Mining and Logging Threat: Minería de Oro
MAAP #245: Minería ilegal en el Parque Nacional Natural Río Puré (Amazonía colombiana)
Figura 1. Zona de minería ilegal en el PNN Río Puré.
El Río Puré atraviesa el núcleo del Parque Nacional Natural Río Puré en el sureste de la Amazonía colombiana, y luego cruza hacia el noroeste de la Amazonia brasileña (Figura 1).
Esta área protegida, además de su extraordinaria biodiversidad y altos niveles de carbono, también juega un rol como fuente de medios de vida de las comunidades indígenas y es reconocida como hogar de pueblos indígenas en aislamiento voluntario o estado natural, entre ellos los Yurí y Passé, cuya presencia fue confirmada por el Estado colombiano con la Resolución 244 de 2024 y cuya alta vulnerabilidad ha sido ampliamente reconocida a nivel internacional.
En el MAAP #228, publicado en mayo de 2025, informamos sobre la presencia de más de 50 dragas mineras a lo largo del curso del río Puré, dentro del Parque Nacional.
En el presente informe, alertamos de que la minería ilegal de oro ya está causando una deforestación sustancial en el río Puré (Figura 2).
Específicamente, presentamos un análisis histórico mensual de la deforestación minera desde enero de 2024 hasta el presente (mayo de 2026), a lo largo de la zona ribereña del Río Puré cerca de la frontera con Brasil. Este análisis capta el inicio de la deforestación minera a mediados de 2024, y su escalada en 2025, lo que condujo a dos importantes operativos binacionales entre los gobiernos de Colombia y Brasil.
Finalmente, mostramos que la deforestación provocada por la minería de oro vuelve a intensificarse a principios de 2026.
En total, hemos documentado la deforestación minera de 506 hectáreas en el Parque Natural Nacional Río Puré entre junio de 2024 y mayo de 2026.
Deforestación minera a lo largo del río Puré
Figura 2. Datos: Amazon Conservation/MAAP
Figura 2 ilustra la deforestación minera a lo largo del alto río Puré, en la sección superior adyacente a Brasil, desde su inicio en 2024 hasta el presente momento en 2026.
Se han identificado 4 zonas críticas, donde la minería afectó significativamente sus riberas.
Análisis histórico mensual de la deforestación minera
En 2024, detectamos áreas de deforestación causada por minería con extensiones muy bajas (<5 ha) a partir de junio, y que luego fueron aumentando progresivamente durante el transcurso del año (el mayor registro fue de 16 ha en diciembre), alcanzando un total acumulado de 38 ha (Figura 3a) para ese año.
A principios de 2025 se observó un aumento importante, con niveles de deforestación del doble comparados con lo registrado en diciembre de 2024 (Figura 3b).
Ante esta situación alarmante, a finales de mayo de 2025 se realizó un operativo binacional en la zona fronteriza entre Colombia y Brasil (ver Figura 2), coordinado entre entidades colombianas (la Fiscalía General, a través de su Dirección de Delitos Especializada contra los Delitos Ambientales, la Fuerza Aeroespacial Colombiana, el Ejército Nacional de Colombia), y entre entidades brasileñas (el Ministerio de Defensa, el Ejército Brasileño, la Policía Federal y el ICMBio).
Posteriormente, la deforestación fue disminuyendo en junio y julio, con leves aumentos en agosto y septiembre. Sin embargo, noviembre presentó un registro muy alto de deforestación (55 ha) comparado con los demás meses. En respuesta, hubo un segundo operativo binacional a mediados de noviembre en la misma zona fronteriza.
De la misma manera, el impacto del operativo a finales de noviembre redujo la deforestación en diciembre de 2025 y enero de 2026.
En el presente año, la deforestación sigue aumentando a un ritmo alarmante comparado con los meses del año anterior, registrándose hasta mayo un total de 177 ha (Figura 3c), siendo marzo el mes con mayor registro (~72 ha).
Figura 3. Deforestación minera mensual (2024-26) en el Río Puré. Datos: ACA/MAAP.
Zooms de Zonas Críticas
Los zooms 1-4 muestran la expansión de la deforestación causada por la minería ilegal de oro, entre febrero de 2024 y mayo de 2026, en las cuatro zonas críticas del Río Puré (ver Figura 2), mediante imágenes mensuales de Planet de alta resolución espacial (~3 metros).
Zoom 1 muestra la zona donde se llevaron a cabo los operativos en junio y noviembre de 2025, en la frontera entre Colombia y Brasil. Esta zona registró una deforestación acumulada desde 2024 de 109 ha aproximadamente, de las cuales 16 ha corresponden al 2026.
Zoom 2 muestra la segunda zona crítica donde la deforestación alcanzó un total acumulado de 126 ha desde 2024, de las cuales 46 ha corresponden al 2026.
Zoom 3 muestra la tercera zona crítica identificada en el análisis donde se registró un total acumulado de 121 ha deforestadas aproximadamente desde 2024, de las cuales 30 ha corresponden al 2026.
Zoom 4 muestra la cuarta zona crítica identificada en el análisis donde se registró un total acumulado de 60 ha deforestadas aproximadamente desde 2024, de las cuales 41 ha corresponden al 2026.
Implicaciones políticas
Los eventos de minería ilegal aquí analizados se están presentando al interior del Parque Nacional Natural Río Puré, en donde el uso del suelo no está destinado a las operaciones mineras de ningún tipo. Allí habitan especies de alta importancia en biodiversidad y pueblos indígenas en aislamiento voluntario (Yurí y Passé) que dependen de los recursos naturales para su supervivencia.
La expansión de la minería ilegal en el corredor del río Puré (Colombia) – Purué (Brasil) es una amenaza directa para los pueblos indígenas en aislamiento que habitan esta región transfronteriza. La presencia de dragas, campamentos mineros y rutas de abastecimiento incrementa el riesgo de encuentros no deseados, transmisión de enfermedades y desplazamiento forzado de estos pueblos altamente vulnerables. La apertura de nuevas rutas fluviales, trochas de narcotráfico y la presencia de actores armados amenazan las condiciones de aislamiento que constituyen la principal garantía para su supervivencia física y cultural.
Además de la deforestación documentada, los impactos ambientales que deja esta actividad son múltiples e incluyen la contaminación de cuerpos hídricos con mercurio, afectaciones a los peces y a toda la cadena alimentaria de los ríos amazónicos. Posteriormente, estos impactos ambientales se traducen en impactos sociales y vulneración de los derechos humanos de pueblos indígenas (incluyendo a aquellos en condición de aislamiento) al afectar la salud humana, su seguridad alimentaria y la capacidad productiva de sus tierras y recursos, vulnerando sus derechos a la conservación y protección del medio ambiente.
El reto del país consiste, entonces, en fortalecer acciones sostenidas para la construcción de una estrategia de prevención, así como continuar construyendo capacidades operativas de respuesta y articulando acciones en la zona fronteriza. Es necesario llevar a cabo estas acciones en coordinación con el gobierno de Brasil, dado que los insumos, las dragas e infraestructura minera son suministradas por empresarios de municipios vecinos, especialmente Japurá (centro urbano más próximo a esta zona), Maraã y Jutaí. Así mismo, las rutas fluviales por donde se transportan los insumos y maquinaria, son usadas para movilizar el oro extraído en estas zonas desde el corredor del río Puré-Purué, atravesando los ríos Japurá y Tefé, hasta llegar a la ciudad de Manaos.
Como indican nuestros hallazgos, las operaciones binacionales de aplicación de la ley parecen tener eficacia a corto plazo, pero la minería ilegal de oro regresa después de un periodo. El desafío consiste en implementar una o varias estrategias a largo plazo en una región remota del territorio colombiano, pero accesible del lado brasilero.
Aunque con la Ley 1658 del 2013, se inició la prohibición del uso del mercurio en Colombia, solo hasta el 2023 fue posible su prohibición total. Esta prohibición incluye los procesos de importación y exportación de mercurio desde y hacia el territorio nacional. Sin embargo, a pesar de la prohibición en territorio colombiano, este elemento es utilizado en cantidades considerables para la extracción ilegal de oro en las zonas de frontera, como las observadas en el presente informe.
Así, los países amazónicos tienen un reto muy grande frente al cumplimiento de la Ley, ya que los controles de la comercialización y uso de este elemento son muy complejos y la minería ilegal de oro se presenta en zonas de frontera. Estas zonas son áreas de difícil acceso y conectividad, con baja presencia estatal y altos niveles de criminalidad que dificultan la ejecución de operativos contra la minería ilegal y afectan la gobernabilidad por parte de los gobiernos regionales y locales, así como la gobernanza de los pueblos indígenas sobre sus territorios ancestrales.
El Estado colombiano ha activado el sistema de protección del Decreto 1232 de 2018 en el PNN Río Puré, a partir de los informes de riesgo, y por parte del Ministerio del Interior se emitió la alerta Temprana 1635, obligando a una respuesta institucional coordinada entre los ministerios de salud, defensa y relaciones exteriores, la coordinación no ha sido muy efectiva y la atención a este flagelo insuficiente. Si bien el sistema busca garantizar la intangibilidad territorial y el no contacto de los pueblos Yurí y Passé mediante protocolos de contingencia sanitaria, el trabajo con otros pueblos indígenas colindantes, la coordinación con gobiernos locales (entidades territoriales) y se apoya en operativos de la fuerza pública realizados de forma binacional con Brasil, no hay solución a la problemática aún. Se cuenta con las herramientas jurídicas idóneas, pero la capacidad para solucionar la crisis actual depende de que el Estado asigne presupuesto real y tenga voluntad política para ejecutar las medidas en territorio, pasando de la formalidad legal a una presencia operativa que desmantele eficazmente la infraestructura minera ilegal en la frontera.
Agradecimientos
Agradecemos especialmente a la jefatura del Parque Nacional Natural Río Puré por su colaboración en este análisis e informe.
Este reporte se realizó en colaboración con la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), Amazon Conservation Team (ACT) y la Alianza Amazónica para la Reducción de Impactos de la Minería de Oro (AARIMO), con el apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore.
MAAP #244: Deforestación e Incendios en la Amazonía 2025
Mapa base. Puntos críticos de deforestación e incendios en la Amazonía en 2025. Datos: UMD/GLAD, ACA/MAAP.
Continuando con nuestra serie anual, presentamos un análisis detallado de los principales focos de pérdida forestal en la Amazonia para el año 2025, basado en los datos anuales recientemente publicados por la Universidad de Maryland y destacados en Global Forest Watch. Al igual que en otros informes de la serie, tomamos este conjunto de datos global y lo analizamos específicamente para la Amazonia.
Estos datos, que sirven como fuente consistente en los nueve países de la Amazonia, distinguen la pérdida forestal causada por incendios de aquella debida a causas no relacionadas con el fuego. Utilizamos la pérdida forestal no asociada a incendios como indicador indirecto de la deforestación de origen humano, si bien esta categoría también incluye cierta pérdida de origen natural. Además, aplicamos un filtro para centrarnos exclusivamente en la pérdida de bosque primario.
En este contexto, podemos identificar los principales focos de pérdida forestal —tanto por causas relacionadas con incendios como por causas no relacionadas con ellos (como indicador indirecto de deforestación)— en toda la Amazonía en 2025 (ver el Mapa Base).
Los puntos críticos no relacionados con incendios (indicadores de deforestación) se debieron, en gran medida, a la agricultura y a la minería de oro en toda la Amazonia. Estos puntos críticos se concentraron en:
- Fronteras de la soja del sureste de Brasil (Área A) y del sur de Bolivia (Área B; ver MAAP #179);
. - A lo largo de las principales carreteras de Brasil, tales como la Carretera Transamazónica (Área C) y la BR-364 (Área D). También se observa una expansión agrícola a lo largo de una extensa red vial en el norte de Brasil (Área K),
. - Áreas agrícolas y minería de oro en el centro de Perú (Área E), incluyendo áreas ocupadas por colonias menonitas (MAAP #222),
. - Arco de deforestación en el noroeste de Colombia (Área F) asociado a carreteras, acaparamiento de tierras (y pastizales ganaderos asociados) y cultivo de coca (MAAP #224).
. - Áreas de minería de oro en el sur de Perú (Área G; MAAP #233, MAAP #241), el norte de Ecuador (Área H; MAAP #230, MAAP #227), el noreste de la Amazonía (Venezuela, Guyana, Surinam — por ejemplo, Área I) y territorios Indígenas en Brasil (por ejemplo, Área J; MAAP #239)
Los focos de incendio se concentraron en las fronteras de la soja y la ganadería del sureste de la Amazonia brasileña y del sureste de la Amazonia boliviana (incluido el importante ecosistema de los bosques secos chiquitanos), así como en el noreste de Bolivia. Estos datos sobre incendios pueden interpretarse como degradación forestal, en contraste con los impactos más permanentes de la deforestación.
Pérdida de bosque primario en la Amazonia, 2002-2025
En 2025, la noticia más destacada fue que los incendios disminuyeron con respecto al año récord de 2024 (Gráfico 1). No obstante, los incendios se mantuvieron en niveles históricamente elevados (1,5 millones de hectáreas), lo que marcó la tercera cifra más alta desde 2002 (solo por detrás de las temporadas de incendios más intensas de 2016 y 2024).
La pérdida forestal no relacionada con incendios también disminuyó con respecto a 2024 (Gráfico 1). Si bien se situó ligeramente por encima del millón de hectáreas, constituyó el total más bajo de los últimos 10 años y el quinto más bajo desde 2002.
En conjunto, estimamos la pérdida forestal no causada por incendios de 34,8 millones de hectáreas de bosque primario desde 2002, aproximadamente el tamaño de Alemania. Otros 12,2 millones de hectáreas se han visto afectadas por los incendios.
Tenga en cuenta que el Gráfico 1 es interactivo: el lector puede hacer clic en los elementos de la leyenda (pérdida forestal no causada por incendios y causada por incendios) y en los círculos correspondientes a cada año para visualizar el punto de datos.
Pérdida de bosque primario en la Amazonia, 2025
En 2025, la mayor parte de la pérdida de bosque primario no asociada a incendios se produjo en Brasil (55 %), seguida por Bolivia (20 %), Perú (14 %) y Colombia (6 %), conformando claramente los cuatro primeros puestos (Gráfico 2a).
Cabe destacar que Brasil registró la menor pérdida anual desde 2002, situándose en torno a las 560.475 hectáreas (véase la línea roja en el Anexo 1).
La pérdida de bosque primario no causada por incendios en Bolivia (200.000 ha) se mantuvo históricamente elevada (la cuarta más alta registrada), aunque inferior al pico anterior de los tres años comprendidos entre 2022 y 2024 (véase la línea naranja en el Anexo 1).
La pérdida de bosque primario no causada por incendios en Perú fue la quinta más alta registrada (147.480 ha) y la más alta de los últimos cinco años (véase la línea amarilla en el Anexo 1).
La pérdida de bosque primario no causada por incendios en Colombia (66.310 ha) fue la segunda más baja desde el acuerdo de paz con las FARC en 2016 (véase la línea azul en el Anexo 1).
La inmensa mayoría (97%) de la pérdida de bosque primario causada por incendios se produjo en tan solo dos países: Brasil y Bolivia. Perú aportó un 2% (26.580 ha). El impacto de los incendios en los tres países fue muy inferior al de la temporada de incendios récord del año pasado.
Tenga en cuenta que el Gráfico 2a es interactivo: el lector puede hacer clic en las barras de cada país correspondientes a la pérdida de bosque no causada por incendios (barras moradas) y a la pérdida de bosque causada por incendios (barras naranjas). Para ver los datos de los países con menor pérdida de bosque, haga clic en la opción «Log» (escala logarítmica) situada en la parte superior derecha (o consulte el Anexo 1, más abajo).
Tasa de pérdida de bosque primario en la Amazonia, 2025
Al estandarizar por superficie, mostramos que Bolivia presenta la tasa más alta de pérdida de bosque primario no asociada a incendios, seguida por Perú, Colombia y, posteriormente, Brasil (Gráfico 2b).
Bolivia también tiene, con diferencia, la tasa más alta de pérdida de bosques primarios causada por incendios, seguida por Brasil y, más distante, Perú.
Cabe destacar que el Gráfico 2b es interactivo: el lector puede hacer clic en las barras de cada país correspondientes a la pérdida de bosque no causada por incendios (barras moradas) y a la pérdida de bosque causada por incendios (barras naranjas).
Deforestación en la Amazonía 2025
En un análisis novedoso, estimamos directamente la deforestación amazónica por primera vez. Como se ha señalado anteriormente, los datos de pérdida de bosque primario descritos más arriba constituyen un buen indicador indirecto de la deforestación, pero también incluyen pérdidas asociadas a eventos naturales, tales como deslizamientos de tierra, tormentas de viento y el curso cambiante de los ríos.
Utilizando el conjunto de datos «WRI Google Drivers of Tree Cover Loss», estimamos la pérdida de bosque primario causada directamente por la agricultura, la minería y la infraestructura. Es decir, estimamos directamente la deforestación de origen humano.
En 2025, estimamos la deforestación de 736.484 hectáreas en toda la Amazonía (Gráfico 3). La gran mayoría (94,6%) de esta deforestación provino de la agricultura (tanto permanente como migratoria). Un 5,3% adicional provino de materias primas duras, principalmente minería de oro. El 0,1% restante fue causado por carreteras e infraestructuras.
Más de la mitad (55,2 %) de esta deforestación ocurrió en Brasil, seguido por Perú (16,8 %), Bolivia (13,8 %) y Colombia (8,5 %).
Perú registró la mayor deforestación minera, seguido por Brasil, Guyana, Surinam y Venezuela. Sin embargo, cabe señalar que Amazon Mining Watch indica que Brasil presentó una deforestación minera superior a la de Perú en 2025.
Tenga en cuenta que el Gráfico 3 es interactivo: el lector puede hacer clic en las barras correspondientes a cada país. Para ver los datos de los países con menor pérdida de bosques, haga clic en la opción «Log» situada en la parte superior derecha.
Deforestación Amazónica 2025 en Áreas Protegidas y Territorios Indígenas
De la deforestación de la Amazonía registrada en 2025 y mencionada anteriormente, cerca de 132.000 hectáreas (18 %) se produjeron en áreas protegidas y territorios indígenas (Gráfico 4). Esta cifra puede considerarse una estimación general de la deforestación ilegal.
La agricultura fue responsable del 89 % de esta deforestación, y la minería, del 11 % restante.
Brasil registró la mayor deforestación en áreas protegidas y territorios indígenas (33 %), seguido por Bolivia (25 %), Perú (20 %), Colombia (10 %), Venezuela (6 %) y Ecuador (4 %).
En el caso específico de la minería de oro, Brasil presentó la mayor deforestación en áreas protegidas y territorios indígenas, seguido por Perú y Venezuela.
Cabe destacar que el Gráfico 4 es interactivo: el lector puede hacer clic en los elementos de la leyenda (Agricultura y Minería, según la designación) y en las barras para visualizar los datos de cada país.
Anexo 1
Tenga en cuenta que el Anexo 1 es interactivo: el lector puede hacer clic en los países de la leyenda y en los círculos correspondientes a cada año para visualizar el punto de datos. Para ver los datos de los países con menor pérdida de bosques, haga clic en la opción «Log» (escala logarítmica) situada en la parte superior derecha.
Implicaciones políticas
Tras la temporada de incendios de 2024, que batió todos los récords, el impacto de los incendios en 2025 siguió siendo históricamente elevado (el tercero más alto registrado), aunque se redujo considerablemente respecto al pico del año anterior. Tal como se detalla en el MAAP #229, la temporada de incendios de 2024 estuvo asociada a un intenso evento de El Niño, el cual generó condiciones de sequía extrema en toda la Amazonía. Por el contrario, el año 2025 se asoció a las condiciones de mayor humedad propias de La Niña. Esta correlación tiene importantes implicaciones para la próxima temporada del «súper El Niño» —que se prevé para el futuro cercano— y será el tema de un próximo informe.
En lugar de incendios, la noticia más destacada de 2025 fue relativamente positiva: la menor pérdida de bosque primario no asociada a incendios de los últimos 10 años, y la quinta cifra más baja registrada hasta la fecha.
Sin embargo, en 2025 se perdieron 1 millón de hectáreas adicionales de bosque primario, lo que elevó el total acumulado de pérdidas a 34,8 millones de hectáreas desde 2002, una superficie equivalente al tamaño de Alemania o de Montana.
Al igual que en años anteriores, los países con la mayor pérdida de bosque primario fueron Brasil, Bolivia, Perú y Colombia, respectivamente.
Cabe destacar que Brasil registró la menor pérdida anual desde que se tienen registros (2002), y Colombia, la segunda menor desde el acuerdo de paz con las FARC en 2016. En contraste, tanto Bolivia como Perú presentaron cifras relativamente altas, aunque con tendencias divergentes: la de Bolivia fue inferior a la de los años pico anteriores, mientras que la de Perú resultó ser la más elevada de los últimos cinco años.
Al estandarizar los datos en función de la superficie, Bolivia registró la tasa más alta de pérdida de bosque primario, seguida por Perú, Colombia y, por último, Brasil.
En términos de patrones espaciales, se detectaron focos de pérdida de bosque primario no asociada a incendios en todos los países. Las principales áreas de deforestación agrícola se ubicaron en el sureste de Brasil, el sur de Bolivia, el centro de Perú y el noroeste de Colombia. Se identificaron zonas mineras destacadas en el sur y el centro de Perú, el norte de Ecuador, el noreste de la Amazonía (Venezuela, Guyana, Surinam) y en territorios indígenas de Brasil.
Por último, en un análisis novedoso, estimamos directamente la deforestación amazónica por primera vez, utilizando un nuevo conjunto de datos proporcionado por el WRI y Google. Para el año 2025, estimamos una deforestación de 736.484 hectáreas en toda la Amazonía. La inmensa mayoría (94,6 %) de esta deforestación fue consecuencia de la agricultura (tanto permanente como itinerante). Un 5,3 % adicional provino de la extracción de materias primas (productos básicos), principalmente de la minería de oro. El 0,1 % restante fue causado por carreteras e infraestructuras.
Más de la mitad (55,2 %) de esta deforestación se produjo en Brasil, seguido por Perú, Bolivia y Colombia. Perú registró la mayor deforestación vinculada a la minería, seguido por Brasil, Guyana, Surinam y Venezuela.
Si bien la agricultura es responsable del mayor impacto en términos del número total de hectáreas deforestadas, gran parte de este impacto se concentra en zonas de deforestación en expansión y a lo largo de las carreteras. Entre los ejemplos clave se incluyen la expansión de la deforestación a lo largo de las principales vías del este y el sur de la Amazonía brasileña; la expansión de la deforestación asociada al cultivo de soja en el sur de la Amazonía boliviana; la expansión de la deforestación provocada por colonias menonitas en el centro de la Amazonía peruana; y el arco de deforestación en el noroeste de la Amazonía colombiana.
La minería de oro, por otro lado, tiene el mayor impacto en lo que respecta a la afectación de áreas sensibles. A diferencia de la deforestación agrícola —que suele seguir el trazado de las carreteras—, la minería de oro —y en particular la minería ilegal— a menudo se dirige hacia las zonas más remotas e intactas, tales como las áreas protegidas y los territorios indígenas. Entre los ejemplos más destacados se encuentran el sur de la Amazonía peruana, el norte de la Amazonía ecuatoriana, la zona fronteriza entre las Amazonías colombiana y brasileña, los territorios indígenas de la Amazonía brasileña y el noreste amazónico (Venezuela, Surinam y Guyana).
Es importante señalar que los datos aquí presentados pueden diferir de los datos nacionales difundidos por los gobiernos. Esta discrepancia puede atribuirse a diferencias metodológicas (nos centramos en el impacto sobre los bosques primarios), a la resolución espacial (30 metros en nuestro caso) y a la delimitación de la Amazonía (empleamos un límite híbrido diseñado para lograr la máxima inclusión tanto de las cuencas hidrográficas como de los aspectos biogeográficos). Dadas estas posibles diferencias entre las distintas fuentes, lo más recomendable es centrarse en la convergencia de las tendencias y patrones generales, en lugar de prestar una atención excesiva a las diferencias numéricas absolutas.
Metodología
La metodología oficial se presenta en inglés:
The analysis was based on 30-meter resolution annual forest loss data produced by the University of Maryland and also presented by Global Forest Watch.
This data was complemented with the Global Forest Loss due to fire dataset that is unique in terms of being consistent across the Amazon (in contrast to country specific estimates) and distinguishes forest loss caused directly by fire (note that virtually all Amazon fires are human-caused). The values included were ‘medium’ and ‘high’ confidence levels (code 3-4). This fire data may be interpreted as forest degradation, in contrast to the more permanent impacts of deforestation.
The remaining forest loss serves as a likely close proxy for deforestation, with the only remaining exception being natural events such as landslides, wind storms, and meandering rivers. The values used to estimate this category were ‘low’ certainty of forest loss due to fire (code 2), and forest loss due to other ‘non-fire’ drivers (code 1).
For the baseline, it was defined to establish areas with >30% tree canopy density in 2000. Importantly, we applied a filter to calculate only primary forest loss by intersecting the forest cover loss data with the additional dataset “primary humid tropical forests” as of 2001 (Turubanova et al 2018). For more details on this part of the methodology, see the Technical Blog from Global Forest Watch (Goldman and Weisse 2019).
Our geographic range for the Amazon is a hybrid designed for maximum inclusion: biogeographic boundary (as defined by RAISG) for all countries, except for Bolivia and Peru, where we use the watershed boundary, and Brazil, where we use the Legal Amazon boundary.
Protected areas and Indigenous territory data from RAISG and official sources. In case of an overlap, data was included in the protected areas category. Note that Suriname does not have titled Indigenous territories.
To identify the deforestation hotspots, we conducted a kernel density estimate. This type of analysis calculates the magnitude per unit area of a particular phenomenon, in this case, forest cover loss. We conducted this analysis using the Kernel Density tool from the Spatial Analyst Tool Box of ArcGIS. We used the following parameters:
Search Radius: 15000 layer units (meters)
Kernel Density Function: Quartic kernel function
Cell Size in the map: 50 x 50 meters (0.25 hectares)
Everything else was left to the default setting.
For the Base Map, we used the following concentration percentages: High: 3-14%; Very High: >14%. These percentages correspond to the concentration of forest loss pixels, with a pixel size of 50 x 50 meters (0.25 hectares).
Using the “WRI Google Drivers of Tree Cover Loss” dataset, we then estimated human-caused deforestation. The main challenge was analyzing this 1 km resolution dataset in relation to the 30 m resolution annual forest loss dataset described above.
Building upon the annual forest loss by confidence level )—from which fire-related loss was excluded based on confidence levels 3 and 4—a second layer, designated «Forest Loss Non-Fire» (confidence levels 1 and 2), was generated; onto this layer, the cumulative «Drivers» layer (2001–2025) was overlaid to analyze which underlying causes were associated with the recorded loss.
The result was an artificial scale 30 m resolution; it should be noted here that the spatial correlation is not exact. Since Driver’s original data has a resolution of 1 km—which encompasses multiple 30-meter pixels—this value has been replicated (downscaled). Through layer merging, a layer was obtained containing forest loss pixel values accompanied by a confidence level and an assigned driver—meaning the probable primary cause of the loss has been identified.
To estimate human-caused deforestation, we focused on just four of the drivers: agriculture (both permanent and shifting), hard commodities, and roads & infrastructure. In other words, we did not include Natural forest loss, Wildfires, or Logging.
Agradecimientos
Agradecemos a los colegas de las siguientes organizaciones por sus útiles comentarios sobre el informe: Conservación Amazónica – ACEAA en Bolivia, Conservación Amazónica – ACCA en Perú y Fundación EcoCiencia en Ecuador.
Este trabajo fue apoyado por Norad (Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo).
Cita
Finer M, Ariñez A, Bodin B, Santana A (2026) Deforestación e Incendios en la Amazonía 2025. MAAP: 244.
MAAP #243: Minería en la Amazonía Ecuatoriana Sector Sur – Provincia de Zamora Chinchipe
Mapa base 1. Deforestación minera en Ecuador. Datos: AMW, ACA/MAAP, RAISG
Este es el cuarto de una serie de informes que detallan la expansión de la minería aurífera en la Amazonía ecuatoriana.
En los reportes previos, se analizaron distintos sectores de las partes norte (MAAP #227), central (MAAP #230) y sur (MAAP #238) del país, respectivamente (ver Mapa Base 1). En esta nueva entrega, el análisis da continuidad al estudio del sector sur, enfocándose en la deforestación asociada a la actividad minera en la provincia de Zamora Chinchipe.
Zamora Chinchipe, ubicada en el extremo sur de la Amazonía ecuatoriana, constituye una de las regiones de mayor importancia ecológica del país debido a su localización en la transición entre la cordillera de los Andes y la llanura amazónica. Esta condición favorece una alta diversidad biológica y la presencia de ecosistemas estratégicos, como bosques nublados, páramos y formaciones únicas como los tepuyes subandinos (Nota 1). Estos sistemas ecológicos son un eje fundamental para la conectividad ecológica y el mantenimiento de los procesos hidrológicos en la región. En este contexto, la provincia alberga áreas prioritarias para la conservación, como el Parque Nacional Podocarpus, la Reserva Biológica Cerro Plateado, la Reserva Natural Maycú y el Bosque Protector Alto Nangaritza (ver Mapa Base 2), que en conjunto conforman un corredor de conectividad ecológica clave para especies emblemáticas como el jaguar, el tapir y el oso de anteojos (Jewel, 2020).
Sin embargo, esta zona enfrenta crecientes amenazas asociadas a la expansión de actividades extractivas. En línea con ello, el reporte MAAP #167 alertó sobre la pérdida de cobertura forestal vinculada a la actividad minera en el Bosque Protector Alto Nangaritza, evidenciando la presión sostenida sobre estos ecosistemas estratégicos.
En este contexto, y considerando además el alto potencial para la extracción de minerales de la provincia, Zamora Chinchipe se ha consolidado como una zona de interés estratégico a nivel nacional. Según Mongabay, desde 2020 la minería aurífera se ha posicionado como uno de los principales motores económicos del territorio, desarrollándose en múltiples escalas, desde proyectos a gran escala hasta actividades artesanales y de pequeña escala, lo que incrementa la presión sobre áreas ecológicamente sensibles. Los impactos asociados a esta actividad incluyen deforestación, presencia de maquinaria e infraestructura destinada a la extracción y procesamiento de minerales (ver Imagen 2), contaminación por uso de mercurio y degradación de suelos.
Desde el 2023, Amazon Conservation, en colaboración con Earth Genome y el Pulitzer Center, ha estado desarrollando un geovisor en línea conocido como Amazon Mining Watch (MAAP #226). Esta herramienta virtual automatiza el análisis de imágenes satelitales mediante el aprendizaje automático para identificar las zonas afectadas por la minería en toda la Amazonía, desde el 2018, hasta el 2024. Desde noviembre de 2025 Amazon Mining Watch (AMW) cuenta con actualizaciones trimestrales de estos datos, lo que significa un gran avance y permitirá la detección sistemática y casi en tiempo real de nuevos frentes de minería aurífera artesanal y de pequeña escala en toda la región.
El Mapa Base 1 presenta la ubicación de la reciente deforestación asociada a actividad minera confirmada, utilizando las detecciones correspondientes a la última actualización trimestral de AMW para toda la Amazonía ecuatoriana, en relación con las áreas de impacto minero identificadas para 2025.
Dinámica de la actividad minera
Gráfico 1.Datos: MapBiomas, EcoCiencia.
A continuación, se presenta la evolución de la superficie acumulada por año producto de la actividad minera en la provincia de Zamora Chinchipe, con un análisis del crecimiento de la superficie afectada entre 1995 y 2024.
En el año 1995, la minería ocupaba alrededor de 5 hectáreas; sin embargo, en los años posteriores se observa un incremento alarmante, alcanzando un total de 6.802 hectáreas para 2024 (ver Gráfico 1).
Esta extensión equivale a más de 4.800 canchas de fútbol profesional.
Casos de Estudio
En respuesta a este escenario, se llevó a cabo un monitoreo satelital orientado a identificar y cuantificar los impactos de la minería aurífera en cuatro casos de estudio, en los cuales se analiza la dinámica con la cual la superficie minera se ha extendido en el periodo 2021-2025 dentro de la provincia de Zamora Chinchipe (ver Mapa base 2).
Estos casos abarcan cuatro áreas clave de conservación, incluyendo dos áreas protegidas (el Parque Nacional Podocarpus y la Reserva Biológica Cerro Plateado), un bosque protector (Bosque Protector Cuenca Alta del Río Nangaritza), y un área de conservación privada (Reserva Natural Maycú).
También incluye dos sistemas fluviales estratégicos de la provincia: los ríos Nunpatakaime y Nangaritza.
En total, en lo cuatro casos de estudio, se registraron aproximadamente 195 hectáreas afectadas por actividad minera dentro del periodo 2021 – 2025.
Mapa base 2. Área de monitoreo satelital en Zamora Chinchipe. Datos: Amazon Conservation/MAAP, EcoCiencia, Planet
Caso 1: Río Nangaritza
Gráfico 1. Caso 1 – Río Nangaritza. Datos: Amazon Conservation/MAAP; EcoCiencia
El caso de estudio se ubica en la ribera del río Nangaritza, específicamente en la aldea Las Orquídeas y en el sector noroeste de la Reserva Natural Maycu.
A continuación, se analiza el impacto de la expansión minera, considerada una de las principales amenazas ambientales en la zona de estudio.
Entre 2021 y 2025, se han identificado un total de 77,88 hectáreas afectadas por la actividad minera.
Monitoreo satelital Caso 1. Datos: EcoCiencia, Planet
Además, del total acumulado de superficie afectada por minería, solamente se registraron 5,29 hectáreas dentro de concesiones mineras y 21,22 hectáreas al interior de la Reserva Natural Maycú, lo que evidencia la expansión de la actividad y un incremento de la presión sobre esta área de conservación (ver Monitoreo Satelital, Caso 1).
Con el fin de realizar una comparación temporal de la actividad minera, se presenta el panel 1, que muestra las condiciones correspondientes a julio 2021 (panel izquierdo) y diciembre 2025 (panel derecho).
Panel 1. Datos: EcoCiencia, Planet
Caso 2: Río Numpatakaime
Gráfico 2. Caso 2 – Río Numpatakaime. Datos: ACA/MAAP, EcoCiencia
Este caso de estudio se ubica a lo largo de las riberas del río Nunpatakaime, el cual se encuentra dentro del Bosque Protector Cuenca Alta del Río Nangaritza, un área de conservación que resguarda extensas coberturas de bosque tropical húmedo, caracterizadas por su alta biodiversidad y buen estado de conservación.
Se llevó a cabo un análisis multitemporal correspondiente al periodo 2024–2025, con el fin de evaluar e identificar el impacto generado por las actividades mineras en la zona de estudio.
En 2024 se identificaron 6,86 hectáreas afectadas por la actividad minera, mientras que en 2025 la superficie impactada se incrementó en 52,99 hectáreas, esto representa un total de 59,85 hectáreas intervenidas durante el período de análisis.
Monitoreo satelital Caso 2. Datos: EcoCiencia, Planet
Del total acumulado de hectáreas afectadas, 5,29 hectáreas se ubican en concesiones mineras y 44,27 hectáreas se localizan dentro del Bosque Protector Cuenca Alta del río Nangaritza (ver Monitoreo Satelital, Caso 2).
Con el propósito de evidenciar la superficie deforestada, el panel 2 muestra las condiciones de la actividad minera en septiembre de 2024 (lado izquierdo) y diciembre de 2025 (lado derecho).
Panel 2. Datos: EcoCiencia, Planet
Caso 3: Parque Nacional Podocarpus
Gráfico 3. Caso 3-Parque Nacional Podocarpus. Datos: ACA/MAAP, EcoCiencia
Este caso se localiza a lo largo de las riberas del río Loyola. Esta área forma parte de la zona de alta montaña del Parque Nacional Podocarpus. Asimismo, el río Loyola integra la red hídrica del parque nacional, que se conforma de más de 100 ríos y quebradas, siendo vital para la conservación de los bosques nublados y páramos de la zona, los cuales constituyen hábitat de especies amenazadas como el oso de anteojos, el cóndor andino, el tapir de montaña y el jaguar, tal como lo señala Naturaleza y Cultura Internacional en su publicación “Reconocimiento Corredor de Conectividad Podocarpus Yacuri” (NCI, 2025).
En este sector se identificó que, entre agosto de 2023 y diciembre de 2025, la superficie afectada por la actividad minera alcanzó las 44 hectáreas en el interior del parque, equivalentes aproximadamente a 62 canchas de fútbol profesional. Este incremento evidencia la magnitud de la intervención y resalta la urgencia de implementar acciones para mitigar sus impactos.
Monitoreo satelital Caso 3. Datos: ACA/MAAP, EcoCiencia, Planet
La actividad minera se desarrolla al interior del Parque Nacional Podocarpus, donde la explotación de recursos minerales está prohibida por ley (ver Monitoreo Satelital, Caso 2).
El panel 3 permite analizar el crecimiento de la deforestación por minería entre septiembre 2023 (panel izquierdo) y abril 2025 (panel derecho). El panel contrasta la pérdida de cobertura boscosa, así como el impacto sobre el río Loyola.
Panel 3. Datos: EcoCiencia, Planet
Caso 4: Reserva Biológica Cerro Plateado
Gráfico 4. Caso 4-Reserva Biológica Cerro Plateado. Datos: ACA/MAAP, EcoCiencia
Este caso se localiza en el área de amortiguamiento de la Reserva Biológica Cerro Plateado, una zona núcleo de alta relevancia ecológica en el sur del Ecuador. Establecida en 2010, se ubica entre los cantones Palanda y Nangaritza, en la provincia de Zamora Chinchipe. Esta área protegida cumple un rol estratégico como corredor de biodiversidad entre el Parque Nacional Podocarpus, la Reserva Natural Maycú y el Bosque Protector Alto Nangaritza, contribuyendo a la conservación de ecosistemas frágiles, como los tepuyes, y de especies emblemáticas como el jaguar, el tapir y el oso de anteojos (Jewel, 2020).
En este sector se identificó que, entre agosto de 2024 y diciembre de 2025, la superficie afectada por la actividad minera alcanzó las 13 hectáreas, de las cuales 1,59 hectáreas se localizan dentro de la reserva. Esta superficie total equivale aproximadamente a 18 canchas de fútbol profesional, evidenciando la magnitud de la intervención en la zona.
Monitoreo satelital Caso 4. Datos: ACA/MAAP, EcoCiencia, Planet
Además, se verificó que la actividad minera se desarrolla dentro y fuera de las áreas autorizadas por el catastro minero, es decir, en zonas sin los permisos correspondientes.
Estas áreas no autorizadas suman 12 hectáreas, lo que representa el 92 % del total identificado, constituyendo un hallazgo relevante por su carácter irregular.
Con la finalidad de analizar particularidades de las actividades mineras en este caso de estudio, se puede observar en el Panel 4, la ampliación de la actividad minera entre septiembre 2023 (panel superior izquierdo) y diciembre 2025 (panel superior derecho).
Panel 4. Datos: EcoCiencia, Planet
Zoom 1. Datos: EcoCiencia
Adicionalmente, mediante el uso de fotografías aéreas captadas con dron en abril de 2026, se realizó un análisis de mayor detalle del área intervenida, permitiendo identificar características como piscinas de sedimentos, remoción de la cobertura vegetal, suelos erosionados y la presencia de campamentos abandonados, entre otros impactos asociados a la actividad minera (ver zoom A).
Recomendaciones de política pública
1. Estandarización del ciclo minero y condicionamiento de nuevos frentes al cierre técnico progresivo
Foto 1. Actividad minera. Fuente: EcoCiencia
Los casos analizados en Zamora Chinchipe evidencian un patrón operativo recurrente caracterizado por la apertura de frentes mineros, su abandono temporal, el desplazamiento hacia nuevas áreas de explotación y el posterior retorno a zonas previamente intervenidas. Esta dinámica, común en la minería artesanal, pequeña y mediana, genera impactos y pasivos ambientales acumulativos y dificulta el control efectivo por parte de la autoridad competente.
El marco jurídico ecuatoriano establece obligaciones claras respecto a la planificación, ejecución y cierre de las actividades mineras. La ‘Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía’ dispone que toda actividad minera debe ejecutarse conforme a planes técnicos y ambientales aprobados, incluyendo planes de manejo ambiental y de cierre desde las fases iniciales del proyecto (arts. 4, 7 y 9). De manera complementaria, el Código Orgánico del Ambiente (COA) consagra los principios de prevención, control progresivo y reparación integral del daño ambiental, incluso cuando las actividades se desarrollan de forma intermitente (arts. 9, 171 y 291).
No obstante, en la práctica, los instrumentos de gestión ambiental suelen aplicarse de manera fragmentada, evaluando cada frente de explotación como un evento aislado y sin considerar la lógica de abandono y retorno.
En este contexto, se recomienda establecer protocolos técnicos estandarizados y obligatorios que regulen de manera integral las fases de apertura, suspensión temporal, abandono y reactivación de frentes mineros. Estos protocolos, deberían aplicar independientemente de la escala de la actividad y ser complementarios a los respectivos procesos sancionatorios.
De manera complementaria, se recomienda condicionar la autorización para la apertura de nuevos frentes de explotación al cumplimiento técnico y verificable de procesos de cierre progresivo y remediación en frentes previamente intervenidos. Esta medida permitiría prevenir la generación de pasivos ambientales, reducir los incentivos al abandono informal y alinear la práctica minera con las obligaciones legales vigentes.
2. Incorporación obligatoria de tecnologías de monitoreo y registro continuo del ciclo minero para constituir un sistema de alerta temprana.
Foto 2. Parque Nacional Podocarpus – área protegida amenazada que necesita un sistema de alerta temprana. Fuente: EcoCiencia
Si bien la ‘Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía’ faculta al Estado a ejercer control y fiscalización permanente sobre las actividades mineras (art. 3, 4 y 9), en territorios extensos y de difícil acceso, como Zamora Chinchipe, los mecanismos tradicionales de control resultan insuficientes para dar seguimiento a los ciclos de abandono y retorno.
En este sentido, se recomienda incorporar de manera obligatoria herramientas tecnológicas de monitoreo, tales como sistemas de georreferenciación, imágenes satelitales y plataformas digitales de reporte, como parte de los instrumentos de gestión y control minero de la entidad de regulación y control minero. Estas herramientas permitirían identificar cambios periódicos en el uso del suelo, aperturas de nuevos frentes y reactivaciones en áreas previamente intervenidas.
La adopción de estos sistemas fortalecería el enfoque preventivo del control ambiental, facilitaría la toma de decisiones basada en evidencia técnica y contribuiría al cumplimiento de las obligaciones de control establecidas tanto en la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégico de Minería y Energía, la Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas y el COA.
3. Articulación del control técnico con gobiernos locales y mecanismos territoriales de vigilancia
La dinámica discontinua de la actividad minera en Zamora Chinchipe requiere un modelo de control que supere la fiscalización centralizada y se apoye en actores territoriales. La Constitución de la República reconoce el derecho a la participación ciudadana en la gestión pública (art. 95), principio desarrollado en la normativa ambiental ecuatoriana.
En este marco, se recomienda articular las acciones de los gobiernos autónomos descentralizados con los mecanismos locales de vigilancia territorial. Esta articulación permitiría mejorar la detección temprana de actividades no autorizadas, fortalecer la transparencia del ciclo minero y asegurar que el retorno a áreas previamente intervenidas se realice bajo condiciones técnicas y ambientales adecuadas.
La integración de estos actores contribuiría a territorializar la política minera, reducir los vacíos de control y reforzar la coherencia entre la planificación minera y la gestión ambiental en la provincia.
4. Inclusión de componentes tecnológicos en procesos judiciales
La Ley Orgánica para el Fortalecimiento de las Áreas Protegidas (LOFAP) prevé la intervención de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas para la protección de áreas protegidas en las que exista presencia de grupos criminales, con el fin de neutralizar la amenaza y restablecer condiciones de normalidad. En este marco, dispone que el control en áreas protegidas de difícil acceso (como Parque Nacional Podocarpus y la Reserva biológica Cerro Plateado) será realizado mediante tecnología de vigilancia.
En concordancia, su Reglamento (RLOFAP) establece que, en estas áreas, el control del territorio se fortalecerá mediante el uso de herramientas tecnológicas como drones, sensores remotos, sistemas de georreferenciación, cámaras trampa u otros mecanismos que garanticen un monitoreo permanente y eficaz, previa autorización de la entidad competente.
Sobre la base de este marco normativo, se recomienda la incorporación de componentes tecnológicos en los procesos judiciales, de modo que dichos mecanismos formen parte integral de las actuaciones tanto en la vía administrativa como penal.
Un componente tecnológico muy valioso que entra dentro de esta lista de herramientas tecnológicas son los reportes de monitoreo satelital. Por ello, se recomienda que sean integrados a procesos judiciales y al procedimiento administrativo, en calidad de elemento de convicción, evidencia y prueba. A tal fin, es importante promover toda iniciativa normativa que enfatice la importancia del empleo de la tecnología en el control ambiental y la prevención de los ilícitos.
Agradecimientos
Este informe es parte de una serie enfocada en la Amazonía ecuatoriana a través de una colaboración estratégica entre las organizaciones Fundación EcoCiencia y Amazon Conservation, con el apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore y la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (Norad).
MAAP #241: Rápida expansión de la minería ilegal de oro en la Reserva Nacional Tambopata (Amazonía peruana sur)
Imagen 1. Reciente expansión de la minería ilegal de oro en la Reserva Nacional Tambopata. Datos: ACCA, Planet.
La minería de oro ha sido un notorio motor de deforestación en el sur de la Amazonía peruana durante varias décadas. Esta deforestación minera alcanzó niveles de crisis a mediados de la década de 2010, afectando particularmente a la Reserva Nacional Tambopata y a su zona de amortiguamiento (ver MAAP #96 de enero de 2019). Esta situación condujo a la gran operación gubernamental conocida como «Operación Mercurio» en 2019, y a una iniciativa posterior denominada «Plan de Restauración» en 2021.
Después de un periodo de desaceleración de la actividad minera debido al Operativo Mercurio y al Plan de Restauración, la minería ilegal de oro ha reiniciado una alarmante expansión en la Reserva Nacional Tambopata, principalmente durante el segundo semestre del 2025 e inicios del 2026 (Gráfico 1).
Durante este reciente periodo (2025-26), se ha registrado una extensión total de 500 hectáreas deforestadas por la minería ilegal en la parte norte de la Reserva, en zonas aledañas a lo largo del río Malinowski, el cual forma parte de su límite (ver Mapa base).
Analizando imágenes satelitales de muy alta resolución espacial (Skysat de Planet, 0.5m), se ha detectado un total de 183 infraestructuras mineras y 67 campamentos en cinco zonas mineras (sectores Isla Córdoba, A4, A3, Isla Correntada y Apaylom) en la Reserva Nacional Tambopata para el mes de febrero del 2026.
Basándose en este hallazgo, se estima un total de 1.000 (un mil) personas involucradas en las actividades de minería ilegal detectadas en la Reserva Nacional Tambopata para el año 2026, a través del factor de conversión correspondiente a la maquinaria identificada en las pozas y los campamentos ubicados en las zonas mineras (ACCA, 2022).
Ante esta situación, se han iniciado acciones en respuesta al avance de la minería ilegal en la Reserva Nacional Tambopata entre los meses de enero y marzo de 2026. En coordinación con instituciones policiales y militares, los operativos e intervenciones han logrado la incautación y destrucción de maquinaria, equipos y campamentos utilizados en la actividad minera ilegal en la Reserva (Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, 2026).
A continuación, se presenta:
- La deforestación anual por minería en la Reserva Nacional Tambopata (plazo 2016 – 2025);
. - 4 casos de estudio que incluyen imágenes satelitales para ilustrar, en alta resolución, la última expansión minera en la Reserva.
. - 5 ejes de las políticas públicas frente a la minería ilegal en la Reserva Nacional Tambopata, incluyendo operativos y limitaciones del estado; retrocesos y amenazas legislativas; y contexto político-electoral 2026.
Deforestación anual por minería en la Reserva Nacional Tambopata
El Gráfico 1 muestra la deforestación anual por minería al interior de la Reserva Nacional Tambopata para el período 2016 – 2025. Durante este periodo, los principales ecosistemas afectados fueron: Bosque Aluvial Inundable y Bosque Terraza No Inundable.
Gráfico 1. Deforestación por minería en la Reserva Nacional Tambopata y precio internacional del oro. Datos: ACA, ACCA, BCRP, CINCIA, MapBiomas Perú
En este periodo, se resaltan tres eventos claves:
Primero, el Operativo Mercurio, una intervención multisectorial contra la minería ilegal en zonas críticas de la región Madre de Dios realizada a inicios del año 2019, generó una reducción significativa ese mismo año comparada con los años 2016 y 2017, donde se registraron mayores invasiones mineras. Durante los años 2017 y 2018, se iniciaron una serie de operativos e interdicciones en la región que permitieron combatir el avance de la minería ilegal (AIDER, 2021). En conjunto con estas acciones, el éxito del Operativo Mercurio generó una reducción importante en la expansión minera en la Reserva Nacional Tambopata y en su zona de amortiguamiento (Finer y Mamani, 2020).
Segundo, el Plan Restauración, un conjunto de intervenciones militares en zonas críticas de minería ilegal en la Amazonía Sur del Perú realizado en el año 2021, también generó una disminución significativa ese mismo año comparada con la deforestación por minería registrada en el año anterior. Para el año 2020, debido a la pandemia del COVID-19, se presentaron dificultades para el desarrollo de operativos y patrullaje en la Reserva Nacional Tambopata y en su zona de amortiguamiento, generando una reducción en la presencia policial y militar en sectores claves (AIDER, 2021; DAR, 2023; Vadillo, 2022). En consecuencia, se tuvieron registros de reingresos de mineros ilegales al área natural protegida (Romo, 2020), la cual se evidenció en el incremento de la deforestación por minería para este año. Debido a esta situación, los operativos militares desarrollados por parte del Plan Restauración permitieron combatir el avance de la actividad minera ilegal en la región Madre de Dios, logrando una reducción significativa de la deforestación por minería en la Reserva Nacional Tambopata en el año 2021.
Tercero, durante el año 2025, se ha registrado una deforestación alarmante (más de 400 hectáreas), superando los valores registrados en los años críticos (2016 y 2017). Este crecimiento significativo fue impulsado por el incremento exponencial del precio internacional del oro (línea roja). En este contexto, es probable que el aumento sostenido del precio del oro haya influenciado en la expansión de la minería ilegal en los últimos años, a través del incremento en la rentabilidad esperada por la comercialización del mineral extraído.
Mapa Base & Casos de Estudio
El Mapa Base muestra la reciente expansión de 500 hectáreas deforestadas por la minería ilegal en la Reserva Nacional Tambopata durante el segundo semestre del 2025 (431 hectáreas) e inicios del 2026 (69 hectáreas hasta febrero). La actividad minera está concentrada en la parte noroeste de la Reserva, en zonas aledañas al río Malinowski. Además, se ha logrado identificar que esta actividad ilegal está ocurriendo en los alrededores de varios puestos de vigilancia de la Reserva.
Los Cuadros A-D indican la ubicación de los cuatro estudios de caso.
Mapa base. Actividad minera ilegal de oro en la Reserva Nacional Tambopata. Datos: ACA, ACCA, CINCIA, MapBiomas Perú
Estudio de Caso A. Sector Isla Córdoba
En esta zona, ubicada al noroeste de la Reserva Nacional Tambopata (ver cuadro A en el Mapa Base), se han registrado 106 hectáreas deforestadas por minería entre enero de 2025 y enero de 2026 (Figura A1). Además, esta zona minera está cerca del puesto de vigilancia y control Otorongo de la Reserva (ver Mapa Base).
Figura A1. Deforestación por minería en el sector Isla Córdoba en la Reserva Nacional Tambopata. Datos: ACCA, Planet
La Figura A2 muestra que gran parte de esta deforestación (80%) ha ocurrido entre julio y diciembre de 2025 (en color naranja), y ha continuado su expansión hasta principios de 2026 (en color rojo). Este sector ha registrado actividad minera en años anteriores (en color azul), principalmente entre los años 2017 y 2018. Como parte de las acciones del Operativo Mercurio en 2019, se realizaron operativos militares que intervinieron las zonas mineras localizadas en este sector, logrando una reducción del avance de la minería ilegal durante este periodo (Salazar, 2024).
Figura A2. Expansión de la deforestación por minería en el sector Isla Córdoba en la Reserva Nacional Tambopata. Datos: ACCA, Planet
La presencia de infraestructuras mineras para la extracción de oro se ha extendido hacia las diferentes pozas localizadas en este sector registrándose un total de 53 tracas y 20 campamentos mineros en febrero de 2026 (Figura A3).
Figura A3. Infraestructuras mineras en el sector Isla Córdoba en la Reserva Nacional Tambopata. Datos: ACCA, Planet
Estudio de Caso B. Sector A4
En esta zona, también ubicada en el noroeste de la Reserva Nacional Tambopata (ver cuadro B en el Mapa Base), se han registrado 101 hectáreas deforestadas por minería entre febrero de 2025 y febrero de 2026 (Figura B1).
Figura B1. Deforestación por minería en el sector A4 en la Reserva Nacional Tambopata. Datos: ACCA, Planet
La Figura B2 muestra que, a inicios del 2025, se detectó la expansión de las primeras zonas mineras en este sector hacia el interior de la Reserva Nacional Tambopata (en color amarillo). Posteriormente, entre julio y diciembre de 2025, se registró un incremento de 83 hectáreas de la minería (en color naranja), representando el 82% del total registrado. El incremento de la minería ha continuado hasta principios del 2026 (en color rojo), expandiéndose hacia el interior de la Reserva.
Figura B2. Datos: ACCA, Planet
En este sector, se ha registrado un total de 68 infraestructuras mineras ubicadas en pozas, así como la presencia de 33 campamentos mineros en febrero de 2026 (Figura B3). La cantidad de infraestructuras identificadas en esta zona fue mayor comparado con los demás sectores analizados.
Figura B3. Infraestructuras mineras en el sector A4 en la Reserva Nacional Tambopata. Datos: ACCA, Planet
Estudio de caso C. Sector A7
En esta zona, ubicada en el norte de la Reserva Nacional Tambopata (ver cuadro C en el Mapa Base), se han registrado 25 hectáreas deforestadas por minería entre febrero de 2025 y febrero de 2026 a lo largo del río Malinowski (Figura C1). Esta nueva zona minera se encuentra cerca del puesto de vigilancia y control Azul (ver Mapa Base).
Figura C1. Deforestación por minería en el sector A7 en la Reserva Nacional Tambopata. Datos: ACCA, Planet
La Figura C2 muestra que la minería inició en el segundo semestre de 2025 (en color naranja) con la presencia de una poza aledaña al río Malinowski, y posteriormente, se expandió los siguientes meses. En el 2026 (en color rojo), se registró un incremento de 17 hectáreas, representando el 68% de la deforestación total registrada.
En este sector no se registraron infraestructuras mineras debido a la ausencia de imágenes satelitales Skysat para el año 2026.
Figura C2. Expansión de la deforestación por minería en el sector A7 en la Reserva Nacional Tambopata. Datos: ACCA, Planet
Estudio de Caso D. Sector Isla Correntada
En esta zona, ubicada en el noreste de la Reserva Nacional Tambopata (ver cuadro D en el Mapa Base), se han registrado 111 hectáreas deforestadas por minería entre enero de 2025 y enero de 2026 (Figura D1). Esta zona minera se encuentra cerca de un puesto de vigilancia y control Yarinal (ver Mapa Base).
Figura D1. Deforestación por minería en el sector Isla Correntada en la Reserva Nacional Tambopata. Datos: ACCA, Planet
La Figura D2 muestra que la minería inició expandiéndose levemente durante el periodo de enero – junio del 2025 (en color amarillo). Posteriormente, se detectó un avance de la actividad minera desde julio de 2025. La expansión de la minería fue mayor durante el periodo julio – diciembre de 2025, donde se registró un total de 85 hectáreas deforestadas (en color naranja), representando el 76% del total. Al 2026, la minería continúa expandiéndose en distintas zonas del sector Isla Correntada (en color rojo).
Figura D2. Expansión de la deforestación por minería en el sector Isla Correntada en la Reserva Nacional Tambopata. Datos: ACCA, Planet
Un total de 11 infraestructuras mineras se han identificado en distintas pozas mineras, así como también se han localizado 3 campamentos mineros en este sector. La Figura D3 muestra a diferentes infraestructuras mineras realizando la extracción de oro cerca al río Malinowski, así como la presencia de un campamento minero.
Figura D3. Infraestructuras mineras en el sector Isla Correntada en la Reserva Nacional Tambopata. Datos: ACCA, Planet
Políticas públicas frente a la minería ilegal en la Reserva Nacional Tambopata
El análisis de imágenes satelitales presentado en este informe documenta el avance de la minería ilegal y la deforestación en la Reserva Nacional Tambopata (RNT) durante el período 2025–2026. Para contextualizar estos hallazgos, la presente sección examina el marco de políticas públicas del Estado peruano durante el mismo período, identificando los factores institucionales, normativos y políticos que inciden directa o indirectamente sobre la dinámica observada en la reserva.
El análisis se organiza en torno a cinco ejes:
- Respuesta del Estado: operativos e interdicción;
- Limitaciones estructurales de la respuesta estatal;
- Retrocesos legislativos que favorecen la minería ilegal;
- Amenazas legislativas sobre las Áreas Naturales Protegidas;
- Contexto político-electoral 2026.
En conjunto, el panorama normativo e institucional del período 2025–2026 refleja una tensión estructural entre las acciones de control desplegadas por el Ejecutivo y una tendencia legislativa regresiva que ha debilitado los mecanismos de prevención, fiscalización y sanción. Esta contradicción constituye uno de los principales factores explicativos del avance de la minería ilegal documentado en las imágenes satelitales analizadas. A continuación, se desarrolla cada uno de estos ejes.
1. Respuesta del Estado: operativos e interdicción
En respuesta al avance de la minería ilegal en la Reserva Nacional Tambopata, el Estado peruano desplegó durante el período 2025–2026 una serie de acciones de control de carácter operativo y normativo. La medida de excepción más persistente en la región es el estado de emergencia en Madre de Dios, vigente de manera ininterrumpida desde el 7 de abril de 2023, cuando fue declarado mediante el Decreto Supremo N° 046-2023-PCM. Esta medida abarca los distritos de Tambopata, Inambari, Las Piedras y Laberinto, en la provincia de Tambopata, así como los distritos de Madre de Dios y Huepetuhe, en la provincia de Manu, y dispone el control del orden interno por parte de la Policía Nacional del Perú con apoyo de las Fuerzas Armadas, orientado a enfrentar la minería ilegal, la tala ilegal y el tráfico ilícito de drogas en la región.
Sobre la base de esta declaratoria, se ejecutaron operativos de interdicción de carácter terrestre y fluvial al interior de la Reserva Nacional Tambopata. El Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP), en coordinación con la Policía Nacional del Perú (PNP), la Dirección General de Capitanías y Guardacostas del Perú (DICAPI) y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental (FEMA), a través de la Segunda Brigada de Protección de la Amazonía, activó una estrategia de control dinámico con patrullajes permanentes en puntos críticos de la reserva, con especial énfasis en los sectores de Otorongo, Azul, Yarinal y Malinowski, este último nodo clave para el control fluvial y terrestre en el límite norte de la reserva.
El alcance de estas intervenciones, ejecutadas entre enero y marzo de 2026, fue considerable en términos de equipamiento desactivado. En conjunto, se logró la incautación y/o destrucción de 23 balsas carrancheras, 175 balsas tipo traca, 142 tracas, 81 tolvas, 183 motores, 23 motobombas, 119 bombas de succión, 108 caballetes, 33 generadores eléctricos y 3 sistemas fotovoltaicos, además de 14,032 galones de diésel y 1,130 metros de tubería de PVC. Asimismo, se desarticularon 340 campamentos y se incautaron 26 motosierras, 68 tricargueros, 165 motocicletas, 11 motores fuera de borda, 40 motores tipo «peque peque», 34 botes y 29 balsas. No obstante, el monitoreo satelital evidencia que estas acciones no lograron revertir la expansión de la actividad minera en los sectores intervenidos (ver Figura A2).
Paralelamente a estas acciones en campo, el Ejecutivo buscó reforzar el marco legal de persecución del delito. El 20 de enero de 2026 promulgó el Decreto Legislativo N° 1695, que modifica el Código Penal para endurecer las sanciones contra la minería ilegal, estableciendo penas de entre cinco y ocho años de prisión para quienes realicen actividades mineras sin autorización o fuera del proceso de formalización, y de entre seis y nueve años para quienes trafiquen con insumos químicos, maquinaria o minerales de origen ilícito (Presidencia de la República del Perú, 2026).
La norma incorpora además expresamente la minería ilegal dentro del ámbito de la Ley contra el Crimen Organizado (Ley N° 30077), habilitando el uso de herramientas especiales de investigación para la persecución de estas redes. Complementariamente, el 5 de febrero de 2026 se dispuso una nueva prórroga del estado de emergencia por 60 días adicionales mediante el Decreto Supremo N° 017-2026-PCM, cuya vigencia se extendió hasta el 6 de abril de 2026. Sin embargo, la efectividad de estas medidas tanto operativas como normativas encontró limitaciones concretas que se analizan en la siguiente sección.
2. Limitaciones estructurales de la respuesta estatal
A pesar del despliegue operativo descrito en la sección anterior, la respuesta del Estado enfrentó limitaciones que redujeron su efectividad y que explican, en parte, la continuidad del avance de la minería ilegal documentado en las imágenes satelitales. La más crítica fue de orden presupuestal: los grupos especiales de la Marina de Guerra del Perú que mantenían presencia permanente en los puestos de control y vigilancia a lo largo del río Malinowski (frontera natural entre la RNT y su zona de amortiguamiento) fueron replegados durante 2025 por falta de financiamiento, interrumpiendo las acciones de interdicción en uno de los corredores de ingreso más activos de la minería ilegal hacia el interior de la reserva, lo cual coincide con lo presentado en el Mapa base (Chumpitaz, 2025).
Esta ausencia de presencia continua en campo se tradujo en una capacidad de respuesta reactiva antes que preventiva. Si bien el Alto Comisionado para el Combate de la Minería Ilegal, Rodolfo García Esquerre, señaló que para 2026 se incrementó el presupuesto destinado a esta lucha, especialistas advirtieron que dicho aumento resultaría insuficiente en tanto las normas vigentes continúen generando condiciones de impunidad para los operadores ilegales (Chumpitaz, 2025). En esa misma línea, el Observatorio de Minería Ilegal (OMI) señaló que jueces, fiscales y procuradores enfrentan restricciones presupuestales y falta de personal especializado, lo que pone en riesgo la aplicación efectiva del Decreto Legislativo N° 1695 aprobado en enero de 2026 (Pizarro, 2026).
El resultado de estas limitaciones es una brecha estructural entre la respuesta operativa del Estado y la escala del problema. El hecho de que la región de Madre de Dios se encuentre bajo estado de emergencia de manera ininterrumpida desde abril de 2023, con prórrogas consecutivas cada 60 días, da cuenta de la cronicidad del fenómeno y de la insuficiencia de las medidas adoptadas para revertirlo de manera sostenida: los operativos de interdicción logran desactivar equipamiento y campamentos puntuales, pero no impiden la recomposición de las redes criminales ni el avance sostenido de la frontera minera hacia el interior de la reserva. Esta brecha no puede explicarse únicamente por restricciones presupuestales o de capacidad institucional, sino también por un conjunto de retrocesos legislativos que, como se analiza en la siguiente sección, han operado en sentido contrario a los esfuerzos de control desplegados en campo.
3. Retrocesos legislativos que favorecen la minería ilegal
Como se señaló en la sección anterior, las limitaciones de la respuesta estatal no se explican únicamente por restricciones operativas o presupuestales, sino también por un conjunto de modificaciones legislativas aprobadas durante el período 2025–2026 que han debilitado los mecanismos de prevención, fiscalización y sanción de la minería ilegal. Estas normas, aprobadas en paralelo a los operativos de interdicción, configuran un marco regulatorio contradictorio que reduce la eficacia de las acciones de control desplegadas en campo.
El retroceso más significativo fue la quinta ampliación del REINFO (Registro Integral de Formalización Minera), aprobada por el Pleno del Congreso en diciembre de 2025 y promulgada mediante la Ley N° 32537 por el Ejecutivo el 26 de diciembre del mismo año. Mediante esta norma, el plazo del proceso de formalización minera quedó prorrogado hasta finales de 2026, con la posibilidad de un cierre anticipado en caso de que la Ley MAPE y su reglamento entren en vigencia antes de esa fecha.. Cabe destacar que se trata de la quinta prórroga consecutiva de un mecanismo que fue concebido originalmente como transitorio: las ampliaciones previas se produjeron en 2019, 2024, junio de 2025 y diciembre de 2025 (Zevallos Morón, 2026). Isabel Calle (2025), señaló que con esta extensión el país continúa atrapado en un sistema que no ha impulsado la formalización efectiva y que, por el contrario, ha generado incentivos para no cumplir la ley, agravando el deterioro ambiental en regiones como Madre de Dios.
A este retroceso se suman modificaciones adicionales que debilitaron las herramientas legales disponibles para combatir la minería ilegal. Por un lado, el Congreso derogó la Primera Disposición Complementaria Final del Decreto Legislativo N° 1607, que modificaba la Ley N° 30077 contra el Crimen Organizado, reduciendo las facultades de la PNP para actuar frente a la tenencia ilegal de explosivos, particularmente en casos vinculados a mineros suspendidos del REINFO. La medida fue duramente criticada por la Contraloría General de la República, que advirtió que su implementación podría favorecer actividades ilícitas vinculadas a la minería informal (Tuesta, 2024).
En conjunto, estos retrocesos legislativos configuran un escenario en el que los operativos de interdicción y el endurecimiento de penas introducido por el Decreto Legislativo N° 1695 operan sobre una base normativa que simultáneamente amplía los márgenes de tolerancia hacia la informalidad minera. A este panorama se añaden, además, iniciativas legislativas que representan una amenaza directa sobre las Áreas Naturales Protegidas de la región, como se analiza en la siguiente sección.
4. Amenazas legislativas sobre las Áreas Naturales Protegidas
Al panorama de retrocesos legislativos descrito en la sección anterior se suman, durante el mismo período, iniciativas parlamentarias que representan una amenaza directa sobre el marco legal de protección de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) de la región de Madre de Dios, incluyendo los ecosistemas contiguos a la Reserva Nacional Tambopata. A diferencia de las normas analizadas previamente, estas iniciativas no debilitan los mecanismos de control sobre la minería ilegal ya existente, sino que apuntan a modificar el estatus legal de protección de espacios que actualmente constituyen la última barrera institucional frente a la expansión de actividades extractivas en la región.
La primera de estas iniciativas es el Proyecto de Ley N° 1822/2024-CR, presentado el 2 de julio de 2025 por el congresista Jorge Luis Flores Ancachi (Acción Popular). La propuesta plantea modificar nueve artículos de la Ley de Áreas Naturales Protegidas (Ley N° 26834), abriendo la posibilidad de realizar actividades extractivas de hidrocarburos en espacios que actualmente cuentan con máxima protección legal, como parques nacionales y santuarios nacionales e históricos, y otorgando mayor injerencia al Ministerio de Energía y Minas en la gestión de estas áreas. Vanessa Cueto advirtió que de aprobarse esta modificación las áreas protegidas terminarían siendo únicamente «de papel», al quedar expuestas a los efectos de actividades extractivas de alto impacto. Entre las áreas directamente afectadas se encuentran los Parques Nacionales Bahuaja Sonene y el Manu, ambos colindantes con la Reserva Nacional Tambopata (Sierra Praeli, 2023).
En una dirección similar, el 20 de marzo de 2026 el congresista Eduardo Salhuana presentó el Proyecto de Ley N° 14288/2025-CR, que declararía de interés y prioridad estratégica nacional el desarrollo de la cuenca gasífera de Madre de Dios, autorizando de manera excepcional actividades de exploración y explotación de gas en ANP de uso indirecto, incluyendo los Parques Nacionales del Manu y Bahuaja Sonene, así como la Reserva Comunal Amarakaeri. Sobre ello se ha criticado que su aprobación constituiría una regresión normativa de primer orden, dado que tanto el Parque Nacional del Manu como el Parque Nacional Bahuaja Sonene son ANP de uso indirecto que, conforme a la legislación vigente, prohíben expresamente la extracción de recursos naturales en su interior (SPDA, 2026).
En el mismo período, se reactivó el Proyecto de Ley N° 3377, presentado originalmente en octubre de 2022 por el mismo congresista, que propone habilitar el otorgamiento de concesiones mineras sobre áreas revertidas al Estado por incumplimiento de obligaciones, inactividad u otras causales de extinción o anulación. De aprobarse, esta propuesta eliminaría las restricciones vigentes para el otorgamiento de nuevas concesiones mineras en Madre de Dios (Salazar Vega, 2026).
Estos proyectos, aunque aún en etapa de debate legislativo al cierre de este informe, reflejan una tendencia a subordinar la protección ambiental de la región a intereses extractivos, en un contexto en el que la presión sobre la RNT ya alcanza niveles críticos según los datos satelitales analizados. Este escenario se agrava adicionalmente por factores de orden político y social que se examinan en la sección siguiente.
5. Violencia contra defensores ambientales y contexto político-electoral 2026
El escenario de presión legislativa y debilidad institucional descrito en las secciones anteriores se desarrolla en un contexto social y político que agrava adicionalmente la situación de la Reserva Nacional Tambopata. Dos factores destacan en este sentido: la violencia ejercida contra quienes defienden el territorio y la ausencia de una agenda ambiental sólida en el marco del proceso electoral nacional de 2026.
En ejemplo de lo que respecta a la violencia contra defensores ambientales, el 26 de julio de 2025 fue asesinado Hipólito Quispe Huamán, defensor ambiental de la Reserva Nacional Tambopata, cuando se trasladaba hacia su domicilio por la carretera Interoceánica en Madre de Dios. Su muerte se suma a los más de 30 crímenes de defensores ambientales y líderes indígenas registrados en el Perú desde 2020, consolidando un patrón de violencia que opera como mecanismo de disuasión frente a quienes monitorean y denuncian las actividades ilegales en la reserva (Sierra Praeli, 2025).
A este factor se suma el contexto político-electoral de 2026. El proceso electoral nacional, que implica la renovación del Ejecutivo y el Legislativo, se desarrolla en un escenario de inestabilidad política y debilitamiento progresivo de las políticas ambientales. A pesar de que el capital natural peruano sostiene aproximadamente el 20% del PBI y el 65% de la agricultura nacional, el medio ambiente no ocupa un lugar central en las propuestas de los candidatos, según expertos consultados por diversas organizaciones (Guardia Brown, 2026). Esta ausencia de voluntad política estructural implica que las decisiones de fondo necesarias para frenar el avance de la minería ilegal en la RNT (como la aprobación de una Ley MAPE efectiva, el cierre definitivo del REINFO o el fortalecimiento presupuestal del SERNANP) difícilmente serán abordadas en el corto plazo, prolongando la ventana de vulnerabilidad documentada en el presente informe.
6. Conclusión sobre políticas públicas
El análisis del marco de políticas públicas del Estado peruano durante el período 2025–2026 revela un escenario de profunda contradicción institucional. Por un lado, el Ejecutivo desplegó acciones concretas de respuesta frente a la crisis de la RNT, incluyendo la declaratoria de estado de emergencia en la provincia de Tambopata, operativos de interdicción de carácter terrestre y fluvial, y el endurecimiento del marco penal mediante el Decreto Legislativo N° 1695. Por otro lado, estas acciones operan sobre una base normativa e institucional que simultáneamente ha sido debilitada por decisiones legislativas regresivas, restricciones presupuestales estructurales, iniciativas parlamentarias que amenazan el estatus legal de las ANP de la región, y un contexto de violencia contra defensores ambientales que reduce la capacidad de vigilancia territorial.
Esta contradicción no es coyuntural sino estructural: refleja la ausencia de una política integral y sostenida de protección de la RNT que articule de manera coherente los instrumentos operativos, normativos, presupuestales e institucionales disponibles. Un indicador de ello es que, ante la magnitud del problema, el SERNANP viene promoviendo la conformación de un comando unificado para la lucha contra la minería ilegal, reconociendo que la capacidad de control territorial de la PNP ha sido sobrepasada por la escala del fenómeno y que se requiere una intervención más integral por parte de las Fuerzas Armadas.
En ese sentido, los hallazgos del análisis satelital presentados en este informe no pueden interpretarse únicamente como el resultado del accionar de redes criminales, sino también como la expresión territorial de un marco de gobernanza ambiental que, durante el período analizado, no ha logrado contener el avance de la minería ilegal ni revertir la tendencia de deforestación en una de las áreas naturales protegidas más importantes del país. El contraste con los resultados del Operativo Mercurio de 2019 y el Plan Restauración de 2021, ambos asociados a reducciones medibles de la deforestación documentadas en el Gráfico 1, sugiere que la efectividad del Estado no depende de la ausencia de herramientas, sino de la articulación, coherencia y sostenibilidad con que estas se despliegan.
Metodología
La identificación de deforestación por minería de oro en la Reserva Nacional Tambopata utilizó la información de deforestación histórica por minería para la región Madre de Dios generada por el Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA) para los años 1984 – 2019, por MapBiomas Perú para el año 2020, y por Amazon Conservation (ACA) para el periodo Enero 2021 – Marzo 2024.
Luego, se utilizó el algoritmo LandTrendR para la identificación de pérdida de bosque en mosaicos mensuales de Planet NICFI para el periodo Abril 2024 – Julio 2025. Para el periodo Agosto 2025 – Febrero 2026, se realizó el monitoreo de la deforestación por minería identificada utilizando los mosaicos mensuales de Planet NICFI (resolución espacial de 4.7 m) para registrar la expansión de la deforestación por minería en el área natural protegida.
La identificación de infraestructuras y campamentos mineros se basó en la interpretación visual de imágenes satelitales de muy alta resolución disponibles en la plataforma Planet para las zonas mineras identificadas en la Reserva Nacional Tambopata.
Referencias
Alza, R. (27 de febrero de 2026). Estado intensifica lucha contra minería ilegal en Tambopata. Rumbo Minero. https://www.rumbominero.com/actualidad/estado-intensifica-lucha-contra-mineria-ilegal-en-tambopata/
Andina. (4 de febrero de 2026). Normas Legales: prorrogan estado de emergencia en diversos distritos de Madre de Dios. Andina. https://andina.pe/agencia/noticia-normas-legales-prorrogan-estado-emergencia-diversos-distritos-madre-dios-1061822.aspx
Asociación para la Investigación y Desarrollo Integral – AIDER. (2021). Minería ilegal en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Cartilla N°17. https://aider.com.pe/publicacionesca/cartillas/Cartilla_Mineria_2021_VF_opt.pdf
Banco Central de Reserva del Perú – BCRP. (2026). Estadísticas mensuales del precio internacional de oro – LME (US$ por onzas troy). Gerencia Central de Estudios Económicos. https://estadisticas.bcrp.gob.pe/estadisticas/series/mensuales/resultados/PN01654XM
Calle, I. (28 de noviembre de 2025). El Reinfo: una excepción que se volvió norma. SPDA. https://spda.org.pe/noticia/el-reinfo-una-excepcion-que-se-volvio-norma/
Chumpitaz, O. (31 de diciembre de 2025). Mafias mantienen en vilo al Parque Nacional del Manu y a la Reserva Nacional de Tambopata. La República. https://larepublica.pe/politica/2025/12/31/mafias-mantienen-en-vilo-al-parque-nacional-del-manu-y-a-la-reserva-nacional-de-tambopata-mineria-ilegal-hnews-775496
Conservación Amazónica (ACCA), Proyecto Prevenir – USAID. (2022). Estimación de la población minera informal e ilegal en el departamento de Madre de Dios, a partir del uso de imágenes satelitales sub métricas. https://repositorio.profonanpe.org.pe/handle/20.500.14150/2744
Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas. (2026). Comando Operacional del Sur asesta golpe de S/ 1.7 millones contra la minería en Tambopata. Presidencia de la República del Perú. https://www.gob.pe/institucion/ccffaa/noticias/1374254-comando-operacional-del-sur-asesta-golpe-de-s-1-7-millones-contra-la-mineria-ilegal-en-tambopata
Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR. (2023). Desafiando la legalidad y la justicia: La minería ilegal en Madre de Dios. Lima, Perú. https://dar.org.pe/wp-content/uploads/2024/08/Mineria-ilegal-en-Madre-de-Dios-version-final.pdf
Finer, M., Mamani, N. (2020). Reducción de Minería Ilegal en la Amazonía Peruana Sur. MAAP: 121. https://www.maapprogram.org/es/mineria-peru-2020/
Guardia Brown. (26 de enero de 2026). Desafíos ambientales del Perú en 2026: minería ilegal, crimen organizado y gobernanza ambiental en un contexto electoral. Pulso PUCP. https://pulso.pucp.edu.pe/noticias/desafios-ambientales-del-peru-en-2026-mineria-ilegal-crimen-organizado-y-gobernanza-ambiental-en-un-contexto-electoral
Inforegión Redacción. (15 de enero de 2026). Destruyen 24 máquinas utilizadas para la minería ilegal en la Reserva Nacional de Tambopata. Inforegión. https://inforegion.pe/destruyen-24-maquinas-utilizadas-para-la-mineria-ilegal-en-la-reserva-nacional-de-tambopata/
Ministerio del Ambiente – MINAM. (2019). Mapa nacional de ecosistemas del Perú – Memoria descriptiva. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/433659/Memoria_MAPA_Ecosistemas_-OK.pdf?v=1575048910
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Pizarro, O. (4 de febrero de 2026). Minería ilegal en Perú: nuevo decreto endurece penas, pero no ataca las causas de fondo. Infobae. https://www.infobae.com/peru/2026/02/04/mineria-ilegal-en-peru-nuevo-decreto-endurece-penas-pero-no-ataca-las-causas-de-fondo/
Presidencia de la República del Perú. (20 de enero de 2026). Gobierno fortalece medidas para combatir delito de minería ilegal. Presidencia de la República del Perú. https://www.gob.pe/institucion/presidencia/noticias/1337593-gobierno-fortalece-medidas-para-combatir-delito-de-mineria-ilegal
Romo, V. (2020). Perú: Minería ilegal entra a la Reserva Nacional Tambopata ante ausencia temporal de la policía. Mongabay. https://es.mongabay.com/2020/03/peru-tambopata-mineria-ilegal-ausencia-de-policia/
Salazar, E. (2024). La violencia replegó al Estado peruano y presiona la Reserva Nacional Tambopata en Perú. Mongabay. https://es.mongabay.com/2024/07/violencia-replego-al-estado-peruano-presiona-reserva-nacional-tambopata-peru/
Vadillo Vila, J. (2022). La minería ilegal y su impacto en tiempos de pandemia. Diario El Peruano. https://elperuano.pe/noticia/170967-la-mineria-ilegal-hoy
Zevallos Morón, J. (26 de diciembre de 2025). Gobierno promulgó ley que amplía la vigencia del Reinfo hasta diciembre de 2026. RPP. https://rpp.pe/politica/gobierno/gobierno-promulgo-ley-que-amplia-la-vigencia-del-reinfo-hasta-diciembre-de-2026-noticia-1669269
Agradecimientos
Agradecemos a la Subdirección de Información Estratégica e Investigación de las Áreas Naturales Protegidas y la Subdirección de Supervisión, Vigilancia y Control del Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado (SERNANP) por sus aportes y comentarios al presente reporte.
Este informe es parte de una serie enfocada en la minería de oro en la Amazonía peruana, a través de una colaboración estratégica entre las organizaciones Amazon Conservation y Conservación Amazónica – ACCA, con el apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore.
Cita
Pacsi R, Novoa S, La Torre S, Balbuena H, Finer M, Santana A, Castillo H. (2026). Rápida expansión de la minería ilegal de oro en la Reserva Nacional Tambopata (Amazonía peruana sur). MAAP:241.
MAAP #238: Minería en la Amazonía Ecuatoriana Sector Sur – Provincia de Morona Santiago
Mapa Base 1. Deforestación por minería en Ecuador. Datos: AMW, Amazon Conservation/MAAP, RAISG
Este es el tercero de una serie de informes para documentar la expansión de la minería aurífera en la Amazonía ecuatoriana. En los reportes anteriores, MAAP #227 y MAAP #230 se analizó el avance de esta actividad en el norte y centro del país, respectivamente, con énfasis en las provincias de Sucumbíos y Napo. En esta nueva entrega, el análisis se centra en la deforestación asociada a la minería en el sur de la Amazonía ecuatoriana, particularmente en la provincia de Morona Santiago.
Desde 2023, Amazon Conservation, en colaboración con Earth Genome y el Pulitzer Center, ha estado desarrollando un geovisor en línea conocido como Amazon Mining Watch (MAAP #226). Esta herramienta virtual automatiza el análisis de imágenes satelitales mediante el aprendizaje automático para identificar las zonas afectadas por la minería en toda la Amazonía desde el 2018, y ya cuenta con actualizaciones trimestrales para la detección sistemática de nuevos frentes de minería aurífera en tiempo real.
El Mapa Base 1 muestra las ubicaciones de la reciente deforestación minera confirmada utilizando las detecciones de la última actualización trimestral de Amazon Mining Watch en toda la Amazonía ecuatoriana, en relación con el área de impacto minero acumulativo (2018-2024). Se puede apreciar que en el sector de análisis (círculos morados) confluyen diversos territorios indígenas, incluido el territorio del Pueblo Shuar Arutam.
Morona Santiago, la segunda provincia más grande del Ecuador, es uno de los principales refugios de conservación del país, y es el hogar ancestral de las nacionalidades Indígenas Shuar y Achuar. Sin embargo, actualmente enfrenta una amenaza creciente debido al avance de la minería aurífera, cuyas repercusiones ecológicas y sociales ponen en riesgo tanto la integridad de los ecosistemas como los modos de vida de sus pueblos originarios.
Casos de Estudio
Mapa base 2. Área de monitoreo satelital en Morona Santiago. Datos: ACA/MAAP; EcoCiencia; Planet
En línea con esto, el anterior reporte MAAP #170 alertó sobre la pérdida de cobertura forestal causada por actividades mineras dentro del territorio del Pueblo Shuar Arutam (1), al sur de Morona Santiago (ver Casos 1 y 2 en Mapa Base 2).
Este territorio enfrenta presiones crecientes por actividades antrópicas como la expansión de la frontera agrícola, la tala selectiva y, especialmente, la minería.
Actualmente, cerca del 55% de su territorio se encuentra concesionado para la extracción de metales como oro, plata y cobre, lo que incrementa significativamente los riesgos ambientales y socioculturales.
Al norte de la provincia, se ha identificado la presencia de minería ilícita dentro de los territorios Indígenas de la nacionalidad Shuar de Samikim, Kankaiman, KainKaim, Yukuapais y Pañiashña (ver Caso 3).
Se ha desarrollado un proceso de monitoreo satelital, con el objetivo de cuantificar el impacto de la minería aurífera irregular en estos tres casos de estudio, en los cuales se analiza la dinámica con la que la superficie minera se ha extendido en el periodo 2020-2025.
Dinámica de la Actividad Minera 2020-2024
Gráfico 1. Actividad minera en Morona Santiago. Datos MapBiomas; EcoCiencia.
A continuación, se presenta la evolución de la deforestación acumulada por año de la actividad minera en la provincia de Morona Santiago, con un análisis del crecimiento de la superficie afectada entre 2020 y 2024.
En el año 2020, la minería ocupaba alrededor de 420 hectáreas; sin embargo, en los años posteriores se observa un incremento alarmante, alcanzando un total de 856 hectáreas para 2024, lo que representa una duplicación de la superficie afectada en apenas cuatro años (ver Gráfico 1).
Esta extensión equivale aproximadamente a 2.000 canchas de fútbol profesional.
Caso 1. Río Santiago
Gráfico 2. Deforestación minera en el Río Santiago. Datos: Amazon Conservation/MAAP; EcoCiencia
Este caso se localiza a lo largo de las riberas del río Santiago (2), entre las asociaciones Shuar Santiak, Mayaik y Nunkui del territorio del Pueblo Shuar Arutam. Este río se encuentra entre las zonas más amenazadas del Pueblo Shuar Arutam, especialmente por la expansión de la minería.
En esta zona se identificó que, entre enero de 2020 y octubre de 2025, la superficie afectada por minería alcanzó 197 hectáreas, equivalentes aproximadamente a 277 canchas de fútbol profesional.
Asimismo, se constató que parte de la actividad minera se desarrolla fuera de las zonas autorizadas por el catastro minero, es decir, en áreas sin los permisos correspondientes. Estas áreas suman 41 hectáreas, lo que representa el 20,6 % del total identificado, con carácter no autorizado.
Monitoreo satelital Caso 1. Datos: EcoCiencia, Planet
Con la finalidad de analizar particularidades de las actividades mineras en este caso de estudio, se han enmarcado dos áreas denominadas A y B (ver Monitoreo satelital Caso 1).
Las dos áreas tienen actividades extractivas que se encuentran mayoritariamente fuera del catastro minero.
Para el caso del área A, el panel 1 permite analizar el crecimiento de la deforestación por minería entre agosto de 2020 (panel izquierdo) y octubre de 2025 (panel derecho). El panel contrasta la pérdida de cobertura boscosa, así como la ampliación de vías de acceso y el impacto sobre los cuerpos hídricos. Además, para este caso se registró un total de 12 hectáreas que se encuentran fuera de concesiones autorizadas.
Area A, el panel 1. Datos: EcoCiencia, Planet
Area A, el panel 2. Fundación EcoCiencia.
El Panel 2 presenta los resultados del monitoreo territorial realizado por el equipo del Pueblo Shuar Arutam.
Este panel compara el avance de la deforestación causada por actividades mineras entre dos periodos (mayo y noviembre de 2025), a partir de imágenes de dron captadas en el mismo sector.
La imagen más reciente (noviembre de 2025) muestra una ampliación evidente de la zona deforestada en comparación con la cobertura boscosa observada en la imagen de marzo de 2025.
Para el área B, el panel 3 permite analizar la ejecución de actividades mineras entre agosto de 2020 (panel izquierdo) y septiembre de 2025 (panel derecho), utilizando imágenes satelitales PlanetScope. El panel evidencia principalmente el impacto de la minería aluvial de oro sobre los cuerpos hídricos. Asimismo, se observa que las zonas intervenidas se encuentran fuera de concesiones autorizadas, registrándose un total de 9 hectáreas afectadas por actividad minera ilícita
Area B, Panel 3. Datos: EcoCiencia, Planet
Area B, Panel 4. Fundación EcoCiencia.
El Panel 4 muestra los resultados del monitoreo territorial realizado por el equipo del Pueblo Shuar Arutam.
Las imágenes de dron tomadas en marzo y noviembre de 2025 en el mismo sector revelan una ampliación significativa del área intervenida.
En la imagen de noviembre se observan frentes de excavación más extensos y mayor acumulación de sedimentos.
Caso 2. Nayap
Este caso se ubica a lo largo del río Zamora, en el límite occidental de la asociación Churuwia, en las cercanías de la comunidad de Nayap, perteneciente al Pueblo Shuar Arutam.
Se trata de un territorio habitado y utilizado tradicionalmente por comunidades shuar, donde también se encuentran espacios de importancia cultural y espiritual que forman parte de su organización social y su vida colectiva.
En este sector se cuenta con un análisis previo correspondiente al período 2020–2022, presentado en el MAAP #170.
Para este reporte se evaluó la evolución de la actividad minera entre 2024 y 2025, identificándose un total de 164 hectáreas, una superficie equivalente a aproximadamente 229 canchas de fútbol profesional.
Además, se verificó que una parte de la actividad minera se desarrolla fuera de las áreas autorizadas por el catastro minero, es decir, en zonas sin los permisos correspondientes.
Estas áreas no autorizadas suman 31 hectáreas, lo que representa el 19% del total identificado, constituyendo un hallazgo relevante por su carácter irregular.
Con el fin de realizar una comparación temporal de la actividad minera, se presenta el panel 5, que muestra las condiciones correspondientes a enero de 2020 (panel izquierdo) y septiembre de 2025 (panel derecho).
Panel 5. Datos: EcoCiencia, Planet
Caso 3. Taisha
Gráfico 4. Superficie deforestada Caso 3-Taisha. Datos: ACA/MAAP, EcoCiencia
Este caso se refiere a un sector ubicado al norte de la provincia de Morona Santiago, en el cantón Taisha, dentro de los territorios indígenas Shuar de Samikim, Kankaiman, Kainkaim, Yukuapais y Pañiashña.
La presencia de actividad minera ilícita dentro de estos territorios representa una amenaza directa sobre su entorno y sus medios de vida.
Estas afectaciones, iniciadas en octubre de 2024 y activas hasta octubre de 2025 (Ver Monitoreo satelital Caso 3), se desarrollan en plena selva amazónica, un ecosistema crítico para la biodiversidad, el ciclo hídrico y la regulación climática.
Durante el periodo analizado (octubre 2024–octubre 2025), se documentó un total de 100,1 hectáreas impactadas por actividades mineras desarrolladas fuera de concesiones autorizadas, equivalente a aproximadamente 140 canchas de fútbol profesional.
Monitoreo satelital Caso 3. Datos: ACA/MAAP; EcoCiencia, Planet
Con el fin de ilustrar la dinámica de la actividad minera, el panel 6 muestra el avance registrado entre octubre de 2024 (panel izquierdo) y octubre de 2025 (panel derecho). En las imágenes también se observan vías cercanas a las zonas de intervención, cuya presencia está asociada a la expansión de la minería ilícita. La apertura de estas rutas facilita el acceso directo de maquinaria, personal y suministros a áreas antes inaccesibles, incrementando la conectividad y acelerando la ocupación del territorio.
Panel 6. Datos: EcoCiencia, Planet
Recomendaciones políticas para la política pública
1. Fortalecimiento de la gobernanza indígena
Fundación EcoCiencia.
En los casos analizados se evidencia que, si bien el ordenamiento jurídico ecuatoriano reconoce de manera amplia el derecho a la participación ciudadana y los derechos colectivos de los pueblos y nacionalidades indígenas en decisiones ambientales y mineras, su implementación enfrenta importantes desafíos. El marco normativo distingue entre la consulta ambiental como un derecho difuso y la consulta previa, libre e informada como un derecho colectivo, reguladas por la Ley de Minería, el Código Orgánico del Ambiente, la Ley Orgánica de Participación Ciudadana y normativa secundaria reciente. No obstante, la ausencia histórica de una ley específica y las brechas en la aplicación práctica de estos mecanismos han generado tensiones y cuestionamientos sobre la calidad del diálogo intercultural, el acceso efectivo a la información y la incidencia real de las comunidades en la toma de decisiones.
Si bien el Acuerdo de Escazú refuerza las obligaciones del Estado ecuatoriano en materia de participación ambiental, acceso a la información y justicia ambiental, los casos revisados muestran que estos estándares no siempre se traducen en procesos sustantivos que fortalezcan la gobernanza territorial indígena. En particular, la consulta previa suele desarrollarse de manera desvinculada de mecanismos comunitarios permanentes de vigilancia y control, lo que limita la capacidad de las comunidades para ejercer un seguimiento continuo sobre las actividades extractivas que afectan sus territorios.
En este contexto, para fortalecer la gobernanza indígena se recomienda reconocer formalmente a los monitores indígenas como actores legítimos dentro de los procesos de vigilancia y control ambiental, articulando su labor con los mecanismos institucionales existentes. De manera complementaria, se propone implementar un sistema permanente de monitoreo satelital integrado con los sistemas comunitarios de observación, que permita detectar tempranamente la apertura de vías y otras actividades ilegales, y que contribuya a materializar los principios de participación efectiva y diálogo intercultural.
2. Planificación territorial biocultural
Fundación EcoCiencia.
La Constitución del Ecuador reconoce la interculturalidad y la plurinacionalidad (arts. 1 y 250), así como los sistemas jurídicos propios de los pueblos indígenas; de igual forma, el Acuerdo de Escazú (art. 7) promueve la participación inclusiva y con enfoques interculturales.
En este marco, se recomienda adoptar un enfoque de planificación territorial biocultural, que integre los planes de vida y los sistemas de ordenamiento indígena como instrumentos vinculantes en la toma de decisiones públicas.
Ningún proyecto de extracción de minerales puede ser aprobado sin integrarse previamente a estos instrumentos propios, construidos en asamblea comunitaria.
3. Control de la expansión vial en territorios indígenas
Fundación EcoCiencia.
El desarrollo de una carretera en la Amazonía ecuatoriana implica una serie de requisitos ambientales fundamentales, establecidos en la normativa nacional vigente a 2025, para garantizar la protección del ambiente, la biodiversidad y los derechos de las comunidades locales e indígenas.
Estos requisitos están regulados principalmente por el Código Orgánico del Ambiente (COA) y su Reglamento (emitido mediante el Decreto Ejecutivo 752 y reformas), la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador respecto a derechos ambientales y derechos de la Naturaleza; y los tratados internacionales de derechos humanos como el Acuerdo de Escazú (vigente en Ecuador desde 2021).
Recomendamos exigir la realización de una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE) para todo proyecto vial en zonas de alta sensibilidad ecológica, especialmente en territorios indígenas y áreas protegidas.
La apertura de carreteras sin una EAE y sin la aplicación del principio de precaución debe ser considerada ilegal y sujeta a reversión, priorizando procesos de restauración ecológica con participación de las comunidades locales.
Notas
(1) Ubicado en la Cordillera del Cóndor, entre los ríos Zamora y Yaupi. El Pueblo Shuar Arutam forma parte del bio-corredor Abiseo–Cóndor–Kutukú, un puente ecológico que conecta el hotspot de los Andes Tropicales con una de las áreas silvestres continuas más extensas del bosque tropical amazónico. Esta Cordillera protege zonas de alta importancia biológica, resguarda fuentes de agua y alberga hábitats de especies endémicas. Además, constituye el territorio de vida de la cultura shuar, donde se encuentran espacios sagrados que sostienen su memoria espiritual y colectiva (ICCA, 2025).
(2) El río Santiago atraviesa el bio-corredor Abiseo–Cóndor–Kutukú, uno de los principales puntos calientes de biodiversidad de la Amazonía ecuatoriana (CARE et al, 2012), caracterizado por ecosistemas altamente diversos y la presencia de numerosas especies terrestres y acuáticas (Schulenberg & Awbrey, 1997). Investigaciones recientes señalan incluso que las condiciones ambientales particulares del río podrían estar favoreciendo procesos de especiación en peces debido a su aislamiento natural (Provenzano & Barriga, 2018). En adicion de la mineria, las amenazas incluyen los proyectos hidroeléctricos, la deforestación, la sobrepesca y la introducción de especies invasoras generan presiones crecientes que deterioran sus ecosistemas y afectan severamente a las especies nativas (Anderson et al, 2018).
Cita
Villa J, García C, Barriga J, Finer M, Josse C, Aguilar C (2025). Minería en la Amazonía Ecuatoriana Sector Sur – Provincia de Morona Santiago. MAAP: 238.
Agradecimientos
Agradecemos al Pueblo Shuar Arutam por sus aportes a este reporte.
Este informe es parte de una serie enfocada en la Amazonía ecuatoriana a través de una colaboración estratégica entre las organizaciones Fundación EcoCiencia y Amazon Conservation, con el apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore.
MAAP #234: Minería aurífera ilegal en el Parque Nacional Yapacana, incluyendo la cima del tepuy Yapacana (Amazonía venezolana)
Imagen 1. Deforestación ilegal por la minería aurífera (en rojo) en la cima del tepuy Yapacana. Datos: Planet.
En una serie de reportes anteriores, y en colaboración con SOS Orinoco, hemos mapeado la deforestación causada por la minería aurífera ilegal y sus repercusiones en el Parque Nacional Yapacana, situado en la Amazonía venezolana.
De manera crítica, parte de esta actividad minera ilegal ha estado ocurriendo en la cima del tepuy Yapacana (ver los círculos rojos en la Imagen 1).
Los tepuis son impresionantes montañas con forma de mesa que se encuentran en el norte de América del Sur. Son considerados sagrados por los grupos indígenas de la región del Escudo Guayanés; de hecho, la palabra tepuy significa «montaña» en la lengua indígena local (pemon).
En el 2022, publicamos un reporte urgente sobre la minería ilegal en la cima del tepuy Yapacana (MAAP #169). En este reporte, documentamos más de 400 puntos de campamentos mineros y maquinaria pesada, lo que indica una operación organizada y a gran escala que causó la deforestación de 8.8 hectáreas en la cima del tepuy.
Dada la importancia de este hallazgo, el Washington Post publicó un artículo de gran perfil sobre el tema, exponiendo aún más la gravedad de la minería ilegal en el tepuy.
En respuesta, el gobierno venezolano condujo una operación militar contra la actividad minera ilegal en el tepuy en diciembre de 2022.
A principios de 2024, informamos de que se habían retirado todos los campamentos y maquinarias mineras ilegales de la cima del tepuy (MAAP #207). De hecho, no detectamos ninguna deforestación adicional por minería en la cima del tepuy durante el 2024.
Sin embargo, ahora presentamos pruebas de que la actividad minera ilegal se ha reanudado en la cima del tepuy en 2025.
También mostramos la continua deforestación minera que rodea el tepuy en otras partes del Parque Nacional Yapacana. En el momento de la intervención del gobierno a finales de 2022, detectamos una deforestación acumulada por la minería de 2190 hectáreas en el parque, incluyendo grandes aumentos tanto en 2021 como en 2022 (MAAP #173). Esta deforestación por la minería se ha ralentizado, especialmente en 2024 y 2025, pero ya ha afectado a 2.240 hectáreas del parque.
Deforestación por la minería aurífera en el Parque Nacional Yapacana, 2020-2025
Figura 1. Deforestación minera en el Parque Nacional Yapacana. Datos: ACA/MAAP, NICFI
La Figura 1 presenta nuestros resultados digitalizados sobre la deforestación anual causada por la minería en todas las zonas mineras del Parque Nacional Yapacana, basados en un análisis de imágenes satelitales de alta resolución.
Gráfico 1. Deforestación minera en el Parque Nacional Yapacana. Datos: ACA/MAAP
El Gráfico 1 muestra las tendencias observadas en los datos digitalizados del Parque Nacional Yapacana.
La línea naranja muestra la disminución de la deforestación minera anual tras los máximos detectados en 2021 y 2022. En ambos años se registraron más de 400 hectáreas de nueva deforestación minera, mientras que en 2024 solo fueron 37 hectáreas.
La línea roja muestra el aumento acumulativo de la deforestación minera desde la línea de base en 2020, antes de estabilizarse en 2024 y 2025, con un total actual de deforestación de 2,250 hectáreas.
Deforestación por la minería aurífera en la cima del tepuy Yapacana, 2020-2025
Figura 2. Deforestación minera en la cima del tepui Yapacana. Datos: ACA/MAAP, Planet, NICFI.
La Figura 2 presenta nuestros resultados digitalizados de la deforestación anual por la minería en la cima del tepuy Yapacana, basados en un análisis de imágenes satelitales de alta resolución.
Gráfico 2. Deforestación minera en la cima del tepuy Yapacana. Datos: ACA/MAAP.
El Gráfico 2 muestra las tendencias observadas en los datos digitalizados sobre el tepuy Yapacana.
La línea naranja muestra la deforestación anual por minería de aproximadamente 2 hectáreas tanto en 2021 como en 2022, seguida de una notable disminución tras la intervención del gobierno a finales de 2022. De hecho, en 2024 no se detectó ninguna deforestación por minería, seguida de la reaparición que se detalla en este informe.
La línea roja muestra la deforestación minera acumulada que aumenta desde la línea de base en 2020 antes de estabilizarse en 2024 y 2025, con un total actual de deforestación de 9.3 hectáreas.
Eventos recientes de deforestación por la minería aurífera 2024-2025
Mapa Base. Los recuadros A-C indican la ubicación del análisis detallado que figura a continuación. Datos: ACA/MAAP, Planet, NICFI
En el Mapa Base, los Recuadros A-C indican las tres áreas con expansión minera aurífera documentada entre 2024 y 2025, según un análisis de imágenes satelitales de muy alta resolución.
A continuación, ofrecemos un examen más detallado de estas tres áreas.
Minería aurífera ilegal en la cima del tepuy Yapacana
El recuadro A muestra la reciente deforestación por la minería aurífera de 0,09 hectáreas entre enero de 2024 (panel izquierdo) y agosto de 2025 (panel derecho), ubicada en la cima del tepuy Yapacana, en el Parque Nacional Yapacana. Aunque se trata de una pequeña expansión, indica el regreso de la minería ilegal en el tepuy.
Recuadro A. Deforestación por la minería aurífera en la cima del tepuy Yapacana. Datos: Planet, ACA/MAAP
Minería aurífera ilegal en el Parque Nacional Yapacana
El recuadro B muestra la reciente deforestación causada por la minería aurífera de 22.4 hectáreas entre marzo de 2024 (panel izquierdo) y agosto de 2025 (panel derecho) en el Parque Nacional Yapacana, justo al norte del tepuy Yapacana. También hay indicios de maquinaria minera asociada a esta actividad.
Recuadro B. Deforestación por la minería aurífera en el Parque Nacional Yapacana. Datos: Planet, ACA/MAAP
El recuadro C muestra la reciente deforestación causada por la minería aurífera de 1,01 hectáreas entre marzo de 2024 (panel izquierdo) y agosto de 2025 (panel derecho) en el Parque Nacional Yapacana, justo al norte del tepuy Yapacana.
Recuadro C. Deforestación causada por la minería aurífera en el Parque Nacional Yapacana. Datos: Planet, ACA/MAAP.
Implicaciones políticas
Foto de minería aurífera ilegal en el Parque Nacional Yapacana. Créditos: SOSOrinoco
La minería está estrictamente prohibida en todos los parques nacionales venezolanos. Esta protección legal es fundamental para la conservación de las áreas más biodiversas y ecológicamente significativas del país.
Además, la minería está explícitamente prohibida en Amazonas (estado en el que se encuentra el Parque Nacional Yapacana) por el Decreto Presidencial Nº 269 (1989). Este decreto se promulgó para salvaguardar los ecosistemas únicos y los territorios indígenas de la región, reconociendo su importancia mundial y nacional.
Para hacer cumplir estas prohibiciones legales, hay un puesto de mando permanente de la Guardia Nacional Bolivariana a la entrada del Parque Nacional Yapacana. La presencia de esta fuerza de seguridad plantea importantes interrogantes sobre la eficacia y la voluntad de las fuerzas del orden y el control real de las actividades dentro del parque.
Aunque la reciente deforestación minera en la cima del tepuy Yapacana en 2025 es cuantitativamente pequeña (0,09 hectáreas), pone de relieve la importancia de la detección y la respuesta tempranas, especialmente en zonas tan sensibles desde el punto de vista ecológico y cultural. El hecho de que esta renovada actividad se produzca en presencia de un puesto de mando permanente de la Guardia Nacional suscita serias preocupaciones sobre la eficacia de la aplicación de la ley y la capacidad real del Estado para prevenir las operaciones ilegales. También sugiere que no deben descartarse ni siquiera las incursiones mínimas, ya que pueden indicar el comienzo de un nuevo ciclo de degradación.
La distribución de combustible en la región está gestionada oficialmente por PDVSA (la empresa petrolera estatal) bajo estricta supervisión militar. Sin embargo, dada la condición de Amazonas como estado fronterizo con Colombia y Brasil, la gasolina también puede provenir de uno de ellos, muy probablemente de Colombia, debido a su proximidad. El transporte de combustible, ya sea venezolano o colombiano, requiere el uso de barcos o helicópteros, ambos muy visibles y sujetos a la vigilancia de las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas. Este contexto sitúa a las Fuerzas Armadas en el centro de la dinámica logística que permite o impide la minería ilegal, ya que tanto el control aéreo como el suministro de combustible son esenciales para las operaciones mineras.
Estos hechos nos invitan a reflexionar críticamente sobre la desconexión entre los marcos legales y las realidades sobre el terreno. ¿Cómo es posible que la minería ilegal persista e incluso se expanda en zonas con una protección legal tan clara y una fuerte presencia de seguridad? ¿Cuáles son las implicaciones para la conservación, los derechos indígenas y el estado de derecho? Las respuestas a estas preguntas son cruciales para comprender los retos a los que se enfrentan las áreas protegidas en Venezuela y para diseñar estrategias más eficaces para abordarlos.
Toda esta situación pone de relieve la necesidad de establecer mecanismos para monitorear el tráfico ilegal de oro, tanto en sus puntos de salida fuera del país como en las rutas hacia los mercados donde se refina y se vende el oro.
Impactos sobre la biodiversidad
Foto del tepuy Yapacana. Crédito: SOSOrinoco
El tepuy Yapacana (Cerro Yapacana), una montaña de arenisca que se eleva a 1,345 metros sobre el nivel del mar en el cuadrante suroeste del Parque Nacional Yapacana (PNY), es una formación geomorfológica y ecológica única dentro de la Amazonía venezolana. El parque abarca un mosaico de paisajes, que incluye llanuras aluviales, penillanuras alteradas por la erosión y sabanas de arena blanca pobres en nutrientes, que albergan una vegetación altamente especializada con vínculos florísticos tanto con los paleotrópicos como con los neotrópicos. La montaña en sí misma alberga dos tipos distintos de bosques montanos —bosques submontanos siempreverdes en sus laderas y bosques nubosos en su cima— que albergan al menos ocho especies de plantas endémicas en peligro crítico de extinción. Estos ecosistemas forman parte del territorio ancestral de los pueblos arawako, huottüja (piaroa) y mako, que consideran el tepuy como un lugar sagrado (MARNR-ORSTOM 1988; Castillo y Salas 2007; SOSOrinoco 2019).
La minería aurífera ilegal se ha convertido en una grave amenaza para la integridad de estos ecosistemas, especialmente en la cima del cerro Yapacana, donde la deforestación provocada por los campamentos mineros y la maquinaria ha afectado directamente al frágil hábitat forestal. La destrucción de la vegetación de la cima no solo pone en peligro la flora endémica, sino que también altera los procesos ecológicos vitales para la supervivencia de especies como el pájaro hormiguero de Yapacana (Myrmeciza disjuncta) y la rana roja de Yapacana (Minyobates steyermarki), ambas exclusivas de este tepuy. La deforestación inducida por la minería en todo el parque ha alcanzado más de 2240 hectáreas, lo que amenaza la continuidad de la cubierta forestal, las sabanas y la conectividad ecológica esencial para la migración y la resiliencia de las especies (Huber 1995; Llamozas et al., 2003; Lentino, 2006; Señaris y Rivas, 2006).
La biodiversidad más amplia del Parque Nacional Yapacana también está en peligro, incluida su designación como Área Importante para las Aves (IBA) debido a la presencia de especies como Crax alector, Selenidera nattereri y aves migratorias como Dendroica striata. El parque alberga más de 260 especies de aves, junto con 51 reptiles y 29 anfibios (Lentino, 2006; Señaris y Rivas, 2006). La minería ilegal no solo degrada estos hábitats, sino que también introduce contaminantes y perturbaciones humanas, lo que socava los esfuerzos de conservación y amenaza la supervivencia de especies con áreas de distribución restringidas y requisitos ecológicos especializados. Se necesitan medidas urgentes y sostenidas para detener una mayor degradación y salvaguardar la excepcional biodiversidad del Cerro Yapacana y sus ecosistemas circundantes (SOSOrinoco, 2019).
Agradecimientos
Agradecemos a la organización SOSOrinoco por la importante información y los comentarios a este reporte.
Este reporte forma parte de una serie centrada en la minería aurífera en la Amazonía, con el apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore.
MAAP #233: Situación actual de Minería de Oro en la Amazonía Peruana
Mapa base. Zonas de actividad minería aurífera en la Amazonia peruana.
La minería de oro en la Amazonía peruana ha tenido un crecimiento importante en los últimos años; en especial posterior a eventos claves como el Operativo Mercurio, una intervención multisectorial contra la minería ilegal que fue realizada a inicios del año 2019 y tuvo su principal impacto en zonas críticas de minería ilegal en la región Madre de Dios como es el sector de La Pampa. Además, la pandemia del COVID-19 tuvo un impacto considerable en la expansión de la minería ilegal en el Perú, donde el retiro de la vigilancia policial en zonas aledañas a La Pampa ha contribuido a la expansión de áreas mineras en este sector (Vadillo, 2022).
Este incremento, vinculado directamente a los precios internacionales del oro, ha generado el surgimiento de nuevos frentes de deforestación e invasión de cuerpos de agua para la ocurrencia de la actividad minera de oro. El presente reporte muestra las principales zonas de minería de oro tanto en ecosistemas terrestres como en cuerpos de agua en la Amazonía Peruana.
La actividad minera de oro en la Amazonía Peruana se ha extendido a nueve regiones del Perú: Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Loreto, Madre de Dios, Pasco, Puno y Ucayali. En el monitoreo de esta actividad minera, se ha incluido la identificación de zonas deforestadas por minería e infraestructuras mineras (ej: dragas, peque-dragas, chutes, entre otros) en ríos amazónicos.
Hasta mediados del año 2025, la deforestación por minería de oro ha alcanzado una extensión de 139,169 hectáreas en el Perú, donde la región Madre de Dios ha concentrado la mayor parte de esta deforestación (97.5% del total). Además, las regiones Huánuco y Puno han presentado valores considerables de deforestación por minería, donde se identificaron 1,262 y 1,014 hectáreas de deforestación, respectivamente.
Asimismo, el uso de diferentes infraestructuras mineras se ha extendido a los ríos de varias regiones, principalmente en el sector norte del Perú. Las regiones Loreto y Amazonas son las regiones que han presentado el mayor número de infraestructuras mineras en sus ríos amazónicos, donde se identificaron 989 y 174 dragas mineras para el periodo 2017 – 2025, respectivamente.
Por otro lado, la actividad minera de oro ha ocasionado una afectación de cuerpos de agua debido a la presencia de infraestructuras mineras y/o de deforestación por minería en zonas aledañas a estos cuerpos de agua. En total, se estima una afectación de 225 cuerpos de agua (ríos y quebradas) en la Amazonía Peruana por la actividad minera de oro.
A continuación, presentamos los resultados de este reporte en tres secciones, las cuales agrupan las regiones con presencia de minería de oro: Sector Norte (Amazonas, Cajamarca y Loreto), Sector Centro (Huánuco, Pasco y Ucayali), y Sector Sur (Cusco, Madre de Dios y Puno). En cada sección, se presentan las áreas deforestadas por minería de oro y ríos afectados por infraestructuras mineras.
Mapa base. Datos: ACA, ACCA, CINCIA, FEMA, SZF, IBC, SERNANP, Mapbiomas Perú
Sector Norte de la Amazonía Peruana
La minería de oro se ha extendido en las regiones Amazonas, Cajamarca y Loreto, donde se han registrado distintas zonas de actividad minera, así como la presencia de infraestructuras mineras, específicamente dragas mineras, en diferentes ríos de estas regiones (Figura 1).
En este sector, se ha registrado un área total de 491 hectáreas deforestadas por minería distribuido en las tres regiones mencionadas. Estas zonas mineras para la extracción de oro se ubican próximas a cuerpos de agua y, en algunos casos, están al interior de comunidades Indígenas en estas regiones.
Las áreas deforestadas por minería de oro se han localizado principalmente en zonas aledañas a ríos en este sector. En la región Cajamarca, la deforestación por minería se ha localizado a lo largo del río Chinchipe. Por otro lado, la deforestación por minería en las regiones Amazonas y Loreto se ha identificado en zonas aledañas al río Marañón.
Figura 1. Actividad minera aurífera en la Amazonía Peruana – Sector Norte. Datos: ACCA, FEMA, SZF, IBC, SERNANP
Figura 1a. Deforestación por minería de oro en la quebrada Sawintsa, región Amazonas. Datos: ACCA, Maxar
Además, se resalta la presencia de zonas deforestadas por minería cerca a la frontera con Ecuador para las regiones Amazonas y Cajamarca.
En septiembre de 2024, se identificaron nuevos registros de zonas deforestadas por minera en la quebrada Sawintsa de la región Amazonas (Figura 1a), la cual se ubica en la frontera con Ecuador y ha tenido un incremento de la actividad minera en los últimos meses.
Figura 1b. Dragas mineras identificadas en el río Nanay (Loreto). Datos: Planet, ACCA
La presencia de infraestructuras mineras para la extracción de oro se ha extendido a diferentes ríos amazónicos en el sector norte, donde se han identificado dragas mineras en 14 ríos diferentes. La región Loreto es la región más impactada por la actividad minera aurífera, donde se han identificado un total de 989 dragas mineras entre los años 2017 – 2025.
El río Nanay, ubicado en la región Loreto, y los ríos Cenepa y Santiago, ubicados en la región Amazonas, son los ríos amazónicos más impactados por la actividad minera de oro en el sector norte debido al alto número de dragas mineras identificadas en estos ríos. A lo largo del río Nanay, se han identificado 841 dragas mineras en el periodo 2017 – 2025, de las cuales 275 dragas mineras (32% del total) se han identificado en el año 2025. Además, la operación de las dragas mineras en el río Nanay se ha localizado en comunidades indígenas así como en el Área de Conservación Regional Alto Nanay – Pintuyacu – Chambira (Figura 1b).
Por otro lado, la presencia de dragas mineras en los ríos Cenepa y Santiago se ha ido incrementando en los últimos años, donde se han registrado 137 y 51 dragas mineras entre los años 2022 – 2025, respectivamente. Asimismo, la actividad minera de oro mediante el uso de dragas mineras se han localizado en zonas aledañas a comunidades indígenas en la región Amazonas.
Sector Centro de la Amazonía Peruana
La minería de oro en el sector centro se ha extendido en las regiones Huánuco, Pasco y Ucayali, en las cuales se han registrado deforestación por actividad minera e infraestructuras mineras en ríos de estas regiones (Figura 2).
En el sector centro, se ha registrado una área total de 1,320 ha de áreas deforestadas por minería en las tres regiones mencionadas. Estas áreas mineras se han identificado en zonas aledañas a ríos y quebradas en estas regiones. Además, la deforestación por minería de oro se ha localizado en comunidades Indígenas, en el Área de Conservación Regional Bosque Montano de Carpish, y en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira.
Figura 2. Actividad minera aurífera en la Amazonía Peruana – Sector Centro. Datos: ACCA
Figura 2a. Deforestación por minería de oro en la provincia de Puerto Inca, región Huánuco. Datos: Maxar, ACCA
La región Huánuco es la región más impactada por la deforestación por minería en este sector, la cual se ha expandido principalmente en áreas aledañas a los ríos Pachitea, Yuyapichis, Negro, y a la quebrada Pintuyacu.
La mayor parte de la deforestación por minería se ha localizado en la provincia de Puerto Inca (Figura 2a), la cual concentra el 97% del total de áreas deforestadas por minería en la región Huánuco.
Figura 2b. Deforestación por minería de oro aledaño al río Chinchihuani, región Pasco. Datos: Maxar, ACCA
En la región Pasco, la deforestación por minería de oro se ha registrado a lo largo del río Chinchihuani desde agosto de 2024 (Figura 2b).
Estas áreas deforestadas representan los primeros registros de minería de oro en esta región, y han sido identificadas en concesiones mineras en trámite.
Por otro lado, la minería de oro en la región Ucayali se ha localizado en quebradas aledañas al río Abujao, donde se registran zonas deforestadas por la actividad minera.
Figura 2c. Dragas mineras ubicadas en el río Aguaytía, región Ucayali. Datos: Maxar, ACCA
Con respecto a la infraestructura minera en el sector centro, se han tenido registros de dragas mineras en el río Aguaytía, en la región Ucayali.
Estos registros de dragas mineras se han identificado desde mediados de 2024 (Figura 2c), los cuales se han localizado principalmente en sectores aledaños a la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Cordillera Azul.
En total, se han identificado 26 dragas mineras en este río durante los años 2024 – 2025.
Sector Sur de la Amazonía Peruana
La minería de oro se ha extendido en las regiones Cusco, Madre de Dios y Puno, donde se ha registrado principalmente deforestación por minería de oro en diferentes sectores de estas regiones (Figura 3).
Este sector ha presentado un área total de 137,558 ha deforestadas por minería ubicadas en las regiones mencionadas. A comparación con los otros dos sectores, el sector sur es el sector más impactado por la actividad minera de oro, la cual representa el 98.7% del total de deforestación por minería en el Perú. Además, la actividad minera en este sector habría iniciado en la región Madre de Dios, donde se registraron indicios de actividad minera a partir del año 1984. Esta situación representa una pérdida importante de bosques amazónicos en las regiones de este sector, así como el impacto en los ecosistemas terrestres y cuerpos de agua aledaños a la actividad minera.
Figura 3. Actividad minera aurífera en la Amazonía Peruana – Sector Sur. Datos: ACA, ACCA, CINCIA, Mapbiomas Perú, AMW
Figura 3a. Deforestación minera en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Datos: Planet
La región Madre de Dios es la región con la mayor extensión de deforestación por minería de oro en el país, la cual concentra el 97.5% del total de deforestación por minería.
Hasta el año 2025, se ha registrado un área total de 135,939 ha de deforestación por minería en esta región.
Además, la deforestación por minería en Madre de Dios se ha extendido al interior de comunidades Indígenas y de las zonas de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata (Figura 3a) y la Reserva Comunal Amarakaeri.
Figura 3b. Deforestación por minería oro en la Concesión para Conservación Camanti Sostenible. Datos: Maxar
Para la región Cusco, la deforestación por minería de oro se ha extendido a diferentes sectores cercanos a los ríos Araza y Nusiniscato, así como a quebradas aledañas a estos ríos.
Además, parte de la deforestación por minería se ha extendido al interior de la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri y en la Concesión para Conservación Camanti Sostenible (Figura 3b).
Figura 3c. Deforestación por minería de oro aledaño al río Huari Huari. Fuente: ACCA, Maxar
Por otro lado, la región Puno ha presentado deforestación por minería en zonas cercanas a los ríos Inambari y Huari Huari, así como en quebradas aledañas a estos ríos (Figura 3c).
Asimismo, parte de la deforestación por minería de oro se encuentra ubicada en la zona de amortiguamiento del Parque Nacional Bahuaja Sonene.
Figura 3d. Tracas en pozas mineras en la zona de amortiguamiento de la Reserva Nacional Tambopata. Fuente: Planet
Respecto a las infraestructuras mineras en este sector, el uso de infraestructuras se ha extendido principalmente en las zonas mineras de la región Madre de Dios.
En esta región, se utilizan diferentes tipos de infraestructuras mineras para la extracción de oro, donde se incluyen el uso de tracas, chutes, minidragas y balsas mineras (ACCA, 2022).
Para el año 2025, se han identificado 2,052 infraestructuras mineras en zonas mineras en la región Madre de Dios, donde se incluyen tracas, dragas, entre otros (Figura 3d).
Recomendaciones para la minería aurífera actual en el Perú
La minería aurífera en el Perú representa uno de los mayores desafíos socioambientales del país. La expansión de la minería ilegal e informal ha generado impactos graves en los bosques amazónicos, los ríos y las comunidades locales (Arana Cardó, M, 2024) . Frente a ello, se presentan cinco propuestas orientadas a fortalecer la formalización de la MAPE (Pequeña Minería y la Minería Artesanal), mejorar la trazabilidad del oro y reforzar la fiscalización estatal tanto en la nueva Ley de Formalización y Promoción de la MAPE como en la normativa actual sobre el tema.
1. Implementar un sistema efectivo de trazabilidad del oro que vincule producción, comercialización y exportación
Foto: ACCA
Actualmente, el Registro Especial de Comercializadores y Procesadores de Oro, creado a partir de la Resolución Ministerial Nº 249-2012-MEM-DM, carece de mecanismos efectivos de cruce de información.
Por lo tanto, se recomienda consolidar un sistema integral de trazabilidad que abarque no solo a productores, comercializadores, procesadores y exportadores, incluyendo la industria de joyería, sino también el control de insumos críticos como el mercurio y combustibles, a fin de garantizar cadenas de suministro libres de contaminación y actividades ilegales.
Este sistema debe integrar controles digitales en tiempo real, cruzar información entre lo declarado como producción y lo efectivamente comercializado, impedir la salida de oro ilegal bajo la forma de joyería y alinearse con las exigencias internacionales de debida diligencia.
2. Fortalecimiento de la Ley MAPE y depuración rigurosa del REINFO
Foto: ACCA
La normativa sobre pequeña minería y minería artesanal debe establecer categorías claras basadas en producción y tecnología, diferenciando el proceso de formalización (dirigido a mineros preexistentes en situación informal y que contempla medidas escalonadas y apoyo técnico) del proceso ordinario de otorgamiento de permisos, que exige el cumplimiento pleno de requisitos ambientales y técnicos para nuevos proyectos.
La nueva Ley MAPE (Pequeña Minería y la Minería Artesanal) debe incorporar incentivos reales para la formalización y para la adopción de prácticas sostenibles, mecanismos eficaces de fiscalización y la delimitación de zonas exclusivas para la actividad formalizada, excluyendo Áreas Naturales Protegidas, reservas indígenas, cuerpos de agua y patrimonio cultural.
Adicionalmente, esta nueva normativa debe establecer la obligatoriedad de la debida diligencia en la cadena de valor del oro, vinculando el proceso de formalización con la implementación de un sistema de trazabilidad. De este modo, los mineros formalizados no solo deberán cumplir con los requisitos legales básicos, sino también garantizar que su producción esté libre de insumos ilegales como el mercurio, respondiendo a estándares internacionales de transparencia y sostenibilidad.
Asimismo, frente a la prórroga otorgada hasta el 31 de diciembre de 2025, en el Decreto Supremo Nº 012-2025-EM, resulta indispensable que el Estado ejecute de manera estricta la depuración del REINFO (Registro Integral de Formalización Minera), retirando definitivamente a quienes no cumplan con los requisitos mínimos establecidas en la Ley N° 32213 y su reglamento, conforme indica su actualización a través del Decreto Supremo N.° 009-2025-EM. Además, se debe evaluar mecanismos sancionadores proporcionales que desincentiven el uso indebido del REINFO. Solo así se evitará que este registro continúe siendo utilizado como un escudo de impunidad frente a la acción del Ministerio Público y la Policía Nacional, y se garantizará que la formalización se traduzca en un cambio efectivo de prácticas mineras.
3. Establecer obligaciones ambientales desde el inicio de la formalización minera y asegurar su fiscalización
Foto: ACCA
La normativa debe establecer que toda actividad de pequeña minería y minería artesanal debe estar sujeta a obligaciones ambientales respectivas, desde el primer acto de formalización, a fin de asegurar una fiscalización temprana y efectiva. Durante dicho proceso, las operaciones deben ser fiscalizadas de manera general y aleatoria por el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (OSINERGMIN), y la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL). Asimismo, se deben aplicar sanciones administrativas y penales a las autoridades responsables que incumplan con su deber de fiscalización.
De manera complementaria, se debe promover y avanzar con la zonificación forestal, conforme a lo establecido en la Ley Forestal (Ley N° 29763), con énfasis en las regiones amazónicas del Perú. Esta debe integrarse en el proceso de formalización minera y convertirse en un requisito formal para otorgar permisos. La integración de la zonificación permitirá prevenir que nuevos títulos habilitantes se otorguen en bosques prioritarios para conservación, reduciendo la deforestación y el uso inadecuado de los bosques al orientar la minería hacia zonas de menor impacto y prohibirla en áreas críticas. Ello implicaría que las autoridades de formalización minera consulten los mapas de zonificación desde el inicio. Es decir, el solicitante deberá incluir la categoría de zonificación forestal de su parcela y demostrar su compatibilidad antes de la emisión de un título habilitante.
4. Fortalecer la supervisión de la MAPE a nivel regional mediante convenios interinstitucionales
Foto: ACCA
Se propone la suscripción de convenios entre el OEFA y los gobiernos regionales amazónicos, acompañados de apoyo técnico y equipos tecnológicos para fiscalizar en tiempo real las operaciones en zonas remotas.
Además, siguiendo lineamientos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), se recomienda la conformación de equipos multidisciplinarios especializados que acompañen supervisiones en campo, contribuyendo a cerrar brechas de capacidad y asegurar la eficacia del control ambiental en territorios críticos.
5. Promover tecnologías limpias y prohibir progresivamente el uso de mercurio al 2030.
Foto: ACCA
En cumplimiento del Convenio de Minamata, el Perú debe adoptar una política de eliminación progresiva del mercurio en la minería aurífera.
Para ello, se recomienda facilitar el acceso de los mineros a tecnologías limpias mediante créditos blandos, subsidios o beneficios tributarios, garantizando procesos más seguros para el ambiente y la salud pública, de modo que la transición tecnológica incremente la recuperación de oro y reduzca los impactos sobre ríos y comunidades locales.
No obstante, esta política debe ir acompañada de metas específicas para la protección de los recursos forestales, así como de sanciones más estrictas frente a quienes continúen utilizando mercurio y generando deforestación, de manera que se garantice una verdadera protección ambiental y de la salud pública.
Además, dichas metas deben incorporarse expresamente en el Plan de Acción Nacional del Convenio de Minamata, asegurando su implementación efectiva y articulada en el territorio.
Metodología
La identificación de deforestación por minería de oro se basó en la interpretación visual de imágenes satelitales de alta y muy alta resolución disponibles en las plataformas Planet, Maxar y Google Earth Pro para las regiones Amazonas, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Loreto, Pasco, Puno y Ucayali. Para lo cual, se realizó una revisión preliminar de mapas y plataformas relacionadas a la detección de minería en el Perú (Sistema de Detección Temprana y Vigilancia Ambiental del Ministerio del Ambiente del Perú, Amazon Mining Watch y Mapbiomas Perú) con la finalidad de ubicar potenciales zonas mineras. Además, se recopilaron reportes y artículos periodísticos relacionados a la minería de oro en diferentes regiones del país para la ubicación de áreas mineras, así como comunicaciones directas de representantes de diferentes instituciones sobre indicios de actividad minera a nivel local. A partir de estos procesos preliminares, se realizó la identificación de deforestación por minería de oro mediante el uso de imágenes satelitales. Asimismo, se realizó el monitoreo de la deforestación por minería identificada utilizando los mosaicos mensuales de Planet NICFI (resolución espacial de 4.7 m) para un seguimiento de la expansión de la deforestación por minería y la identificación de nuevas áreas mineras aledañas.
La identificación de deforestación por minería de oro en la región de Madre de Dios utilizó la información de deforestación histórica por minería generada por el Centro de Innovación Científica Amazónica (CINCIA) para los años 1984 – 2019, por Mapbiomas Perú para el año 2020, y por Amazon Conservation (ACA) para el periodo Enero 2021 – Marzo 2024. Luego, se utilizó el algoritmo LandTrendR para la identificación de pérdida de bosque en mosaicos mensuales de Planet NICFI para el periodo Abril 2024 – Julio 2025. Posteriormente, se realizó una revisión manual para la identificación de la pérdida de bosque por minería de oro y otras causas.
La identificación de infraestructuras mineras se basó en la interpretación visual de imágenes satelitales de muy alta resolución disponibles en las plataformas Planet , Maxar y Google Earth Pro para diferentes ríos amazónicos y áreas mineras en el Perú. Además, se incluyeron reportes confidenciales y comunicaciones directas de diferentes instituciones sobre la presencia de infraestructuras mineras en ríos amazónicos.
Anexo
Anexo 1. Cuadro resumen – Actividad de minería de oro en la Amazonía peruana
*La afectación de ríos y quebradas considera la presencia de infraestructuras mineras dentro de estos cuerpos de agua y/o la presencia de zonas mineras de oro aledañas a estos cuerpos de agua.
Referencias
Arana Cardó, M. (2024). Minería ilegal en la Amazonía peruana: Informe sobre las actividades mineras en las regiones amazónicas de Loreto, San Martín, Amazonas, Ucayali, Madre de Dios y Huánuco. Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible Perú (FCDS). https://fcds.org.pe/wpcontent/uploads/2024/07/Resumen_Ejecutivo_informe_mineria_compressed-1.pdf
Conservación Amazónica (ACCA), Proyecto Prevenir – USAID. (2022). Estimación de la población minera informal e ilegal en el departamento de Madre de Dios, a partir del uso de imágenes satelitales sub métricas. https://repositorio.profonanpe.org.pe/handle/20.500.14150/2744
Delfino, E. (20 de julio de 2025). Minería ilegal en Perú: “Hay una presión internacional por el oro y los principales países consumidores no realizan una debida diligencia respecto al origen” | ENTREVISTA. Mongabay. https://es.mongabay.com/2025/07/mineria-ilegal-peru-oro-amazonia-contaminacion/
OCDE (2016). OECD Due Diligence Guidance for Responsible Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas: Third Edition. OECD Publishing. https://doi.org/10.1787/9789264252479-en.
Vadillo Vila, J. (2022). La minería ilegal y su impacto en tiempos de pandemia. Diario El Peruano. https://elperuano.pe/noticia/170967-la-mineria-ilegal-hoy
Zapata Perez, M., Arana Cardo, M., Ramires Valle, D., Castro Sánchez-Moreno, M., Garay Tapia, K., Rivadeneyra Tello, G., Vega Ruiz, C. y Cabanillas Vasquez, F. (2025). 10 propuestas para la formalización efectiva de la pequeña minería y minería artesanal. Observatorio de Minería Ilegal. https://www.observatoriomineriailegal.org.pe/wp-content/uploads/2025/05/10_propuestas_ley_MAPE_020525.pdf
Agradecimientos
Este informe es parte de una serie enfocada en la minería de oro en la Amazonía peruana, a través de una colaboración estratégica entre las organizaciones Amazon Conservation y Conservación Amazónica – ACCA, con el apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore.
Cita
Pacsi R, Novoa S, Yupanqui O, Quispe M, La Torre S, Balbuena H, Huamán B, Valdivia G, Castañeda C, Soria M, Finer M, Santana A (2025) Situación actual de Minería de Oro en la Amazonía Peruana. MAAP: 233.
MAAP #230: Minería en la Amazonía Ecuatoriana Sector Centro – Provincia del Napo
Mapa Base 1. Deforestación por minería en Ecuador. Datos: Amazon Mining Watch (AMW), RAISG
Este es el segundo de una serie de informes que detallan la expansión de la minería aurífera en la Amazonía ecuatoriana.
En el primer informe MAAP #227, se analizó la expansión minera en el sector norte, alrededor de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo, cerca de la frontera con Colombia.
En el presente reporte, enfocamos la deforestación por minería en el sector centro, en la provincia de Napo, parte de uno de los principales sistemas hídricos del Ecuador.
El Mapa Base 1 ilustra los datos más recientes de detección de minería de Amazon Mining Watch (AMW), destacando la deforestación por minería en el periodo (2019-2024) en rojo.
Se puede apreciar que en el sector de análisis (círculo morado) confluyen diversos territorios Indígenas y dos áreas protegidas: la Reserva Biológica Colonso Chalupas y el Parque Nacional Sumaco Napo Galeras (Cordillera de Galeras).
Minería en la provincia de Napo
Napo, una de las seis provincias amazónicas del Ecuador, alberga valiosas cuencas hídricas andino-amazónicas de alta calidad, en cuanto a servicios ecosistémicos refiere, lo que la convierte en una zona prioritaria para la conservación de la biodiversidad y gestión sostenible de los recursos naturales. Sin embargo, sus principales ríos se encuentran amenazados por la minería aurífera, cuyas consecuencias sociales y ecológicas son profundamente negativas.
En el reporte MAAP #151, alertamos sobre la rápida expansión de la minería aurífera en el sector de Yutzupino, a orillas del río Jatunyacu en la provincia de Napo. Este sector ha sido objeto de diversos operativos de control, como los 3 operativos llamados Manatí, y un informe técnico de fiscalización y seguimiento a la minería ilegal presentado a la Asamblea Nacional de la República del Ecuador en el año 2022.
En los reportes MAAP #162 y MAAP #184 se amplió el área de análisis de deforestación por minería en la provincia de Napo, a los ríos Jatunyacu, Anzu y Huambuno.
En esta nueva actualización, se presentan datos más recientes que extienden el análisis hasta el año 2024, incorporando cuatro casos de estudio clave: los ríos Jatunyacu, Anzu, Huambuno y Puni-Cotona- Arajuno (ver Mapa Base 2).
La actividad minera no solo implica peligros para el medio ambiente, como la destrucción de bosques, la contaminación de fuentes hídricas y la degradación de ecosistemas (ver Imagen 1), sino que también provoca conflictos sociales y disputas con las comunidades locales, quienes dependen de la tierra y los recursos naturales para su sustento y calidad de vida. La apreciación del oro en el mercado internacional supone un reto para la implementación de alternativas económicas sustentables como el ecoturismo. Sin embargo, la importancia ecológica y cultural de estos ecosistemas acuáticos han generado propuestas acertadas de conservación, como detallamos en el reporte MAAP #202.
Imagen 1. Izquierda: Río de la provincia de Napo sin impacto de las actividades mineras; Derecha: Impacto de las actividades mineras sobre los bosques de ribera en la provincia de Napo. Fuente: EcoCiencia (2025)
Dinámica de la deforestación por minería
Gráfico 1. Dinámica de la actividad minera en el periodo 2007-2023 en la provincia del Napo. Datos: MapBiomas Ecuador – EcoCiencia
Se presenta a continuación un gráfico con datos de periodicidad bianual, en el cual se analiza el crecimiento de la superficie minera en la provincia de Napo desde el año 2007 hasta el 2023.
Durante este periodo, la superficie total vinculada a la minería supera las 1.300 hectáreas.
El análisis revela una tendencia de crecimiento sostenido en la actividad minera a lo largo del tiempo, con un incremento particularmente notable a partir del año 2017 (ver Gráfico 1).
Casos de estudio
En esta actualización se seleccionaron 4 casos de estudio en los cuales se analiza la dinámica con la que la superficie minera se ha extendido en el periodo 2017-2024 dentro de la provincia (ver Mapa Base 2).
Mapa base 2. Área de monitoreo satelital en Napo. Datos: Amazon Conservation/MAAP; EcoCiencia; Planet
Caso 1: Río Jatunyacu
Caso 1. Datos: Amazon Conservation/MAAP; EcoCiencia; Planet
Este caso se extiende a orillas del río Jatunyacu desde la localidad de El Cando al oeste hasta su confluencia con el río Anzu en el sector de Yutzupino. Asimismo, se incluye el río Yutsupino, afluente del Jatunyacu, y varios sectores ubicados en los márgenes del límite urbano al sur de la ciudad de Tena. Esto tiene una importante connotación, ya que evidencia que las actividades mineras no se desarrollan únicamente en zonas remotas, sino que también están avanzando hacia áreas altamente pobladas.
Entre enero de 2017 y diciembre de 2022, se identificaron 126 hectáreas afectadas. Durante 2023 (enero-diciembre), la superficie impactada aumentó en 162 hectáreas, y en 2024 (enero-diciembre) se registró un nuevo incremento de 214 hectáreas. En total, desde enero de 2017 hasta diciembre de 2024, la superficie afectada por minería suma 502 hectáreas, lo que equivale aproximadamente a 703 canchas de fútbol profesional.
Además, se constató que una parte de la actividad minera se lleva a cabo fuera de las zonas autorizadas por el catastro minero, es decir, en áreas que no cuentan con los permisos correspondientes para dicha actividad. Estas áreas suman 6.62 hectáreas, lo que representa apenas el 0.01 % del total identificado, pero que resulta relevante por su carácter de no autorizado.
La mayoría de las actividades mineras se encuentra dentro de concesiones registradas en el catastro minero. Sin embargo, por un lado, pocas concesiones cuentan con los permisos adicionales que se requieren para realizar actividades mineras. Por otro lado, algunas de estas concesiones autorizadas, aunque han tramitado y recibido los permisos adicionales, han sido suspendidas debido a incumplimientos del plan de manejo ambiental y violaciones a la licencia ambiental vigente.
Panel 1. Datos: EcoCiencia; Superintendencia de Ordenamiento Territorial; Planet
Con la finalidad de analizar particularidades de las actividades mineras en este caso de estudio, se han enmarcado 2 áreas denominadas A y B (ver Caso 1), para realizar un análisis específico de cada una.
Para el caso del área A, se puede observar en el Panel 1, la ampliación de la actividad minera entre septiembre 2022 (panel superior izquierdo) y abril 2025 (panel superior derecho).
Además, con el uso de fotografías tomadas por dron, en junio 2025, se analizó con mayor detalle el área de actividad minera que se encuentra dentro de la zona urbana de la ciudad del Tena, así como detalles de las piscinas, la remoción de la cobertura vegetal, el suelo erosionado, entre otros efectos producidos por la actividad minera.
Panel 2. Datos: EcoCiencia; Planet
Para el área B, en el panel 2 se puede apreciar la apertura de 4,43 km de nuevas vías que ingresan al río Yutsupino entre en año 2022 y 2025, lo cual ha facilitado acceso para la apertura de nuevos frentes mineros, evitando un control policial en la entrada del sector de Yutzupino en Puerto Napo.
Caso 2: Anzu
Caso 2. Datos: Amazon Conservation/MAAP; EcoCiencia, Planet
El caso 2 se extiende sobre los ríos Piocullín, Chumbiyacu, Shichuyacu, Ila, Yurasyacu y Anzu, donde se detectaron 329 hectáreas intervenidas durante el periodo enero de 2017 a diciembre de 2022.
A esta cifra, en el año 2023 (enero-diciembre), se sumaron 63 hectáreas.
Finalmente, entre enero y diciembre de 2024, hubo un crecimiento de 243 hectáreas.
En total, 635 hectáreas en esta zona fueron impactadas por la minería, lo que equivale a 889 canchas de fútbol profesional.
Asimismo, se identificó actividad minera fuera del catastro, correspondiente a 94 hectáreas, lo que representa el 15 % del total identificado.
Caso 3: Huambuno
Caso 3. Datos: Amazon Conservation/MAAP; EcoCiencia; Planet
En este caso, realizamos un análisis hasta diciembre 2024, sobre la situación en las orillas del río Huambuno.
En el reporte MAAP #184 se documentó una expansión minera de 238 hectáreas afectadas por minería desde mayo 2017 a enero 2023.
En este nuevo análisis, se identificó un aumento de 124 hectáreas para el año 2023 (enero – diciembre 2023) y un incremento de 130 hectáreas para el año 2024 (enero – diciembre 2024).
Lo que suma un total de 492 hectáreas (equivalente a 689 canchas de fútbol) afectadas por minería desde mayo 2017 a diciembre 2024.
Adicionalmente, se identificaron 115 hectáreas de actividad minera fuera del catastro, lo que representa el 23 % del total identificado.
Caso 4: Puní-Cotona-Arajuno
Caso 4. Datos: Amazon Conservation/MAAP; EcoCiencia, Planet
Se analiza para este caso, un sector con poca superposición del catastro minero, en donde las actividades mineras sin autorización crecieron aproximadamente un 2700% desde el primer periodo de monitoreo, entre 2017 y 2022, hasta el año 2024.
Es así como, entre enero de 2017 y diciembre de 2022, se identificaron solo 4 hectáreas afectadas por actividades mineras en la zona.
En el año 2023 (enero-diciembre), la superficie intervenida aumentó en 26 hectáreas, y para 2024 (enero-diciembre), se registró un incremento adicional de 82 hectáreas.
En total, durante el período analizado, 112 hectáreas fueron impactadas por la actividad minera en el entorno del río Puní, Cotona y Arajuno, lo que equivale aproximadamente a 157 canchas de fútbol profesional.
También, se evidenciaron 111 hectáreas de actividad minera fuera del catastro oficial, correspondiente al 99% del total identificado reflejando una fuerte presencia de minería no autorizada en este sector.
Recomendaciones para la política pública:
La reciente deforestación por actividades mineras descrita anteriormente destaca necesidades políticas clave. Enseguida, presentamos 7 recomendaciones basadas en el marco legal existente de Ecuador y las políticas de implementación asociadas a lo mismo.
1. Fortalecer los procesos de investigación y control de las autoridades competentes en zonas con potencial minero no registradas en el catastro minero vigente.
El artículo 56 de la Ley 45 proporciona una autoridad clara para las acciones de aplicación contra la explotación ilegal de minerales, definiendo dichas actividades como aquellas realizadas «sin un título válido o el permiso legal correspondiente». En este sentido, recomendamos que la Agencia de Regulación y Control de la Minería (ARCOM) establezca un sistema global de vigilancia que integre el análisis de imágenes por satélite con protocolos de verificación en tierra para identificar actividades mineras no autorizadas en tiempo real.
En un primer tiempo y hasta que la ARCOM tenga la capacidad plena para operar este sistema, destacamos la importancia de una colaboración estrecha con organizaciones de la sociedad civil que ya tienen esta capacidad, tanto en términos técnicos como de acceso a imágenes de alta resolución, así como lo demuestra la metodología utilizada en este informe.
2. Aplicar las sanciones administrativas al titular de la concesión minera que no denuncie actividades ilícitas dentro de su área autorizada.
El artículo 57 de la Ley de minería prevé que “se aplicarán las mismas multas previstas en el artículo anterior a los titulares de derechos mineros […] que permitan el cometimiento de actividades mineras ilegales, por parte de terceros no autorizados legalmente para así hacerlo o que carezcan de la respectiva licencia ambiental […].” Desde la agregación de esta disposición a la Ley de Minería en 2013, fue usada en apenas 2 sentencias y 4 resoluciones administrativas (Note 1), demostrando la necesidad de fortalecimiento financiero, personal y tecnológico de la ARCOM.
3. Aplicar con rigurosidad sanciones penales a quienes desarrollen actividades de extracción minera fuera de áreas autorizadas, como lo establece el Código Orgánico Integral Penal de Ecuador.
El Artículo 260 del Código Orgánico Integral Penal de Ecuador prevé sanciones de hasta 10 años para casos de minería artesanal que ocasionan daños al ambiente, pero apenas 16 sentencias han sido pronunciadas desde su adopción en 2014 (Note 2). Para que esta disposición sea realmente disuasiva, el sistema de justicia penal necesita tribunales medioambientales específicos con jurisdicción sobre los delitos relacionados con la minería, dotados de jueces expertos en derecho medioambiental y normativa minera.
Para acelerar el tratamiento de los casos judiciales, se recomiendan programas de capacitación para jueces, centrados en la interpretación de las pruebas de teledetección de los casos de minería ilegal y la medición de sus impactos en las comunidades y el medio ambiente.
4. Delimitar zonas de exclusión minera de 100 metros de ancho a cada margen de los ríos y sus afluentes, como lo establece el Reglamento a la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua del Ecuador, dentro de la Circunscripción Territorial Amazónica.
La actividad minera realizada a menos de 100 metros de las márgenes de los ríos provoca la destrucción de la vegetación ribereña, lo que acelera los procesos de erosión y sedimentación fluvial. Esta proximidad también favorece la contaminación directa de las aguas con metales pesados como el mercurio, que son arrastrados al cauce y envenenan los ecosistemas acuáticos, poniendo en grave riesgo la salud de las comunidades ribereñas. Las actividades mineras que requieren el uso del agua deben contar con una autorización administrativa otorgada por la Autoridad Única del Agua, conforme al artículo 26 de la Ley de Minería.
Asimismo, el artículo 18 de la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua faculta a dicha autoridad para delimitar zonas y áreas de protección hídrica. En este contexto, se recomienda al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica declarar zonas de exclusión minera todas aquellas áreas situadas a menos de 100 metros de cada margen de los ríos.
5. Establecer una recategorización ambiental que exija un proceso de licenciamiento ambiental, incluyendo un estudio de impacto ambiental y un proceso de participación pública, para la apertura de nuevas vías de más de 1 kilómetro dentro de la Circunscripción Territorial Amazónica.
Esta medida es crucial porque la normativa actual, que exige licenciamiento para vías a partir de 3 km según el artículo 174 del Código Orgánico del Ambiente (COA), es insuficiente para el ecosistema amazónico. La experiencia ha demostrado que esta situación se aprovecha progresivamente para ampliar el acceso vial a zonas de interés para la minería ilegal, mediante la suma de tramos menores a 3 km que no requieren licencia ambiental ni permisos. Esta práctica facilita la expansión de actividades ilegales y promueve la deforestación en áreas sensibles.
Reducir el umbral a 1 km es, por tanto, una aplicación del principio de precaución, consagrado en el artículo 396 de la Constitución ecuatoriana. Este ajuste impone la realización de un EIA y cumple con la obligación del Estado de prevenir y analizar los daños antes de que ocurran, tal como lo exige el artículo 179 del COA para obras de mediano y alto impacto. Segundo, y más importante, garantiza el derecho fundamental a la consulta comunitaria estipulado en el artículo 398 de la Constitución, asegurando que las comunidades locales sean escuchadas antes de autorizar proyectos con potencial de afectación a su entorno.
6. Solicitar a Gobiernos Autónomos Descentralizados la inclusión de zonas de protección hídrica y servidumbres ecológicas obligatorias dentro de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) y los Planes de Uso y Gestión del Suelo (PUGS).
El marco legal ecuatoriano establece una clara coordinación entre la planificación local y nacional. El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización establece, en su artículo 296, que los PDyOT deben articularse a las políticas y planes nacionales, lo que incluye las directrices emitidas por la Autoridad Única del Agua. En conjunto con el artículo 42 de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua, es imprescindible que las directrices de planificación hídrica nacional sean observadas en la planificación del desarrollo en todos los niveles jurisdiccionales.
Así que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) deben establecer en sus PDyOT y PUGS la protección de los recursos hídricos en el territorio, asegurando la conformidad a las zonas de protección y servidumbres ecológicas establecidas nacionalmente, observando el principio de la complementariedad.
En este sentido, recomendamos que la Superintendencia de Ordenamiento Territorial, en el marco de sus competencias y a través de sus Planes Anuales de Vigilancia y Control (PAV y PAC), incorpore como línea prioritaria de verificación: “La revisión técnica y jurídica del reconocimiento y la delimitación de zonas de protección hídrica y servidumbres ecológicas en los PDyOT y PUGS de los GAD municipales y metropolitanos, asegurando su coherencia con la normativa ambiental vigente y los principios de sostenibilidad”.
7. Crear un sistema de protección vinculante y categorías de manejo para ríos con valores naturales y culturales excepcionales, con base en la aplicación de zonas de protección hídrica con un plan de manejo participativo.
El artículo 29, numeral 2, literal “e” de la Ley Orgánica de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua establece que la planificación de los recursos hídricos debe contener la descripción de agua y de las áreas de protección hídrica en cada cuenca y los medios de salvaguarda. Lo que se recomienda aquí es que estos medios de salvaguarda sean establecidos en Planes de Manejo técnicos, específicos y detallados. Por fuerza del artículo 398 y el artículo 57, numeral 7 de la Constitución ecuatoriana, toda decisión y autorización estatal que pueda afectar el ambiente deberá ser consultada a la comunidad.
Por lo tanto, la creación de un Plan de Manejo a través de un proceso participativo es un importante mecanismo que permite cumplir con la obligación de proteger los ríos y con el derecho fundamental de los ciudadanos a participar en las decisiones que afectan su entorno.
Notes
1. https://vlex.ec/vid/ley-45-ley-mineria-643461381
2. Se realizó una búsqueda en las bases de datos abiertas del Consejo de la Judicatura del Ecuador en busca de jurisprudencia que cite el artículo 260 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), encontrándose seis sentencias dictadas desde el año 2014: N.º 17204201601552, N.º 05283201600242, N.º 07712201500096, N.º 103342201900015, N.º 09286201602579 y N.º 0165820150034. Asimismo, se identificaron diez sentencias adicionales en la base de datos jurisprudencial del Consejo Nacional de Justicia del Ecuador: N.º 1021201801851, N.º 10332201800455, N.º 10281201801658, N.º 11314201700278, N.º 05283201901606, N.º 10281201800489, N.º 10281201800483, N.º 1028201800365, N.º 10281201801640 y N.º 10281201800253.
Agradecimientos
Agradecemos a Ecuadorian Rivers Institute por sus aportes en este informe.
Este informe es parte de una serie enfocada en la Amazonía ecuatoriana a través de una colaboración estratégica entre las organizaciones Fundación EcoCiencia y Amazon Conservation, con el apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore.
MAAP #228: La Minería Ilegal en los Ríos Puré y Cotuhé en la Amazonía Colombiana
Mapa Base. Zonas de minería ilegal en la Amazonía colombiana, los ríos Puré y Cotuhé.
La minería ilegal representa un desafío de sostenibilidad ambiental, gobernabilidad, y seguridad para los países de la región Amazónica. El alto precio del oro en el mercado internacional ha impulsado el crecimiento de esta actividad, en combinación con otros factores como la falta de alternativas económicas, la presencia de grupos al margen de la ley, la corrupción, y la falta de acción gubernamental eficaz.
En la Amazonía, la minería ilegal ha generado deforestación masiva (MAAP #226), contaminación de fuentes hídricas por el uso de mercurio, y expansión de economías ilícitas, con el oro convirtiéndose en una fuente clave de financiamiento para grupos armados organizados (Nota 1).
En una serie de reportes, MAAP ha detallado e ilustrado casos de minería ilegal en muchas partes de la Amazonía, incluidos Perú, Ecuador, Brasil, y Venezuela. Estos informes incluyen casos que han provocado deforestación en la tierra o contaminación en los ríos.
En el presente reporte, nos enfocamos en el noroeste de la Amazonía, específicamente en la región de la triple frontera entre Colombia, Brasil, y Perú (ver Mapa Base).
En dicha zona, las actividades de minería ilegal impactan varios ríos que conectan estos países: los ríos Puré, Cotuhé, Caquetá, Amazonas, Apaporis, Putumayo en territorio colombiano, así como los ríos Napo, Curaray, Putumayo, Yaguas, Nanay, y Mazán del lado peruano, y Puruí y Japurá en territorio brasileño.
Aunque no causa deforestación, esta actividad minera impacta directamente los ríos y la biodiversidad con la utilización de dragas y mercurio. Esta contaminación por mercurio se propaga por la cadena alimentar, acumulando en especies consumidas por la población local, perjudicando a su salud. Este tipo de minería es capaz de extraer hasta tres kilogramos de oro al mes (Nota 2), esto equivale a unos 275.000 USD mensuales que representan más de 1.100 millones de pesos colombianos (Nota 3).
Específicamente, este reporte examina la situación actual en los ríos Puré y Cotuhé, en sus tramos en el sureste de la Amazonía colombiana (ver Mapa Base). Estos ríos se encuentran en el departamento de Amazonas, a lo largo de las fronteras de Brasil y Perú.
En ambos casos, analizamos dichos tramos con una combinación de imágenes satelitales de muy alta resolución (0.5 metros, Planet/Skysat) y fotografías de sobrevuelo (Fuente: Alianza Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro (AARIMO), en el marco del proyecto de colaboración entre las organizaciones Amazon Conservation y FCDS (Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible).
Este reporte se realizó en colaboración con nuestro socio colombiano, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y con el apoyo financiero de la Fundación Overbrook y la Fundación Gordon y Betty Moore.
Detección de actividad minera en el Río Puré
El Río Puré atraviesa el núcleo del Parque Nacional Natural Río Puré en el sureste de la Amazonía colombiana (ver Mapa Base).
Esta área protegida, en adición de su extraordinaria biodiversidad y altos niveles de carbono, también tiene un rol como fuente de alimento para las comunidades indígenas y es reconocido como hogar de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, entre ellos los Yurí–Passé, cuya alta vulnerabilidad ha sido ampliamente reconocida a nivel internacional.
Esta área protegida presenta presiones y amenazas asociadas principalmente a las actividades mineras por aluvión, la cual se está realizando con mayor frecuencia en el cauce del río Puré desde la zona fronteriza con Brasil. Los impactos que deja esta actividad son la contaminación por mercurio en agua y peces, destrucción de hábitats y ecosistemas acuáticos, cacería, tala y afectación de la seguridad alimentaria y del medio en donde habitan las comunidades en condición de aislamiento voluntario.
A pesar de las intervenciones por parte del Estado Colombiano y del constante monitoreo con organizaciones, las actividades mineras continúan, con mayor intensidad en la época donde el caudal del río es más bajo. Analizando una imagen Skysat de noviembre del 2024, encontramos 29 dragas a lo largo del curso del río Puré (ver puntos rojos en la Figura 1). Las Figuras 1J-L muestran ejemplos de estos hallazgos. En otras imagenes Skysat de marzo y abril del 2025, identificamos 27 dragas (ver puntos amarillos en la Figura 1).
Figura 1. Hallazgos de actividad minera en el Río Puré. Datos: Amazon Conservation/MAAP, FCDS.
Fotos de sobrevuelo – Río Puré
Las siguientes fotos (que corresponden a los puntos 1-3 en la Figura 1) fueron tomadas de un sobrevuelo de baja altitud realizado por FCDS en septiembre del 2024. Esta resolución adicional proporciona información adicional sobre los métodos de minería y sus impactos. (Fuente: AARIMO 2024)
Punto 1
Foto de sobrevuelo. Punto 1. Draga de techo verde, con Starlink. Datos: FCDS.
Foto de sobrevuelo. Punto 1. Draga de techo verde, con Starlink. Datos: FCDS.
Punto 2
Foto de sobrevuelo. Punto 2. Tres dragas con planchones y deslizadores. Datos: FCDS.
Foto de sobrevuelo. Punto 2. Tres dragas con planchones y deslizadores. Datos: FCDS.
Punto 3
Foto de sobrevuelo. Punto 3. Dragas y deslizadores. Datos: FCDS.
Detección de actividad minera en el Río Cotuhé
El río Cotuhé delimita el norte del Parque Nacional Natural Amacayacu (ver Mapa Base) y pasa por el Resguardo Indígena Cotuhé Putumayo (ver Figura 2), en el Trapecio Amazónico Colombiano, en las fronteras con Perú y Brasil. Analizando una imagen Skysat del 30 de noviembre de 2024, encontramos 5 dragas (Figura 2). Las Figuras 2A-D muestran ejemplos de estos hallazgos.
Figura 2. Hallazgos de actividad minera en el Río Cotuhé. Datos: Amazon Conservation/MAAP, FCDS.
Fotos de sobrevuelo – Río Cotuhé
Las siguientes fotos (que corresponden a los puntos 4-5 en la Figura 2) fueron tomadas de un sobrevuelo de baja altitud realizado por la AARIMO en septiembre del 2024. (Fuente: AARIMO 2024)
Punto 4
Foto de sobrevuelo. Punto 4. Draga en funcionamiento con antena de Starlink. Datos: FCDS
Foto de sobrevuelo. Punto 5. Draga. Datos: FCDS
Implicaciones políticas
Los eventos de minería ilegal aquí analizados se están presentando al interior de dos áreas protegidas de Parques Nacionales Naturales de Colombia, el PNN Río Puré y el PNN Amacayacu, en donde el uso no debería estar destinado a las operaciones mineras de ningún tipo ya que se allí habitan especies de alta importancia en biodiversidad, comunidades Indígenas en condición de aislamiento voluntario y comunidades Indígenas locales que dependen de los recursos naturales para su supervivencia, poniendo en riesgosu seguridad alimentaria.
Un factor importante que ha intensificado la actividad minera en la zona ha sido la importante tendencia al alza del precio del oro. En enero de 2008, la onza de oro se cotizaba alrededor de USD 812. Para julio de 2024, este valor alcanzó los USD 2.514, lo que representa un incremento de más del 200% en ese período. Además, las políticas arancelarias recientes han impulsado aún más la demanda de oro (GoldMarket, 2024). Por ejemplo, en febrero de 2025, el oro alcanzó nuevos máximos, acercándose a los USD 3.000 por onza, sustancialmente impulsado por las compras de bancos centrales (El País, 2025a).
Si bien con la Ley 1658 del 2013, se inició la prohibición del uso del mercurio en Colombia, solo hasta el 2023 fue posible su prohibición total. Esta prohibición incluye los procesos de importación y exportación de mercurio desde y hacia el territorio nacional. Sin embargo, a pesar de la prohibición en territorio colombiano, este elemento es utilizado en cantidades considerables para la extracción ilegal de oro en las zonas de fronteras, como las observadas en el presente informe. Así, Colombia, Brasil y Perú tienen un reto muy grande frente al cumplimiento de la Ley, ya que los controles de la comercialización y uso de este elemento en zonas de frontera son muy complejos por tratarse de áreas de difícil acceso.
De manera general, se ha observado una correlación entre el otorgamiento de concesiones mineras en áreas transfronterizas con el aumento de la minería informal en la subregión amazónica. Por ejemplo, en el caso del PNN Río Puré, se ha incrementado la presencia de balsas mineras al interior de áreas protegidas, las cuales ingresan por el río Puré desde el lado brasilero, en donde se evidencia gran cantidad de concesiones mineras formales.
El reto del país consiste, entonces, en fortalecer las capacidades operativas y articular acciones entre los tres países en frontera (Colombia, Perú y Brasil) para combatir los delitos ambientales asociados a la minería ilegal. Estas operaciones deben ser efectivas y no generar acción con daño a las comunidades locales y pueblos indígenas en aislamiento voluntario que allí habitan, ya que esto agrava el conflicto interno en el que se encuentra Colombia.
Notas
1 Ministerio de Minas y Energía, 2023
2 Ebus & Pedroso, 2023
3 Bullion Vault, 2025
Agradecimientos
Este reporte se realizó en colaboración con nuestro socio colombiano, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y con el apoyo financiero de la Fundación Overbrook y la Fundación Gordon y Betty Moore.
