo directo para los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI).
Las regiones con mayor número de concesiones mineras conflictivas son Madre de Dios (452), Amazonas (73) , y Loreto y San Martín (50). Ver Anexo 2 para los datos para cada región.
Casos Destacados de superposición
Caso A: Área Natural Protegida
La Figura 1 muestra la superposición de concesiones mineras con el sector noroeste de la Reserva Comunal El Sira (región Huánuco), el mismo que ya ha presentado presencia de minería ilegal en el pasado. (MAAP#45).

Caso B: Reserva Indígena
La Figura 2 muestra la superposición de concesiones mineras con la Reserva Indígena Kakataibo, ubicada en la región Huánuco. Cabe enfatizar que las Reservas Territoriales y Reservas Indígenas en el Perú son territorios intangibles delimitados por el Estado a favor de los PIACI donde actualmente la legislación peruana prohíbe realizar cualquier actividad distinta a la de los usos y costumbres ancestrales de los pueblos indígenas.

Caso C: Cuerpos de agua
La Figura 3 muestra la superposición de concesiones mineras con el río Santiago (en el límite entre las regiones Loreto y Amazonas) donde se logra apreciar que más del 60% de la superficie de la concesión minera es cuerpo de agua, resaltando el incumplimiento del Decreto Supremo 1100 (ver sección sobre Marco Legal) y los posibles impactos sobre la calidad de agua y la biodiversidad acuática del lugar.

Caso D: Comunidades Nativas
La Figura 4 muestra la superposición de concesiones mineras con las comunidades nativas de San José de Karene (42.68 %) y Puerto Luz (3.25 %), que se encuentran en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri, en la región Madre de Dios.

Caso E: Operaciones en concesiones mineras en trámite
En el siguiente ejemplo se aprecia el avance de la minería ilegal en la Comunidad Nativa San Luis de Chinchihuani, en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira, provincia de Constitución, región Pasco. Este año se otorgaron concesiones mineras a trámite, sin la aprobación de REINFO ni algún otro instrumento relacionado a la formalización de la actividad minera. En lo que va del año, se aprecia el avance de más de 40 ha deforestadas por la minería (Figura 5).

Incremento en concesiones mineras en trámite
En la Figura 6 se evidencia el aumento de las concesiones mineras que se encuentran en proceso de trámite durante los últimos tres años (2022 – 2024). Este aumento ha sido especialmente alto en las regiones Amazonas, Loreto, Ucayali, Huánuco, San Martín, Madre de Dios, Cusco y Puno.
Los datos presentados corresponden a los registros de concesiones mineras que gestiona el INGEMMET a octubre del 2024 a través del GEOCATMIN.

Marco Legal y Prácticas mineras en la Amazonía peruana
La Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley N° 26834 prohíbe la minería en las áreas categorizadas de uso indirecto. Por el contrario, en las áreas de uso directo, como las Reservas Comunales de Amarakaeri y El Sira, se permite el desarrollo de actividades mineras, siempre que sea compatible con los objetivos de conservación del área natural protegida. Por tanto, las concesiones mineras que se superponen a áreas naturales protegidas, requieren de una resolución de compatibilidad ambiental otorgada por SERNANP, esta se otorga cuando la actividad minera cumple con los objetivos de protección de la biodiversidad; así como la identidad natural y cultural asociada a las comunidades. Caso contrario, la actividad minera sería considerada ilegal.
Por otro lado, la existencia de concesiones mineras preexistentes a la creación de áreas naturales protegidas ha generado conflictos, puesto que las concesiones deben compatibilizar las actividades mineras con los objetivos del área natural protegida a la cual se superponen.
Por su parte, la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338 establece un marco general hacia la gestión sostenible del agua para lograr su conservación y calidad ambiental, para lo cual se deben considerar los aspectos socioculturales, ambientales y económicos. En ese sentido, en el ámbito de la minería ilegal, el Decreto Legislativo N° 1100 , prohíbe expresamente el desarrollo de minería en todos los cursos de agua, incluyendo ríos, lagos, lagunas, cochas, espejos de agua, humedales y aguajales. En consecuencia, ambas normativas buscan garantizar la protección de los cuerpos de agua a nivel nacional.
Finalmente, es importante señalar que se configura como delito de minería ilegal realizar actividades mineras sin la autorización de la entidad administrativa competente, específicamente cuando causen daño ambiental y afecten áreas prohibidas, el delito contempla como agravante realizar actividad minera en las zonas prohibidas mencionadas en el presente MAAP. En otras palabras, aquellas personas cuyo derecho minero se encuentra en trámite y se encuentra realizando actividad minera, están cometiendo un delito, puesto que aún no cuentan con el permiso correspondiente.
Anexo 1

Anexo 2
Cita
Huamán B, Sáenz E, Novoa S, Rojas T & Finer, M (2024) Incremento de concesiones mineras ponen en riesgo Áreas Protegidas y Reservas Indígenas en la Amazonia Peruana. MAAP: 223.
MAAP #221: Minería ilegal en áreas naturales protegidas de la Amazonía ecuatoriana

En una serie de reportes anteriores advertimos sobre el surgimiento y expansión de la deforestación minera en la Amazonía ecuatoriana (MAAP #151, MAAP #172, MAAP 182, MAAP #219).
La minería ilegal en Ecuador tiene la habilidad de operar en zonas alejadas y de difícil acceso, como áreas naturales protegidas.
Además, la proximidad de esta actividad a las fronteras con Colombia y Perú facilita flujos transfronterizos esenciales para el comercio de oro.
En el presente reporte, analizamos las cuatro áreas naturales protegidas en la Amazonía ecuatoriana que se encuentran amenazadas por actividades mineras: los Parques Nacionales Podocarpus y Sumaco Napo-Galeras, la Reserva Ecológica Cofán Bermejo, y el Refugio de Vida Silvestre El Zarza.
En el Podocarpus la actividad minera se desarrolla en lo profundo del parque.
Para las otras tres áreas (Sumaco Napo-Galeras, Cofán Bermejo, y El Zarza), las actividades mineras no reguladas en sus zonas de amortiguamiento ingresan paulatinamente en sus límites.
A continuación, presentamos el análisis conciso de estas cuatro áreas protegidas afectadas, con imágenes satelitales de alta resolución.
Parque Nacional Podocarpus
Analizamos las actividades de minería ilegal a lo largo del río Loyola dentro del Parque Nacional Podocarpus. El primer monitoreo que hicimos en julio de 2023 reveló un impacto minero de 22 hectáreas. En septiembre de 2024, el impacto minero ha aumentado a 50 hectáreas (es decir, 28 hectáreas adicionales), lo que resulta en un crecimiento de 125% entre 2023 y 2024 (Figura 1).


Además, se utilizó una imagen de muy alta resolución (SkySat, 0.50 metros) del 25 de marzo 2024, para visualizar con mayor detalle la dinámica de la minería y su impacto en los bosques nativos del área natural de protección.
Podemos distinguir que la minería ha aumentado considerablemente, ocasionando que el río Loyola cambie su cauce, asimismo se evidencia la pérdida de los bosques nativos, lo que produce una fragmentación a los ecosistemas adyacentes.
Parque Nacional Sumaco Napo – Galeras
Hemos realizado un monitoreo continuo sobre el avance de la minería irregular en la cuenca hidrográfica del río Punino (MAAP #151, MAAP #219) y su avance hacia los límites del Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras. En mayo 2024 se registró el ingreso de las actividades mineras al límite del Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras.
Entre septiembre de 2022 y agosto de 2024 se estimaron 142 hectáreas de avance de minería en la zona de amortiguamiento, de los cuales 0.32 hectáreas afectadas por actividad minera se localizaron al interior de los límites del Parque Nacional (Figura 2).

Reserva Ecológica Cofán Bermejo
En el MAAP #186 mostramos cómo las actividades mineras irregulares a orillas del río Bermeja amenazan los límites de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo en el norte de la Amazonía ecuatoriana. En esta zona se registró un avance total de minería de 337 hectáreas durante el período febrero de 2020 a septiembre de 2024, de los cuales se estimaron que 1.05 hectáreas se encuentran dentro del límite de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo (Figura 3).

Refugio de Vida Silvestre El Zarza
En la zona de amortiguamiento del Refugio de Vida Silvestre El Zarza, se evidencian actividades mineras a orillas del río Zarza, límite del área protegida. No se ha identificado minería dentro del límite del Refugio de Vida Silvestre El Zarza hasta la fecha, sin embargo, se contabilizan 33 hectáreas de actividad minera en su zona de amortiguamiento. La Figura 4 muestra la actividad minera en la zona en septiembre de 2022 y su evolución hasta agosto de 2024.

Agradecimientos
Este informe es parte de una serie enfocada en la Amazonía ecuatoriana a través de una colaboración estratégica entre las organizaciones Fundación EcoCiencia y Amazon Conservation, con el apoyo de la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (Norad).
MAAP #219: Expansión de minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana (zona Punino)

En una serie de reportes anteriores, advertimos sobre el surgimiento y expansión de la deforestación minera en el corazón de la Amazonía ecuatoriana, en la crítica zona de Punino, ubicado entre las provincias de Napo y Orellana (MAAP #176, MAAP #151).
En el informe más reciente, alertamos que este impacto minero había alcanzado las mil hectáreas (MAAP #206).
El presente reporte es una actualización sobre la creciente actividad minera en la cuenca hidrográfica del río Punino y sus alrededores durante el primer semestre del año 2024.
El Mapa Base muestra el aumento de 420 hectáreas en 2024 (indicado en color rojo), llevando el impacto total a 1,422 hectáreas desde su inicio en 2019 (amarillo y rojo combinado) . Este total equivale a más de 2 mil canchas de fútbol profesional.
El Mapa Base también muestra que la gran mayoría (90%) de la deforestación por minería se encuentra fuera del límite de las zonas autorizadas para realizar dicha actividad (según el catastro minero actualizado al 2022). Es decir, la gran mayoría de la minería es probablemente ilegal.
Cabe enfatizar que la deforestación minera ha ampliado su extensión hasta ingresar en los límites de dos áreas protegidas: el Parque Nacional Sumaco-Napo Galeras y el Área de Conservación Municipal El Chaco (ver Figura 1, abajo).
Además, la deforestación minera se está expandiendo activamente dentro de territorios Indígenas de la nacionalidad Kichwa (ver Figura 2, abajo).
A continuación, ilustramos con más detalle el rápido aumento de la deforestación minera, especialmente en las áreas protegidas y territorios Indígenas.
Expansión minera en la zona Punino, 2019 -2024
La Gráfica 1 muestra la deforestación minera en constante aumento en la zona Punino durante los últimos 5 años. El impacto comenzó en 2019, alcanzando 1.000 hectáreas a finales de 2023, y más recientemente alcanzando 1.422 hectáreas en junio de 2024.
Expansión de la minería ilegal en áreas protegidas
La Figura 1 muestra la expansión de la deforestación minera en relación a las áreas protegidas de la zona Punino. Cabe destacar que la minería ha penetrado recientemente los límites del Parque Nacional Sumaco-Napo Galeras (0.32 hectáreas) y el Área de Conservación Municipal El Chaco (144 hectáreas).

La Figura 2 muestra la invasión inicial (0.32 hectáreas) de la deforestación por minería en los límites del Parque Nacional Sumaco Napo-Galeras entre septiembre 2022 (panel izquierdo) y junio de 2024 (panel derecho).

La Figura 3 muestra la invasión y expansión de la deforestación por minería (144 hectáreas) en los límites del Área de Conservación Municipal El Chaco entre septiembre 2023 (panel izquierdo) y junio de 2024 (panel derecho).

Expansión de la minería ilegal en territorios Indígenas
La Figura 4 muestra la expansión de la deforestación minera (300 hectáreas) en relación de los territorios Indígenas de la nacionalidad Kichwa en la zona Punino.

La Figura 5 muestran la expansión de la deforestación por minería en los territorios indígenas de la nacionalidad Kichwa entre septiembre 2023 (panel izquierdo) y junio de 2024 (panel derecho).

La Figura 6 muestran la expansión de la deforestación por minería en territorios indígenas de la nacionalidad Kichwa al sur del área de estudio entre noviembre 2019 (panel izquierdo) y junio de 2024 (panel derecho).

Anexo 1
El Anexo 1 muestra los cuatro sistemas hídricos impactados por la actividad minera: la cuenca del Río Punino y también las cuencas del Río Sardinas, Río Lumucha y Río Supayacu, que a su vez forman parte del macrosistema hídrico del Río Coca.
Anexo 2
El Anexo 2 muestra la construcción de 91 kilómetros de vías a causa de la actividad minera.
Agradecimientos
Este informe es parte de una serie enfocada en la Amazonía ecuatoriana a través de una colaboración estratégica entre las organizaciones Fundación EcoCiencia y Amazon Conservation, con el apoyo de la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (Norad).
MAAP #218: Asesinatos de los defensores ambientales en la Amazonía peruana

Se estima que 29 ambientalistas y líderes indígenas peruanos fueron asesinados entre 2010 y 2023 por defender diversas áreas de la Amazonía peruana de la explotación por invasores (RAISG 2022).
Además, la frecuencia de estos asesinatos ha aumentado en los últimos años, con casi la mitad de los que habían ocurrido desde el año 2020.
Estos asesinatos y amenazas continuas se clasifican en cinco categorías: Minería de Oro, Tala Ilegal, Cultivos Ilícitos (Coca), Tráfico de Tierra y Protesta (ver Mapa Base). En algunos casos, se identifican entre varias categorías simultáneamente.
Este reporte aspira a investigar las tres categorías principales (Minería de Oro, Tala Ilegal, y Cultivos Ilícitos) con la meta de entender mejor la relación entre los asesinatos de defensores ambientales y la deforestación en la amazonía peruana.
Mapa Base

El Mapa Base ilustra las ubicaciones de los 29 defensores ambientales documentados que fueron asesinados en Perú entre 2010 y 2023.
Adicionalmente, indica las causas afirmadas o sospechadas de estas muertes: Minería, Tala ilegal, Cultivos ilícitos (Coca), Tráfico de tierras y Protesta.
Cabe destacar que muchos de los casos ocurren en varios grupos geográficos, lo que indica el principal conflicto ambiental de cada área específica.
Por ejemplo, la minería de oro es la causa más grande de conflicto en el sur de la Amazonía peruana (región de Madre de Dios), mientras cultivos ilícitos y tala ilegal son conflictos más comunes en el centro de la Amazonía peruana.
Minería ilegal en Madre de Dios
La minería de oro ha sido y continúa siendo un gran problema en el sur de la Amazonía peruana (Madre de Dios región), particularmente en las comunidades indígenas y las áreas protegidas, así como sus zonas de amortiguamiento (MAAP#208).
Por ejemplo, la Figura 1 ilustra el alcance de la deforestación a causa de la minería de oro (indicada en naranja) en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata y en las comunidades nativas circundantes.
Desde 2015, tres defensores ambientales han sido asesinatos dentro o cerca de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata (Puntos amarillos en Figura 1). En todos los casos, se trataba de concesionarios forestales que intentaban defender sus concesiones contra los invasores de la minería ilegal.

En 2015, Alfredo Vracko Neuenschwander fue asesinado cerca del área crítica de minería conocida como “La Pampa”, ubicada en el núcleo de la zona de amortiguamiento. Cabe destacar que, en los años previos a su muerte, más de 1,700 hectáreas fueron deforestadas en La Pampa debido a la actividad minera (MAAP #1). Vracko, quien entonces era presidente de la Federación de Concesionarios Forestales y de Reforestación en Madre de Dios, presuntamente fue asesinado por mineros ilegales que iban a ser desalojados de su concesión forestal ese mismo día (aunque su muerte todavía queda sin resolverse).
En 2020, Roberto Carlos Pacheco Villanueva fue asesinado fuera de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Villanueva poseía una concesión forestal que ha sido deforestada y quemada ilegalmente por invasores con conexiones a la minería ilegal. Tras presentar varias denuncias sobre la utilización ilegal de su tierra, Villanueva recibió numerosas amenazas contra su vida en los años previos a su muerte. Aunque su asesinato sigue sin resolverse, se cree que fue cometido por los mineros que habían invadido su concesión.
Recientemente, en 2022, Juan Julio Fernández Hanco fue asesinado a lo largo de la carretera interoceánica, cerca al borde de la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Durante este periodo (2021-2023), casi 24,000 hectáreas fueron deforestadas debido a la minería de oro (MAAP #195). La investigación sobre su muerte aún está en curso, pero los sospechosos son mineros ilegales que invadieron las concesiones de reforestaciones de Juan Julio.
Tala Ilegal
La tala ilegal ha sido un problema extendido por la Amazonía peruana durante años. Según un reporte reciente, más del 20% de la madera extraída en Perú en 2021 tuvo un origen ilegal (OSINFOR, 2024). Loreto, Madre de Dios, Amazonas, y Ucayali fueron las regiones con el mayor volumen de extracción de madera no autorizada.

En 2014, madereros ilegales asesinaron a cuatro hombres de la comunidad de Alto Tamaya-Saweto, siendo este uno de los casos más conocidos de defensores ambientales peruanos. Edwin Chota Valera, Francisco Pinedo Ramírez, Jorge Ríos Pérez y Leoncio Quintisima Meléndez fueron asesinados a lo de la frontera peruano-brasileña (Puntos naranjas en la Figura 2), después de una década de denuncias de Chota sobre la presencia de grupos criminales de tala en su comunidad (es importante mencionar que al tiempo de sus muertes, Alto Tamaya-Saweto no estaba titulada). Diez años después, en abril de 2024, un grupo de madereros fue declarado culpable de los asesinatos y condenado a casi 30 años en prisión. Desde entonces, este caso ha sido apelado con la expectativa de llegar a la Corte Suprema.
Cultivos Ilícitos (Coca)
Los datos oficiales indican que la superficie de tierra involucrada a la producción de coca en Perú continúa incrementándose, particularmente en el centro de la Amazonía peruana, a lo largo de las montañas Andes (regiones de Ucayali y Huánuco). Desde 2010, diez defensores ambientales han sido asesinados en esta área debido a actividades relacionadas con la coca (ver puntos rojos en la Figura 3).

Santiago Vega Chota, Yenes Ríos Bonsano y Herasmo García Grau fueron asesinados en 2020 y 2021 dentro o cerca de sus comunidades Sinchi Roca y Puerto Nuevo, tras sus intentos de monitorear los territorios para la producción de coca. Ambas comunidades están ubicadas en la zona de producción de coca conocida como Aguaytía, la cual ha experimentado un aumento de más del 450% en el cultivo de coca entre 2018 y 2022 (DEVIDA, 2022).
Adicionalmente, cuatro hombres ( José Reategui, Manuel Tapullima, Justo Gonzales Sangama, y Arbildo Melendez) fueron asesinados dentro o cerca de la comunidad nativa Unipacuyacu entre 2010 y 2020. Estas cuatro muertes han sido vinculadas a la invasión y producción ilegal de coca por extranjeros en tierra de la comunidad que todavía no han sido tituladas por el gobierno, facilitando así las invasiones. Unipacuyacu está ubicado dentro de la zona de producción Pichis-Palcazu-Pachitea (Huánuco y Pasco), que experimentó un aumento de 454% en la cultivación de coca entre 2018 y 2022 (DEVIDA 2022).
Finalmente, tres hombres (Jesús Berti Antaihua Quispe, Gemerson Pizango Narvaes, y Nusat Parisada Benavides de la Cruz) fueron asesinados en 2022 en un área fuera de la Reserva Comunal El Sira. Durante los cuatro años previos a sus muertes, la producción de coca en El Sira y su zona de amortiguamiento aumentó en más del 500% (DEVIDA, 2022).
Base Normativa
Perú es uno de los países con lo mayor cantidad de asesinatos de defensores ambientales en el mundo (Global Witness 2023).
Es así que, el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, define a este grupo de personas como aquellas que:
En circunstancias generalmente críticas adoptan la decisión, individual o colectiva, de llevar a cabo una actividad legítima, remunerada o no, consistente en exigir y promover, dentro del marco de lo normativamente permitido, de manera pacífica y no violenta, la efectividad de derechos vulnerados. Su esfuerzo suele hacerse manifiesto públicamente a través de demandas y reivindicaciones planteadas por las vías procesales regulares, conformes con el propio marco que consagra los derechos fundamentales.
Para abordar la situación de vulnerabilidad de los defensores ambientales, el Estado peruano, en particular el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUSDH), ha elaborado cuerpos normativos destinados a asegurar su protección especial. Los más importantes de estos son:
Normativa | Título | Importancia |
Decreto Supremo N 002-2018-JUS |
Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021 |
Establece que los defensores ambientales son un grupo de especial protección y obliga al Estado a adoptar medidas para protegerlos. |
Decreto Supremo 004-2021-JUS |
Mecanismo Intersectorial para la Protección de personas defensoras de derechos humanos |
Establece los principios, medidas y procedimientos para garantizar la prevención, protección y acceso a la justicia de los defensores de derechos humanos ante situaciones de riesgo, siendo la norma de mayor rango en el país. |
Resolución Ministerial 255-2020-JUS |
Registro sobre Situaciones de Riesgo de personas defensoras de derechos humanos
|
Recoge, analiza y gestiona información sobre riesgos que enfrentan los defensores de derechos humanos y adopta acciones para prevenir amenazas. |
En tal sentido, se evidencia el esfuerzo del Estado peruano para construir un marco normativo adecuado, pues mediante el Mecanismo Intersectorial, se ha logrado la participación coordinada de ocho ministerios: el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el Ministerio del Interior, el Ministerio del Ambiente, el Ministerio de Cultura, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Energía y Minas, y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.
Asimismo, se cuenta con la colaboración de un organismo público ejecutor, la Comisión Nacional para el Desarrollo y Vida sin Drogas (DEVIDA).
Sin embargo, a pesar de estos esfuerzos, los defensores ambientales continuan enfrentándose a la criminalización, hostigamiento legal, amenazas de violencia y asesinato. Esto ilustra la necesidad urgente de fortalecer su protección y apoyo institucional en Perú.
Como respuesta, el Congreso de la República ha aprobado recientemente dos dictámenes para crear una ley de protección a defensores de derechos humanos. Estos incluyen (i) el Proyecto de Ley 4686/2022-CR, Ley que reconoce y protege a los defensores de derechos ambientales, y (ii) el Proyecto de Ley 2069/2021-PE, Ley para la protección y asistencia a dirigentes comunales y/o indígenas u originarios en riesgo. Sin perjuicio de ello, en el futuro, la forma en que se desarrolle el caso Alto Tamaya-Saweto sigue por la Corte Suprema será crucial para los esfuerzos futuros para proteger a los defensores ambientales.
Referencias
Comisión Nacional Para El Desarrollo y Vida Sin Drogas (DEVIDA). 2023. Perú: Monitoreo de cultivos de coca 2022.
Global Witness 2023. Casi 2.000 personas defensoras de la tierra y el medioambiente asesinadas entre 2012 y 2022 por proteger el planeta.
Organismo de Supervisión de los Recursos Forestales y de Fauna Silvestre (OSINFOR). 2024. Estimación del índice y porcentaje de tala y comercio ilegal de madera en el Perú 2021.
Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (RAISG). 2022. Presiones, amenazas y violencia en la Amazonía peruana.
Agradecimientos
Este informe fue preparado con apoyo del Instituto de Bien Común (IBC).
Cita
Montoya M, Bonilla A, Novoa S, Tipula P, Salisbury D, Quispe M, Finer M, Folhadella A, Cohen M (2024) Asesinatos de los defensores ambientales en la Amazonía peruana. MAAP:218.
MAAP #214: Agricultura en la Amazonía: nuevos datos revelan patrones clave de cultivos y pastos
Nuevos datos y herramientas de visualización en línea están revelando patrones clave de uso de la tierra en la Amazonía, sobre todo con el tema crucial de la agricultura. Este tipo de datos es especialmente importante porque la agricultura es la principal causa de deforestación de la Amazonía.
Estos nuevos conjuntos de datos incluyen:
- Cultivos: El Instituto Internacional de Investigación sobre Políticas Alimentarias (IFPRI), una de las principales autoridades en investigación sobre agricultura y sistemas alimentarios, acaba de lanzar la última versión de su innovador producto de seguimiento de cultivos, el Modelo Espacial de Asignación de la Producción (SPAM, por sus siglas en inglés).1 Esta última versión incluye datos espaciales de 46 cultivos, entre ellos la soya, la palma aceitera, el café y el cacao. Estos datos están mapeados con una resolución de 10 kilómetros en toda la Amazonía y actualizados hasta 2020.2
- Pasto para ganado: El Atlas de Pastos,3desarrollado por la Universidad Federal de Goiás, facilita el acceso a los datos de pastos para ganado en Brasil, generados por MapBiomas. Estos datos están cartografiados con una resolución de 30 kilómetros y actualizados hasta el 2022. Utilizamos la Colección 5 de Mapbiomas para el resto de los países amazónicos.4
j - Minería aurífera: Se incluyen nuevos datos de minería para un contexto adicional. Amazon Mining Watch utiliza aprendizaje automático para mapear la minería aurífera a cielo abierto.5 Estos datos se mapean con una resolución de 10 kilómetros en toda la Amazonía y se actualizaron hasta el 2023.
Hemos fusionado y analizado estos nuevos conjuntos de datos para ofrecer nuestra primera estimación general del uso de la tierra en la Amazonía, el esfuerzo más detallado realizado hasta la fecha en los nueve países del bioma. La Figura 1 muestra un ejemplo de estos datos fusionados en una sección de la Amazonía brasileña.
A continuación, presentamos e ilustramos los principales resultados obtenidos en la Amazonía, y posteriormente ampliamos varias regiones de la Amazonía para mostrar los datos con mayor detalle.
Hallazgos principales
El Mapa Base ilustra varios hallazgos importantes que se detallan a continuación.

1) Cultivos
Descubrimos que 40 cultivos del conjunto de datos de SPAM se superponen con la Amazonía, cubriendo más de 106 millones de hectáreas (el 13% del bioma amazónico).
La soya cubre más de 67,5 millones de hectáreas, concentradas principalmente en el sur de Brasil y Bolivia. El maíz ocupa una superficie ligeramente superior (70 millones de hectáreas), pero lo consideramos un cultivo secundario de rotación con la soya (por lo que existe un solapamiento considerable entre estos dos cultivos).
La palma aceitera ocupa casi 8 millones de hectáreas, concentradas en el este de Brasil, el centro de Perú, el norte de Ecuador y el norte de Colombia.
En las zonas andino-amazónicas de Perú, Ecuador y Colombia, el cacao ocupa más de 8 millones de hectáreas y los dos tipos de café (Arábica y Robusta) cubren 6,7 millones de hectáreas.
Otros cultivos importantes en la Amazonía son el arroz (13,8 millones de hectáreas), el sorgo (10,9 millones de hectáreas), la yuca (9,8 millones de hectáreas), la caña de azúcar (9,6 millones de hectáreas) y el trigo (5,8 millones de hectáreas).
2) Pasto para ganado
El pasto para ganado ocupa 76,3 millones de hectáreas (el 9% del bioma amazónico). La mayor parte (92%) se encuentra en Brasil, seguido de Colombia y Bolivia.
3) Cultivos & pasto para ganado
De conjunto, teniendo en cuenta los solapamientos entre los datos, estimamos que los cultivos y los pastos combinados cubren 115,8 millones de hectáreas. Este total equivale al 19% del bioma amazónico.
En comparación, la minería aurífera a cielo abierto cubría 1,9 millones de hectáreas (0,23% del bioma amazónico).
Amazonía oriental brasileña
La Figura 2 muestra la transición de la frontera de la soya a la frontera del pasto para ganado en la Amazonía oriental brasileña. Observe también una mezcla de otros cultivos, como la palma aceitera, la caña de azúcar y la yuca, y algo de minería aurífera.
Amazonía Andina (Perú y Ecuador)
Los patrones de uso de la tierra son bastante diferentes en las regiones de la Amazonía andina de Perú y Ecuador.
La Figura 3 muestra que, en lugar de soya y pasto para ganado, hay palma aceitera, arroz, café y cacao.
Note también la extensión de la frontera de pasto para ganado en el oeste de la Amazonía brasileña, hacia Perú y Bolivia.
Amazonía nororiental (Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana Francesa)
La Figura 4 muestra la ausencia general de cultivos en las regiones centrales de la Amazonía de Guyana, Surinam y Guayana Francesa, lo que sin duda es un factor importante, ya que todos ellos se consideran países con alta cobertura forestal y baja deforestación (HFLD en ingles). Por el contrario, cabe destacar la abundante actividad minera aurífera en toda la región.
Métodos
Para los datos de SPAM, utilizamos la superficie física, que se mide en hectáreas y representa la superficie real en la que se cultiva un producto (sin contar las veces que se ha cosechado de él). Sólo consideramos valores mayores o iguales a 100 ha por píxel.
Para el Mapa Base, debido a su importancia como cultivos económicos primarios, colocamos la soya y la palma aceitera como las dos capas superiores, respectivamente. A partir de ahí, los cultivos fueron estratificados en orden de su área física total en la Amazonía. Por lo tanto, las extensiones completas de algunos cultivos no se muestran si se superponen píxeles con otros cultivos que tienen mayor área física. En el caso de superposición de cultivos y pasto, se privilegiaron los cultivos.
Notas y fuentes de datos
1 International Food Policy Research Institute (IFPRI), 2024, «Global Spatially-Disaggregated Crop Production Statistics Data for 2020 Version 1.0» https://doi.org/10.7910/DVN/SWPENT, Harvard Dataverse, V1
Spatial Production Allocation Model (SPAM)
SPAM 2020 v1.0 Global data (Updated 2024-04-16)
2 Note que la resolución espacial es bastante baja (10 kilómetros), por lo que todos los datos de cobertura de cultivos anteriores deben interpretarse únicamente como referenciales.
3 El Atlas de Pastos (Atlas das Pastagens), abierto al público, fue desarrollado por el Laboratorio de Procesamiento de Imágenes y Geoprocesamiento de la Universidad Federal de Goiás (Lapig/UFG), para facilitar el acceso a los resultados y productos generados dentro de la iniciativa MapBiomas, en relación con los pastos brasileños.
https://atlasdaspastagens.ufg.br/
4 Colección MapBiomas 5; https://amazonia.mapbiomas.org/en/
5 See MAAP #212 for more information on Amazon Mining Watch.
Cita
Finer M, Ariñez A (2024) Agricultura en la Amazonía: nuevos datos revelan patrones clave de cultivos y pastos. MAAP: 214.