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MAAP #231: Ampliación de red vial irregular en Territorio Indígena Achuar

Este informe tiene como objetivo documentar la expansión de vías en el sureste de la Amazonía ecuatoriana, específicamente en el territorio Indígena de la Nacionalidad Achuar del Ecuador, con la finalidad de analizar cuales tramos viales han cumplido con los requisitos ambientales requeridos por ley.
La Nacionalidad Achuar del Ecuador tiene un territorio de alrededor de 672.000 hectáreas entre las provincias de Pastaza y Morona Santiago, en donde habitan cerca de 10.000 personas distribuidas en 96 comunidades.
En el reporte MAAP #159 se registró la apertura de una vía de 12 kilómetros, que conecta el poblado de Taisha con la comunidad de Pumpuentsa, realizada entre octubre de 2021 y abril de 2022.
Esta obra representó la primera vía carrozable en la historia del territorio Achuar.

El presente reporte muestra una actualización con corte a abril de 2025, evidenciando nuevas conexiones viales entre las comunidades Pumpuentsa y Wampuik, y un ramal intermedio hacia Wasakentsa, ubicadas dentro del territorio de la NAE en la provincia de Morona Santiago (ver Imagen 1).
Esta expansión vial responde a demandas históricas de la Nacionalidad Achuar, motivadas por el aislamiento geográfico, los altos costos de transporte y la falta de servicios básicos como salud y educación. Estas condiciones han impulsado a las comunidades a exigir una mayor atención por parte de las autoridades nacionales y subnacionales.
El desarrollo de estas vías debe planificarse considerando que este territorio es conocido como uno de los bosques mejor conservados y de mayor biodiversidad en el Ecuador (ver Anexo). La vida en bosques Indígenas requiere una intervención integra con servicios básicos y alternativas sostenibles, para evitar conflictos socioambientales, tales como la extracción ilícita de madera.
Las demandas, previamente aludidas, han sido recogidas en propuestas del Gobierno Autónomo Descentralizado (GAD) Provincial de Morona Santiago y reflejadas en resoluciones de Asambleas y Congresos de la Nacionalidad Achuar. Cabe destacar que la vialidad rural es competencia de los GAD provinciales y requiere diversos estudios técnicos, siendo los estudios ambientales uno de los componentes más relevantes en el proceso de planificación y desarrollo.
Ampliación de vías entre abril 2022 y abril 2025
El ingreso de vías en el territorio de la Nacionalidad Achuar del Ecuador marca un antes y un después en la historia de este pueblo. La vía Pumpuentsa–Wampuik, junto con su ramal hacia Wasakentsa, conecta el sistema vial del cantón Taisha con el corazón del territorio Achuar en Morona Santiago, incluyendo su bosque primario. La posibilidad de extender estas vías hacia otras comunidades e incluso hacia Perú representa quizás el mayor reto (presiones y amenazas vinculadas a la red vial) para la Nacionalidad Achuar desde que el Estado les otorgó títulos territoriales en la década de 1990.
Mediante el análisis de imágenes satelitales, se identificó una expansión total de aproximadamente 50 kilómetros de la red vial en territorio Achuar, registrada entre abril de 2022 y abril de 2025.
Inicialmente hasta abril 2022 se habían registrado 12 kilómetros viales construidos hasta Pumpuentsa y sus alrededores. En los primeros seis meses del presente monitoreo, el crecimiento fue moderado, alcanzando aproximadamente 23 kilómetros de ampliación. Posteriormente, las obras se detuvieron por un periodo de dos años. La reactivación del proyecto tuvo lugar en octubre 2024, dando paso a una fase de expansión acelerada que alcanza los 56 kilómetros en enero 2025. Finalmente, entre enero y abril de 2025, se registró un crecimiento paulatino de 6 kilómetros adicionales, correspondiente al ramal hacia Wasakentsa, completando así 62 kilómetros de ampliación total de la red vial en territorio Achuar desde 2021 (ver Gráfica 1).


La Imagen 2 ilustra como esta ampliación vial ha permitido la conectividad entre comunidades del territorio Indígena Achuar.
El recorrido inicia en la comunidad de Pumpuentsa y se extiende hacia Patukmai, desde donde se establecen conexiones hacia Wasakentsa e Ipiak. A su vez, Ipiak queda vinculada con Putuim, que conecta con Tarimiat, y finalmente esta última con Wampuik.
Construcción, gestión y monitoreo

En cuanto a su construcción y gestión, la vía desde Pumpuentsa hasta Patukmai fue construida por el GAD Provincial de Morona Santiago. Posteriormente, en 2024, el GAD Municipal de Taisha, autoridad que no tiene las competencias de vialidad rural, realizó la apertura de la vía que conecta Patukmai con Wampuik. Actualmente, en 2025, el GAD Provincial se encuentra a cargo de la construcción de la primera etapa de la vía que conecta Patukmai con Wasakentsa y conectará, en futuras fases, a otras comunidades (Nases, Kuchints, Tsurik Nuevo y Wampuik).
Con relación a la legalidad de estas intervenciones, al 3 de agosto de 2025, únicamente el tramo Pumpuentza–Patukmai cuenta con registro ambiental vigente (MAE-SUIA-RA-DPAMS-2017-2595), el cual obliga al cumplimiento del Plan de Manejo Ambiental y demás requisitos normativos por parte del GAD Provincial [1]. El tramo que comprenden desde Patukmai hasta Wampuik, no presentan registros de obra ni permisos ambientales en el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) del Ecuador. Sin embargo, según una publicación oficial del GAD Municipal de Taisha, el 21 de diciembre de 2024 se habría concluido la construcción de la vía completa entre Pumpuentsa y Wampuik, pese a la ausencia de permisos ambientales registrados [2].
La Nacionalidad Achuar y los representantes de Pumpuentsa consideran el monitoreo comunitario como el Ikiama Yapii (la cara del bosque). El cuidador o monitor territorial del bosque, es quien observa, controla y vigila los sitios importantes para la cultura Achuar (ríos, animales, espíritus) y los daños o acciones ambientales que afectan el territorio. Es así como monitores territoriales Achuar han realizado un seguimiento al avance de la vía desde Pumpuentsa hasta Wampuik en el periodo de su construcción y al aprovechamiento de madera que esto ocasiona (ver Imagen 3).
El monitoreo comunitario realizado en 2025 identificó a Pumpuentsa y Patukmai como las comunidades con mayor aprovechamiento forestal, destacándose especialmente la extracción de especies como el cedro y el chuncho. La reciente ampliación vial en la zona ha facilitado significativamente el transporte de la madera destinada a su comercialización (ver Imagen 3).
Recomendaciones para la política pública
La apertura de carreteras en territorios Indígenas de la Amazonía ecuatoriana implica una serie de requisitos ambientales fundamentales, establecidos en la normativa nacional vigente a 2025, para garantizar la protección del ambiente, la biodiversidad y los derechos de las comunidades locales e indígenas. Estos requisitos están regulados principalmente por la ley del Código Orgánico del Ambiente (COA) y su Reglamento (emitido mediante el Decreto Ejecutivo 752 y reformas), la jurisprudencia de la Corte Constitucional del Ecuador respecto a derechos ambientales y derechos de la Naturaleza; y los tratados internacionales de derechos humanos como el Acuerdo de Escazú (vigente en Ecuador desde 2021).
Detallamos a continuación algunas recomendaciones con base en los hallazgos del estudio realizado y el respectivo marco regulatorio:
Licencias o ejecución de obras públicas sin Consulta y el consentimiento previo, libre e informado (CPLI)

El proceso de evaluación ambiental incluye obligatoriamente un proceso de participación ciudadana, establecido en el artículo 395 de la Constitución del Ecuador. Este proceso deberá garantizar el derecho de las comunidades afectadas a ser informadas y a emitir observaciones sobre el proyecto, antes de su aprobación. Las convocatorias y actas deben publicarse en el SUIA.
Si la carretera interviene territorios de pueblos y nacionalidades indígenas, es obligatoria la realización de una consulta previa, libre e informada, conforme al artículo 57 de la Constitución y los estándares del Convenio 169 de la OIT.
La consulta debe realizarse de buena fe, con pertinencia cultural y antes de la adopción de cualquier decisión definitiva.
Con base en esto, se recomienda a la Autoridad Nacional Ambiental a nivel nacional, mediante las reformas legislativas correspondientes, tipifique como falta grave o delito el otorgamiento de licencias o la ejecución de obras públicas sin CPLI, estableciendo responsabilidades penales, administrativas y civiles para los funcionarios o empresas que actúen al margen de este derecho.
Normativa para la ejecución de obras sin CPLI

En el marco de las competencias ambientales de los GADs [5], el artículo 431 de la Constitución de la República, se establece un sistema de gestión integral del manejo ambiental nacional donde, los gobiernos autónomos descentralizados, de manera concurrente, estarán a cargo de la emisión de normas para la gestión integral del ambiente y la prevención, control y sanción de actividades que afecten al mismo.
Asimismo, se establece la obligación de los GADs de denunciar ante la autoridad competente cualquier vulneración a los derechos de la Naturaleza que llegue a su conocimiento.
En el marco de dichas obligaciones y el sistema de garantías establecido, se recomienda el desarrollo de mecanismos normativos vinculantes que impidan el inicio de cualquier fase del proyecto sin CPLI, incluso la fase de planificación, licitación o estudios de factibilidad.
Garantizar la participación indígena en CPLI

Se recomienda a la Autoridad Nacional Ambiental que se diseñen lineamientos específicos sobre cómo debe desarrollarse la consulta previa en contextos amazónicos, con enfoque cultural, lingüístico y territorialmente diferenciado, en co-creación con las propias organizaciones indígenas.
Además de que se publique información clave (fichas técnicas, mapas, actas de consulta, licencias) en plataformas públicas como el Sistema Único de Información Ambiental (SUIA) y otros repositorios accesibles con el fin de garantizar la transparencia del proceso.
Así mismo, se considera conveniente que se incorporen mecanismos de rendición de cuentas y seguimiento participativo al proceso de implementación del CPLI, incluyendo la figura de veedurías comunitarias y auditorías sociales.
Y que, se reconozca la competencia de las autoridades indígenas para pronunciarse sobre afectaciones en su territorio, en concordancia con el artículo 171 de la Constitución, esto con la finalidad de fortalecer los sistemas de justicia intercultural.
Fortalecer el uso del diálogo intercultural como mecanismo de gobernanza preventiva

La Constitución del Ecuador establece como principios rectores del Estado la interculturalidad y la plurinacionalidad (art. 1 y art. 250), y reconoce la existencia de sistemas jurídicos propios de los pueblos Indígenas.
Además, el Acuerdo de Escazú promueve la participación inclusiva y efectiva, con enfoques interculturales (art. 7).
El marco constitucional reconoce la plurinacionalidad y la interculturalidad (arts. 1 y 250), lo que implica incorporar los saberes, cosmovisiones y sistemas de ordenamiento propios de los pueblos Indígenas.
En este sentido se recomienda incorporar de manera estructural el diálogo intercultural como mecanismo preventivo y vinculante en la toma de decisiones que puedan afectar territorios Indígenas.
Esto implica: Reconocer la legitimidad de los voceros y formas propias de decisión comunitaria; Respetar los tiempos y protocolos culturales de deliberación; Asegurar la participación de autoridades comunitarias desde etapas tempranas, más allá del requisito formal de consulta; Capacitar a funcionarios públicos en competencias interculturales; y, Establecer mesas técnicas permanentes de diálogo entre instituciones del Estado y gobiernos comunitarios, como espacios de resolución anticipada de conflictos.
Este enfoque de diálogo debe preceder cualquier acción administrativa o de planificación sobre los territorios y debe considerarse una herramienta de garantía de derechos y prevención de conflictos socioambientales.
Transparencia ambiental y mecanismos anticorrupción
El Acuerdo de Escazú, ratificado por Ecuador y en vigor desde el año 2021, establece en su artículo 5 el deber de los Estados de garantizar el acceso a la información ambiental, de manera proactiva y en formatos culturalmente adecuados.
La falta de información completa y veraz vicia el proceso de consulta y viola el principio de buena fe, como ha reiterado la Corte IDH en varios fallos.
La participación de los pueblos Indígenas en la gestión ambiental y territorial está garantizada en la Constitución (art. 395.2 y 57.17) y en el Acuerdo de Escazú (art. 9), lo cual implica su rol como actores de control social y defensores del territorio.
Se recomienda que se reconozcan e institucionalicen sistemas de monitoreo comunitario Indígena mediante protocolos propios, que se articulen con el Sistema Nacional de Monitoreo Ambiental.
Estos sistemas deben tener capacidad de generar alertas tempranas, denuncias y promover la participación en procesos de sanción y remediación.
Notas
[1] Resolución No. 219724: Registro ambiental para el proyecto obra o actividad construcción de la vía Pumpuentza – Patukmai, tramo I de 10 km ubicado en la parroquia Pumpuentza del cantón Taisha., ubicado/a en el cantón Taisha, Provincia Morona Santiago, MAATE.
[2] Anuncio disponible en: https://taisha.gob.ec/𝗟𝗟𝗘𝗚𝗔𝗠𝗢𝗦–𝗖𝗢𝗡–𝗟𝗔–𝗔𝗣𝗘/
[3] Pudiendo ser estos, conforme el art. 426 del Reglamento al COA: a) un registro ambiental, para proyectos de bajo impacto o; b) una licencia ambiental, para obras y proyectos de mediano y alto impacto.
[4] Registro Oficial No. 274, publicado el 28 de marzo de 2023
[5] De conformidad a la Sentencia 36-15-IN/20 de la Corte Constitucional del Ecuador, a fin de comprender el nivel de competencia ambiental que concurre para los GADs, es necesario indicar que existen cuatro tipos de competencias:
- Las competencias exclusivas definidas en el artículo 114 del Código Orgánico de Organización Territorial (COOTAD) como aquellas que están establecidas expresamente en la CRE y en el COOTAD, y su titularidad corresponde a un solo nivel de gobierno;
- Las competencias concurrentes definidas en el artículo 115 del COOTAD como aquellas cuya titularidad corresponde a dos o más niveles de gobierno
- Las competencias adicionales y; las competencias residuales definidas en los artículos 149 y 150 del COOTAD, respectivamente como aquellas competencias que entrega el Consejo Nacional de Competencias.
Anexo

Agradecimientos
Agradecemos a Fundación Pachamama por facilitar información contextual y la redacción de recomendaciones para la política pública del presente reporte.
Este informe es parte de una serie enfocada en la Amazonía ecuatoriana a través de una colaboración estratégica entre las organizaciones Fundación EcoCiencia y Amazon Conservation, con el apoyo de la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (Norad).
MAAP #229: Deforestación e Incendios en la Amazonía 2024

Continuando con nuestra serie anual, presentamos una mirada detallada de los principales focos de pérdida de bosques amazónicos en 2024, basado en los datos anuales definitivos publicados recientemente por la Universidad de Maryland y presentados en Global Forest Watch. Como en otros reportes de la serie, tomamos este conjunto de datos globales y lo analizamos específicamente para la Amazonía.
Estos datos sobre la pérdida de bosques sirve como fuente coherente en los nueve países de la Amazonía, distinguiendo la pérdida de bosques causadas por incendios y otros factores ajenos. Utilizamos la pérdida forestal por causas ajenas a incendios como indicador de deforestación antropogénica, aunque también incluye algunas pérdidas naturales (como deslizamiento de tierras y vendavales). Investigaciones anteriores han confirmado que casi todos los incendios amazónicos son por causas antropogénicas (MAAP#189).
Con este contexto, podemos presentar tanto la deforestación estimada como los focos de incendios en toda la Amazonía (vea el Mapa Base y el Gráfico 1).
En el 2024, la deforestación fue la quinta más alta registrada (desde 2002), con más de 1.7 millones de hectáreas en toda la Amazonía. Este valor representa un aumento importante (34%) con respecto al 2023, pero una disminución (12%) con respecto al pico reciente del 2022 (1,98 millones de hectáreas). La mayor parte de la deforestación se produjo en Brasil (54.7%), seguido de Bolivia (27.3%), Perú (8.1%) y Colombia (4.7%) como los claros cuatro primeros en el 2024.
Sin embargo, la gran noticia del 2024 fue el impacto sin precedentes de los incendios en los bosques primarios, con un total de 2.8 millones de hectáreas. Este total batió el récord anterior de 1.7 millones de hectáreas en el 2016. La gran mayoría (95%) de los incendios se produjeron en solo dos países: Brasil y Bolivia que, a su vez, establecieron sus propios récords anuales de incendios (junto con Perú, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa). En general, estos datos sobre incendios pueden interpretarse como una degradación forestal, a diferencia de los impactos más permanentes de la deforestación.
En cuanto a los patrones espaciales, el Mapa Base indica que la mayoría de los focos de pérdida intensa de bosques se debieron a incendios. Estos focos de incendios se concentraron especialmente en las fronteras de la soya y el ganado del sudeste de la Amazonía brasileña y el sudeste de la Amazonía boliviana. Los focos de deforestación (sin grandes incendios asociados) se debieron en gran medida a la agricultura y la minería aurífera en toda la Amazonía, sobre todo en Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador y Perú. En el Anexo 1 puede ver la pérdida forestal total (sin los datos específicos de pérdida por incendios).
Investigaciones anteriores han revelado el estrecho vínculo existente entre la deforestación y los incendios en la Amazonía (MAAP #189). Es decir, muchos incendios grandes ocurren en zonas recientemente deforestadas y a veces se escapan a los bosques circundantes, especialmente en condiciones de sequía prolongada.
En total, la deforestación y los incendios impactaron 4.5 millones de hectáreas de bosque primario. Este total es, con diferencia el más alto registrado, superando con más de un millón de hectáreas al del 2016 (3.4 millones de hectáreas).
Desde el 2002, se estima la deforestación de 33.7 millones de hectáreas de bosque primario. Otras 10.6 millones de hectáreas han sido afectadas por los incendios.
A continuación, ampliamos la información sobre los cuatro países con mayor deforestación (Brasil, Bolivia, Perú y Colombia), además de otros países destacados de la Amazonía (Guyana, Venezuela y Ecuador).
Pérdida de bosques primarios en la Amazonía, 2002-2024
El Gráfico 1 muestra la tendencia histórica de la pérdida de bosques primarios en la Amazonía, desde el 2022 hasta la actualidad.

Pérdida de bosque primario amazónico (por país), 2002-2024
El Gráfico 2a muestra la pérdida de bosque primario amazónico en el 2024 para los nueve países. En el Anexo 2, el Gráfico 2b descarta a Brasil y Bolivia para ver los demás países con mayor detalle.

Amazonía brasileña

En el 2024, la Amazonía brasileña perdió 954.126 hectáreas de bosque primario debido a la deforestación. Aunque este total supuso un aumento del 13.6% con respecto al 2023, históricamente fue relativamente bajo (el 16avo más alto desde el 2002).
La noticia más resaltante es que los incendios afectaron directamente a otras 1.9 millones de hectáreas. Este impacto por incendio fue el más alto registrado, superando el máximo anterior del 2016 (1.6 millones de hectáreas).
Todos los focos de pérdida de bosques más intensos se caracterizaron por incendios intensos. Muchos de estos focos se concentraban en el sureste de la Amazonía brasileña (Figura 2). Estas áreas incluyen la principal carretera norte-sur en el estado de Pará (BR-163) y más al este de esta carretera. Los focos también se expandieron hacia el sur, hacia la frontera de la soya del estado de Mato Grosso.
También se localizaron focos de incendio en el estado norteño de Roraima y a lo largo de otras grandes redes de carreteras, especialmente la carretera BR-230 (Carretera Transamazónica) en los estados de Pará y Amazonas, y la carretera BR-364 en el estado de Acre.
Investigaciones anteriores han revelado que más del 70% de los grandes incendios de la Amazonía brasileña queman zonas recientemente deforestadas (MAAP #189). En condiciones de sequía prolongada, como en el 2016 y 2024, estos incendios grandes escapan hacia los bosques circundantes.

Amazonía boliviana

En 2024, la Amazonia boliviana perdió 476.030 hectáreas de bosque primario debido a la deforestación. Este total fue el más alto registrado, superando el máximo anterior de 2022 (245.177 hectáreas).
En un récord aún mayor, los incendios afectaron directamente a otras 779.960 hectáreas. Este total pulverizó el récord anterior de 2023 (250.843 hectáreas).
Al igual que en Brasil, los focos más intensos de pérdida de bosques se caracterizaron por incendios intensos.
Estos incendios se concentraron en la frontera soyera ubicada en el sudeste del departamento de Santa Cruz (Figura 3). Destacamos que este foco en particular está más al norte que en años anteriores, lo que indica una expansión hacia el norte de las plantaciones de soya.
También hubo una concentración de focos de incendio a lo largo de la frontera departamental de Beni y Pando, y más cerca de la Cordillera de los Andes en los departamentos de La Paz y Beni.
Los focos de deforestación (sin incendios) se concentraron en la frontera soyera del sureste.

Amazonía peruana

En el 2024, la Amazonía peruana perdió 141.781 hectáreas de bosque primario debido a la deforestación. Este total es el sexto más alto registrado desde el 2002.
Rompiendo un récord, los incendios afectaron a otras 47.574 hectáreas. Este total duplicó con creces el máximo anterior del 2023 (20.042 hectáreas). Como se señaló anteriormente, estos datos de incendios pueden interpretarse como degradación forestal, en contraste con los impactos más permanentes de la deforestación.
Al igual que en Brasil y Bolivia, todos los focos de pérdida de bosques más intensos se caracterizaron por incendios intensos. Estos incendios se concentraron en la Amazonía central y sudoriental (regiones de Ucayali y Madre de Dios, respectivamente) (Figura 4).
Los focos de deforestación se concentraron en el frente de minería aurífera del sur de la Amazonía y en toda la Amazonía central. El foco muy alto (morado oscuro en la Figura 4) en el centro de Perú corresponde a la última deforestación de las colonias menonitas (ver MAAP #222 para más detalles).

Amazonía colombiana

En el 2024, la Amazonía colombiana perdió 81.396 hectáreas de bosque primario debido a la deforestación. Este total supuso un sorprendente aumento de 82.5% desde el mínimo registrado en el 2023. Fue el séptimo más alto registrado, continuando la tendencia de elevada pérdida de bosques desde el acuerdo de paz con las FARC en 2016 (los siete totales anuales de deforestación más altos se han producido desde 2016).
Los grandes incendios fueron menos frecuentes en la Amazonía colombiana, pero afectaron directamente a otras 5.184 hectáreas (la octava cifra más alta registrada).
Como se ha descrito en reportes anteriores (ver MAAP #120), la Figura 5 muestra que sigue existiendo un «arco de deforestación» en el noroeste de la Amazonía colombiana (departamentos de Caquetá, Meta, Putumayo y Guaviare). En particular, hay un par de zonas de muy alta deforestación alrededor del parque nacional Chiribiquete, y zonas de alta deforestación dentro de los parques nacionales Tinigua y Macarena.
Este arco afecta a numerosas áreas protegidas (en particular los Parques Nacionales Tinigua y Chiribiquete) y reservas indígenas (en particular Yari-Yaguara II y Nukak Maku).

Otros países amazónicos
Otras noticias destacadas sobre la Amazonía incluyen:
Focos de deforestación e incendios en el noreste de Guyana. En total, Guyana perdió 25.858 hectáreas de bosque primario debido a la deforestación, y otras 38.314 hectáreas a causa de los incendios, batiendo en ambos casos récords anteriores.
La deforestación en la Amazonía venezolana fue la más alta registrada (32.240 hectáreas), y el impacto adicional de los incendios fue el segundo más alto (36.471 hectáreas).
La deforestación en la Amazonía ecuatoriana fue la segunda más alta registrada (18.615 hectáreas), seguida del 2022 (18.902 hectáreas). Los focos de deforestación se concentraron en el norte de la Amazonía, zonas caracterizadas por una elevada actividad de minería aurífera (MAAP#227, MAAP#221, MAAP#219). Al igual que en Colombia, los grandes incendios fueron menos frecuentes en el noroeste de la Amazonía, pero afectaron directamente a otras 1.540 hectáreas (la cuarta cifra más alta registrada).
En Surinam (7.926 ha) y Guayana Francesa (635 ha) se registraron los mayores incendios de la historia.
Implicaciones políticas
El acontecimiento político dominante del 2024 fue la temporada de incendios que batió récords en toda la Amazonía. Estos incendios no sólo se produjeron en toda la región, sino también en países concretos, como Brasil, Bolivia, Perú, Guyana, Surinam y la Guayana Francesa.
Los registros de 2024 son especialmente significativos dado que la Amazonía ha experimentado varios años de incendios intensos en las últimas dos décadas. El más notable, y el que batió el récord anterior, se produjo en 2016, tras el fenómeno de El Niño «Godzilla» de 2015-16. Sin embargo, las condiciones extremas de sequía de 2023 y 2024, también asociadas a El Niño, superaron esos puntos de referencia anteriores, creando condiciones extremas para incendios generalizados en toda la Amazonía.
Como resultado, la política de incendios se está convirtiendo en un pilar central de la conservación de la Amazonía, junto con los esfuerzos de larga data para frenar la deforestación. Esta creciente importancia está directamente relacionada con el cambio climático, tanto en lo que respecta a la intensificación de las estaciones secas como al aumento previsto de la frecuencia, duración y gravedad de los fenómenos de El Niño.
Estas políticas deben centrarse en cómo evitar los incendios en primer lugar, y luego en cómo responder eficazmente a los grandes incendios una vez que aparecen.
Investigaciones anteriores han revelado el estrecho vínculo existente entre la deforestación y los incendios en la Amazonía brasileña (MAAP #189). Es decir, muchos incendios importantes queman zonas recientemente deforestadas y a veces se escapan a los bosques circundantes, especialmente en condiciones de sequía prolongada. Por ello, reforzar el control de la deforestación sigue siendo una de las estrategias más eficaces para mitigar los incendios en Brasil y otros países amazónicos.
En la Amazonía boliviana también existe una estrecha relación entre deforestación e incendios. Aunque la deforestación suele preceder a los incendios, como en Brasil, también se produce una segunda ronda de deforestación tras los incendios. Esto sugiere que pueden ser necesarias intervenciones políticas adicionales o distintas, como la regulación del uso de la tierra, incentivos para el desbroce de tierras sin incendios, o educación y aplicación de la ley específicas en las fronteras agrícolas.
En ambos contextos, la vigilancia de los incendios en tiempo real, como el MAAP Fire Tracker, debería integrarse en los protocolos nacionales de respuesta y en la coordinación sobre el terreno.
Además de los incendios, la deforestación sigue provocando altas tasas de pérdida de bosques en otras partes de la Amazonía. En el arco de deforestación de Colombia, detectamos una deforestación muy elevada alrededor del parque nacional de Chiribiquete, así como una alta deforestación en los parques nacionales de Tinigua y la Macarena. Aunque el gobierno nacional está comprometido con el problema de la deforestación, estas pérdidas están estrechamente ligadas a la presencia e influencia de los grupos armados en el país, que ejercen un control sustancial sobre el uso de la tierra y la dinámica de la deforestación (lo que explica cambios como la caída en 2023 y el aumento de nuevo en 2024). Los principales motores de la deforestación en Colombia son las carreteras, el acaparamiento de tierras (y los pastos para ganado asociados) y el cultivo de coca.
Otras zonas de gran pérdida de bosques son los frentes de extracción de oro en el norte de Ecuador y el sur de Perú, las colonias menonitas en el centro de Perú, la frontera de la soya en el sureste de Bolivia y las principales carreteras existentes en Brasil. Aunque hay minería aurífera tanto en Venezuela como en Guyana, los focos de pérdida de bosques más intensos estaban asociados a los incendios que rodean las zonas agrícolas.
Es importante señalar que los datos aquí presentados pueden diferir de los datos nacionales presentados por los gobiernos. Esta diferencia puede deberse a la metodología (nosotros nos centramos en el impacto sobre los bosques primarios), la resolución espacial (30 metros en nuestro caso) y los límites amazónicos (empleamos un límite híbrido diseñado para incluir al máximo tanto la cuenca hidrográfica como la biogeografía). Debido a estas posibles diferencias entre las fuentes, es mejor centrarse en la convergencia de las tendencias y patrones generales, y no centrarse excesivamente en las diferencias numéricas absolutas.
Anexo 1

Anexo 2

Metodología
Consulte la versión en inglés para obtener una descripción completa de la metodología.
Agradecimientos
Agradecemos a los colegas de Global Forest Watch (GFW), una iniciativa del World Resource Institute (WRI), por el temprano acceso a los datos.
También agradecemos a los colegas de las siguientes organizaciones por sus útiles comentarios sobre este reporte: Conservación Amazónica – ACEAA en Bolivia, Conservación Amazónica – ACCA en Perú, Fundación EcoCiencia en Ecuador e Instituto Centro de Vida (ICV) en Brasil.
Este trabajo recibió el apoyo de Norad (Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo).
Cita
Finer M, Ariñez A, Mamani N, Cohen M, Santana A (2025) Deforestación y Incendios en la Amazonía 2024. MAAP: 229.
MAAP #228: La Minería Ilegal en los Ríos Puré y Cotuhé en la Amazonía Colombiana

La minería ilegal representa un desafío de sostenibilidad ambiental, gobernabilidad, y seguridad para los países de la región Amazónica. El alto precio del oro en el mercado internacional ha impulsado el crecimiento de esta actividad, en combinación con otros factores como la falta de alternativas económicas, la presencia de grupos al margen de la ley, la corrupción, y la falta de acción gubernamental eficaz.
En la Amazonía, la minería ilegal ha generado deforestación masiva (MAAP #226), contaminación de fuentes hídricas por el uso de mercurio, y expansión de economías ilícitas, con el oro convirtiéndose en una fuente clave de financiamiento para grupos armados organizados (Nota 1).
En una serie de reportes, MAAP ha detallado e ilustrado casos de minería ilegal en muchas partes de la Amazonía, incluidos Perú, Ecuador, Brasil, y Venezuela. Estos informes incluyen casos que han provocado deforestación en la tierra o contaminación en los ríos.
En el presente reporte, nos enfocamos en el noroeste de la Amazonía, específicamente en la región de la triple frontera entre Colombia, Brasil, y Perú (ver Mapa Base).
En dicha zona, las actividades de minería ilegal impactan varios ríos que conectan estos países: los ríos Puré, Cotuhé, Caquetá, Amazonas, Apaporis, Putumayo en territorio colombiano, así como los ríos Napo, Curaray, Putumayo, Yaguas, Nanay, y Mazán del lado peruano, y Puruí y Japurá en territorio brasileño.
Aunque no causa deforestación, esta actividad minera impacta directamente los ríos y la biodiversidad con la utilización de dragas y mercurio. Esta contaminación por mercurio se propaga por la cadena alimentar, acumulando en especies consumidas por la población local, perjudicando a su salud. Este tipo de minería es capaz de extraer hasta tres kilogramos de oro al mes (Nota 2), esto equivale a unos 275.000 USD mensuales que representan más de 1.100 millones de pesos colombianos (Nota 3).
Específicamente, este reporte examina la situación actual en los ríos Puré y Cotuhé, en sus tramos en el sureste de la Amazonía colombiana (ver Mapa Base). Estos ríos se encuentran en el departamento de Amazonas, a lo largo de las fronteras de Brasil y Perú.
En ambos casos, analizamos dichos tramos con una combinación de imágenes satelitales de muy alta resolución (0.5 metros, Planet/Skysat) y fotografías de sobrevuelo (Fuente: Alianza Amazónica para la Reducción de los Impactos de la Minería de Oro (AARIMO), en el marco del proyecto de colaboración entre las organizaciones Amazon Conservation y FCDS (Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible).
Este reporte se realizó en colaboración con nuestro socio colombiano, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y con el apoyo financiero de la Fundación Overbrook y la Fundación Gordon y Betty Moore.
Detección de actividad minera en el Río Puré
El Río Puré atraviesa el núcleo del Parque Nacional Natural Río Puré en el sureste de la Amazonía colombiana (ver Mapa Base).
Esta área protegida, en adición de su extraordinaria biodiversidad y altos niveles de carbono, también tiene un rol como fuente de alimento para las comunidades indígenas y es reconocido como hogar de pueblos indígenas en aislamiento voluntario, entre ellos los Yurí–Passé, cuya alta vulnerabilidad ha sido ampliamente reconocida a nivel internacional.
Esta área protegida presenta presiones y amenazas asociadas principalmente a las actividades mineras por aluvión, la cual se está realizando con mayor frecuencia en el cauce del río Puré desde la zona fronteriza con Brasil. Los impactos que deja esta actividad son la contaminación por mercurio en agua y peces, destrucción de hábitats y ecosistemas acuáticos, cacería, tala y afectación de la seguridad alimentaria y del medio en donde habitan las comunidades en condición de aislamiento voluntario.
A pesar de las intervenciones por parte del Estado Colombiano y del constante monitoreo con organizaciones, las actividades mineras continúan, con mayor intensidad en la época donde el caudal del río es más bajo. Analizando una imagen Skysat de noviembre del 2024, encontramos 29 dragas a lo largo del curso del río Puré (ver puntos rojos en la Figura 1). Las Figuras 1J-L muestran ejemplos de estos hallazgos. En otras imagenes Skysat de marzo y abril del 2025, identificamos 27 dragas (ver puntos amarillos en la Figura 1).

Fotos de sobrevuelo – Río Puré
Las siguientes fotos (que corresponden a los puntos 1-3 en la Figura 1) fueron tomadas de un sobrevuelo de baja altitud realizado por FCDS en septiembre del 2024. Esta resolución adicional proporciona información adicional sobre los métodos de minería y sus impactos. (Fuente: AARIMO 2024)
Punto 1


Punto 2


Punto 3

Detección de actividad minera en el Río Cotuhé
El río Cotuhé delimita el norte del Parque Nacional Natural Amacayacu (ver Mapa Base) y pasa por el Resguardo Indígena Cotuhé Putumayo (ver Figura 2), en el Trapecio Amazónico Colombiano, en las fronteras con Perú y Brasil. Analizando una imagen Skysat del 30 de noviembre de 2024, encontramos 5 dragas (Figura 2). Las Figuras 2A-D muestran ejemplos de estos hallazgos.

Fotos de sobrevuelo – Río Cotuhé
Las siguientes fotos (que corresponden a los puntos 4-5 en la Figura 2) fueron tomadas de un sobrevuelo de baja altitud realizado por la AARIMO en septiembre del 2024. (Fuente: AARIMO 2024)
Punto 4


Implicaciones políticas
Los eventos de minería ilegal aquí analizados se están presentando al interior de dos áreas protegidas de Parques Nacionales Naturales de Colombia, el PNN Río Puré y el PNN Amacayacu, en donde el uso no debería estar destinado a las operaciones mineras de ningún tipo ya que se allí habitan especies de alta importancia en biodiversidad, comunidades Indígenas en condición de aislamiento voluntario y comunidades Indígenas locales que dependen de los recursos naturales para su supervivencia, poniendo en riesgosu seguridad alimentaria.
Un factor importante que ha intensificado la actividad minera en la zona ha sido la importante tendencia al alza del precio del oro. En enero de 2008, la onza de oro se cotizaba alrededor de USD 812. Para julio de 2024, este valor alcanzó los USD 2.514, lo que representa un incremento de más del 200% en ese período. Además, las políticas arancelarias recientes han impulsado aún más la demanda de oro (GoldMarket, 2024). Por ejemplo, en febrero de 2025, el oro alcanzó nuevos máximos, acercándose a los USD 3.000 por onza, sustancialmente impulsado por las compras de bancos centrales (El País, 2025a).
Si bien con la Ley 1658 del 2013, se inició la prohibición del uso del mercurio en Colombia, solo hasta el 2023 fue posible su prohibición total. Esta prohibición incluye los procesos de importación y exportación de mercurio desde y hacia el territorio nacional. Sin embargo, a pesar de la prohibición en territorio colombiano, este elemento es utilizado en cantidades considerables para la extracción ilegal de oro en las zonas de fronteras, como las observadas en el presente informe. Así, Colombia, Brasil y Perú tienen un reto muy grande frente al cumplimiento de la Ley, ya que los controles de la comercialización y uso de este elemento en zonas de frontera son muy complejos por tratarse de áreas de difícil acceso.
De manera general, se ha observado una correlación entre el otorgamiento de concesiones mineras en áreas transfronterizas con el aumento de la minería informal en la subregión amazónica. Por ejemplo, en el caso del PNN Río Puré, se ha incrementado la presencia de balsas mineras al interior de áreas protegidas, las cuales ingresan por el río Puré desde el lado brasilero, en donde se evidencia gran cantidad de concesiones mineras formales.
El reto del país consiste, entonces, en fortalecer las capacidades operativas y articular acciones entre los tres países en frontera (Colombia, Perú y Brasil) para combatir los delitos ambientales asociados a la minería ilegal. Estas operaciones deben ser efectivas y no generar acción con daño a las comunidades locales y pueblos indígenas en aislamiento voluntario que allí habitan, ya que esto agrava el conflicto interno en el que se encuentra Colombia.
Notas
1 Ministerio de Minas y Energía, 2023
2 Ebus & Pedroso, 2023
3 Bullion Vault, 2025
Agradecimientos
Este reporte se realizó en colaboración con nuestro socio colombiano, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y con el apoyo financiero de la Fundación Overbrook y la Fundación Gordon y Betty Moore.
MAAP #227: Minería en la Amazonía Ecuatoriana – Sector Norte

En un reporte reciente (MAAP #226), presentamos los datos de Amazon Mining Watch (AMW), una colaboración entre Amazon Conservation, Earth Genome y el Pulitzer Center. Este recurso público utiliza la IA (inteligencia artificial) para detectar la deforestación por minería aurífera en toda la Amazonía, a partir del año 2018.
El Mapa Base ilustra los datos actuales, destacando la deforestación por minería más reciente (2019-2024) en rojo. Nótese la concentración de nueva actividad minera en la parte occidental de la Amazonía ecuatoriana, a lo largo de la transición con la Cordillera de los Andes.
Este es el primero de una serie de informes que detallarán la minería aurífera en estas zonas. En el presente reporte, enfocamos la deforestación por minería en el sector norte, alrededor de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo.
La Reserva Ecológica Cofán Bermejo fue una de las áreas protegidas mejor conservada en la provincia de Sucumbios hasta aproximadamente el año 2020. A partir de esta fecha, se empezó a registrar una rápida expansión de la minería de oro en la zona de amortiguamiento en el margen suroriental de la reserva.
La gran mayoría de esta actividad se identifica como minería ilegal, por realizarse fuera de áreas designadas para la actividad minera, o por el desarrollo de actividades en áreas concesionadas sin contar con las autorizaciones correspondientes. La expansión de minería ilegal de oro en este sector es promovida por grupos criminales ubicados en la frontera con Colombia (Nota 1).
Minería en la Amazonía Ecuatoriana – Sector Norte

En el reporte MAAP #186 se realizó un análisis de actividad minera al margen de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo, localizada al norte de la Amazonía Ecuatoriana, en la provincia de Sucumbíos. En esta actualización, además de identificar nuevas áreas afectadas por minería en los alrededores de la reserva, ampliamos el análisis hacia el suroriente de dicha zona.
Esta ampliación incorpora nuevas áreas clave para la conservación, como lo son: el Bosque Protector El Bermejo y el Área de Conservación Municipal y Uso Sostenible Cascales (ver Mapa 1); además, de territorios Indígenas de las etnias Shuar y Kichwa (Mapa 2).
Debido al desarrollo de esta actividad en diferentes espacios geográficos, cabe enfatizar que hay dos supuestos concretos para establecer la legalidad o ilegalidad de la minería en Ecuador:
1) Prohibición expresa prevista por la Constitución o la ley; como en el caso de la realización de actividades de minería metálica en áreas protegidas (art. 407 Constitución) o de la prohibición de uso de mercurio en operaciones mineras (art. 86.1 Ley de Minería).
2) Falta de autorización; como en la realización de actividades de exploración y explotación sin contar con los permisos correspondientes.
En términos de impacto social, Mongabay Latam (2023) menciona sobre esta zona en específico que (Referencias 1-2): “Las comunidades indígenas y las organizaciones sociales y ambientales que trabajan en el territorio no pueden denunciar abiertamente lo que ocurre en esta zona fronteriza con Colombia, debido a la presencia de grupos armados y a los fuertes problemas de seguridad que se viven allí.”
Considerando que la mayor superficie de deforestación por actividades mineras se encuentra en el Área de Conservación y Uso Sostenible Cascales (Mapa 1), es importante detallar que las Áreas de Conservación y Uso Sustentable (ACUS) son zonas creadas por gobiernos autónomos descentralizados, comunidades o propietarios privados para conservar la biodiversidad y desarrollar actividades sostenibles que mantengan los servicios ecosistémicos beneficiosos para la vida humana. En estas áreas protegidas, se pueden realizar actividades como conservación, protección, investigación, recuperación, restauración, educación, cultura, recreación y turismo controlado, así como actividades productivas sostenibles y de subsistencia. La declaración de estas áreas protegidas no modificará las concesiones otorgadas por la Autoridad Ambiental Nacional que se mantengan vigentes y se podrá renovar, de ser el caso, siempre y cuando sea compatible con el uso sustentable coherente, constante en el estudio de alternativas de manejo, Plan de Manejo o Plan de Vida.
Por otro lado, los bosques y vegetación protectores, como es el caso del Bosque Protector el Bermejo, son formaciones vegetales, naturales o cultivadas, que pueden ser arbóreas, arbustivas o herbáceas, y se encuentran en áreas de topografía accidentada, cabeceras de cuencas hidrográficas o zonas no aptas para agricultura o ganadería. Su función principal es conservar el agua, el suelo, la flora y la fauna silvestre. Las actividades permitidas en estos bosques, con autorización de la Autoridad Ambiental Nacional, incluyen la apertura de franjas cortafuegos, control fitosanitario, fomento de la flora y fauna silvestres, ejecución de obras públicas prioritarias, manejo forestal sustentable, y actividades científicas, turísticas y recreacionales.
Territorios Indígenas

Adicional al territorio Indígena Cofán Bermejo, que comparte límites con la Reserva Ecológica del mismo nombre, la deforestación por minería amenaza a seis territorios Indígenas de las etnias Shuar y Kichwa en sus alrededores (Mapa 2).
En total, se identificó que el 68% de la deforestación por minería en el área de estudio está dentro de estos territorios Indígenas.
Aumento de la deforestación minera 2020 – 2024
Utilizando imágenes satelitales del sensor PlanetScope, se estimó el crecimiento anual de la actividad minera entre 2020 y 2024. El total de superficie de bosque afectada por minería para finales del 2024 es de aproximadamente 754 hectáreas, lo que equivale a 1.056 canchas de fútbol profesional.
El análisis muestra que el mayor incremento se produjo en 2024, con una expansión de 189,62 hectáreas. Además, se observa una tendencia de crecimiento contínuo de la actividad minera durante el periodo analizado (Gráfico 1).

Concesiones Mineras

Al superponer el catastro minero en el área de estudio, se determinó que el 59% (444 hectáreas) de las áreas afectadas por minería, se encuentran fuera de zonas destinadas a la actividad minera (Mapa 3).
El Estado ecuatoriano a través del ministerio sectorial (Ministerio de Energía y Minas) otorga derechos mineros para la explotación de recursos minerales en cada una de sus fases (la actividad minera se dividirán en una fase de exploración y una fase de explotación.
A su vez, en la fase de exploración se distinguirán el período de exploración inicial, el período de exploración avanzada y el período de evaluación económica del yacimiento.
El realizar una actividad de explotación previa al otorgamiento del derecho puede incurrir en sanciones administrativas o penales.
Casos de Estudio
Se han seleccionado tres casos de estudio, dentro del área de monitoreo, para ejemplificar la velocidad con la que la actividad minera se extendió en el último periodo de análisis (ver Cuadros A-C en Mapa 3). Los paneles comparativos permiten evidenciar la ampliación de la actividad minera entre mayo 2024 panel izquierdo) y diciembre 2024 (panel derecho), respectivamente en cada caso.
Zoom A.
En el panel A, se observa que la actividad minera se desarrolla fuera de zonas destinadas a la actividad minera. Adicionalmente, esta actividad se desarrolla al interior del Territorio Taruka, territorio indígena Shuar.

Zoom B.
En el panel B, se identificaron 61,36 hectáreas con actividad minera dentro de la concesión minera El Tuerto, lo que representa el 3,16% del total de la concesión. Actualmente se encuentra en fase de exploración inicial, lo que significa que aún no cuenta con autorización para la explotación.

Zoom C.
En el panel C, se registraron 19,65 hectáreas de actividad minera dentro de la concesión El Porvenir, representando el 6,87% del área total de la concesión. Actualmente se encuentra en fase de exploración, sin autorización para la explotación. Además, dicha actividad se desarrolla dentro del territorio ancestral de la Comuna Puma Kucha, perteneciente al pueblo Indígena Kichwa.

Implicaciones Políticas
La reciente deforestación por actividades mineras descrita anteriormente destaca necesidades políticas clave:
- Regular la inversión pública para garantizar que las diferentes figuras de conservación reconocidas por el gobierno nacional cuenten con recursos necesarios para el control dentro de sus competencias.
- Fortalecer los procesos de investigación y control en las instituciones responsables de garantizar una actividad minera ambientalmente responsable.
Metodología
Utilizamos LandTrendR, un algoritmo de segmentación temporal que identifica los cambios en los valores de los píxeles a través del tiempo, para detectar la pérdida de bosque al margen de la Reserva Ecológica Cofán-Bermejo entre agosto 2017 y diciembre de 2024 a través del uso de la plataforma Google Earth Engine. Es importante destacar que este método fue diseñado originalmente para imágenes Landsat de resolución moderada (30 metros) (Ref. 3), pero fue adaptado para mosaicos mensuales de NICFI-Planet de mayor resolución espacial (4.7 metros) (Ref. 4).
Referencias
- Antonio José Paz Cardona. (2023, 7 junio). Ecuador: minería ilegal sigue avanzando hacia el interior de la Reserva Ecológica Cofán Bermejo. Noticias Ambientales. https://es.mongabay.com/2023/06/mineria-ilegal-reserva-ecologica-cofan-bermejo-ecuador/
- Según el informe ‘Oro, bandas y gobernanza: La crisis que enfrentan las comunidades indígenas amazónicas de Ecuador’ generado por Amazon Watch.
- Kennedy, R.E., Yang, Z., Gorelick, N., Braaten, J., Cavalcante, L., Cohen, W.B., Healey, S. (2018). Implementation of the LandTrendr Algorithm on Google Earth Engine. Remote Sensing. 10, 691.
- Erik Lindquist, FAO, 2021
Agradecimientos
Este informe es parte de una serie enfocada en la Amazonía ecuatoriana a través de una colaboración estratégica entre las organizaciones Fundación EcoCiencia y Amazon Conservation, con el apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore.
MAAP #226: IA para detectar deforestación por minería aurífera en la Amazonía – Actualización 2024

Mientras los precios del oro siguen subiendo, la minería aurífera a pequeña escala sigue siendo uno de los principales impulsores (drivers) de la deforestación en la Amazonía.
Suele dirigirse a zonas remotas, afectando así a bosques primarios ricos en carbono. Además, en muchos casos, suponemos que esta minería es ilegal debido a su ubicación dentro de áreas de conservación (como áreas protegidas y territorios Indígenas) y fuera de las concesiones mineras.
Sin embargo, por la inmensidad de la Amazonía, ha sido un reto realizar un monitoreo preciso y constante de la deforestación por minería en los nueve países del bioma, con el fin de informar mejor y de manera oportuna sobre las políticas conexas.
En un reporte anterior (MAAP #212), presentamos los resultados iniciales del nuevo tablero basado en IA, conocido como Amazon Mining Watch (AMW), diseñado para abordar el problema de la minería aurífera y las implicaciones de las políticas relacionadas. AMW es una asociación entre Earth Genome, la Red de Investigaciones de la Selva Tropical del Centro Pulitzer y Conservación Amazónica.
Esta herramienta en línea (ver imagen introductoria) analiza archivos de imágenes de satélite para estimar las huellas anuales de deforestación por minería en toda la Amazonía, del 2018 al 2024.1 Aunque los datos no están diseñados para medidas precisas del área, pueden utilizarse para obtener estimaciones puntuales necesarias para fines de gestión y conservación. Por ejemplo, los datos acumulados pueden utilizarse para estimar y visualizar la huella general de deforestación por minería en toda la Amazonía, y los datos anuales pueden utilizarse para identificar tendencias y nuevas zonas mineras emergentes. El algoritmo se basa en imágenes de 10 metros de resolución del satélite Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea y genera alertas de deforestación por minería con imágenes pixeladas de 480 metros de resolución.
Al ser la única herramienta de este tipo y de cobertura regional, AMW también puede ayudar a fomentar la cooperación regional, en particular en zonas transfronterizas donde la falta de operación conjunta entre los sistemas oficiales de vigilancia, podría obstaculizar las intervenciones.
La asociación Amazon Mining Watch está trabajando actualmente para mejorar la funcionalidad y el impacto en la conservación en el cuadro de mandos, AMW será una plataforma única que incluirá la visualización en tiempo real de: 1) detección basada en IA de la deforestación por minería en los nueve países amazónicos, con actualizaciones trimestrales; 2) puntos clave de casos urgentes de minería, incluida la minería aluvial; y 3) los costos socioambientales de la minería aurífera ilegal con la Calculadora de Impactos Mineros del Fondo Estratégico para la Conservación (CSF).
Aquí presentamos una actualización enfocada en los datos recién añadidos del 2024 y su contexto dentro del conjunto de datos acumulados (desde el 2018).
HALLAZGOS PRINCIPALES
En las siguientes secciones resaltamos varios hallazgos principales:
- La minería de oro está provocando activamente deforestación en los nueve países de la Amazonia. Se concentra en 3 áreas principales: Sureste de Brasil, el Escudo Guayanés, y el sur de Perú. Adicionalmente la minería en Ecuador está aumentando.
- La huella acumulada de deforestación por minería en el 2024 era de más de 2 millones de hectáreas y ha aumentado más de 50% en los últimos seis años.
- Más de la mitad de la deforestación por minería en la Amazonía ocurrió en Brasil, seguido de Guyana, Surinam, Venezuela y Perú.
- Aunque la huella acumulada sigue aumentando, la tasa de incremento se ralentizó en el 2023 y 2024 tras alcanzar su máximo en el 2022, probablemente debido a mayor cumplimiento del orden en Brasil.
- Más de un tercio de la deforestación por minería se ha dado en áreas protegidas y territorios Indígenas, donde gran parte puede ser ilegal. Destacamos las zonas más impactadas.
- Estos resultados tienen importantes implicaciones políticas.

Patrones a escala nacional y amazónica
El Mapa Base presenta la huella de minería aurífera en la Amazonía, detectada por el algoritmo AMW. Estos datos nos sirven para estimar la deforestación por minería aurífera.
El amarillo indica la huella de deforestación por minería acumulada en los años 2018- 2023; es decir, todas las áreas que el algoritmo clasificó como un sitio minero frente a otros tipos de terreno, como bosques o agricultura. El rojo indica las nuevas zonas mineras detectadas en el 2024.
Destacan tres grandes regiones de minería aurífera en la Amazonía: el sureste de Brasil (entre los ríos Tapajos, Xingu y Tocantis), el Escudo Guayanés (Venezuela, Guyana, Surinam y Guayana Francesa) y el sur de Perú (Madre de Dios). Además, Ecuador se ha convertido en un importante frente de deforestación por minería.

El gráfico 1 cuantifica los datos espaciales detectados por el algoritmo AMW.
La huella acumulada de deforestación por minería en el 2024 fue de 2,02 millones de hectáreas.
Para ponerlo en contexto, la huella inicial de deforestación minera fue de alrededor de 970.000 hectáreas en 2018, el primer año de datos de Amazon Mining Watch.
Entre 2019 y 2024, estimamos que la deforestación por minería de oro creció en 1,06 millones de hectáreas.
Así, más de la mitad (52,3%) de la huella acumulada se ha producido sólo en los últimos seis años.
Cabe señalar que, si bien la huella acumulada continúa creciendo, la tasa de aumento se desaceleró en 2023 y 2024 después de alcanzar su punto máximo en 2022.
El gráfico 2 muestra que, del total de la minería acumulada (2,02 millones de hectáreas), más de la mitad se produjo en Brasil (55.3%), seguido de Guyana (15.4%), Surinam (12.4%), Venezuela (7.3%) y Perú (7.0%).

El gráfico 3 profundiza en los datos de AMW, revelando tendencias adicionales entre años. Estos datos resaltan los cambios anuales en la deforestación por minería detectada. Note la tendencia en toda la Amazonía en la parte superior en verde para un contexto general, seguida de cada país. Note que Brasil (línea naranja) representa la mayor parte de la minería anual (más del 50%).
En el 2024, registramos una nueva deforestación por minería aurífera de 111,603 hectáreas. Este total representa una disminución del 35% respecto al año anterior 2023 y del 45% respecto al año pico 2022.
Los países con mayores niveles de nueva deforestación por minería aurífera en 2024 fueron 1) Brasil (57.240 ha), 2) Guyana (19.372 ha), 3) Surinam (15.323 ha), 4) Venezuela (9.531 ha) y 5) Perú (6.020 ha). Sin embargo, estos cinco países tuvieron una importante disminución en 2024, entre el 33% (Brasil y Surinam) y el 46% (Perú).


Áreas protegidas & territorios Indígenas
Estimamos que 36% de la acumulada deforestación por minería en el 2024 (más de 725,000 hectáreas), ocurrieron dentro de áreas protegidas y territorios Indígenas (figura 1; Nota 2), donde la mayoría puede ser ilegal.
Cabe destacar que la gran mayoría de esta deforestación por minería en áreas protegidas y territorios indígenas se produjo en Brasil (88%).

La Figura 2a ilustra las diez áreas protegidas y territorios Indígenas con mayor huella de deforestación por minería acumulada y de nueva deforestación por minería en el 2024. Las Figuras 2b-d muestran acercamientos de imagen (zooms) de las tres principales zonas mineras: sureste de Brasil (2b), Escudo Guayanés (2c) y sur de Perú (2d).
Las nueve áreas protegidas más impactadas (en términos de huella acumulada) están todas en Brasil, lideradas por el Area de Protección Ambiental Tapajós. Esta área ha perdido más de 377,000 hectáreas, seguida de los Bosques Nacionales Amanã y Crepori, el Parque Nacional Rio Novo, los Bosques Nacionales Urupadi, Jamanxim, e Itaituba, el parque nacional Jamanxim y el Bosque Nacional Altamira. Con el Parque Nacional Yapacana en Venezuela, se completan los 10 destacados.
Los tres territorios Indígenas más afectados también están en Brasil: Kayapó, Mundurucu y Yanomami. Juntos, estos tres territorios tuvieron una huella minera de casi 120 000 hectáreas. El cuarto de la lista es Ikabaru, en Venezuela, seguido de tres territorios del sur de Perú (San José de Karene, Barranco Chico y Kotsimba), con un impacto minero de más de 17 000 hectáreas. Junto con Sai Cinza y Trincheira/Bacajá en Brasil, y San Jacinto en Perú, se completan los diez más afectados.
También estimamos la expansión de más de 38 000 hectáreas de nueva deforestación por minería en áreas protegidas y territorios Indígenas en el 2024. El área protegida con mayores niveles de nueva deforestación por minería en el 2024 fue el Area de Protección Ambiental de Tapajós (casi 19 000 hectáreas), seguida de los Bosques Nacionales de Amanã y Urupadi en Brasil, los Parques Nacionales de Rio Novo y Jamanxim en Brasil, el Bosque Nacional de Crepori en Brasil, el Parque Nacional de Campos Amazónicos en Brasil, el Parque Nacional de Yapacaní en Venezuela, el Parque Regional de Guyane en la Guayana Francesa y la Reserva Natural de Brownsberg en Surinam.
Por último, el territorio Indígena con los niveles más altos de nueva deforestación por minería en el 2024 fue Kayapó en Brasil (más de 2100 hectáreas), seguido de Ikabaru en Venezuela, Yanomami, Aripuana y Mundurucu en Brasil, Baramita en Guyana, Kuruáya en Brasil, Isseneru y Kamarang Keng, San José de Karene en Peu. Cabe destacar que los territorios Kayapó, Mundurucu y Yanomami en Brasil experimentaron descensos en la tasa de deforestación por minería en el 2024. Por ejemplo, Yanomami pasó de su pico en el 2021 al más bajo registrado en 2024.
Áreas más impactadas en la Amazonía oriental brasileña

Áreas más impactadas en el Escudo Guayanés

Zonas más impactadas en la Amazonía sur peruana

Conclusiones e implicaciones de políticas
A pesar de la reciente tendencia a la baja en la tasa de deforestación por minería aurífera, la huella acumulada de deforestación por minería aurífera sigue creciendo en toda la Amazonía.
Nuestro análisis muestra que más de un tercio de esta minería ocurre en áreas protegidas y territorios Indígenas, la gran mayoría en Brasil. No obstante, desde el regreso de la gestión de Lula (2023), Brasil ha intensificado los esfuerzos para hacer cumplir la ley. Esto ha contribuido a la rápida disminución de pérdida de área por la minería la Amazonía, dada la enorme contribución de Brasil a las cifras regionales. Esto destaca una vez más la importancia de las áreas protegidas y los territorios indígenas como instrumento de políticas, crucial para la protección de los ecosistemas de la región.
Aunque se ha avanzado en la reducción de la minería ilegal en las áreas protegidas del sur de Perú, ésta sigue afectando a varios territorios indígenas (MAAP #208, MAAP #196), en particular a los que rodean el Corredor Minero designado por las autoridades. En efecto, el territorio indígena más afectado del Perú, San José de Karene, ya ha perdido más de un tercio de su superficie total a causa de la minería aurífera ilegal. Estos territorios forman parte de la FENAMAD, organización que ha estado apoyando acciones legales para ayudar a las autoridades a tomar decisiones para una respuesta rápida ante las actividades ilícitas (como la minería ilegal) que afectan a los territorios indígenas. Este proceso condujo a cinco operaciones dirigidas por el gobierno entre el 2022 y 2024, en tres comunidades: Barranco Chico, Kotsimba y San José de Karene (MAAP #208).
En Ecuador, la deforestación por minería sigue amenazando numerosos lugares, incluyendo áreas protegidas y territorios indígenas, a lo largo de la zona de transición Andes-Amazonía (MAAP #206, MAAP #221, MAAP #219). En una próxima serie de informes se detallarán estas amenazas.
Aunque la AMW es una herramienta emergente y potente, tiene algunos puntos a tomar en cuenta. Uno de ellos es que cualquier actividad minera de menos de 500 metros cuadrados puede no detectarse con precisión. Por ejemplo, hemos estado vigilando la minería a pequeña escala en varias áreas protegidas, como el Parque Nacional Madidi en Bolivia y el Parque Nacional Puinawai en Colombia, que aún no son detectadas por el algoritmo. En estos casos, todavía es necesario un seguimiento directo en tiempo real con satélites. Estas zonas se añadirán próximamente al AMW como «puntos claves o hotspots» mineros (MAAP#197).
Este es también el caso de la minería aluvial que no deja una gran huella en el suelo. Imágenes de muy alta resolución han revelado minería aluvial activa en barcazas en el norte de Perú (MAAP #189) y a lo largo de la frontera entre Colombia y Brasil (MAAP#197). Estas zonas también se añadirán pronto al AMW como «puntos claves o hotspots» mineros.
La minería aurífera en la Amazonía seguirá siendo con toda seguridad un problema importante en los próximos años, ya que los precios del oro siguen disparándose, llegando a superar los 3000 dólares la onza en abril de 2025, impulsados por la incertidumbre económica mundial. Aunque hay signos alentadores de cumplimiento de la ley en Brasil, las autoridades de este país y de toda la región tendrán que competir con este creciente incentivo financiero para las actividades mineras.
Herramientas como el Observatorio Minero de la Amazonía (AMW), que con el tiempo publicará actualizaciones trimestrales de las zonas de deforestación por minería recién detectada, pueden ayudar a los gobiernos, la sociedad civil y los defensores de las comunidades locales a detectar nuevos frentes de minería aurífera y tomar medidas casi en tiempo real. En una función desarrollada por Conservation Strategy Fund (CSF), también evaluará los costos económicos de los daños socioambientales de la minería que son necesarios para que las comunidades y los gestores declaren daños punitivos.
En los próximos años, los equipos de MAAP y AMW seguirán publicando informes trimestrales y anuales sobre la situación dinámica de la minería en cada país amazónico, además de informes confidenciales dirigidos a los gobiernos y líderes comunitarios sobre los casos más urgentes.
Notas
1. Note que en este reporte nos enfocamos en la actividad minera que causa deforestación. La gran mayoría es minería aurífera artesanal o a pequeña escala, pero también se han detectado otras actividades mineras, como minas de hierro, aluminio y níquel en Brasil y Colombia. En este reporte no se incluyen otras zonas críticas de extracción de oro en ríos que aún no causan deforestación (como en el norte de Perú, el sureste de Colombia y el noroeste de Brasil; revise el MAAP #197). Esta información aún no aparece en Amazon Mining Watch, pero en futuras actualizaciones se incluirán los hotspots de minería aluvial.
2. Nuestra fuente de datos sobre áreas protegidas y territorios indígenas proviene de RAISG (Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada), un consorcio de organizaciones de la sociedad civil de los países amazónicos. Esta fuente (consultada en diciembre del 2024) contiene datos espaciales de 5,943 áreas protegidas y territorios indígenas, que cubren 414.9 millones de hectáreas en toda la Amazonía.
Agradecimiento
Agradecimientos
Agradecemos a nuestros colegas de las organizaciones asociadas de toda la Amazonía por sus útiles comentarios sobre este reporte, entre ellas: Earth Genome, Conservación Amazónica (ACCA & ACEAA) & Federación Nativa del Río Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD), Fundación EcoCiencia, Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), Instituto Centro de Vida (ICV) & Instituto Socioambiental (ISA).
Este reporte ha sido posible gracias al generoso apoyo de la fundación Gordon and Betty Moore.
MAAP #225: Carbono en la Amazonía (parte 4): Áreas protegidas y territorios Indígenas

Continuamos nuestra serie sobre el carbono en la Amazonía.
En la parte 1 (MAAP #215) introducimos los nuevos datos (Planet’s Forest Carbon Diligence) con estimaciones de la densidad de carbono por encima del suelo con una resolución sin precedentes de 30 metros, entre el 2013 y 2022. En la parte 2 (MAAP #217) destacamos qué partes de la Amazonía albergan actualmente los mayores niveles (picos) de carbono. En la parte 3 (MAAP #220) mostramos casos clave de pérdida (deforestación) y ganancia de carbono en la Amazonía.
Uno de los principales hallazgos de esta serie es que la Amazonía se tambalea entre ser la fuente y el sumidero de carbono. Es decir, históricamente la Amazonía ha funcionado como un sumidero crítico, ya que sus bosques acumulan carbono si no se alteran. Sin embargo, en relación con la línea de base del 2013, la Amazonía pasó a ser una fuente de carbono durante las temporadas de alta deforestación, sequía e incendios del 2015-2017. Luego, se recuperó como sumidero de carbono en el 2022.
Aquí, en la parte 4, nos centramos en la importancia del carbono sobre el suelo en las áreas protegidas y los territorios Indígenas, que en conjunto cubren el 49.5% (414.9 millones de hectáreas) del bioma amazónico (ver la Figura 1).
Encontramos que, a partir del 2022, las áreas protegidas y los territorios indígenas amazónicos contenían 34.100 millones de toneladas métricas de carbono sobre el suelo (el 60% del total de la Amazonía). Y lo que es más importante, en los diez años transcurridos entre 2013 y 2022, funcionaron como un sumidero de carbono significativo, ganando 257 millones de toneladas métricas.
Con estos datos, también podemos analizar el carbono sobre el suelo para cada área protegida y territorio Indígena, individualmente. Por ejemplo, la Figura 1 ilustra la pérdida frente a la ganancia de carbono de cada área protegida y territorio indígena durante el periodo de 10 años entre 2013 y 2022 (ver los detalles a continuación).
A continuación, explicamos e ilustramos las principales conclusiones.
Resultados a escala amazónica y nacional
Las áreas protegidas amazónicas y los territorios Indígenas cubren actualmente casi la mitad (49.5%) del bioma amazónico, pero contienen el 60% del carbono sobre el suelo. En conjunto, contenían 34.100 millones de toneladas métricas de carbono sobre el suelo en el 2022, y aumentaron 257 millones de toneladas métricas desde el 2013, funcionando así como sumidero de carbono (Figura 2).1,2
Por el contrario, las zonas situadas fuera de las áreas protegidas y los territorios Indígenas (424 millones de hectáreas) contenían 22.600 millones de toneladas métricas de carbono sobre el suelo en el 2022, y perdieron 255 millones de toneladas métricas desde 2013, por lo que funcionaban como una fuente de carbono.
Así, la función de sumidero de carbono de las áreas protegidas y territorios Indígenas compensa por poco las emisiones en el resto de la Amazonía.
Destacamos que las áreas protegidas y los territorios Indígenas funcionaron como un sumidero de carbono significativo (p-valor = 0,01), mientras que las áreas exteriores no fueron una fuente significativa (p-valor= 0,15).
En cuanto a los resultados por países, las áreas protegidas y los territorios Indígenas fueron importantes sumideros de carbono en Colombia, Brasil, Surinam y la Guayana Francesa (Guyana aumentó carbono pero no de forma significativa). Por el contrario, fueron importantes fuentes de carbono en Bolivia y Venezuela (Perú y Ecuador perdieron carbono pero no de forma significativa).

Resultados para cada área protegida y territorio Indígena
La Figura 1 (ver más arriba) ilustra la pérdida total de carbono sobre el suelo frente a la ganancia para cada área protegida y territorio Indígena durante el periodo de 10 años entre el 2013 y 2022.
En general, encontramos 1,103 áreas que sirvieron como sumideros de carbono significativos (verde oscuro) durante este período (238 áreas protegidas y 865 territorios indígenas). Estas áreas se concentran en el norte y centro de la Amazonía. Vea en el anexo 1 la lista de áreas específicas que fueron sumideros significativos de carbono.
Es importante señalar que las presiones de deforestación amenazan actualmente a varios de estos importantes sumideros de carbono, como el Parque Nacional Chiribiquete y la Reserva Indígena Nukak-Maku en Colombia, el Parque Nacional Sierra del Divisor en Perú y el Parque Nacional Canaima en Venezuela.
Por el contrario, encontramos 1,439 áreas (156 áreas protegidas y 1,283 territorios indígenas) que sirvieron como fuentes significativas de carbono. Es importante señalar que algunas áreas con poca deforestación documentada, como el Parque Nacional Alto Purús en Perú, pueden tener pérdidas de carbono por causas naturales.

La Figura 3 muestra la panorama más reciente de los niveles totales de carbono sobre el suelo en cada área protegida y territorio indígena.
Presenta los datos del 2022 categorizados en tres grupos: Alto, Medio y Bajo. Note que los totales de carbono más elevados (más de 330 millones de toneladas métricas) se concentran en las grandes áreas designadas del norte de la Amazonía.
Se puede considerar que estas áreas de carbono Alto y Medio tienen el mayor valor de conservación en términos de carbono total.
Vea el Anexo 1 para las áreas específicas con los niveles más altos de carbono a partir del 2022.

Por último, la Figura 4 también muestra los datos más recientes (2022) en cada área protegida y territorio Indígena, pero estandarizados por área (carbono sobre el suelo/hectárea).
Note que los totales de carbono más elevados (más de 50 toneladas métricas por hectárea) se concentran de forma más uniforme en la Amazonía.
Se puede considerar que estas áreas de carbono Alto y Medio tienen el mayor valor de conservación de carbono por hectárea.
Implicaciones en políticas:
Desbloquear el valor climático de las áreas protegidas y los territorios Indígenas de la Amazonia
Las políticas y el financiamiento para los bosques tropicales como solución climática se han enfocado en gran medida en la reducción de las emisiones debidas a la deforestación y la degradación forestal (REDD+). Estos esfuerzos han logrado importantes avances en la ralentización y orientación del financiamiento para hacer frente a la pérdida de bosques, especialmente en las regiones de alta deforestación. Sin embargo, este énfasis en las emisiones evitadas pasa por alto un componente crítico del ciclo global del carbono: la función de sumidero de carbono de los bosques tropicales intactos y maduros que, según este análisis basado en los datos de Planet’s Forest Carbon Diligence, es medible y significativo.
Esta omisión deja un importante flujo en el sistema de carbono, el secuestro de carbono en los bosques antiguos, fuera del alcance de los incentivos de mercado u otros incentivos existentes. Además, muchos de estos bosques que absorben carbono ya se encuentran en áreas protegidas y territorios Indígenas. Estas áreas son reconocidas globalmente por su importancia para la conservación de la biodiversidad y por la gestión que realizan los pueblos indígenas y las comunidades locales.
A medida que la atención mundial se centra cada vez más en las estrategias de ingeniería para la eliminación del carbono, como la BECCS (bioenergía con captura y almacenamiento de carbono) y la captura directa del aire, urge reconocer que los bosques amazónicos ya desempeñan esta función de forma natural y a gran escala. Sin embargo, el valor de las áreas protegidas y los territorios indígenas como potentes sumideros de carbono no se monetiza ni se recompensa en los marcos actuales, a menos que puedan demostrar que están amenazados por la deforestación o la degradación para acceder al financiamiento de REDD+. Una excepción emergente es la Iniciativa de Inversión en Bosques de Alta Integridad (HIFOR, por sus siglas en inglés) que reconoce el valor del secuestro de carbono en los bosques antiguos, pero no genera créditos comercializables por cada tonelada absorbida.5 El Fondo de Bosques Tropicales para Siempre (TFFF, por sus siglas en inglés) propuesto por Brasil para su adopción en la COP 30, también recompensaría a los países forestales con una tasa de aproximadamente $4.00 dólares anuales por cada hectárea de bosque tropical que protejan, independientemente de si están amenazados.6
Hasta la fecha, sin embargo, las áreas protegidas y los territorios indígenas, a pesar de su demostrada contribución al clima, carecen a menudo del apoyo financiero necesario para garantizar su eficacia y resiliencia a largo plazo. Como resultado, a menudo se enfrentan a un crónico financiamiento insuficiente7, limitando su eficacia y resiliencia a largo plazo. La innovación en políticas es necesaria para cerrar esta brecha e integrar la función de sumidero de carbono de los bosques maduros en los mecanismos de financiamiento de la protección forestal. De este modo, se crearían incentivos significativos para la gestión continuada y a largo plazo de estos ecosistemas ricos en carbono y se garantizaría que una de las soluciones climáticas naturales más eficaces del planeta reciba la atención y los recursos que merece.
Anexo 1
Las áreas específicas que fueron sumideros de carbono significativo incluyen:
En Perú, los Parques Nacionales Otishi, Sierra del Divisor, Güeppí-Sekime y Yaguas, las Reservas Nacionales Matsés, y Pucacuro, la Reserva Comunal Ashaninka, y el Área de Conservación Regional Cordillera Escalera y Alto Nanay- Pintuyacu Chambira, las Reservas Indígenas Matses, Pampa Hermosa, y Yavarí – Tapiche, y la Reserva Territorial Kugapakori, Nahua, Nanti.
En Colombia, los Parques Nacionales Amacayacu, Chiribiquete, Cahuinari, Río Puro y Yaigoje Apaporis, Reserva Natural de Nukak, la Reserva Forestal del Amazonas y la Reserva Indígena de Putumayo y Nukak-Maku, Yaigoje Río Apaporis y Vaupes.
En Brasil, los Parques Nacionales Amacayacu, Chiribiquete, Cahuinari, Río Puro y Yaigoje Apaporis, Reserva Natural Nukak, Reserva Forestal del Amazonas y Reserva Indígena Putumayo y Nukak-Maku, Yaigoje Río Apaporis y Vaupes en Colombia; Parques Nacionales de Campos Amazónicos, Juruena, Mapinguari, Nascentes do Lago Jari, Serra do Divisor y Montanhas do Tumucumaque, Bosques Nacionales de Amanã, Aripuanã, Crepori, Tapajós y Tefé en Brasil, Bosques Nacionales de Itaituba y Jatuarana y Territorios Indígenas de Alto Río Negro, Baú, Aripuanã, Aripuanã, Apyterewa, Mundurucu y Vale do Javari.
El Territorio Indígena Achuar y Zona Intangible Tagaeri – Taromenane en Ecuador; la Reserva Nacional Manuripi Heath y Reservas Indígenas Takana, Takana II y Yuracare en Bolivia; las Reservas Naturales de Surinam Central y Sipaliwini en Surinam; Parque Nacional Canaima en Venezuela; y Parque Nacional Parc Amazonien de Guyane en la Guayana Francesa.
Las zonas específicas con los niveles más altos de carbono, a partir del 2022, incluyen:
Los Parques Nacionales Alto Purús, Manu, Sierra del Divisor y Cordillera Azul en Perú; el Parque Nacional Chiribiquete en Colombia; los Parques Nacionales Montanhas do Tumucumaque, Pico da Neblina, Jaú y Juruena y los Territorios Indígenas Yanomami, Menkragnoti, Kayapó, Mundurucu y Vale do Javari en Brasil; los Parques Nacionales Caura y Canaima en Venezuela; y los Parque Nacional Parc Amazonien de Guyane en la Guayana Francesa.
Metodología
Analizamos Planet Forest Carbon Diligence, un nuevo conjunto de datos de última generación de la empresa Planet, basado en satélites, que presenta una serie temporal histórica de 10 años (2013 – 2022) con estimaciones de pared a pared de la densidad de carbono sobre el suelo con 30 metros de resolución.3,4
Una advertencia destacable de estos datos es que no distinguen entre la pérdida de carbono sobre el suelo por causas naturales y antropogénicas, por lo que es necesario incorporar información adicional para comprender el contexto de cada zona.
A partir de estos datos, se estimaron los valores anuales de carbono sobre el suelo en las áreas protegidas amazónicas y territorios indígenas para obtener una serie temporal del 2013-2022. Además, se utilizó la prueba de Mann-Kendall para analizar las tendencias en las series de tiempo generadas.
Nuestra fuente de datos para áreas protegidas y territorios indígenas proviene de RAISG (Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada), un consorcio de organizaciones civiles de los países amazónicos. Esta fuente (consultada en diciembre de 2024) contiene datos espaciales de 5943 áreas protegidas y territorios indígenas, que cubren 414.9 millones de hectáreas en toda la Amazonía.
Determinamos que muchas de estas áreas (4000) no incluían metadatos de fecha de creación, lo que impedía cualquier control de series de tiempo para esa variable. En su lugar, utilizamos la extensión más actual de las áreas protegidas y los territorios indígenas como aproximación a los que existían entre 2013 y 2022.
Hubo un solapamiento sustancial entre las áreas protegidas y los territorios indígenas, pero lo tuvimos en cuenta para evitar el doble recuento de las áreas solapadas.
Los valores de carbono sobre el suelo de las áreas protegidas y los territorios indígenas se calcularon por país y luego se sumaron en toda la Amazonía.
Las áreas restantes se combinaron en la categoría de «Fuera de áreas protegidas y territorios indígenas» y también se calcularon para cada país y se sumaron en toda la Amazonía.
Nuestro ámbito geográfico para la Amazonía es un híbrido diseñado para una máxima inclusión: límite biogeográfico (según la definición de RAISG) para todos los países, excepto para Bolivia y Perú, donde utilizamos el límite de la cuenca hidrográfica, y Brasil, donde utilizamos el límite legal de la Amazonía. Nuestro estimado de superficie para esta definición del bioma amazónico es de 839,2 millones de hectáreas.
Notas
1 Desglosando los resultados por categoría, las áreas protegidas contenían casi 21.100 millones de toneladas métricas de carbono en la superficie en 2022, lo que supone un aumento de más de 204 millones de toneladas métricas desde el 2013, mientras que los territorios indígenas contenían más de 16.800 millones de toneladas métricas de carbono en la superficie en el 2022, lo que supone un aumento de más de 132 millones de toneladas métricas desde el 2013. Note que las áreas protegidas y los territorios indígenas se solapan en muchas zonas.
2 Estandarizando por superficie (es decir, calculando los resultados por hectárea), las áreas protegidas y los territorios indígenas contenían 82,2 toneladas métricas de carbono sobre el suelo por hectárea en 2022, lo que supone un aumento neto de 0,6 toneladas métricas por hectárea desde el 2013. Por el contrario, las áreas fuera de las áreas protegidas y los territorios indígenas contenían 53,2 toneladas métricas de carbono sobre el suelo por hectárea en el 2022, perdiendo 0,6 toneladas métricas netas por hectárea desde 2013.
3 Anderson C (2024) Forest Carbon Diligence: Breaking Down the Validation and Intercomparison Report. https://www.planet.com/pulse/forest-carbon-diligence-breaking-down-the-validation-and-intercomparison-report/
4 En cuanto a las limitaciones de los datos de Planet’s Forest Carbon Diligence, Duncanson et al (2025) escribieron recientemente una carta en Science centrada en la resolución espacial de los mapas de carbono forestal. Dada la limitación natural del tamaño de un árbol, discuten el reto de la validación a nivel de píxel por debajo de 5 metros para el monitoreo del carbono forestal. Los autores afirman que la resolución espacial debería superar como mínimo el diámetro de la copa de un árbol grande típico, que supone unos 20 metros para los bosques tropicales. En este sentido, el producto de 30 metros supera esta limitación.
Duncanson et al (2025) Spatial resolution for forest carbon maps. Science 387: 370-71.
5 WCS High Integrity Forest Investment Initiative (HIFOR): The Science Basis
6 https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2025-04-04/too-big-to-fell-brazil-takes-trees-to-wall-street?cmpid=BBD040425_GR
7 UNEP-WCMC, IUCN, and NGS. (2022). Protected Planet Report 2022. Cambridge, UK: UNEP-WCMC.
Agradecimientos
Gracias a un generoso acuerdo de intercambio de información con la empresa de satélites Planet, obtuvimos acceso a estos datos en todo el bioma amazónico para el análisis presentado en esta serie.
Agradecemos a los colegas de las siguientes organizaciones sus útiles comentarios sobre este reporte: Planet, Conservación Amazónica – ACCA, Conservación Amazónica -ACEAA, Gaia Amazonas, Ecociencia e Instituto del Bien Común.
Agradecemos especialmente a los colegas de Conservación Amazónica – ACCA por su ayuda con el análisis de datos de 10 años.
Este informe ha sido posible gracias al generoso apoyo de la Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo (NORAD).
Cita
Finer M, Castillo H, Mamani N (2025) Carbon in the Amazon (part 4): Protected Areas & Indigenous Territories. MAAP: 225.
MAAP #224: Deforestación Ilegal en la Amazonía Colombiana – Parque Nacional Chiribiquete y Resguardo Indígena Llanos del Yarí – Yaguará II

El ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible de Colombia anunció recientemente que, después de que el país experimentara en 2023 su deforestación más baja en más de 20 años, la tala de bosques aumentó un 35% en 2024 (Gráfico 1).1 Además, el ministerio informó de un aumento de la tala de tamaño medio, lo que indica operaciones relativamente organizadas y financiadas.
En los últimos 10 años, el 60% de la deforestación nacional ha ocurrido en la Amazonía colombiana. Como indica el Gráfico 1, hubo un gran aumento en el 2017 tras los acuerdos de paz con el grupo guerrillero FARC, y una disminución posterior en 2022 y 2023.2 Las estimaciones iniciales indican un aumento para el 2024 .3 En general, ha habido casi 1 200 000 hectáreas de deforestación en toda la Amazonía colombiana en los últimos 10 años.
La deforestación en Colombia es ilegal y es considerada un delito (Ley 2111 de 2021), especialmente en áreas protegidas nacionales y Resguardos Indígenas.

En el presente reporte, destacamos la reciente deforestación del 2024-25 en dos áreas clave en el núcleo de la Amazonía colombiana: El Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete y el Resguardo Indígena Llanos del Yarí – Yaguará II. Vea el Mapa Base para el contexto.
Estas zonas se ven afectadas por varias presiones de deforestación, como la expansión de caminos e infraestructura vial, la ganadería extensiva, la expansión de los pastizales, el acaparamiento de tierras y cultivos ilícitos (coca). Estas presiones a menudo interactúan, ya que los caminos de acceso facilitan la ganadería y la expansión de pastos, y a su vez facilitan el acaparamiento de tierras.
Estos impulsores (drivers) han llevado a la deforestación de más de 7,100 hectáreas en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete desde su más reciente ampliación en el 2018 (ver Anexo 1).
Recientemente, estimamos la deforestación de 525 hectáreas en el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete (concentradas en el sector norte) durante 2024-25, más 856 hectáreas adicionales en el Resguardo Indígena Llanos del Yarí – Yaguará II (ver Mapa Base). Note que la mayor parte de la deforestación se da por las vías de acceso.
A continuación, mostramos los casos clave y recientes de deforestación en ambas áreas, resaltando el papel de las vías de acceso como facilitadoras de la actividad ilegal. Estos estudios de caso incluyen imágenes satelitales y fotografías de sobrevuelos.
Cualquier deforestación en estas zonas es digna de mención no sólo por su impacto en los bosques primarios, la biodiversidad y los grupos Indígenas, sino también en las reservas de carbono. En nuestro siguiente informe revelaremos que el Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete es uno de los sumideros de carbono más importantes y significativos de la Amazonía.
Este reporte se realizó en colaboración con nuestro socio colombiano, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS) y con el apoyo financiero de la Fundación Overbrook.
Casos de Deforestación Ilegal

Parque Nacional Chiribiquete: Sector el Camuya
El Zoom 1 muestra la deforestación de 198 hectáreas durante el 2024 y principios del 2025 (indicada con círculos rojos), a lo largo de la carretera Tunia-Ajaju en el sector noroeste del Parque Nacional Natural Serranía de Chiribiquete.
Esta carretera se adentra 45.3 kilómetros en el parque.

En enero del 2025, la FCDS sobrevoló a baja altitud sobre este sector (vea las fotos 1A-C).
Estas fotos son un nivel añadido de resolución espacial y perspectiva, proporcionando una mayor comprensión de la causa de la reciente deforestación.
La Foto 1A destaca la deforestación asociada a la apertura de caminos de acceso al parque.

Las Fotos 1B-C muestran más claramente la deforestación reciente para la expansión de la frontera agrícola.


Parque Nacional Chiribiquete: Sector El Palmar
El Zoom 2 muestra la deforestación de 179 hectáreas durante el 2024 y principios del 2025 (indicada por círculos rojos) a lo largo del camino Cachicamo-Tunia en el sector norte del parque nacional natural Serranía de Chiribiquete.
Este camino se extiende 21 kilómetros dentro del parque.

Parque Nacional Chiribiquete: Sector Norte
El Zoom 3 muestra la deforestación de 148 hectáreas durante el 2024 y principios del 2025 (indicada por círculos rojos) a lo largo (o cerca) de nuevos caminos de acceso en el sector noreste del parque nacional natural Serranía de Chiribiquete.
Estimamos la construcción de 15.2 kilómetros dentro del parque durante este período (también indicado por círculos rojos).

Resguardo Indígena Yarí – Yaguará II
El Zoom 4 muestra una deforestación significativa de 1 070 hectáreas durante el 2024 y principios del 2025 a lo largo (o cerca) de un nuevo camino ilegal en la parte norte de la Resguardo Indígena Yarí – Yaguará II.
Este camino se extiende 22 kilómetros al interior de la Resguardo.

En enero del 2025, la FCDS sobrevoló a baja altitud en esta zona, confirmando y documentando los nuevos parches de deforestación (vea las fotos 4D-E).
Como se mencionó anteriormente, estas fotos son un nivel añadido de resolución espacial y perspectiva, proporcionando una mayor comprensión de la causa de la reciente deforestación.
Las fotos 4D-E indican la expansión de las actividades agrícolas y ganaderas.

Implicaciones políticas
La reciente deforestación en áreas protegidas y Resguardos Indígenas descrita anteriormente destaca varias necesidades políticas clave:
- Fortalecimiento de los procesos de investigación relacionados con el cumplimiento de la ley en los principales drivers de la deforestación, donde es necesaria la sinergia entre los diversos actores para implementar acciones más integrales que minimicen los impactos negativos en la Amazonía.
- Reducir la deforestación y el impacto en los bosques debe ser parte de los acuerdos para el cese de hostilidades y el desescalamiento del conflicto entre el gobierno nacional y los grupos armados.
- Monitorear y regular la inversión pública de todos los niveles de gobierno para reducir los incentivos públicos hacia la expansión de la ganadería como driver de la deforestación.
Anexo 1.

Notes
1 Griffin, O (2025) Colombia deforestation rose 35% in 2024, minister says
2 Based on data from Colombia’s Institute of Hydrology, Meteorology and Environmental Studies (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales – IDEAM), a government agency of the Ministry of Environment and Sustainable Development.
3 Based on data from the University of Maryland/Global Forest Watch.
Agradecimientos
Este informe se realizó en colaboración con nuestro socio colombiano, la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS), y con el apoyo financiero de la Fundación Overbrook.
MAAP # 223: Incremento de concesiones mineras ponen en riesgo Áreas Protegidas y Reservas Indígenas en la Amazonía peruana

El presente reporte analiza la problemática de la superposición de concesiones mineras con áreas protegidas, comunidades nativas, reservas territoriales e indígenas, así como en cuerpos de agua en la Amazonía peruana.
La actividad minera en estas zonas sensibles puede desencadenar una serie de impactos negativos, como la deforestación de bosques primarios y la contaminación de fuentes de agua.
En total, se documentaron 799 concesiones mineras conflictivas en la Amazonía peruana, con una superposición de 158,580 hectáreas (ver Mapa Base).
La gran mayoría (712 o 89%) de las concesiones mineras conflictivas se superponen con comunidades nativas, cubriendo 151,682 ha (ver Anexo 1).
43 concesiones mineras tienen más del 60% de su superficie en cuerpos de agua, cubriendo 4,163 ha, incumpliendo el Decreto Supremo 1100 que establece restricciones para la actividad minera en estas zonas.
39 concesiones mineras se superponen con áreas naturales protegidas, cubriendo 2,735 ha.
Finalmente, 5 concesiones mineras (738 ha) se superponen con una Reservas Indígena, lo que implica un riesgo directo para los derechos de los pueblos indígenas en aislamiento voluntario y contacto inicial (PIACI).
Las regiones con mayor número de concesiones mineras conflictivas son Madre de Dios (452), Amazonas (73) , y Loreto y San Martín (50). Ver Anexo 2 para los datos para cada región.
Casos Destacados de superposición
Caso A: Área Natural Protegida
La Figura 1 muestra la superposición de concesiones mineras con el sector noroeste de la Reserva Comunal El Sira (región Huánuco), el mismo que ya ha presentado presencia de minería ilegal en el pasado. (MAAP#45).

Caso B: Reserva Indígena
La Figura 2 muestra la superposición de concesiones mineras con la Reserva Indígena Kakataibo, ubicada en la región Huánuco. Cabe enfatizar que las Reservas Territoriales y Reservas Indígenas en el Perú son territorios intangibles delimitados por el Estado a favor de los PIACI donde actualmente la legislación peruana prohíbe realizar cualquier actividad distinta a la de los usos y costumbres ancestrales de los pueblos indígenas.

Caso C: Cuerpos de agua
La Figura 3 muestra la superposición de concesiones mineras con el río Santiago (en el límite entre las regiones Loreto y Amazonas) donde se logra apreciar que más del 60% de la superficie de la concesión minera es cuerpo de agua, resaltando el incumplimiento del Decreto Supremo 1100 (ver sección sobre Marco Legal) y los posibles impactos sobre la calidad de agua y la biodiversidad acuática del lugar.

Caso D: Comunidades Nativas
La Figura 4 muestra la superposición de concesiones mineras con las comunidades nativas de San José de Karene (42.68 %) y Puerto Luz (3.25 %), que se encuentran en la Zona de Amortiguamiento de la Reserva Comunal Amarakaeri, en la región Madre de Dios.

Caso E: Operaciones en concesiones mineras en trámite
En el siguiente ejemplo se aprecia el avance de la minería ilegal en la Comunidad Nativa San Luis de Chinchihuani, en la zona de amortiguamiento de la Reserva Comunal El Sira, provincia de Constitución, región Pasco. Este año se otorgaron concesiones mineras a trámite, sin la aprobación de REINFO ni algún otro instrumento relacionado a la formalización de la actividad minera. En lo que va del año, se aprecia el avance de más de 40 ha deforestadas por la minería (Figura 5).

Incremento en concesiones mineras en trámite
En la Figura 6 se evidencia el aumento de las concesiones mineras que se encuentran en proceso de trámite durante los últimos tres años (2022 – 2024). Este aumento ha sido especialmente alto en las regiones Amazonas, Loreto, Ucayali, Huánuco, San Martín, Madre de Dios, Cusco y Puno.
Los datos presentados corresponden a los registros de concesiones mineras que gestiona el INGEMMET a octubre del 2024 a través del GEOCATMIN.

Marco Legal y Prácticas mineras en la Amazonía peruana
La Ley de Áreas Naturales Protegidas, Ley N° 26834 prohíbe la minería en las áreas categorizadas de uso indirecto. Por el contrario, en las áreas de uso directo, como las Reservas Comunales de Amarakaeri y El Sira, se permite el desarrollo de actividades mineras, siempre que sea compatible con los objetivos de conservación del área natural protegida. Por tanto, las concesiones mineras que se superponen a áreas naturales protegidas, requieren de una resolución de compatibilidad ambiental otorgada por SERNANP, esta se otorga cuando la actividad minera cumple con los objetivos de protección de la biodiversidad; así como la identidad natural y cultural asociada a las comunidades. Caso contrario, la actividad minera sería considerada ilegal.
Por otro lado, la existencia de concesiones mineras preexistentes a la creación de áreas naturales protegidas ha generado conflictos, puesto que las concesiones deben compatibilizar las actividades mineras con los objetivos del área natural protegida a la cual se superponen.
Por su parte, la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338 establece un marco general hacia la gestión sostenible del agua para lograr su conservación y calidad ambiental, para lo cual se deben considerar los aspectos socioculturales, ambientales y económicos. En ese sentido, en el ámbito de la minería ilegal, el Decreto Legislativo N° 1100 , prohíbe expresamente el desarrollo de minería en todos los cursos de agua, incluyendo ríos, lagos, lagunas, cochas, espejos de agua, humedales y aguajales. En consecuencia, ambas normativas buscan garantizar la protección de los cuerpos de agua a nivel nacional.
Finalmente, es importante señalar que se configura como delito de minería ilegal realizar actividades mineras sin la autorización de la entidad administrativa competente, específicamente cuando causen daño ambiental y afecten áreas prohibidas, el delito contempla como agravante realizar actividad minera en las zonas prohibidas mencionadas en el presente MAAP. En otras palabras, aquellas personas cuyo derecho minero se encuentra en trámite y se encuentra realizando actividad minera, están cometiendo un delito, puesto que aún no cuentan con el permiso correspondiente.
Anexo 1

Anexo 2
Cita
Huamán B, Sáenz E, Novoa S, Rojas T & Finer, M (2024) Incremento de concesiones mineras ponen en riesgo Áreas Protegidas y Reservas Indígenas en la Amazonia Peruana. MAAP: 223.
MAAP #220: Carbono en la Amazonía (parte 3): Casos clave de pérdida y ganancia de carbono

En la parte 1 de esta serie (MAAP #215), presentamos un nuevo conjunto de datos fundamentales (el producto Forest Carbon Diligence de Planet) que proporciona estimaciones detalladas del carbono sobre el suelo con una resolución sin precedentes de 30 metros entre el 2013 y 2022. Estos datos combinan de forma única el aprendizaje automatizado, las imágenes satelitales, los láseres aéreos y un conjunto de datos de biomasa global de GEDI, una misión de la NASA.
En la parte 2 (MAAP #217), destacamos qué partes de la Amazonía albergan actualmente los niveles máximos de carbono y la importancia de proteger estos bosques de alta integridad.
Aquí, en la parte 3, nos enfocamos en la pérdida y ganancia de carbono sobre el suelo, presentando un novedoso Mapa Base que muestra las estimaciones en toda la Amazonía a lo largo de los 10 años de datos (2013-22).
La Amazonía pierde carbono a la atmósfera debido a la deforestación, la tala selectiva, los incendios provocados por el hombre o las perturbaciones naturales, mientras que gana carbono de la regeneración y los bosques antiguos que secuestran carbono de la atmósfera.
En general, observamos que la Amazonía sigue funcionando como sumidero de carbono (significa que la ganancia de carbono es mayor que la pérdida), ganando 64,7 millones de toneladas métricas de carbono sobre el suelo entre el 2013 y 2022 (ver Gráfico 1).
Este hallazgo subraya la importancia de los bosques primarios y secundarios para contrarrestar la deforestación generalizada. Además, destaca el potencial crítico de los bosques primarios para seguir acumulando carbono si no se los perturba.
Sin embargo, esta ganancia es pequeña en relación con el total de 56.800 millones de toneladas métricas de carbono sobre el suelo contenido en la Amazonía (es decir, una ganancia de tan solo un +0,1%), lo que refuerza la preocupación de que la Amazonía podría convertirse en una fuente de carbono (con una pérdida de carbono mayor que su ganancia) debido al aumento de la deforestación, la degradación y los incendios.
Los países que más carbono ganan son 1) Brasil, 2) Colombia, 3) Surinam, 4) Guyana y 5) Guayana Francesa. Por el contrario, los países con mayor pérdida de carbono son 1) Bolivia, 2) Venezuela, 3) Perú y 4) Ecuador.
A continuación, se presenta una serie de mapas novedosos que destacan nuestros hallazgos clave y hacen acercamiento en los casos emblemáticos de alta pérdida y ganancia de carbono en toda la Amazonía en los últimos 10 años.
Mapa base – Pérdida y ganancia de carbono en la Amazonía (2013-2022)
El Mapa Base muestra estimaciones de pérdida y ganancia de carbono sobre el suelo en toda la Amazonía entre 2013 y 2022.
La pérdida de carbono se indica de amarillo a rojo, lo que indica una pérdida de carbono de baja a alta. La ganancia de carbono se indica de verde claro a verde oscuro, indicando ganancias de carbono de bajas a altas.
A continuación, presentamos una serie de acercamientos de imagen de los casos específicos de pérdida y ganancia alta de carbono indicados en los recuadros A-I.

Casos emblemáticos de ganancia y pérdida de carbono
La Figura 1 muestra casos emblemáticos de pérdida de carbono (recuadros A-F en rojo) y de ganancia de carbono (recuadros G-I en verde). A continuación, mostramos una serie de zooms de estos casos emblemáticos.

Pérdida de carbono
We can now estimate the carbon loss from major deforestation events across the Amazon during the past ten years, directly from a single dataset. These cases include forest loss from agriculture, gold mining, and roads.
A. Colombia – Arco de deforestación

La Figura 1A muestra la gran cantidad de emisiones de carbono (23,1 millones de toneladas métricas) asociadas a la deforestación dentro y alrededor de las áreas protegidas y territorios indígenas en el arco de deforestación de la Amazonía colombiana.
La pérdida de carbono dentro de las áreas protegidas y los territorios indígenas se debe probablemente a la deforestación ilegal.
Vea el MAAP #211 para más detalles.
B. Peru – Colonias menonitas

La Figura 1B muestra las emisiones de carbono de más de 200,000 toneladas métricas asociadas con la reciente deforestación llevada a cabo por las nuevas colonias menonitas que llegaron a la Amazonía peruana central a partir de 2017.
Ver MAAP #222 para más detalles, incluyendo información sobre la legalidad de la deforestación que causa la pérdida de carbono.
C. Peru – Minería aurífera

La Figura 1C muestra la gran cantidad de emisiones de carbono (más de 7 millones de toneladas métricas) asociadas a la deforestación por minería aurífera en el sur de la Amazonía peruana.
La mayor parte de la pérdida de carbono dentro de las áreas protegidas (y sus zonas de amortiguamiento) y los territorios indígenas se debe probablemente a la deforestación ilegal.
Vea el MAAP #208 para más información, incluyendo detalles sobre la legalidad de la deforestación causante de la pérdida de carbono.
D. Brasil – Carretera BR-364

La Figura 1D muestra las emisiones de carbono a lo largo de la carretera BR-364 que atraviesa el estado de Acre, en el suroeste de la Amazonía brasileña.
Esta ruta se abrió en los años sesenta y se pavimentó en los ochenta.
E. Brasil – Carretera BR-319

La Figura 1E muestra un controvertido proyecto de pavimentación de carreteras que uniría el arco de deforestación al sur con bosques más intactos al norte, en los estados de Amazonas y Roraima.
Note que la actual pérdida de carbono se concentra a lo largo de las carreteras pavimentadas.
La pavimentación de la carretera BR-319 ha sido noticia recientemente, ya que el Presidente Luiz Inácio Lula da Silva ha autorizado la pavimentación de 20 km de la carretera y tiene previsto licitar otros 32 km (por tanto, la pavimentación de 52 km en total).
Los estudios de modelación predicen una nueva y extensa deforestación como consecuencia de la construcción de esta carretera y, por tanto, una pérdida adicional de carbono asociada.
F. Brasil – Carrtera BR-163

La Figura 1F muestra las grandes emisiones de carbono (más de 45 millones de toneladas métricas) a lo largo de un tramo recientemente pavimentado de la carretera BR-163 que atraviesa el estado de Pará, en la Amazonía oriental brasileña.
Es importante destacar que este tramo de carretera se ha presentado como un estudio de caso de lo que puede ocurrir a lo largo del camino de carretera BR-319 si se pavimenta.
Ganancia de Carbono
También podemos calcular la ganancia de carbono de los bosques secundarios y primarios. Estos casos incluyen la ganancia forestal de bosques primarios remotos.

G. Sureste colombiano
La Figura 1G muestra la ganancia de carbono de más de 52,5 millones de toneladas métricas en el remoto sureste de la Amazonía colombiana.
Esta zona está delimitada por tres parques nacionales y varios territorios indígenas de gran extensión.

H. Frontera Ecuador – Perú
La Figura 1H muestra la ganancia de carbono de 40 millones de toneladas métricas a lo largo de la frontera entre el este de Ecuador y el norte de Perú.
Note que esta zona está delimitada por numerosas áreas protegidas, como el Parque Nacional Yasuní, en Ecuador y la Reserva Nacional Pucacuro, en Perú, y territorios indígenas.

I. Noreste Amazónico
La Figura 1I muestra la ganancia de carbono de más de 164.7 millones de toneladas métricas en la región trifronteriza del nordeste amazónico (norte de Brasil, Guayana Francesa y Surinam).
Por ejemplo, note el aumento de carbono en el Parque Nacional de Montanhas do Tumucumaque y en el territorio indígena de Tumucumaque, en el nordeste de Brasil.
Observe también que se trata de una «zona pico de carbono» amazónica, como se describe en el MAAP #217.
Agradecimientos
Gracias a un generoso acuerdo de intercambio con la empresa de satélites Planet, hemos tenido acceso a estos datos en todo el bioma amazónico para el análisis presentado en esta serie.
Cita
Finer M, Mamani N, Anderson C, Rosenthal A (2024) Carbono en la Amazonía (parte 3): Casos clave de pérdida y ganancia de carbono. MAAP: 220.