Mes: agosto 2026

MAAP #249: Deforestación Minera en la Amazonía Ecuatoriana: Provincia de Napo (Zona Sur)

Posted on by Matt Finer
Imagen 1. Acción minera a orillas del río Anzu, Napo, Ecuador. Fuente: EcoCiencia 2026

En un reporte anterior (MAAP #230), se presentó una primera evaluación de la deforestación por minería en la región centro de la Amazonía ecuatoriana, particularmente la zona sur de la provincia de Napo. Este análisis concluyó que la minería aurífera se expandió de manera acelerada entre los años 2017 y 2024, afectando al menos 1.741 hectáreas en cuatro zonas, de las cuales el 19% se encontraba fuera de áreas concesionadas a la actividad minera.

En el presente reporte se actualiza dicho análisis, incorporando la información más reciente disponible (metodología de monitoreo satelital) para evaluar la evolución de la actividad minera hasta el primer semestre de 2026. 

Este análisis es particularmente relevante, considerando que Napo se ha consolidado como una de las provincias amazónicas en donde la minería aurífera ha experimentado una expansión sostenida durante los últimos años, amenazando sus extensos bosques amazónicos e importantes cuencas hidrográficas y áreas de conservación (Imagen 1). En este contexto, el avance de las actividades mineras ejerce una presión cada vez mayor en términos de la deforestación y aumenta el riesgo de afectación de los recursos hídricos y de los servicios ambientales que estos proporcionan.   

Como respuesta a esta problemática, el Gobierno de Ecuador suspendió temporalmente las actividades mineras en la provincia de Napo (Resolución Nro. MAE-MAE-2026-0005-RM, emitida el 2 de febrero de 2026). Esta disposición tuvo como objetivo contener la extracción ilícita, mitigar los impactos ambientales derivados de esta actividad y proteger las fuentes hídricas de la Amazonía. No obstante, el 17 de febrero de 2026, comuneros reportaron la presunta reactivación de actividades mineras pese a la suspensión vigente. Estas operaciones se habrían desarrollado principalmente durante la noche en concesiones ubicadas en el sector de Puerto Napo (GK, marzo 2026), evidenciando los desafíos existentes para garantizar el control efectivo y el cumplimiento de las medidas adoptadas por las autoridades. 

En resumen, a partir de un análisis actualizado de imágenes satelitales de alta resolución, revelamos la deforestación causada por la minería de oro en 2.321 hectáreas distribuidas en 5 zonas mineras activas en el sur de la provincia de Napo, entre 2017 y principios de 2026. Del total, 580 hectáreas de nuevo impacto minero se produjeron en el periodo más reciente, comprendido entre 2025 y principios de 2026. De hecho, hemos incorporado una quinta zona minera (Río Napo-Sindy) —que no figuraba en nuestros informes anteriores— debido a que surgió apenas en 2025.

Dinámica de la minería en la zona sur de Napo 

Gráfico 1. Actividad minera (2014-2024), sur de Napo. Datos: MapBiomas Ecuador-EcoCiencia

Con el propósito de evaluar la evolución y dinámica de la minería aurífera en el sur de la provincia de Napo, se analizó información correspondiente al período 2014-2024 (datos anuales de MapBiomas Ecuador).

Los resultados evidencian un crecimiento sostenido de la actividad minera en los dos cantones que cubren esta área (Tena y Carlos Julio Arosemena Tola).

La superficie intervenida por esta actividad mostró una aceleración más marcada a partir de 2018 y superó las 1.600 hectáreas en 2024 (Gráfico 1), una superficie más de nueve veces mayor que la registrada al inicio del análisis (190 hectáreas en 2014).

 

 

 

 

 

Actualización del monitoreo satelital 

En este reporte se analizan 5 áreas con presencia de actividad minera (ver Mapa Base), localizadas en los dos cantones del  sur de la provincia de Napo (Tena y Carlos Julio Arosemena Tola). Cuatro de ellas corresponden a los casos previamente documentados en el MAAP #230 (ríos Jatunyacu, Anzu, Huambuno y el corredor Puní-Cotona-Arajuno). Adicionalmente, se incorpora un caso adicional a orillas del río Napo donde se identificaron áreas deforestadas a partir del año 2025.  

Entre los años 2017 y 2024 la minería aurífera alcanzó las 1.741 hectáreas. Esta actualización amplía el período de análisis al incorporar información correspondiente al año 2025 y el primer trimestre de 2026, en el que se registraron 580 hectáreas de nueva minería. En consecuencia, para el período comprendido entre enero de 2017 y marzo de 2026, el área de estudio registra un total de 2.321 hectáreas afectadas por actividad minera.

​​Mapa Base. Área de monitoreo satelital en Napo. Datos: Amazon Conservation/MAAP; EcoCiencia; Planet​

Caso 1: Río Jatunyacu​   

El área de estudio se localiza a lo largo del río Jatunyacu, una de las cabeceras del río Napo y una de las zonas con mayor actividad minera de la provincia de Napo. Entre enero de 2017 y enero de 2024, la expansión minera identificada alcanzó 502 hectáreas afectadas (Mapa 1, color amarillo). La presente actualización muestra que esta dinámica se ha mantenido, registrándose una superficie deforestada acumulada de 561 hectáreas (equivalente a 800 canchas de fútbol profesional) hasta el primer trimestre de 2026. El reciente aumento de 59 hectáreas está indicado por los colores naranja (2025) y rojo (2026) en el mapa. Del total registrado, aproximadamente el 2% corresponde a actividad minera desarrollada fuera de los límites del catastro minero vigente (indicado en morado).

Mapa 1. Monitoreo satelital Caso 1. Río Jatunyacu​. Datos: EcoCiencia, Planet
Mapa 1A. Actividad minera identificada mediante vuelos con dron. Datos: EcoCiencia; Planet

Dentro de esta zona se ubica el sector de Yutzupino, en el cantón Tena, considerado un caso emblemático de minería ilegal en la Amazonía ecuatoriana debido a la magnitud de las operaciones identificadas y a las recurrentes intervenciones de control por parte de las autoridades (MAAP #151, MAAP #184).

Por su relevancia dentro del área de estudio, se incorporaron imágenes aéreas captadas mediante dron al análisis, las cuales permiten observar con mayor detalle los impactos que ha dejado la actividad minera.

El Mapa 1A muestra la zona de Yutzupino, donde se observa con mayor detalle la remoción de la cobertura boscosa, la alteración del suelo y de los cursos de agua, así como la formación de piscinas producto de la actividad minera. 

 

 

 

 

Caso 2: ​Río Anzu​    

El caso de estudio se localiza a lo largo del río Anzu (otra de las cabeceras del río Napo) y sus afluentes, donde la expansión de las actividades mineras ha provocado significativos impactos ambientales.  Anteriormente, a través de monitoreo satelital, se documentó que, entre enero de 2017 y enero de 2024, la expansión minera en el área analizada alcanzó 635 hectáreas afectadas (Mapa 2, color amarillo).

Esta actualización evidencia que la superficie deforestada acumulada ascendió a 806 hectáreas (un valor superior a mil canchas de fútbol profesional) hasta el primer trimestre de 2026. El reciente aumento de 171 hectáreas está indicado por los colores naranja (2025) y rojo (2026) en el mapa.

Además, se identificó que el 13% del total de la superficie afectada por minería corresponde a la actividad desarrollada fuera del catastro minero (indicado en morado). 

Mapa 2. Monitoreo satelital Caso 2: Río Anzu. Datos: EcoCiencia, Planet

Mediante el análisis de fotografías aéreas captadas con dron en julio de 2026, se realizó una evaluación detallada de una de las áreas modificadas. Esto permitió identificar diversos impactos asociados a la actividad minera, entre ellos la presencia de piscinas de sedimentación, la remoción de la cobertura vegetal, áreas con suelos erosionados, así como campamentos y maquinaria operativa (Imagen 2B).

Imagen 2B. Actividad minera identificada mediante vuelos con dron. Datos: EcoCiencia;

Asimismo, se identificó la construcción de bermas destinadas a controlar la erosión del suelo en la actividad extractiva, pero que además pueden desviar los cauces naturales del río. En la Imagen 2c se observa claramente la ubicación de estas estructuras y la proximidad de las actividades mineras a las riberas, lo que puede generar una afectación directa sobre el cuerpo hídrico. La imagen también permite apreciar con mayor detalle las piscinas de sedimentación, la pérdida de cobertura vegetal y los procesos de erosión del suelo presentes en el área intervenida. 

Imagen 2c. Fotografía aérea 3D obtenida mediante dron. Datos: EcoCiencia

Adicional a la importancia ambiental, la presencia de un petroglifo registrado en el Sistema de Información del Patrimonio Cultural Ecuatoriano (SIPCE) confiere al área una especial sensibilidad patrimonial.  Acciones de monitoreo local han evidenciado intervenciones en el entorno del petroglifo, incluyendo la remoción de rocas y la modificación del área circundante, aparentemente vinculadas al desarrollo de actividades mineras (Imagen 2d). Si bien no se observaron daños directos sobre el grabado, al tratarse de un bien arqueológico protegido por la legislación nacional, cualquier afectación directa o indirecta derivada de las actividades extractivas podría constituir una infracción a la normativa de protección patrimonial. 

Imagen 2d. Ubicación y afectaciones aledañas al petroglifo en el río Anzu. Datos: EcoCiencia; Planet

Caso 3: Huambuno  

Para este caso se documentó una expansión minera de 492 hectáreas afectadas por minería desde mayo de 2017 hasta enero de 2024 (Mapa 3, color amarillo). Este nuevo análisis muestra que la superficie afectada por actividad minera alcanzó las 674 hectáreas (más de mil canchas de fútbol profesional) para el primer trimestre de 2026. Este reciente aumento de 182 hectáreas está indicado por los colores naranja (2025) y rojo (2026) en el mapa. Además, se identificó que aproximadamente un 23% del total de actividad minera se desarrolla fuera del catastro minero (indicado en morado).

Mapa 3. Monitoreo satelital Caso 3: Huambuno. Datos: EcoCiencia, Planet

Caso 4: ​Puní-Cotona-Arajuno​ 

La expansión de la actividad minera en este caso de estudio continúa concentrándose principalmente fuera de las áreas formalmente destinadas a esta actividad; el 99% se encuentra fuera de las áreas concesionadas del catastro minero. Desde mayo de 2017 hasta enero de 2024 se documentó una expansión minera de 112 hectáreas afectadas por minería (Mapa 4, color amarillo). En esta actualización, se identificó que esta cifra se incrementó a 234 hectáreas (300 canchas de fútbol profesional). Este reciente aumento de 122 hectáreas está indicado por los colores naranja (2025) y rojo (2026) en el mapa. Cabe destacar que, en tan solo el primer trimestre de 2026, el crecimiento registrado ya supera el 35% del total reportado para 2025, lo que sugiere una intensificación en la zona.

Mapa 4. Monitoreo satelital Caso 4: Puní-Cotona-Arajuno​ . Datos: EcoCiencia, Planet

Caso 5: Río Napo – Sindy 

El área analizada se ubica en un tramo del río Napo, en la parroquia Puerto Napo del cantón Tena, cerca de las comunidades de Sindy y San Carlos. El monitoreo satelital detectó actividad minera en la zona hidrográfica a partir de 2023. Entre 2023 y 2024 se identificaron 6 hectáreas afectadas aguas arriba del río Sindy (Mapa 5, color amarillo). Sin embargo, en 2025, la superficie migró a orillas del río Napo, donde se registró un incremento significativo de la actividad que impactó 43 hectáreas (naranja); lo que para el primer trimestre de 2026 ascendió a 47 hectáreas (rojo), equivalentes a más de 50 canchas de fútbol profesional. Además, el 94% de la superficie afectada se localiza fuera de las áreas registradas en el catastro minero. 

En el área de estudio se han identificado tanto operaciones de minería artesanal como explotaciones de mayor escala que emplean maquinaria especializada, incluidas plantas clasificadoras industriales, lo que incrementa la presión sobre los ecosistemas ribereños y sus servicios ambientales. 

Mapa 5: Monitoreo satelital Caso 5: Rio Napo-Sindy. Datos: EcoCiencia, Planet

Para examinar con mayor detalle la evolución de la actividad minera a orilla del río Napo en esta zona, la Imagen 5B muestra el rápido aumento de la deforestación minera entre enero de 2025 (panel izquierdo) y marzo de 2026 (panel derecho). 

Imagen 5B. Río Napo, Ecuador. Datos: Planet, EcoCiencia

Para profundizar en el análisis del área intervenida y caracterizar con mayor detalle los impactos asociados a la minería, se utilizaron fotografías aéreas captadas con dron en julio de 2026 (Imagen 5C). Entre los impactos que destacan se encuentran la presencia de piscinas de sedimentación, la remoción de la cobertura vegetal, los procesos de erosión del suelo y el uso de maquinaria en las labores extractivas. Asimismo, se observó que, pese a la intervención antrópica existente, aún persisten remanentes de cobertura boscosa dentro del área de estudio. Estos sectores conservados constituyen áreas con potencial para procesos de restauración ecológica. 

Imagen 5C. Fotografías aéreas captadas con dron. Datos: EcoCiencia

Recomendaciones de política pública 

1. Fortalecimiento de la Gestión del Patrimonio Cultural frente a Actividades Extractivas 

Fortalecer la protección, monitoreo y conservación de los petroglifos y demás bienes del patrimonio arqueológico ubicados en áreas con presencia de actividades extractivas, mediante la identificación temprana de riesgos, la delimitación y señalización de zonas de protección, la coordinación interinstitucional y la implementación de medidas preventivas que garanticen la integridad de estos sitios y de sus entornos culturales. 

Para ello, se recomienda promover la incorporación obligatoria de criterios de protección patrimonial en los procesos de regularización, control y seguimiento de actividades mineras, así como la realización de inspecciones periódicas, programas de sensibilización dirigidos a los operadores mineros y mecanismos de articulación entre las autoridades ambientales, mineras y de patrimonio cultural.  

Esta recomendación se fundamenta en los artículos 379 y 380 de la Constitución de la República del Ecuador, que reconocen a los bienes arqueológicos como parte del patrimonio cultural de la nación y establecen la obligación del Estado de garantizar su identificación, protección, conservación y salvaguarda. Cualquier afectación a estos bienes debe ser sancionada conforme a la ley.  

Adicionalmente, se sustenta en la Ley Orgánica de Cultura, que regula la protección y conservación de los bienes patrimoniales, y en el artículo 239 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona la falsificación, sustitución o adulteración de bienes pertenecientes al patrimonio cultural, incluyendo las alteraciones que afecten la naturaleza o los grabados originales de elementos arqueológicos como los petroglifos. 

2. Implementar un Sistema Interinstitucional de Monitoreo y Cumplimiento para la cuenca del río Napo, con verificación periódica, monitoreo remoto y participación comunitaria. 

Se recomienda implementar un Sistema Interinstitucional de Monitoreo y Cumplimiento para la cuenca del río Napo que integre monitoreo remoto mediante imágenes satelitales y drones, operativos periódicos de control, mecanismos de vigilancia comunitaria y un esquema de seguimiento público de las medidas adoptadas. Esta política permitiría fortalecer el cumplimiento efectivo de la suspensión dispuesta por la Resolución MAE-MAE-2026-0005-RM, prevenir la reactivación de actividades extractivas no autorizadas y garantizar la protección de los recursos hídricos y ecosistemas asociados de la cuenca amazónica. 

3. Establecimiento de una franja de protección hídrica reforzada para la prevención de impactos mineros en la cuenca del río Napo 

La proximidad de las actividades mineras a los ríos y quebradas constituye uno de los principales factores de degradación de los ecosistemas acuáticos amazónicos, debido a la remoción de cobertura vegetal, la alteración de cauces, el incremento de procesos erosivos y sedimentarios, y el riesgo de contaminación por sustancias tóxicas y metales pesados. Considerando que la Resolución MAE-MAE-2026-0005-RM reconoce la existencia de afectaciones ambientales vinculadas a actividades mineras en la provincia de Napo y dispone la suspensión de actividades en concesiones cercanas a la cuenca del río Napo, resulta necesario fortalecer las medidas de protección de los recursos hídricos mediante una gestión preventiva del territorio. 

En este contexto, como lo mencionamos en el reporte anterior, se recomienda al Ministerio de Ambiente y Energía, en coordinación con la Autoridad Única del Agua y las entidades competentes del sector minero, delimitar y hacer efectiva una zona de exclusión minera de al menos 100 metros de ancho a cada margen de los ríos, quebradas y demás cuerpos de agua superficiales dentro de la Circunscripción Territorial Amazónica, conforme a los criterios de protección hídrica previstos en la legislación nacional. 

Asimismo, se recomienda que esta franja de protección sea incorporada en los procesos de planificación territorial, regularización ambiental, otorgamiento de autorizaciones mineras y control de actividades extractivas, complementándola con mecanismos de monitoreo geoespacial, inspecciones periódicas y sistemas de alerta temprana que permitan detectar oportunamente nuevas intervenciones dentro de las áreas protegidas. 

4. Implementar un sistema integral de trazabilidad y control de maquinaria utilizada en actividades mineras en la provincia de Napo 

La persistencia de actividades mineras ilegales en la cuenca del río Napo evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control sobre la maquinaria empleada en la extracción y procesamiento de minerales. La movilización y operación de excavadoras, clasificadoras, dragas, bombas y otros equipos constituye un indicador clave de la expansión de actividades mineras y de su potencial impacto sobre los ecosistemas acuáticos. 

Se recomienda establecer un Sistema de Trazabilidad de Maquinaria Minera para la Amazonía, bajo la coordinación del Ministerio de Ambiente y Energía, la Agencia de Regulación y Control Minero (ARCOM), los gobiernos autónomos descentralizados y los organismos de control competentes. 

5. Recomendaciones vigentes del reporte anterior 

Además de las recomendaciones específicas presentadas en este informe, consideramos que siguen siendo relevantes las propuestas formuladas en el reporte anterior (MAAP #230) sobre la minería en la provincia de Napo. Para una descripción detallada y la fundamentación legal de estas recomendaciones, se recomienda consultar el informe completo:  

  • Fortalecer los procesos de investigación y control de las autoridades competentes en zonas con potencial minero no registradas en el catastro minero vigente. 
  • Aplicar las sanciones administrativas al titular de la concesión minera que no denuncie actividades ilícitas dentro de su área autorizada. 
  • Aplicar con rigurosidad sanciones penales a quienes desarrollen actividades de extracción minera fuera de áreas autorizadas, como lo establece el Código Orgánico Integral Penal de Ecuador. 
  • Delimitar zonas de exclusión minera de 100 metros de ancho a cada margen de los ríos y sus afluentes, como lo establece el Reglamento a la Ley de Recursos Hídricos, Usos y Aprovechamiento del Agua del Ecuador, dentro de la Circunscripción Territorial Amazónica. 
  • Establecer una recategorización ambiental que exija un proceso de licenciamiento ambiental, incluyendo un estudio de impacto ambiental y un proceso de participación pública, para la apertura de nuevas vías de más de 1 kilómetro dentro de la Circunscripción Territorial Amazónica. 
  • Solicitar a Gobiernos Autónomos Descentralizados la inclusión de zonas de protección hídrica y servidumbres ecológicas obligatorias dentro de los Planes de Desarrollo y Ordenamiento Territorial (PDyOT) y los Planes de Uso y Gestión del Suelo (PUGS). 

Crear un sistema de protección vinculante y categorías de manejo para ríos con valores naturales y culturales excepcionales, con base en la aplicación de zonas de protección hídrica con un plan de manejo participativo.

Agradecimientos 

Agradecemos a Ecuadorian Rivers Institute por sus aportes a este reporte. 

Este informe es parte de una serie enfocada en la Amazonía ecuatoriana a través de una colaboración estratégica entre las organizaciones Fundación EcoCiencia y Amazon Conservation, con el apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore. 

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MAAP #248: Implicaciones del próximo fenómeno importante de El Niño en los incendios del Amazonas

Posted on by Flavio Forner
Figura 1. El Niño 2023. Datos: Google Gemini

En nuestra serie anual sobre las tendencias de pérdida forestal en la Amazonía (MAAP n.º 244 y MAAP n.º 229), observamos que las dos temporadas de incendios más intensas más recientes – 2016 y 2024 – se produjeron inmediatamente después de fenómenos importantes de El Niño. 

Por ejemplo, las condiciones de sequía extrema provocadas por un fuerte evento de El Niño a finales de 2023 generaron una sequía igualmente extrema al año siguiente, lo que propició incendios generalizados en toda la Amazonía en 2024. En contraste, la disminución de los incendios en 2025 estuvo asociada con las condiciones más húmedas de La Niña.

Como contexto, la definición de El Niño se basa en el calentamiento de la temperatura de la superficie del mar en una zona específica del Océano Pacífico, situada a varios cientos de kilómetros de la costa de Sudamérica (Figura 1).

Específicamente, una anomalía de la temperatura de la superficie del mar (SSTA, la sigla en inglés) superior a 0,5 grados Celsius en la zona El Niño 3.4 se clasifica como un evento de El Niño (véase la sección Métodos para más detalles). Las anomalías superiores a 1 grado Celsius se consideran eventos moderados, y las superiores a 2 grados Celsius, eventos muy fuertes.

Recopilamos estos datos de SSTA anualmente desde 2002 hasta 2025 para el período de tres meses comprendido entre octubre, noviembre y diciembre, que suele coincidir con el pico de las anomalías de temperatura.

Posteriormente analizamos estos datos en relación con la pérdida de bosque primario causada por incendios en el año siguiente (datos de la Universidad de Maryland). El análisis se centró en los años que presentaron al menos un evento de El Niño débil (SSTA > 0,5).

Resultados

Figura 2. El Niño y los incendios en la Amazonía. Datos: UMD, NOAA

Al filtrar el conjunto de datos para los años de El Niño (SSTA > 0,5°C), se identifican ocho eventos históricos específicos: 2002, 2004, 2006, 2009, 2014, 2015, 2018 y 2023.

Entre ellos:

  • Cuatro fueron eventos de El Niño débil (SSTA entre 0,5 y 0,9): 2004, 2006, 2014 y 2018;
  • Dos fueron de intensidad moderada (SSTA entre 1,0 y 1,4): 2002 y 2009;
  • Uno fue fuerte (SSTA entre 1,5 y 1,9): 2023;
  • Y uno fue de intensidad muy fuerte (SSTA ≥ 2,0): 2015.

Para analizar el impacto diferido, el SSTA de cada año (Año t) se empareja directamente con el área de pérdida de bosque primario por incendios del año siguiente (Año t+1).

La Figura 2 muestra la correlación visual entre los eventos de El Niño (en azul) y la pérdida de bosque primario por incendios (en rojo).

Es importante destacar la observación inicial que motivó este estudio: el gran pico de incendios en 2016 tras el evento de El Niño “muy fuerte” de 2015, seguido por la temporada de incendios sin precedentes en 2024 después del evento de El Niño “fuerte” de 2023.

A pesar del tamaño limitado de la muestra (solo ocho eventos de El Niño desde el año 2000) y de la potencia estadística reducida, el análisis revela una relación positiva clara y sólida entre la intensidad de los eventos de El Niño -es decir, la magnitud de la anomalía de la temperatura superficial del mar- y la gravedad de la temporada de incendios del año siguiente.

La fuerza de esta relación se aproxima al umbral tradicional de significación estadística (valor p < 0,05), con un valor p de 0,08 (véase el anexo para más detalles).

Por lo tanto, los datos sí indican una posible relación cada vez más marcada entre El Niño y los incendios en la Amazonía.

Cabe resaltar que las dos anomalías más altas de la temperatura superficial del mar -2015 (+2,34) y 2023 (+1,49)- precedieron directamente a las dos temporadas de incendios más extensas: 2016 (1,76 millones de hectáreas) y 2024 (2,79 millones de hectáreas), respectivamente.

Las anomalías cálidas de menor magnitud (como +0,52 o +0,73) se corresponden con temporadas de incendios más pequeñas, inferiores a 160 000 hectáreas, que además presentan cierto retraso.

Discusión

Como se detalló anteriormente, los datos disponibles indican una fuerte correlación positiva entre la gravedad de los eventos de El Niño y la intensidad de la temporada de incendios en la Amazonía del año siguiente.

Esta correlación se sustenta en dos eventos clave que motivaron este análisis: el pico de la temporada de incendios en 2016 tras el fenómeno de El Niño «muy fuerte» de 2015, y la temporada de incendios que batió récords en 2024 (véase MAAP n.º 229) después del fenómeno de El Niño «fuerte» de 2023.

Actualmente, estos hallazgos adquieren carácter urgente debido al fenómeno de El Niño «muy fuerte» pronosticado para finales de 2026 (es decir, un SSTA superior a 2°C) y sus implicaciones para la temporada de incendios de 2027. Algunas predicciones señalan que el SSTA podría alcanzar el nivel más alto registrado, acercándose incluso a los 3°C entre noviembre y diciembre de 2026.

El SSTA actual es de +0,47°C al salir de la fase de La Niña, y continúa aumentando rápidamente.

Por lo tanto, el mejor análogo reciente es el fenómeno de El Niño «muy fuerte» de 2015 y la posterior quema de casi 1,8 millones de hectáreas de bosque primario amazónico en 2016. El análogo más cercano en el tiempo es 2023 (véase la Figura 1) y la temporada de incendios de 2024, que batió récords.

También planteamos la posibilidad de que el impacto sobre los incendios se extienda a un segundo año después de un evento de El Niño de gran magnitud; esto podría explicar las severas temporadas de incendios de 2017 (1 millón de hectáreas) y 2025 (1,5 millones de hectáreas).

Los años con un fenómeno de El Niño más débil muestran un patrón direccional consistente, aunque sin una respuesta de la misma magnitud.

Asimismo, observamos un cambio estructural importante en los datos: en general, los incendios son mucho más extensos a partir de 2016 (superficie promedio antes de 2016: ~150 mil ha; después de 2016: ~1,0 millón ha). Este período precede ligeramente, se superpone y continúa después del gobierno del presidente Bolsonaro (2019–2023), que debilitó las políticas de aplicación de la ley contra la deforestación ilegal. Por lo tanto, podría existir una nueva línea de base elevada y contemporánea de actividad de incendios en la Amazonía brasileña.

Dado que El Niño suele alcanzar su punto máximo entre noviembre y diciembre -coincidiendo con el inicio de la temporada húmeda (monzónica)-, el mecanismo que explica esta correlación podría ser la interrupción del motor de convección que impulsa la temporada de lluvias. La reducción del flujo de humedad podría prolongar las temporadas seca y de transición, disminuir las precipitaciones, intensificar la sequedad e impedir que el suelo recupere su humedad, dejando a la Amazonía más vulnerable a una temporada de incendios intensa.

Cabe destacar que otro estudio reciente reveló que los años con las mayores áreas quemadas en la Amazonía peruana entre 2013 y 2024 coinciden con la ocurrencia de eventos de El Niño y condiciones de sequía (Referencia 10).

¿Qué tan preparados están los países amazónicos para la próxima temporada de incendios de El Niño de 2027?

La experiencia de 2024

El fenómeno de El Niño de 2023 y la posterior temporada de incendios de 2024 pusieron de manifiesto la profundidad de la brecha de preparación en toda la cuenca amazónica. Las respuestas que surgieron fueron, en gran medida, reactivas: se implementaron cuando la crisis ya estaba avanzada, a pesar de que los sistemas de monitoreo habían anticipado el riesgo meses antes. Brasil, Perú y, especialmente, Bolivia fueron los países más afectados, y este análisis de preparación institucional se centra en ellos. Sin embargo, las condiciones más secas provocadas por El Niño incrementaron el riesgo de incendios en todo el bioma, afectando a todos los países amazónicos.

Brasil montó la respuesta nacional más sustancial, aunque tardía. Para agosto de 2024 -casi tres meses después del inicio de los incendios forestales- se decretó el estado de emergencia en 45 municipios y se puso en alerta máxima a 48 ciudades (Referencia 1). En total, los incendios afectaron directamente a 1,9 millones de hectáreas, la cifra más alta registrada (MAAP n.º 229).

Perú también declaró una emergencia nacional durante la crisis de 2024, lo que permitió activar mecanismos de coordinación de emergencia y solicitar asistencia internacional. Aun así, los incendios afectaron 47 574 hectáreas, más del doble del máximo anterior (MAAP n.º 229).

Bolivia vivió su peor temporada de incendios registrada en 2024, con 779 960 hectáreas afectadas, superando ampliamente el récord anterior (MAAP n.º 229). La principal causa de la deforestación y de los incendios posteriores fue probablemente la especulación agraria. Dos decretos supremos de 2024 otorgaron aranceles cero e incentivos fiscales a la agroindustria, lo que disparó la demanda de tierras para monocultivos de soya, caña de azúcar y cultivos oleaginosos. Esta expansión se vio facilitada por regulaciones existentes que agilizan el desmonte de hasta 20 hectáreas.

El gobierno declaró primero una emergencia nacional y luego un desastre nacional, pero la respuesta se vio obstaculizada por la débil aplicación de la ley: las multas por quema ilegal de bosques (menos de 20 dólares por hectárea) equivalen aproximadamente al 2 % de las aplicadas en Brasil. Además, las tensiones entre el gobierno nacional y los gobiernos locales ralentizaron aún más la coordinación de emergencia. Para contener el desastre, el gobierno decretó una “Pausa Ecológica y Ambiental”, que suspendió los permisos de quema y puso en cuarentena durante cinco años las tierras públicas quemadas.

El relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos documentó cómo estas tensiones institucionales dificultaron las respuestas de emergencia, mientras que las políticas orientadas a expandir agresivamente la agricultura industrial habían resecado grandes áreas del país, dejando los ecosistemas más vulnerables al fuego.

Cambios implementados en 2025

El impacto de los incendios fue mucho menor en 2025 en comparación con 2024 (1,5 millones frente a 2,8 millones de hectáreas de bosque primario quemadas, respectivamente) (MAAP n.º 244). Varios países amazónicos implementaron políticas más estrictas de manejo de incendios en respuesta a la temporada de incendios de 2024. Sin embargo, la reducción de la superficie quemada no puede atribuirse únicamente a una mejor preparación institucional, ya que las condiciones climáticas también fueron más favorables, con La Niña aportando alivio gracias a mayores niveles de humedad en todo el bioma.

En Brasil, en febrero de 2025, la ministra de Medio Ambiente, Marina Silva, decretó una emergencia ambiental preventiva antes de la temporada de incendios, otorgando a las autoridades poderes y recursos adicionales para contener los incendios forestales antes de que se propagaran. El gobierno federal se comprometió a contratar a 250 bomberos federales adicionales y asignó 45 millones de reales para reforzar los cuerpos de bomberos estatales en seis estados amazónicos (Referencia 3). A esto siguieron otras medidas estructurales: la Corte Suprema ordenó al gobierno federal y a todos los estados de la Amazonía y el Pantanal elaborar planes de gestión de emergencias contra incendios; y el Ministerio de Medio Ambiente anunció la creación de “oficinas de gobernanza” en 70 municipios amazónicos -con apoyo de FUNBIO y el PNUD- para proporcionar vehículos, embarcaciones, drones y capacitación para la prevención de incendios (Referencia 4). El programa Prevfogo, gestionado por el IBAMA, se amplió como una plataforma que integra la detección satelital con la respuesta en tierra. Estos esfuerzos combinados contribuyeron a una disminución cuantificable de la actividad de incendios en 2025 en comparación con el año anterior (MAAP n.º 244).

En Perú, en respuesta a los sucesos de 2024, el Ministerio del Medio Ambiente propuso una Ley de Prevención y Control de Incendios Forestales para establecer brigadas regionales de extinción de incendios y prohibir el cambio de uso de la tierra en zonas afectadas por incendios forestales. Sin embargo, las recientes enmiendas a la Ley Forestal (Ley n.º 31973) podrían socavar este enfoque (Referencia 5). Siete de las 24 regiones del país han publicado planes de prevención y reducción de riesgos de incendios forestales, y actualmente se está elaborando un Plan Multisectorial de Respuesta a Incendios Forestales 2025–2027, basado en evaluaciones que clasifican casi el 20 % del territorio nacional como de riesgo alto o muy alto de incendio.

En Bolivia, la trayectoria legislativa desde 2024 ha ido en la dirección opuesta. Los grupos de presión de la agroindustria han impulsado la reducción de las multas por quema, y en el primer semestre de 2026 se promulgó una reforma agraria que habría acelerado la deforestación en Santa Cruz y Beni -los departamentos más afectados en 2024-, aunque posteriormente fue derogada tras protestas sociales (Referencia 6). El país atraviesa su peor crisis económica y política en décadas, y la preparación institucional para la temporada de incendios de 2027 podría verse gravemente comprometida en estas condiciones.

En cuanto a la cooperación regional, el avance más significativo reciente es el Acuerdo Operativo de Preparación y Respuesta, aprobado por los países miembros de la OTCA a principios de 2026. Este marco de cooperación regional no vinculante establece mecanismos para coordinar la asistencia mutua entre los países amazónicos cuando la magnitud de los incendios requiera una respuesta conjunta, facilitando la articulación de capacidades nacionales, el intercambio de información operativa y el apoyo técnico durante emergencias. Paralelamente, los países acordaron crear el Comité de Respuesta a Incendios Forestales (CRIF), encargado de desarrollar instrumentos técnicos, procedimientos operativos y mecanismos de coordinación para mejorar la preparación y la respuesta conjunta (Referencia 7).

En conclusión, la reducción de la superficie quemada observada en 2025 en los tres países se produjo bajo condiciones climáticas favorables, condiciones que -como muestra nuestro análisis- es poco probable que se repitan en 2027. La verdadera prueba de la preparación institucional se dará bajo el estrés provocado por El Niño. La arquitectura regional, por su parte, solo puede funcionar tan bien como su eslabón nacional más débil. En un contexto político deteriorado y sin mejoras en las políticas desde 2024, Bolivia podría convertirse en el epicentro de la temporada de incendios de 2027.

Perspectivas para 2026–2027

Según la lista de verificación de la FAO sobre la preparación ante incendios relacionados con El Niño (Referencia 8), existen cinco componentes principales para la preparación de la temporada de incendios del próximo año 2027.

El primero es la «Concientización sobre los incendios», que implica comprender las tendencias históricas que distinguen una temporada promedio de una temporada anómala, así como los factores que impulsan los incendios de gran magnitud -como la carga de combustible proveniente de áreas recientemente deforestadas-, los cuales pueden incorporarse a las estrategias de reducción de riesgos.

Como se señaló anteriormente, los informes anuales del MAAP (MAAP n.º 229, MAAP n.º 244) proporcionan tendencias históricas sobre el impacto de los incendios en los bosques primarios amazónicos, lo que permite identificar temporadas intensas o anómalas, como la de 2024.

En cuanto a los factores que provocan los grandes incendios, informes anteriores del MAAP han revelado la estrecha relación entre la deforestación y los incendios en la Amazonía (MAAP n.º 189). Es decir, la mayoría de los incendios de gran magnitud se originan en áreas recientemente deforestadas y luego pueden extenderse a los bosques circundantes, especialmente durante períodos prolongados de sequía, como en 2016 y 2024. Por ejemplo, más del 70 % de los incendios de gran magnitud en la Amazonía brasileña queman áreas recientemente deforestadas (MAAP n.º 189). En la Amazonía boliviana se observa un patrón similar: la deforestación suele preceder a los incendios, que luego pueden expandirse hacia bosques o sabanas cercanas.

Por lo tanto, una de las estrategias clave para minimizar los grandes incendios en 2027 es reducir al mínimo la nueva deforestación en 2026.

El segundo componente es el establecimiento de sistemas de “clasificación del riesgo de incendios y alerta temprana”, así como la difusión de esta información entre las partes interesadas. A medida que El Niño se intensifique a lo largo de 2026, esto incluye monitorear las condiciones de humedad y sequía y emitir las advertencias correspondientes.

El tercer componente es la «preparación ante incendios», que abarca la orientación para la prevención, detección y extinción de incendios, basada en el sistema de clasificación y alerta mencionado anteriormente.

En cuanto a la prevención, se podrían promover prácticas agrícolas libres de fuego durante 2026 y aplicarlas de manera más estricta en 2027, en estrecha coordinación con los sindicatos y cooperativas rurales locales (Referencia 9). Las iniciativas de las comunidades locales representan un componente fundamental de esta preparación, ya que ofrecen ejemplos tangibles de mecanismos de prevención, detección y extinción.

Un ejemplo son las Acciones de Fortalecimiento Territorial implementadas en toda la cuenca amazónica, que demuestran este enfoque integrado. Comunidades de Colombia, Perú, Bolivia y Ecuador están desarrollando activamente capacidades locales para la detección de incendios, el manejo sostenible (incluido el uso seguro del fuego) y la respuesta temprana, al tiempo que promueven prácticas alternativas a la agricultura de tala y quema.

Este enfoque comunitario se ve reforzado por esfuerzos regionales más amplios, como el programa CoRAmazonia, que promueve una estrategia de gestión integrada de incendios que combina conocimientos técnicos, científicos y tradicionales indígenas. A través de plataformas como ExpoMIF y la Red Amazónica para la Gestión Integrada de Incendios (RAMIF), el programa destaca el papel crucial de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales en la gobernanza de los incendios, subrayando la importancia de las brigadas comunitarias, el monitoreo territorial y el rescate de fauna silvestre afectada.

El cuarto componente son las «Actividades previas a la temporada de incendios», que evalúan si las agencias están involucrando adecuadamente a las partes interesadas y estableciendo acuerdos nacionales.

El quinto componente es «Detección, comunicación y despacho de incendios», que establece los procedimientos y mecanismos de respuesta en tiempo real.

En cuanto a la detección, el monitoreo de incendios en tiempo real debe integrarse plenamente en los protocolos nacionales de respuesta y en la coordinación sobre el terreno.

En cuanto a la comunicación y el despacho, es fundamental establecer planes de contingencia que permitan extinguir rápidamente los incendios forestales antes de que se propaguen, prestando especial atención a los incendios que se originan en áreas recientemente deforestadas y avanzan hacia áreas protegidas o territorios indígenas.


En el caso específico de Perú (Referencia 10), los distritos más críticos se concentran en las regiones de Ucayali, Madre de Dios y Huánuco. En cuanto a la asignación del presupuesto público, existen brechas en la prevención y respuesta a los incendios forestales, lo que genera capacidades operativas limitadas y disparidades significativas en la asignación y ejecución de recursos para la gestión del riesgo de desastres. En general, es necesario fortalecer los sistemas de monitoreo, alerta temprana, planificación y respuesta institucional, priorizando las zonas con mayor vulnerabilidad histórica.

Métodos

El análisis combinó dos fuentes de datos principales: 1) el Índice Oceánico Relativo de Niño (RONI), basado en la anomalía de la temperatura de la superficie del mar (SSTA), y 2) la pérdida anual de bosque primario a causa de incendios.

El RONI -el estándar utilizado por la NOAA para clasificar los eventos de El Niño (cálidos) y La Niña (fríos) en el Pacífico tropical oriental- corresponde al promedio móvil de tres meses de la temperatura de la superficie del mar (TSM) en la región Niño 3.4, menos el promedio general de la anomalía de la temperatura superficial del mar (ATS) tropical en el mismo período. Para este estudio, utilizamos el período de tres meses comprendido entre octubre y diciembre de cada año.

Los fenómenos se definen como cinco períodos consecutivos y superpuestos de tres meses con una anomalía igual o superior a +0,5 para los eventos cálidos (El Niño) y igual o inferior a –0,5 para los eventos fríos (La Niña). Este umbral se subdivide en cuatro categorías: eventos débiles (con una anomalía de la SST de 0,5 a 0,9), moderados (de 1,0 a 1,4), fuertes (de 1,5 a 1,9) y muy fuertes (≥ 2,0). 

Además de las anomalías positivas de la temperatura superficial del mar en el Pacífico, las condiciones de sequía en la Amazonía también pueden verse influidas por anomalías positivas de la SSTA en el Atlántico tropical norte (Referencia 10). Sin embargo, esta variable no fue incluida en nuestro análisis.

El análisis de los incendios se basó en datos anuales de pérdida forestal con una resolución de 30 metros, elaborados por la Universidad de Maryland y también presentados por Global Forest Watch. Este conjunto de datos sobre la pérdida forestal global debida a incendioses único porque es consistente en toda la Amazonía -a diferencia de las estimaciones específicas por país- y distingue la pérdida forestal causada directamente por incendios (cabe señalar que prácticamente todos los incendios amazónicos son provocados por actividades humanas). Se incluyeron los niveles de confianza “medio” y “alto” (códigos 3–4).

Para establecer la línea de base, se definieron las áreas con una densidad de dosel arbóreo superior al 30 % en el año 2000. Es importante destacar que aplicamos un filtro para calcular exclusivamente la pérdida de bosque primario, cruzando los datos de pérdida de cobertura forestal con el conjunto adicional de “bosques tropicales húmedos primarios” a partir de 2001 (Turubanova et al., 2018). Para obtener más detalles sobre esta parte de la metodología, consulte el blog técnico de Global Forest Watch (Goldman y Weisse, 2019).

El análisis contó con el apoyo y la revisión de las IA Gemini y Claude.

Anexo

Dado que contamos con un subconjunto limitado (N = 8), la potencia estadística es reducida, pero aun así se observa un patrón positivo claro y sólido en varias métricas importantes.

La correlación lineal de Pearson indica una fuerte relación positiva entre la magnitud de la anomalía de calentamiento y el área quemada por incendios en el año siguiente (r = +0,6146), acercándose al umbral tradicional de significación estadística (valor p = 0,1049). Esta correlación se vuelve aún más fuerte cuando aplicamos el logaritmo natural a la superficie quemada -una transformación que permite capturar mejor la dinámica exponencial de la propagación del fuego- reduciendo el valor p a 0,0827.

La correlación de rangos de Spearman confirma que valores más altos de la anomalía de la temperatura superficial del mar (SSTA) se asocian con peores resultados en términos de incendios en el año siguiente (ρ = +0,5476; valor p = 0,1600).

Resumen de las métricas principales:

  • Correlación de Pearson con transformación logarítmica (r log): +0,6474
  • Dado que la propagación de los incendios forestales suele seguir un patrón exponencial más que lineal, al tomar el logaritmo natural del área quemada (ln{Fire}_{t+1}) la correlación se fortalece hasta casi +0,65, acercándose al umbral tradicional de significación estadística (p < 0,10).

Referencias

  1. Lancet Regional Health – Americas / PMC. (2025). The 2024 South America ablaze: Health impacts and policy imperatives for protecting population health in an era of wildfires
  2. IACHR (2025) REDESCA publishes report on wildfires in Bolivia and calls for urgent action to address impacts on human rights and ecosystems
  3. Mongabay (2025). Brazil declares environmental emergency ahead of 2025 fire season.
  4. Muggah, R., & Szabo, I. / Mongabay. (2025). Brazil is speeding-up forest fire prevention to avoid dangerous tipping points in the Amazon.
  5. Lancet Regional Health – Americas / PMC. (2025). The 2024 South America ablaze.(Véase la nota al pie 3.) Sección sobre gobernanza específica de Perú
  6. Copa Pabón, M. V. (2026, May 15). Indigenous protest forces repeal of land privatization law in Bolivia.
  7. ACTO. (2026, February–March). ACTO member countries approve Operational Understanding for Preparedness and Response to Forest Fires in the Amazon Region.
  8. Lista de verificación de la FAO para la preparación ante incendios relacionados con El Niño (2024). Tal como se presenta en el Centro Global de Gestión de Incendios y con base en sus Directrices Voluntarias para la Gestión Integrada de Incendios
  9. Brown F, et al (2026). Alert related to the coming severe dry period, heat waves, fires, smoke and climate in the Madre de Dios-Peru, Acre-Brazil, Pando-Bolivia (MAP) Region – 30 de abril de 2026. Foster Brown
  10. ACCA (2026) El Niño y los incendios forestales en la Amazonía peruana, ¿qué podemos esperar para la temporada 2026-2027?
  11. Lancet Regional Health – Americas / PMC. (2025). Sudamérica en llamas en 2024.

Cita

Finer M, Bodin B (2026) Implicaciones del próximo evento importante de El Niño en los incendios de la Amazonía. MAAP: 248.

Agradecimientos

Agradecemos a los colegas de las siguientes organizaciones por sus valiosos comentarios sobre el informe: Conservación Amazónica – ACEAA en Bolivia y Conservación Amazónica – ACCA en Perú.

Este trabajo contó con el apoyo de Norad (Agencia Noruega de Cooperación para el Desarrollo).

MAAP #247: Expansión de la minería de oro en los ríos de la región Loreto – Amazonía Peruana Norte

Posted on by Matt Finer
Mapa Base. Actividad minera de oro en Loreto, Peru. Datos: ACCA, FAP, FEMA, FZS, GGF, IBC, SERNANP

La minería de oro ha presentado una expansión importante en los últimos años, la cual se ha presentado en diferentes regiones que conforman la Amazonía peruana.

En reportes anteriores (ver MAAP #241), se ha mostrado el rápido avance de la minería en la Amazonía sur del Perú, principalmente en la deforestación por minería en la región Madre de Dios. 

No obstante, el avance de la minería de oro ha continuado su expansión en otras regiones amazónicas (ver MAAP #233), como es el caso de la región Loreto (ver Mapa Base).

La región Loreto es una de las regiones amazónicas más impactadas por la actividad minera en ríos amazónicos, los cuales representan una fuente de contaminación directa a los ríos debido a las sustancias utilizadas en la extracción de oro por dragas mineras, como es el uso de mercurio en esta actividad.

Durante los años 2017 – 2026, el registro histórico presenta un total de 1,518 dragas mineras localizadas en los ríos amazónicos de la región Loreto (ver Anexos).

Además, se ha identificado un incremento importante en el registro de dragas mineras para el periodo 2025-2026, donde las detecciones de dragas mediante imágenes satelitales de muy alta resolución y los reportes de presencia de dragas por parte de diferentes instituciones han permitido identificar nuevos registros de dragas en diversos sectores de la región Loreto.  

En este reciente periodo (2025-2026), se han identificado 704 dragas mineras en ríos amazónicos en la región Loreto, las cuales representan el 46% del registro histórico para esta región.

Asimismo, la presencia de dragas mineras se ha extendido a 13 ríos amazónicos en la región Loreto: Atacuari, Chambira, Cotuhe, Curaray, Marañón, Mazan, Nanay, Napo, Patayacu, Pintuyacu, Putumayo, Tigre y Yaguas. Entre los ríos más impactados por esta actividad minera mediante dragas, los ríos Nanay, Marañón, Tigre y Mazán presentan los mayores registros históricos.

En el presente reporte, se presenta una evaluación detallada de la situación de la minería de oro en los ríos amazónicos de la región Loreto mediante 4 casos de estudio (Mapa Base, Recuadros A-D). Estos casos de estudio muestran la presencia de actividad minera durante los años 2025 – 2026, en los que se incluyen imágenes satelitales en alta resolución para ilustrar la actividad minera presente.

Estudios de Caso

A. Río Putumayo

La actividad ilegal minera de oro se ha extendido en diferentes sectores del río Putumayo, el cual forma parte de la frontera Perú-Colombia en la región Loreto. Entre los años 2020 y 2026, se ha tenido un total de 29 registros de dragas mineras a lo largo del río Putumayo. El 58% de estos registros (17 dragas mineras) corresponden a los años 2025 – 2026 (Figura A), evidenciando el incremento de la actividad ilegal minera de oro en los últimos años. 

Figura A. Dragas mineras ubicadas en el río Putumayo. Datos: ACCA, Planet

B. Río Tigre

La minería ilegal de oro se ha registrado en diversos sectores del río Tigre, uno de los ríos amazónicos que recorre parte de la región Loreto con una longitud de más de 550 km. Entre los años 2021 – 2026, se ha tenido un total de 73 registros de dragas mineras a lo largo del río Tigre, siendo el tercer río de esta región con la mayor cantidad de registros históricos de dragas mineras. En los últimos años (2025 – 2026), se registraron 67 dragas mineras a lo largo del río Tigre, las cuales representan el 91% del total de registros para este río.

Esta situación evidencia un avance importante de la actividad ilegal minera en el río Tigre, la cual ha incluido la extracción de oro cerca de las riberas del río (Figura B1), así como la presencia de dragas mineras cerca de centros poblados (Figura B2).

Figura B1. Dragas mineras ubicadas en el río Tigre. Datos: ACCA, Google Earth
Figura B2. Dragas mineras ubicadas cerca de un centro poblado en el río Tigre. Datos: ACCA, Google Earth

C. Río Nanay

La actividad minera de oro en el río Nanay presenta una expansión importante desde el año 2021, donde se tuvieron los primeros registros de dragas mineras para la extracción de oro y ha sido descrita en reportes anteriores (ver MAAP #187). El río Nanay es el río amazónico más impactado por la actividad ilegal minera en la región Loreto debido a que presenta la mayor cantidad de registros históricos de dragas mineras. Entre los años 2021 y 2026, se ha registrado un total de 1076 dragas mineras a lo largo de diferentes secciones de este río.

En el periodo 2025-2026, los registros de dragas mineras indicaron la presencia de 421 dragas mineras en el río Nanay, evidenciando el incremento constante de esta actividad minera en comparación con años anteriores (301 registros en el año 2024, 221 registros en el año 2023). Además, se han registrado dragas mineras en nuevos sectores del río Nanay, evidenciando la expansión de esta actividad minera y el impacto de esta actividad a lo largo de este río (Figura C1).

Figura C1. Registro de dragas mineras en el río Nanay para los años 2021 – 2026. Datos: ACCA, Planet

Asimismo, la minería de oro ha empezado a impactar directamente a los ecosistemas aledaños al río Nanay, donde la actividad minera se ha localizado en sectores pertenecientes a pantanos de palmeras, bosques de colina baja y bosques aluviales inundables. Durante los años 2025-2026, se empezaron a identificar patrones de pérdida de cobertura forestal en zonas ribereñas del río Nanay, los cuales estarían asociados a la extracción de oro mediante dragas mineras (Figura C2).

Figura C2. Pérdida de cobertura forestal por actividad de dragas mineras en el río Nanay. Datos: ACCA, Planet

D. Río Marañón

La actividad ilegal minera de oro ha tenido un crecimiento sostenido en el río Marañón, principalmente en el distrito de Manseriche, provincia de Datem del Marañón (Figura D1). En este sector, la actividad minera para la extracción de oro se ha expandido a diferentes zonas aledañas a este río, donde se ha identificado la deforestación por minería para la instalación de pozas e infraestructuras mineras, así como la presencia de dragas mineras en el río Marañón.

Figura D1. Actividad minera de oro en el río Marañón. Datos: ACCA, FEMA, Planet

Para el mes de junio de 2026, se identificaron 241 concesiones mineras localizadas en el distrito de Manseriche según el catastro minero del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), donde se registran concesiones tituladas (122), en trámite (115), extinguidas (2) y otras (2). Como se observa en la Figura D1, estas concesiones se encuentran distribuidas a lo largo del río Marañón, así como en sectores aledaños a este río, evidenciando un incremento de las solicitudes de concesiones mineras en los últimos años.

Por otro lado, se ha identificado un total de 9 inscripciones al REINFO (Registro Integral de Formalización Minera) para el distrito de Manseriche. Al corroborar la información del derecho minero asociado a estos 9 registros, únicamente 3 registros están asociados a concesiones mineras ubicadas en este distrito. Mientras que los otros 6 registros presentan un derecho minero no existente en el catastro minero del INGEMMET. Además, solo se ha registrado actividad minera en una concesión minera asociada a una inscripción al REINFO, correspondiente a la concesión minera Golden Rose 4.

Gráfico  1. Deforestación minera (Manseriche) y precio del oro (hasta junio 2026). Datos: ACCA, BCRP

El Gráfico 1 muestra la deforestación anual por minería en el distrito de Manseriche para el periodo 2020-2026 (hasta junio de 2026).

En este periodo, se puede observar que la deforestación anual por minería ha tenido un incremento sostenido durante los años 2020-2024, coincidiendo con la tendencia estable del precio internacional del oro para este periodo.

A partir del año 2025, se observa un incremento importante en la pérdida de bosque por minería en este distrito, donde se han registrado más de 600 hectáreas deforestadas para este año.

Esta situación estaría asociada al aumento exponencial que presentó el precio internacional del oro para el año 2025, el cual habría influenciado el avance de la actividad minera para la extracción de oro en este sector de la región Loreto.

Asimismo, se identificó un alto número de solicitudes de concesiones mineras para el distrito de Manseriche para este mismo año, registrando 109 nuevas concesiones en diversos sectores del distrito.

Para el año 2026, la deforestación histórica por minería en el distrito de Manseriche representó una extensión total de 868 hectáreas (Gráfico 1).

Entre los años 2025 – 2026, se identificaron nuevas zonas mineras en varios sectores del distrito, las cuales representaron un total de 493 hectáreas de pérdida de bosque en este periodo (54% del total). La Figura D2 muestra la expansión de las zonas mineras en un sector del distrito, donde se ha registrado la pérdida de bosque en zonas ribereñas del río Marañón.

Figura D2. Deforestación minera en el río Marañón. Datos: ACCA, Planet

La deforestación por minería se ha ubicado en áreas aledañas al río Marañón, en un área de influencia de hasta 6 km desde el río, donde se ha visualizado el establecimiento de pozas mineras e infraestructuras mineras (campamentos y dragas). La Figura D3 presenta casos de zonas mineras en terreno y en la ribera del río Marañón, donde se observa la acumulación de sedimentos en las pozas mineras debido a la extracción de oro mediante el uso de dragas.

Figura D3. Deforestación minera en áreas aledañas al río Marañón. Datos: ACCA, Planet

Por otro lado, la presencia de dragas mineras para la extracción ilegal de oro se ha expandido a lo largo del río Marañón durante los años 2022 – 2025, donde se ha identificado un total de 187 dragas mineras ubicadas en este río y en pozas mineras aledañas. Para el año 2025, se registraron 108 dragas mineras en diferentes sectores del río Marañón, que representan el 57% del total de registros históricos. En ciertos sectores, se ha identificado la acumulación de sedimentos en áreas cercanas a las dragas mineras identificadas, evidenciando su actividad de extracción en el río Marañón (Figura D4).

Figura D4. Dragas mineras identificadas en el río Marañón. Datos: ACCA, Planet

Políticas públicas frente a la expansión de la minería ilegal en Loreto:
Avances, limitaciones y desafíos

Los hallazgos del presente informe evidencian que la minería aurífera ilegal continúa expandiéndose en la región Loreto, particularmente en los ríos Nanay, Marañón, Tigre, Putumayo y otros afluentes amazónicos, a pesar de la prohibición expresa del uso de dragas y equipos similares para la actividad minera en los cuerpos de agua (establecida en el Decreto Legislativo N.°1100, que regula la interdicción de la minería ilegal). En consecuencia, la expansión de esta actividad no responde a un vacío normativo, sino a las dificultades del Estado para hacer efectiva una prohibición vigente.

En concordancia con el marco normativo nacional, el Gobierno Regional de Loreto (GOREL) ha impulsado, desde hace más de dos décadas, un conjunto de normas orientadas a la conservación de los ecosistemas amazónicos, la protección de los recursos hídricos y la prevención de actividades incompatibles con estos objetivos, como la minería ilegal. En este contexto, ha aprobado diversas ordenanzas destinadas a fortalecer la gestión y protección de las cuencas hidrográficas del departamento. Entre ellas destaca una Ordenanza Regional (Número 001-2025-GRL-CR), que ratifica la importancia de la conservación y protección de las cabeceras de cuenca hidrográfica prioritarias para garantizar el acceso al agua destinada a satisfacer las necesidades primarias de la población y promover la sostenibilidad de los ecosistemas regionales. Estas disposiciones reflejan una política regional sostenida orientada a proteger los ríos amazónicos y reconocer su importancia estratégica para la seguridad hídrica, la conservación de la biodiversidad y el bienestar de las poblaciones locales.

No obstante, la existencia de este marco normativo no ha sido suficiente para contener la expansión de la minería ilegal en Loreto. En los últimos años, esta actividad ha dejado de concentrarse en focos específicos para extenderse progresivamente hacia nuevos ríos y cuencas amazónicas, impulsada por una combinación de factores estructurales. Entre ellos destacan la limitada presencia del Estado, las dificultades para ejercer control sobre un territorio caracterizado por una extensa red hidrográfica, la actuación de organizaciones criminales y la alta rentabilidad del oro. A ello se suma un contexto de pobreza, limitada inversión pública y escasas alternativas económicas sostenibles para las poblaciones amazónicas, donde la minería ilegal representa, en muchos casos, la única fuente de ingresos o la más rentable que otras actividades productivas tradicionales.

Como señala un estudio reciente (Oro Sombra. La expansión de la minería ilegal y sus efectos en la cuenca del río Nanay, con énfasis en las mujeres), esta actividad no solo genera graves impactos ambientales, sino que también transforma las economías locales, fortalece las economías ilícitas y debilita la gobernanza territorial.

Respuesta del Estado

La respuesta del Estado frente al avance de la minería ilegal en Loreto se ha centrado principalmente en acciones de interdicción, operativos conjuntos, destrucción de dragas e investigaciones fiscales orientadas a reducir la capacidad operativa de las organizaciones dedicadas a esta actividad.

En este marco, las entidades competentes han desarrollado diversos operativos en las principales zonas afectadas. Uno de los casos más recientes corresponde a las intervenciones realizadas en el río Tigre, donde las autoridades destruyeron dragas tras verificarse un incremento significativo de la actividad extractiva.

Sin embargo, el monitoreo satelital evidencia que la minería ilegal reaparece rápidamente en las zonas intervenidas, lo que demuestra que, si bien las acciones de interdicción constituyen una herramienta necesaria de control, sus efectos suelen ser temporales cuando no se complementan con estrategias dirigidas a desarticular las redes criminales, los flujos financieros y las cadenas de suministro que sostienen esta economía ilícita.

Además de las acciones de control, el Estado ha adoptado medidas preventivas para limitar la expansión de la minería ilegal en áreas de alta importancia ambiental. En la cuenca del Nanay, por ejemplo, se dispuso la suspensión de la admisión de nuevos petitorios y del otorgamiento de concesiones mineras (Nota 1), así como la declaratoria de estados de emergencia debido a la contaminación de la principal fuente de abastecimiento de agua para la ciudad de Iquitos. Estas medidas representan avances importantes; sin embargo, su eficacia depende de una fiscalización permanente y de una presencia institucional sostenida en el territorio.

En el ámbito de la política nacional, un Decreto Supremo (N.°003-2025-IN), que aprueba la Estrategia Nacional para la Reducción e Interdicción de la Minería Ilegal al 2030, reconoce la necesidad de fortalecer la inteligencia, la coordinación interinstitucional y la persecución de las economías criminales vinculadas a la minería ilegal, promoviendo un enfoque que trascienda las acciones de interdicción.

Limitaciones estructurales de la respuesta estatal

A pesar de estos avances, la respuesta estatal continúa enfrentando importantes limitaciones estructurales. En primer lugar, Loreto presenta enormes desafíos logísticos debido a su extensión territorial y a la dispersión de su red hidrográfica. Muchas de las zonas afectadas sólo son accesibles por vía fluvial después de varias horas o incluso días de navegación, lo que incrementa los costos de las operaciones y dificulta mantener una presencia permanente de las autoridades.

Esta complejidad geográfica adquiere una dimensión transnacional crítica en cuencas fronterizas como el Putumayo o el Tigre. La vulnerabilidad de las fronteras con Colombia, Brasil y Ecuador facilita que las organizaciones criminales operen con dinámicas de movilidad transfronteriza, trasladando insumos ilícitos —como el mercurio — o cruzando los límites internacionales para evadir las acciones de interdicción de las fuerzas del orden peruanas, lo que evidencia la insuficiencia de los enfoques exclusivamente vecinales o nacionales.

En segundo lugar, la respuesta institucional mantiene un enfoque predominantemente reactivo. Aunque las interdicciones permiten reducir temporalmente la infraestructura utilizada para la minería ilegal, existen menores avances en la investigación de las cadenas de financiamiento, la comercialización del oro, el lavado de activos y el abastecimiento de combustible, mercurio y maquinaria, factores que facilitan la rápida reactivación de esta actividad.

Asimismo, persisten debilidades en la articulación entre las entidades responsables del control, la fiscalización y la persecución penal. La limitada coordinación para el intercambio de información, la planificación conjunta y el seguimiento de las intervenciones entre el Gobierno Nacional, el Gobierno Regional, las Fiscalías Especializadas en Materia Ambiental (FEMA) y la Dirección de Capitanías y Guardacostas (DICAPI) reduce la efectividad de la respuesta estatal frente a organizaciones con alta capacidad de adaptación.

Otra limitación relevante corresponde a las inconsistencias en el otorgamiento y administración de los derechos mineros en la región. A pesar de la prohibición de realizar minería aluvial con dragas en los cuerpos de agua, en Loreto se han identificado concesiones mineras cuyos límites comprenden ríos, quebradas u otros cuerpos de agua, así como concesiones otorgadas en zonas donde se ha evidenciado la expansión de la minería ilegal. Si bien una concesión minera no autoriza por sí misma el inicio de actividades de explotación y su otorgamiento no implica la aprobación de instrumentos ambientales ni de otros títulos habilitantes, esta situación evidencia debilidades en la planificación territorial y en la articulación entre las entidades responsables de la gestión de los derechos mineros y aquellas encargadas de la protección ambiental y de los recursos hídricos. Ello genera conflictos en la gestión del territorio, incrementa la presión sobre ecosistemas sensibles y dificulta las acciones de prevención y control de la minería ilegal.

A ello se suma la persistencia de procesos de formalización minera prolongados y las sucesivas ampliaciones del Registro Integral de Formalización Minera (REINFO). En el contexto amazónico, el REINFO ha generado profundas distorsiones, pues con frecuencia es instrumentalizado de manera fraudulenta por operadores ilegales como un «escudo de impunidad» para paralizar temporalmente las acciones fiscales y de interdicción, desnaturalizando un registro concebido para la pequeña minería y minería artesanal y utilizándolo para encubrir la minería aluvial en cuerpos de agua, la cual se encuentra taxativamente prohibida sin excepción alguna.

Respuestas locales

Frente a estas limitaciones de la respuesta del gobierno central, la articulación de los actores en el propio territorio surge como un componente fundamental para la lucha contra la minería ilegal. En Loreto, se han fortalecido espacios de coordinación técnica y social, tales como la Plataforma de Buena Gobernanza del Mecanismo de Retribución por Servicios Ecosistémicos (MRSE) del Nanay y el Grupo Técnico contra la Minería Ilegal, los cuales promueven canales de articulación real entre entidades públicas, organizaciones indígenas, sociedad civil y cooperación internacional.

En esta red, las organizaciones indígenas y las comunidades locales también cumplen un papel fundamental mediante la vigilancia comunal, el monitoreo territorial y la generación de alertas tempranas sobre el avance de la minería ilegal. Estas iniciativas complementan las acciones estatales y evidencian que el fortalecimiento de la gobernanza territorial constituye un componente indispensable para mejorar la eficacia de las políticas públicas frente a la minería ilegal.

Sin embargo, quienes desarrollan estas labores de vigilancia enfrentan una situación de especial vulnerabilidad. En diversas cuencas de Loreto, particularmente en la del Nanay y Putumayo, los líderes, vigilantes comunales (Nota 2) e incluso guardaparques, han sido objeto de amenazas e intimidaciones como consecuencia de sus acciones para denunciar el avance de la minería ilegal y proteger los recursos hídricos. Esta situación evidencia que la respuesta estatal no solo debe fortalecer las capacidades de fiscalización e interdicción, sino también garantizar condiciones adecuadas de protección para quienes contribuyen a la defensa del territorio y al cumplimiento de la normativa ambiental. La persistencia de estos riesgos debilita la gobernanza territorial y limita la participación de las comunidades en la prevención y el control de la minería ilegal.

Conclusiones

La evidencia presentada confirma que la expansión de la minería ilegal en Loreto no obedece a la ausencia de un marco normativo, sino a las limitaciones para implementar de manera efectiva las políticas públicas existentes. Aunque el Estado ha fortalecido las acciones de interdicción y ha desarrollado instrumentos normativos para proteger las cuencas amazónicas, estos esfuerzos continúan siendo insuficientes frente a organizaciones criminales con alta capacidad de adaptación logística, financiera y transfronteriza.

En consecuencia, una respuesta más efectiva requiere trascender el enfoque reactivo y transitorio del control sobre los ríos. Es necesario complementar estas acciones con el fortalecimiento de la inteligencia financiera y criminal orientada a las cadenas de lavado de activos, la supervisión estricta de las irregularidades en los registros de formalización, la protección efectiva de las personas defensoras, la articulación bilateral en las zonas de frontera y el diseño de alternativas socioeconómicas viables y sostenibles para las poblaciones locales. Solo mediante un enfoque integral y descentralizado que combine la prevención, la persecución penal estratégica, el desarrollo territorial y el fortalecimiento de la gobernanza comunitaria será posible contener y reducir de manera sostenible la expansión de la minería ilegal en la Amazonía peruana.

Metodología

La identificación de dragas mineras se basó en la interpretación visual de imágenes satelitales de muy alta resolución disponibles en las plataformas Planet, Maxar y Google Earth Pro para los ríos amazónicos de la región Loreto. Además, se incluyeron reportes confidenciales y comunicaciones directas de diferentes instituciones sobre la presencia de dragas mineras en los ríos amazónicos. Esta información permitió el registro de dragas mineras en nuevos sectores, así como la priorización del monitoreo mediante imágenes satelitales de muy alta resolución en sectores estratégicos en la región Loreto.

La identificación de deforestación por minería de oro se basó en la interpretación visual de imágenes satelitales de alta y muy alta resolución disponibles en las plataformas Planet, Maxar y Google Earth Pro para la región Loreto. A partir de esta identificación de la deforestación por minería, se realizó el monitoreo de la deforestación utilizando los mosaicos mensuales de Planet NICFI (resolución espacial de 4.7 m) para registrar la expansión de la deforestación por minería y el registro de nuevos sectores en la región Loreto.

Notas

1. Decreto Supremo Nº022-2024-EM, Prórroga de la suspensión de la admisión de petitorios mineros en el área del río Nanay, ubicada en el distrito de Alto Nanay, provincia de Maynas, departamento de Loreto 

2. Miembros de las organizaciones locales de vigilancia reconocidas por el Gobierno Regional de Loreto y miembros de los comités de vigilancia comunal reconocidos por el SERNANP. 

Anexos

Anexo 1. Registro de dragas mineras por río en la región Loreto para los periodos 2017 – 2024 y 2025 – 2026 (hasta junio)

Anexo 2. Registro de dragas mineras en la región Loreto para el periodo 2017 – 2026 (junio)

Agradecimientos

Agradecemos a Derecho, Ambiente y Recursos Naturales – DAR, Fundación para la Conservación y Desarrollo Sostenible Perú – FCDS, y al Observatorio de Minería Ilegal y actividades vinculadas en Áreas Clave de Biodiversidad – OMI por sus aportes y comentarios al presente reporte.

Este informe es parte de una serie enfocada en la minería de oro en la Amazonía peruana, a través de una colaboración estratégica entre las organizaciones Amazon Conservation y Conservación Amazónica – ACCA, con el apoyo de la Fundación Gordon y Betty Moore.

Cita

Pacsi R, Novoa S, Rivera G, Arana M, Finer M, Santana A. (2026). Expansión de la minería de oro en la región Loreto – Amazonía Peruana Norte. MAAP:247